Desde el 4/3/2024, empresas de más de 50 empleados deben implantar obligatoriamente el protocolo de acoso LGTBI

Desde el 4/3/2024, empresas de más de 50 empleados deben implantar obligatoriamente el protocolo de acoso LGTBI

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Audidat en País Santiago de Compostela se posiciona como la firma líder en consultoría integral de cumplimiento normativo, destacando en áreas clave como Compliance, Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y Planes de Igualdad. Nuestra expertise abarca desde la implementación de rigurosos sistemas de compliance hasta el desarrollo e integración de estrategias de seguridad y igualdad, adaptadas a las necesidades específicas de cada organización en el ámbito local.

Con un profundo conocimiento de la las necesidades de las empresas locales y de la normativa nacional, Audidat Santiago de Compostela ofrece soluciones personalizadas para asegurar que las empresas no solo cumplan con sus obligaciones legales, sino que también promuevan un entorno de trabajo ético, seguro y equitativo. Nuestra misión es garantizar que nuestros clientes estén a la vanguardia del cumplimiento normativo, protegiendo sus operaciones y reputación en un mercado cada vez más competitivo y regulado.

Este enfoque integral no solo refleja nuestro compromiso con la excelencia en el servicio y la adaptación a las dinámicas locales, sino que también establece a Audidat Santiago de Compostela como el socio preferente para empresas que buscan navegar el complejo panorama del cumplimiento normativo con confianza y eficacia.

Actualidad de Cumplimiento Normativo en Santiago de Compostela

Claves para evitar ciberataques en empresas

Claves para evitar ciberataques en empresas este verano

La llegada del verano trae consigo desafíos particulares en cuanto a ciberseguridad para las empresas. Desde una disminución del personal hasta el uso de dispositivos personales o VPNs públicas para realizar actividades laborales, estos factores pueden debilitar las medidas de seguridad y ofrecer oportunidades perfectas para los ciberdelincuentes. A continuación, se presentan seis claves fundamentales para que las empresas puedan anticipar y prevenir ciberataques durante esta temporada. 1. Analizar y centralizar los datos sobre incidentes de seguridad Es crucial almacenar de manera centralizada toda la información referente a incidentes de seguridad. A pesar de que ninguna empresa desea ser ciberatacada, la realidad es que el 53% de las empresas sufrieron ciberataques en el último año. Centralizar esta información permite analizar los incidentes para identificar puntos débiles y mejorar las medidas de seguridad. 2. Realizar pruebas de penetración y evaluaciones de vulnerabilidad Simular ataques para evaluar la seguridad del sistema y entender su grado de vulnerabilidad es esencial. Las pruebas de penetración y las evaluaciones de vulnerabilidad ayudan a identificar brechas en la seguridad que los ciberdelincuentes podrían explotar. Estas pruebas deben ser realizadas regularmente para mantener un alto nivel de seguridad. 3. Comprobar y arreglar vulnerabilidades y actualizar software Una vez identificadas las debilidades, es fundamental corregirlas de inmediato para evitar futuros ciberataques. Las actualizaciones de software, la reconfiguración de sistemas y la implementación de controles adicionales son algunas de las medidas más comunes. Es vital mantener una revisión constante de las actualizaciones de software y sistemas para estar siempre protegidos contra posibles amenazas. 4. Aplicar la autenticación multifactor (AMF) y proporcionar redes privadas virtuales (VPN) Dado que muchos empleados estarán fuera de las oficinas, es importante ofrecer herramientas que garanticen la seguridad del trabajo remoto. La autenticación multifactorial (AMF), que combina contraseñas, tokens y huellas digitales, es una excelente medida. Además, proporcionar redes privadas virtuales (VPN) ayuda a proteger la información sensible de la empresa al reducir el riesgo de acceso no autorizado. 5. Inspeccionar y detectar comunicaciones cifradas sospechosas Revisar constantemente las comunicaciones codificadas que entran y salen de los sistemas es crucial para identificar patrones o comportamientos sospechosos. La detección temprana de transferencias de datos inusuales o mensajes sospechosos puede prevenir puntos de entrada para los ciberdelincuentes. Bloquear contenido potencialmente peligroso desde el principio es una medida preventiva eficaz. 6. Identificar nuevos activos de hardware/software y datos en la red Llevar un registro de todos los nuevos dispositivos, aplicaciones y datos que se añaden a la red mejora el control de los activos de la empresa y su seguridad. Este ejercicio también permite identificar y eliminar software malicioso mediante antivirus, protegiendo mejor la infraestructura digital de la empresa. Implementar estas seis claves puede ayudar a las empresas a mantener una postura proactiva en la gestión del ciberriesgo, especialmente durante los meses de verano, cuando la vulnerabilidad puede ser mayor debido a las circunstancias mencionadas.

