Sancionado El Corte Inglés por grabar a personas en la calle

La Audiencia Nacional confirma la multa que le impuso la Agencia de Protección de Datos por no evitar que sus cámaras de videovigilancia captaran la imagen de los transeúntes que pasan cerca del edificio.

La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 60.101,21 euros que la Agencia de Protección de Datos impuso a El Corte Inglés de Málaga por grabar con las cámaras ubicadas en su fachada exterior a los coches y personas que circulan por las vías públicas de las calles que demarcan el edificio.

La Agencia de Protección de Datos, tras la denuncia de un particular, realizó una inspección a la sede de los grandes almacenes en Málaga. Los inspectores comprobaron que las 8 cámaras que vigilan el exterior del edificio tienen un ángulo de giro de 360º y disponen de función de zoom. Las cámaras captaban imágenes de la vía pública en las que podía verse a personas físicas, identificadas o identificables, que circulaban por la acera, así como a los vehículos estacionados. Dichas imágenes se conservaban durante un máximo de siete días.

La Agencia de Protección de Datos procedió a sancionar a la entidad al considerar que la visualización de vehículos y transeúntes no estaba justificada e infringía la Ley Orgánica de Protección de Datos, pues la grabación iba mucho más allá de lo “idóneo, adecuado y proprocional”.

El Corte Inglés recurrió la resolución de Protección de Datos ante la Audiencia Nacional, que acaba de fallar en contra de sus pretensiones.

En primer lugar, el tribunal reprocha a la entidad que trate de hablar de inexistencia de fichero. “Resulta gratutito”, asegura la sentencia pues, en este caso, se está ante un supuesto en el que es plenamente aplicable la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Esta afirmación la realiza la Sala teniendo en cuenta que las imágenes se almacenan durante 7 días en un fichero denominado Videovigilancia, del que es responsable El Corte Inglés y que ha sido inscrito en el Registro General de la Agencia de Protección de datos
Por otra parte, la resolución resalta la importancia de la comunicación que el director de seguridad de la compañía dirigió al Ministerio del Interior solicitando que se le concediera autorización administrativa para grabar imágenes en la vía pública, en todos y cada uno de los centros comerciales que tiene en el territorio español.

Según alegaban, la finalidad era prevenir la comisión de delitos y, en caso de que éstos se produjeran, poder utilizar dichas grabaciones para identificar a los autores.

La respuesta de Interior fue “clara”, según dice el tribunal, y en ella se decía que no “existe amparo jurídico” para instalar videovigilancia en esos terminos, pues la instalación de cámaras en la vía pública es competencia exclusiva de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A juicio de la Audiencia Nacional, la entidad, a pesar de que conocía las limitaciones existentes para la grabación de imágenes en vías públicas, no adoptó las precauciones precisas para evitar que dicha grabación se produjera.
Por consiguiente, la Sala estima que El Corte Inglés “debe hacerse responsable de dicho exceso en la grabación producida por las cámaras que estaban, eso sí, correctamente instaladas”.

(Audiencia Nacional, 10/02/2011, Rº 95/2010).

Fuente: www.expansion.com

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  • CONDENADA A PAGAR 4.200 EUROS UNA DE LAS ASOCIACIONES QUE DENUNCIO EL ABANDONO DE FICHAS DE PRESOS DE CARABANCHEL

    El Tribunal Supremo ha impuesto unas costas de 4.200 euros a una de las asociaciones de vecinos que denunciaron arbitrariedades en la Agencia Estatal de Protección de Datos a cuenta del abandono de fichas de presos de la antigua cárcel de Carabanchel, al desestimar el recurso presentado por estas asociaciones contra la tasación de las mismas.

    Según las asociaciones de vecinos de los barrios cercanos a los terrenos de la antigua cárcel, Aluche, Carabanchel Alto, Lucero Cerro Mica, Puerto Chico y las Águilas, diez años después del cierre del penal en 1998 todavía quedaban abandonadas en su interior decenas de fichas de antiguos presos, expuestas a la mirada de cualquier visitante de un recinto que no contaba con ninguna vigilancia ni protección.

    Así, el 19 de febrero de 2008 presentaron denuncia ante la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD) contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por lo que podría constituir una falta en la custodia de datos de carácter personal y confidencial.

    Según relatan, se inició un procedimiento por el que los inspectores de la AEPD comprobaron que la documentación aportada en la denuncia correspondía con información incluida en ficheros bajo custodia de Instituciones Penitenciarias, y por eso mismo, el director de la citada agencia acordó, con fecha 13 de enero de 2009, iniciar procedimiento de declaración de infracción a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por presuntas infracciones de la ley de Protección de Datos tipificadas como graves.

    Pese a las conclusiones a que llegó la instrucción por parte de los servicios de la inspección de la AEPD, el director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió, con fecha 25 de mayo de 2009, declarar el archivo del procedimiento, por "no haber podido obtener pruebas que corroboren y acrediten la responsabilidad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en los hechos denunciados".

     
    Fuente: La Vanguardia.com 02/07/14.



  • LA VIDEOVIGILANCIA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE

    La videovigilancia en bares, comercios y edificios sube un 42% en dos años.

    Las cámaras como sistema de seguridad ganan terreno. La Agencia de Protección de Datos tiene registrados a día de hoy 2.029 ficheros de videovigilancia en la provincia de Albacete, un 42% más que hace dos años, cuando no llegaban a 1.500 los ficheros dados de alta. Hay cámaras cada dos pasos. En las fachadas de los edificios públicos, en casi todos los comercios, en todos los bancos y en muchísimas comunidades de vecinos. Sin temor a exagerar, podríamos decir que la rutina de cualquier albacetense casi podría ser reconstruida revisando las miles de cámaras de videovigilancia que se reparten por doquier.

    No es posible saber cuántas cámaras garantizan la seguridad de un edificio o protegen a un comercio de un eventual robo, porque a cada fichero pueden estar adscritas una o cien cámaras, "por ejemplo, podemos pensar en unos grandes almacenes de varias plantas, tendrán un buen número de cámaras, pero a efectos de registo de datos solo se contabiliza como un fichero", explican desde la Agencia de Protección de Datos. Lo que sí desvela el número de ficheros esque en Albacete hay más de 2.000 espacios vigilados.

    Fuente: Diario Local La Tribuna de Albacete - 26 de mayo de 2014.