Cumplimiento Normativo
Santiago de Compostela

Los menores de 6 años no deberían usar pantallas, y de 12 a 16 años se recomiendan móviles analógicos sin acceso a internet. Las empresas tecnológicas deberán etiquetar los riesgos de sus dispositivos y servicios, y preinstalar controles parentales por defecto. Se prohíbe la exposición de menores en contenidos creados por influencers y se regula el «sharenting». La nueva ley para la protección de menores en entornos digitales incluye medidas como órdenes de alejamiento virtual y la prohibición de recompensas aleatorias en videojuegos. Directrices para el uso de dispositivos según la edad El comité de expertos, en su informe al Consejo de Ministros, establece pautas claras para el uso de dispositivos digitales según la edad: 0 a 6 años: No deben tener acceso a pantallas, salvo en casos puntuales, como mantener contacto social o familiar. 6 a 12 años: Uso limitado y supervisado, priorizando actividades vivenciales como las deportivas. 12 a 16 años: Recomendación de usar teléfonos analógicos sin acceso a internet. Si se opta por un smartphone, debe incluir herramientas de control parental y limitar el acceso a redes sociales. Estas medidas buscan reducir el impacto negativo de los dispositivos digitales en el desarrollo físico, psicológico y social de los menores. Medidas dirigidas a la industria tecnológica El informe exige a las empresas tecnológicas la inclusión de un etiquetado obligatorio que advierta de los riesgos de salud asociados al uso de dispositivos y aplicaciones. Estas advertencias deberán aparecer al abrir plataformas y explicar los riesgos, como el tiempo de uso máximo recomendado. Además, los dispositivos deberán incluir controles parentales preinstalados de fábrica y los fabricantes deberán proporcionar informes de impacto sobre menores con cada nuevo lanzamiento. Regulación de creadores de contenido e influencers El comité propone medidas para proteger a los menores frente a la exposición en redes sociales: Prohibición de exponer a menores en contenidos creados por influencers, independientemente de que generen ingresos económicos. Regulación del sharenting, práctica de compartir imágenes de menores en redes sociales. Estas recomendaciones buscan evitar la explotación digital de los menores y proteger su privacidad e integridad. Protección en centros educativos En el ámbito educativo, se recomienda prohibir el uso de dispositivos privados en educación infantil y primaria. En secundaria, su uso debería limitarse estrictamente a fines pedagógicos. Además, los centros deben revisar las aplicaciones utilizadas, eliminar sistemas de gratificación inmediata y establecer límites de edad. Avances normativos en la protección digital de menores El anteproyecto de la Ley Orgánica para la Protección de Menores en Entornos Digitales, ya en tramitación, incorpora 35 de las 107 medidas del informe. Algunas de las principales propuestas incluyen: Órdenes de alejamiento virtual para quienes cometan delitos contra menores en entornos digitales. Reformas al Código Penal para penalizar las ultrafalsificaciones (imágenes o audios sexuales generados con inteligencia artificial). Prohibición de sistemas de recompensa aleatoria en videojuegos. Controles parentales gratuitos y preinstalados en todos los dispositivos electrónicos. Hacia un entorno digital seguro El comité resalta la importancia de promover un plan de alfabetización mediática que dote a niños, niñas y adolescentes de herramientas para desenvolverse en el entorno digital. Además, se fomenta la sensibilización en familias y la investigación sobre el impacto de la tecnología en la infancia. El presidente Pedro Sánchez destacó en enero la necesidad de un acuerdo de país basado en tres ejes: una ley integral para proteger a los menores en internet, una estrategia nacional y el desarrollo de soluciones tecnológicas que bloqueen el acceso de menores a contenidos para adultos.