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Nuevos puntos violeta de atención a las víctimas de violencia de género

Nuevos puntos violeta de atención a las víctimas de violencia de género

El Gobierno anuncia que las oficinas de la Seguridad Social serán puntos violeta de atención a las víctimas de violencia de género Las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, han anunciado que las oficinas de la Seguridad Social se convertirán en puntos violeta de atención a las víctimas de violencia de género. Este anuncio se realizó durante la reunión constitutiva del Consejo Asesor de Brecha de Género. Puntos Violeta en la Seguridad Social La ministra Ana Redondo destacó que la implantación de los puntos violeta en las oficinas de la Seguridad Social reforzará la atención que la Administración General del Estado proporciona en el territorio. Redondo subrayó: “Vamos a seguir incrementando puntos violeta por el territorio. El machismo es brecha de género y mata. Tenemos que trabajar para erradicar esos pensamientos negacionistas y discursos de odio que están teniendo una repercusión terrible”. Elma Saiz, por su parte, enfatizó la implicación de la Administración en la lucha contra la violencia de género y la ayuda a sus víctimas: “La Seguridad Social tiene una red de oficinas extensa y distribuida por todo el territorio nacional. Además, cuenta con una plantilla de trabajadores extraordinarios que ya han demostrado más de una vez su vocación de servicio público y su sensibilidad. Ambos elementos, unidos a la formación y la guía del Ministerio de Igualdad, nos convencen de que debemos dar un paso adelante en esta lucha. La Administración tiene que ayudar al ciudadano, a las ciudadanas en este caso, y ofrecer las oficinas de la Seguridad Social como Puntos Violeta es solo una consecuencia de esta implicación”. Consejo Asesor de Brecha de Género El Consejo Asesor de Brecha de Género, recién constituido, asesorará en la toma de decisiones de políticas públicas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde una perspectiva de género. Entre sus funciones, también se incluyen proponer iniciativas para cerrar las brechas provocadas por los roles tradicionales de género. En la reunión, se acordó presentar un informe global en el plazo de un año, que contenga propuestas de medidas para implementar en el Ministerio. Además, el Consejo comenzará a asesorar sobre cuestiones como el Reglamento de la Ley de Extranjería, la Incapacidad Permanente y su compatibilidad con el trabajo, y las posibles mejoras en el Ingreso Mínimo Vital. Asimismo, se impulsará la publicación de estadísticas e información concreta sobre brecha de género en cada una de las áreas de este ministerio. Ana Redondo destacó la importancia del Consejo en la lucha contra todas las brechas de género y se refirió a la Ley de Paridad como una herramienta clave para enfrentar los techos de cristal y los suelos pegajosos: “Este es un gobierno feminista y lo demostramos con acciones transversales como la de hoy”. Elma Saiz recordó la reciente aprobación del Fondo de Impacto Social (FIS) por el Consejo de Ministros, con una dotación de 400 millones de euros destinados a responder a retos sociales como la integración social, la reducción de la desigualdad o la inclusión. Saiz aseguró: “Se valorarán especialmente las iniciativas que contribuyan a incrementar el número de mujeres en el emprendimiento social, donde su presencia está por debajo del 20%”. Fuente: ElDerecho.com Las oficinas de la Seguridad Social se integrarán en la red de Puntos Violeta para apoyar a las víctimas de violencia de género. El Consejo Asesor de Brecha de Género asesorará en la toma de decisiones para reducir la brecha de género en políticas públicas. El Consejo presentará un informe global en un año y asesorará en cuestiones específicas como la Ley de Extranjería y el Ingreso Mínimo Vital. El Fondo de Impacto Social, dotado con 400 millones de euros, apoyará iniciativas para la integración social y la reducción de desigualdades. Las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, han anunciado que las oficinas de la Seguridad Social se convertirán en puntos violeta de atención a las víctimas de violencia de género. Este anuncio se realizó durante la reunión constitutiva del Consejo Asesor de Brecha de Género. Puntos violeta en la Seguridad Social La ministra Ana Redondo destacó que la implantación de los puntos violeta en las oficinas de la Seguridad Social reforzará la atención que la Administración General del Estado proporciona en el territorio. Redondo subrayó: “Vamos a seguir incrementando puntos violeta por el territorio. El machismo es brecha de género y mata. Tenemos que trabajar para erradicar esos pensamientos negacionistas y discursos de odio que están teniendo una repercusión terrible”. Elma Saiz, por su parte, enfatizó la implicación de la Administración en la lucha contra la violencia de género y la ayuda a sus víctimas: “La Seguridad Social tiene una red de oficinas extensa y distribuida por todo el territorio nacional. Además, cuenta con una plantilla de trabajadores extraordinarios que ya han demostrado más de una vez su vocación de servicio público y su sensibilidad. Ambos elementos, unidos a la formación y la guía del Ministerio de Igualdad, nos convencen de que debemos dar un paso adelante en esta lucha. La Administración tiene que ayudar al ciudadano, a las ciudadanas en este caso, y ofrecer las oficinas de la Seguridad Social como Puntos Violeta es solo una consecuencia de esta implicación”. Consejo asesor de brecha de género El Consejo Asesor de Brecha de Género, recién constituido, asesorará en la toma de decisiones de políticas públicas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde una perspectiva de género. Entre sus funciones, también se incluyen proponer iniciativas para cerrar las brechas provocadas por los roles tradicionales de género. En la reunión, se acordó presentar un informe global en el plazo de un año, que contenga propuestas de medidas para implementar en el Ministerio. Además, el Consejo comenzará a asesorar sobre cuestiones como el Reglamento de la Ley de Extranjería, la Incapacidad Permanente y su compatibilidad con el trabajo, y las posibles mejoras en el Ingreso Mínimo Vital. Asimismo, se impulsará la publicación de estadísticas e información concreta

