- El Gobierno aprueba 37.017 plazas para 2026, con 1.700 puestos enfocados específicamente en perfiles tecnológicos y de inteligencia artificial.
La estrategia busca incorporar expertos en ciberseguridad y ciencia del dato para asegurar una correcta gobernanza ética de los algoritmos.
El Ejecutivo impondrá la formación obligatoria en digitalización en todos los cursos selectivos de la Administración para los funcionarios.
CSIF y CCOO rechazan frontalmente el plan gubernamental, denunciando la falta de transparencia, los recortes y los graves déficits estructurales.
La oferta de empleo público de 2026 impulsa los perfiles en IA y ciberseguridad
Apuesta sin precedentes por el talento tecnológico
El ministro de Función Pública, Óscar López, ha presentado la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al año 2026. Esta nueva convocatoria asciende a un total de 37.017 plazas, de las cuales 27.232 están dirigidas de forma específica a la Administración General del Estado.
El objetivo principal de esta medida es convocar pruebas de acceso por especialidades para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. Se busca cubrir cerca de 1.700 vacantes, lo que representa un significativo incremento del 42% en comparación con las cifras de la oferta del año anterior.
Según las declaraciones del propio ministro, la intención del Gobierno es aumentar en un 200% las plazas para el sector TIC. Esta propuesta, catalogada como la primera vez en la historia, persigue captar especialistas altamente cualificados en inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia del dato.
Gobernanza ética de los algoritmos y soberanía del dato
La estrategia gubernamental pretende incorporar capacidades concretas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para mejorar la competitividad pública. El ministro defendió esta hoja de ruta asegurando que el propósito principal es transformar empleos y no destruir los ya existentes en las instituciones.
Siguiendo la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024, este plan tecnológico se articulará cuidadosamente a través de tres niveles fundamentales. El Cuerpo Superior se encargará de la dirección estratégica y la ciberseguridad, mientras que el Cuerpo de Gestión se centrará exclusivamente en desarrollar aplicaciones.
Por su parte, los Técnicos Auxiliares proporcionarán el soporte operativo necesario en toda esta nueva estructura digital de la Administración. La incorporación de estos perfiles se considera completamente prioritaria para mantener la soberanía del dato y garantizar la correcta gobernanza ética de los algoritmos.
Alfabetización tecnológica transversal en la administración
El despliegue planeado por el Ejecutivo no se limitará de manera exclusiva a la contratación de nuevos especialistas técnicos. Ante lo que Función Pública define como la segunda fase de la inteligencia artificial, el Gobierno impondrá una alfabetización tecnológica de carácter transversal.
A partir de este momento, todos los cursos selectivos de la Administración Pública incluirán formación específica y de carácter obligatorio en digitalización e IA. El propósito de esta medida es lograr digitalizar, como mínimo, un 25% adicional de todos los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía.
El Ministerio justifica esta acción recordando que España se encuentra actualmente en una clara posición de ventaja respecto a sus socios comunitarios. El 83% de los ciudadanos ya se relaciona por vía digital con el Estado, una cifra que sitúa al país ocho puntos por encima de la media europea.
Refuerzos adicionales frente a la emergencia climática
De manera paralela al fuerte impulso digital, el Gobierno ha confirmado una convocatoria extraordinaria compuesta por 346 plazas específicas. Estas vacantes estarán destinadas al Ministerio para la Transición Ecológica con el fin urgente de hacer frente a la actual emergencia climática.
Además de las plazas medioambientales, se ha anunciado oficialmente que se incrementará en un 30% la oferta pública en diversas áreas estratégicas del Estado. Entre estos sectores prioritarios destacan la atención ciudadana, la gestión de las migraciones y el necesario refuerzo estructural de la ciberseguridad nacional.
El rechazo frontal de las centrales sindicales a la oferta
La luz verde a la nueva OEP ha chocado con el profundo rechazo de los principales sindicatos, quienes han endurecido notablemente su tono. Las centrales sindicales denuncian lo que consideran una absoluta falta de respeto y critican la total falta de transparencia por parte del Gobierno.
Desde CSIF critican que se les ha hurtado el derecho a negociar en la Mesa General el reparto de los refuerzos que requieren las plantillas. Consideran que el secretismo del Ejecutivo responde a intereses mediáticos y denuncian que se han ocultado las cifras antes de la rueda de prensa.
La organización argumenta que la convocatoria apenas crea 217 nuevas plazas de ingreso y, por segundo año consecutivo, reduce en 220 los puestos de promoción interna. Advierten que los anuncios de digitalización carecen de concreción e impedirán solucionar los problemas de organismos como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias.
Por su parte, CCOO confirma su rechazo argumentando que el plan gubernamental consolida la pérdida real de personal público. El sindicato critica que la hoja de ruta relega al último lugar la atención al ciudadano y obvia las necesidades de los nuevos servicios prestados.
La central sindical alerta de que las elevadas ofertas de los últimos años no se han traducido en una recuperación de empleo público neto. Ante esta situación, caracterizada por una alta tasa de vacantes, la organización no descarta convocar movilizaciones para exigir compromisos en defensa del servicio público.