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Una nueva legislación para combatir el ‘techo arcoíris’

Una nueva legislación para combatir el ‘techo arcoíris’

La Ley 4/2023 exige a empresas con más de 50 empleados fomentar la diversidad y la integración LGTBI+. La normativa busca evitar la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Impone la obligación de implementar medidas y recursos planificados. Promueve entornos laborales inclusivos y seguros para atraer y retener talento. La reciente Ley 4/2023, dirigida a empresas con más de 50 empleados, tiene como objetivo fomentar la diversidad e integración del colectivo LGTBI+ en el ámbito laboral. Actualmente, el 62% de los trabajadores oculta su orientación sexual e identidad de género por miedo a discriminación. Una legislación clave que responde a la realidad social Durante la jornada “Planes LGTBI+: novedades para empresas más inclusivas”, organizada por Grant Thornton, se discutió el impacto y las implicaciones de la Ley 4/2023, que entró en vigor en marzo de 2023. Esta normativa busca garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y los derechos del colectivo LGTBI+. Objetivos y medidas de la Ley 4/2023 Entre los objetivos principales de la nueva legislación se encuentran: Igualdad en el empleo: Introducción de cláusulas específicas de igualdad de trato y no discriminación en convenios colectivos. Formación y sensibilización: Puesta en marcha de campañas divulgativas y acciones formativas para fomentar entornos laborales diversos. Protocolos contra la discriminación: Implementación de regímenes disciplinarios y protocolos frente al acoso y la violencia. Cristina Orejas Martínez, directora de Laboral de Grant Thornton, destacó la importancia de crear entornos de trabajo diversos y seguros para atraer y fidelizar el talento. “Los negocios éticos no son solo una opción, son una necesidad indispensable”, afirmó. ¿Qué pueden hacer las empresas? Para cumplir con la Ley 4/2023, las empresas deben realizar un diagnóstico previo para conocer sus circunstancias y aplicar las medidas más eficaces. Marga Guitart, abogada del equipo Jurídico-laboral de Grant Thornton, recomienda desarrollar políticas de tolerancia cero y fomentar la visibilidad de referentes LGTBI+ en puestos directivos. Medidas recomendadas Políticas de tolerancia cero: El 82% de las empresas ya implementa estas políticas a través de sus códigos éticos. Sensibilización: El 75% ofrece formaciones específicas y el 57% tiene referentes LGTBI+ visibles en puestos directivos. Alianzas y foros: El 83% de las empresas colabora con otras organizaciones y el 81% participa en foros sobre diversidad. Jana Saez, abogada del equipo Jurídico-laboral de Grant Thornton, enfatiza la importancia de establecer un plan de acción con objetivos específicos y desarrollar apoyos a personas trans. Beneficios para las empresas Marga Guitart subraya que fomentar la diversidad LGTBI+ aporta grandes beneficios a las compañías, como el impulso a la innovación, la sostenibilidad, la motivación del personal y la competitividad. Además, mejora la atracción y retención del talento y fortalece la ética empresarial y la Responsabilidad Social Corporativa. Según los datos, el 44% de las personas del colectivo LGTBI+ reporta un aumento en su productividad tras visibilizarse en sus compañías, y el 45% de las plantillas apoya activamente la diversidad LGTBI+.

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Protección de las personas menores de edad en los entornos digitales

Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de menores de edad en los entornos digitales. Esta norma se crea con el objetivo de proteger a los menores del acceso a contenido inapropiado y garantizar su desarrollo en un entorno digital seguro y positivo. Exposición de motivos La ley destaca los daños potenciales que puede ocasionar el acceso a contenido inapropiado en los menores, conforme a la Iniciativa Internet Segura para Niños del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE): Daños psicológicos y emocionales: Vulnerabilidad de los menores. Desinformación y manipulación: Contenidos falsos pueden confundir a los menores. Conductas peligrosas: Asumir contenidos inapropiados como positivos. Daños para la salud física: Promoción de desórdenes alimenticios, autolesión o consumo de drogas. Inclusión en grupos dañinos: Acceso a colectivos extremistas o violentos. Adicciones: Falta de capacidad crítica para gestionar contenidos inapropiados. Gastos económicos: Fraudes y estafas. El objetivo principal es crear un entorno digital seguro que proteja el desarrollo integral de los menores, evitando estos riesgos. Disposiciones generales El título preliminar establece el marco básico para garantizar el respeto y disfrute de los derechos de los menores en los entornos digitales. Se busca fomentar la participación activa de los menores y superar las barreras de la discriminación. Protección de menores como consumidores En el título I y en la disposición final cuarta, se recogen medidas de protección para menores en su calidad de consumidores y usuarios, modificando la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Medidas educativas El título II abarca medidas en el ámbito educativo para promover el uso seguro de las tecnologías y mejorar las capacidades digitales del alumnado, asegurando una digitalización inclusiva. Medidas sanitarias En el título II, capítulo III, se abordan medidas sanitarias para prevenir problemas de salud derivados del uso inadecuado de las tecnologías, como problemas de salud mental, autoestima, adicciones, concentración, sueño, obesidad y visión, así como prevención del suicidio. Medidas en el sector público El título IV establece medidas para que los poderes públicos promuevan la libertad e igualdad de las personas, facilitando la participación ciudadana en la esfera social, política, cultural y económica. Interrupción de servicios La ley permite la interrupción de servicios de la sociedad de la información que ofrezcan acceso a contenido perjudicial para menores, siempre con autorización judicial. Modificaciones al Código Penal El anteproyecto incluye cambios en el Código Penal para adaptarlo a nuevas formas de criminalidad y proteger a los menores frente a delitos tecnológicos: Pena de alejamiento de entornos virtuales. Ultrafalsificaciones: Imágenes o voces manipuladas tecnológicamente. Material pornográfico: Poner a disposición de menores contenido pornográfico. Enmascaramiento de identidad: Uso de identidades falsas para cometer delitos. Modificaciones a la Ley de Protección de Datos Se eleva de 14 a 16 años la edad mínima para que los menores puedan prestar consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Modificaciones a la Ley General de Comunicación Audiovisual Canales de denuncia: Mejora de la efectividad de los canales de denuncia en sitios web corporativos. Protección de menores: Refuerzo de medidas para evitar la exposición a contenidos inapropiados y establecimiento de sistemas de control parental. Influencers: Obligaciones para usuarios de especial relevancia que empleen servicios de intercambio de vídeos. Infracciones: Modificaciones en el artículo 93.4 para tipificar infracciones y responsabilidades penales. Sanciones: La CNMC puede imponer el cese del servicio de intercambio de vídeos como sanción accesoria. Participación pública Este anteproyecto se encuentra en fase de participación pública, permitiendo a los ciudadanos aportar ideas y sugerencias a través de los portales web de los departamentos ministeriales. La futura ley pretende equilibrar la protección de los menores en los entornos digitales con la promoción de un uso adecuado y respetuoso de las nuevas tecnologías, asegurando su desarrollo integral y la plena protección de sus derechos y libertades.

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La identidad como derecho

La identidad como derecho

En este análisis se exploran las implicaciones de tratar la identidad como un servicio en lugar de un derecho fundamental, y cómo esta evolución puede afectar el control que tienen las personas sobre sus datos personales. La mercantilización de la identidad puede influir en los derechos y libertades de las personas, la inclusión social y la igualdad, además de plantear diversas consideraciones éticas. Es fundamental que los gobiernos equilibren la prestación de servicios de identidad con la protección de los derechos fundamentales y la autonomía de los ciudadanos. La identidad como un derecho fundamental La identidad es un derecho fundamental reconocido en el derecho internacional a través de diversas declaraciones y convenciones. El artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”. La identidad jurídica es esencial para el reconocimiento oficial de las personas como miembros de la sociedad y su acceso a servicios y protecciones esenciales. Importancia de la identidad jurídica La falta de identidad jurídica puede afectar diversos aspectos de la vida de una persona, como: Educación: Inscribirse en instituciones educativas y acceder a servicios educativos puede ser problemático sin una identidad jurídica. Empleo: Asegurar un trabajo en la economía formal puede ser imposible sin una identidad jurídica. Atención médica: El acceso a la atención primaria puede verse gravemente limitado. Protección social: Sin una identidad jurídica, hay menos probabilidad de beneficiarse de los sistemas de protección social. Servicios financieros: Los sistemas bancarios, de seguros, de pensiones y fiscales pueden ser inaccesibles. Participación electoral: La participación en los procesos electorales requiere una identidad jurídica. Las personas sin identidad jurídica se encuentran a menudo en la periferia de la sociedad, privadas de presencia oficial y sufriendo exclusión social. Identidad en la legislación española En España, la identidad está garantizada en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que establece que: La identidad de toda persona, mediante la expedición del DNI, es un derecho. El DNI es el único documento con suficiente valor por sí solo para acreditar la identidad y los datos personales de su titular, ya sea en el mundo físico o digital. Nadie puede ser privado del DNI, ni siquiera temporalmente. La identidad de las personas no pertenece al Estado o a un tercero, sino a los ciudadanos. Es esencial desarrollar la personalidad o estatus jurídico no solo en el mundo físico, sino también en el digital, donde se realiza gran parte de la actividad diaria. Identidad y privacidad Existe una fuerte conexión entre la identidad jurídica y el derecho a la privacidad, que radica en el control y uso de los datos personales vinculados a esta identidad. El tratamiento de datos personales es fundamental para defender el derecho a la privacidad, permitiendo a las personas controlar su identidad y protegerla de cualquier uso indebido. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) menciona la usurpación de identidad o el fraude como riesgos para los derechos y libertades de las personas. La identidad jurídica establece el reconocimiento de una persona ante la ley, mientras que el derecho a la privacidad garantiza que este reconocimiento no se produzca a costa de la libertad personal y la autonomía sobre los datos personales. Identidad como servicio Existe una tendencia a considerar la identidad como un servicio mediante la creación de nuevos esquemas de identidad en ciertos dominios de aplicación. Estos nuevos esquemas prometen diferentes ventajas, pero en muchos casos, los ciudadanos pierden el control real y los derechos sobre su propia identidad. Ejemplos y problemas Iniciativa de Identificación para el Desarrollo (ID4D) del Banco Mundial: Ayuda a diferentes países a aprovechar el potencial de los sistemas de gestión de la identidad. Sin embargo, algunos modelos se centran más en una “identidad económica” desvinculada del concepto de identidad jurídica. Esquemas federados de gestión de identidades en Internet: Grandes empresas tecnológicas se han convertido en proveedores de identidad, lo que puede afectar negativamente a la población. Por ejemplo, el sistema de identificación biométrica de ACNUR para refugiados en Kenia ha provocado problemas para ciudadanos kenianos cuya identidad fue registrada como refugiados, impidiendo que obtuvieran documentos de identidad nacionales. Consecuencias de la identidad como servicio La implementación de sistemas de gestión de identidades sin la infraestructura, regulaciones o mecanismos de gobernanza adecuados puede exacerbar la exclusión y la desigualdad social. Los fracasos de sistemas como ID.me en EE.UU. o Verify en el Reino Unido ilustran cómo estos enfoques pueden limitar el acceso a servicios esenciales. En India, el sistema Aadhaar, aunque es el sistema de gestión de identidades más grande del mundo, ha provocado exclusiones arbitrarias, afectando a millones de personas que no pueden recibir ayuda financiera o acceder a servicios esenciales. Equilibrio entre servicios y derechos Para evitar que la identidad se convierta en un mecanismo de vigilancia, manipulación o exclusión, es necesario un enfoque que considere la identidad como un derecho fundamental. Iniciativas legislativas como eIDAS2 o la regulación de pasaportes y documentos de viaje en Europa intentan apoyar a los ciudadanos en la gestión de accesos, pagos, intercambio de datos o verificación de edad, promoviendo la estandarización y la interoperabilidad. En resumen, es crucial que los sistemas de gestión de identidades respeten la privacidad y la equidad, garantizando que todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias, tengan acceso a una identidad jurídica que les permita participar plenamente en la sociedad.

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Cómo funcionará la Cartera Digital del Gobierno

Cómo funcionará la Cartera Digital del Gobierno

La Cartera Digital permitirá gestionar la verificación de edad y otros documentos como el DNI electrónico. El sistema generará credenciales anónimas y temporales para acceder a contenidos para adultos. La app asegura la máxima protección de datos y ciberseguridad, con información almacenada solo en el dispositivo. La implementación se alinea con el Reglamento eIDAS 2 de la Unión Europea. El Gobierno ha anunciado las especificaciones técnicas de la futura Cartera Digital de los españoles, una aplicación que permitirá verificar la edad de los usuarios en plataformas con contenido para adultos y aglutinará otros documentos importantes como el DNI electrónico, títulos universitarios, documentos de antecedentes penales y de empadronamiento, entre otros. Esta app estará disponible a finales de verano tanto en iOS como en Android. Objetivos y desarrollo La Cartera Digital responde a las necesidades establecidas en los Grupos de Trabajo de la Comisión Europea para el Reglamento eIDAS 2, el cual busca promover interacciones digitales seguras en la Unión Europea. Para su desarrollo, se ha constituido un grupo de trabajo interministerial liderado por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, con la participación de los ministerios de Interior y de Juventud e Infancia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Agencia Española de Protección de Datos y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Funcionamiento y credenciales anónimas La aplicación contará con un complejo sistema de verificación que asegura la máxima protección de datos y ciberseguridad. El proceso comienza con la generación de una clave pública y privada para cada credencial. Los usuarios deberán solicitar una credencial a través de la aplicación, presentando un certificado digital, el DNI electrónico o las credenciales de Cl@ve. El sistema verificará automáticamente la información para determinar si el usuario es mayor de edad. Estas credenciales, que serán anónimas, permitirán a las plataformas de internet verificar la mayoría de edad sin conocer la identidad del usuario. El sistema generará un paquete de 30 credenciales anónimas cada mes, cada una de las cuales podrá usarse un máximo de tres veces en cada plataforma y reutilizarse hasta 10 veces con un mismo proveedor, con una caducidad de 30 días. Seguridad y protección de datos Las credenciales temporales estarán almacenadas únicamente en el dispositivo móvil del usuario. Una vez confirmada la identidad y la edad, la cadena de comunicación con la administración se destruirá, asegurando que la información solo quede registrada en el dispositivo. La credencial será anónima y llevará únicamente la letra K, indicando que el usuario es mayor de edad. Las plataformas que requieran verificación de edad solicitarán a los usuarios que escaneen un código QR, que llevará a la app Cartera Digital y, mediante una de las credenciales anonimizadas, se desbloqueará el acceso al contenido. Implementación y futuro La directora general de Gobernanza Pública, Carmen Cabanillas, ha señalado que la ciberseguridad es fundamental para esta solución, destacando que se ha diseñado respetando el principio de minimización de datos y asegurando que las credenciales sean completamente anónimas. La industria está llamada a unirse a este servicio, incluyendo la solución en plataformas de video, apps de mensajería, redes sociales y navegadores. El ministro José Luis Escrivá ha reconocido que, aunque la solución es nacional y podría ser sorteada vía proxy o VPN, confía en que servirá como un primer freno y que eventualmente se convertirá en un estándar europeo para 2027. El objetivo es que todas las plataformas que operen en la UE incorporen este sistema antes de octubre de 2027.

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