El 85 % de las empresas ha sufrido ataques de ransomware en el último año, recuperando solo el 55 % de los datos afectados. La figura del delegado de protección de datos (DPD) es clave para garantizar el cumplimiento del RGPD en la Unión Europea. En 2024, se prevé que el gasto global en seguridad y gestión de riesgos alcance los 215.000 millones de dólares. La falta de profesionales cualificados en ciberseguridad afecta al 67 % de las organizaciones, limitando la respuesta a amenazas. La importancia de la protección de datos en el ámbito empresarial En la economía global, los datos son un activo estratégico fundamental para las empresas. Sin embargo, la creciente sofisticación de los ciberataques y la diversificación tecnológica obligan a las organizaciones a invertir cada vez más recursos en la protección de datos. Contratar servicios especializados en esta área se ha vuelto esencial para garantizar tanto el cumplimiento normativo como la defensa frente a las amenazas digitales. Retos críticos en la seguridad de datos El ransomware ha emergido como una de las principales amenazas para las empresas, afectando al 85 % de las organizaciones en el último año. Solo un 55 % de los datos cifrados o destruidos durante estos ataques es recuperable, lo que resalta la necesidad de estrategias robustas de ciberseguridad. Además de los riesgos técnicos, uno de los mayores desafíos es la falta de talento especializado. El 67 % de las empresas enfrenta dificultades para encontrar profesionales capacitados en áreas como seguridad en la nube, inteligencia artificial y enfoques Zero Trust. La normativa como pilar de protección El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales en España establecen un marco claro para la gestión de datos personales. Estas normativas no solo promueven la protección de los derechos individuales, sino que también refuerzan la confianza en los procesos digitales y el cumplimiento empresarial. La figura del delegado de protección de datos (DPD), obligatoria para ciertas entidades y recomendable para otras, es crucial para supervisar y garantizar el cumplimiento de estas normativas. Su rol contribuye a la resiliencia operativa y a la creación de una cultura organizativa alineada con los derechos digitales. Más allá de la ciberseguridad: igualdad y transparencia Además de las medidas técnicas, las empresas deben implementar herramientas como planes de igualdad y canales de denuncias. Estas iniciativas fomentan la equidad y la transparencia, ayudando a prevenir riesgos internos relacionados con el manejo indebido de datos. A su vez, refuerzan una cultura organizacional basada en las mejores prácticas internacionales. El futuro de la protección de datos Con un gasto global en seguridad que alcanzará los 215.000 millones de dólares en 2024, queda claro que la protección de datos no es solo una necesidad técnica, sino un desafío estratégico y organizativo. Las empresas deben adoptar un enfoque integral que combine formación especializada, tecnologías avanzadas y el cumplimiento normativo para enfrentar con éxito este entorno cada vez más complejo.

La publicidad de las sentencias y el derecho a la protección de datos deben ponderarse caso por caso. Se prioriza el anonimato de menores, víctimas y personas ajenas al proceso, según los criterios del Tribunal Constitucional. El derecho al olvido no prevalece cuando la información proviene de resoluciones judiciales publicadas por la autoridad de justicia. El Supremo reitera que ningún derecho fundamental es ilimitado, y su colisión debe analizarse según las circunstancias concretas. La ponderación de derechos en conflictos jurídicos El Tribunal Supremo ha establecido la necesidad de valorar cuidadosamente la relación entre la publicidad de las resoluciones judiciales y el derecho a la protección de datos personales, especialmente en su dimensión relacionada con el derecho al olvido. En su fallo, el Supremo destaca que ningún derecho fundamental es absoluto, y su ejercicio debe respetar otros derechos constitucionales. El Tribunal Constitucional ya había delimitado criterios para que la publicidad de las sentencias sea lícita. Entre ellos, destaca la obligación de preservar de oficio el anonimato en casos que involucren a menores, víctimas de delitos susceptibles de ocasionar graves perjuicios, y personas ajenas al proceso constitucional. Publicidad de sentencias y exclusión de datos sensibles En su resolución, el Supremo subraya que, cuando los datos de identidad o información personal de las partes en un caso pueden implicar vulneraciones a la intimidad u otros derechos fundamentales, se puede justificar la exclusión de estos datos, ya sea de oficio o a instancia de parte. Sin embargo, la publicidad de las sentencias es esencial para la difusión de criterios jurisprudenciales y, por tanto, tiene una relevancia especial dentro del deber de información de los tribunales. En el caso concreto abordado por el Supremo, no se incluyeron datos sensibles como la identidad de una menor o información perjudicial para víctimas, lo que asegura que no se ha vulnerado el derecho a la protección de datos personales. Derecho al olvido frente a la publicidad judicial El Supremo reitera su doctrina, contenida en sentencias anteriores como la STS 12/2019, y niega que exista un derecho a la supresión de resultados en buscadores como Google cuando la fuente de la información es la autoridad judicial que, conforme a sus obligaciones, ha dado publicidad a sus resoluciones. La clave, según el tribunal, está en evaluar los factores concurrentes en cada caso para determinar si se justifica la eliminación de los datos o la prevalencia del derecho a la publicidad judicial. Un equilibrio necesario La sentencia reafirma que la colisión entre derechos fundamentales, como la protección de datos y el deber de publicidad de las sentencias, exige una ponderación cuidadosa basada en las circunstancias concretas. Esto garantiza un equilibrio que permita preservar tanto el acceso a la información como la protección de la privacidad en el ámbito judicial.

La AEPD y el Consejo General de la Psicología lanzan una campaña para alertar sobre los riesgos de un acceso temprano e intensivo a Internet. Se equipara la adicción a ciertos servicios digitales con la dependencia que generan algunas sustancias. Más del 90% de los alumnos de 1º de ESO tiene su propio móvil, mientras que al 80% de los padres les preocupa el tiempo que pasan en línea. La iniciativa cuenta con el apoyo de Atresmedia, Mediaset España y RTVE, que difundirán el mensaje en sus canales. Reflexión sobre los riesgos del acceso digital precoz La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Consejo General de la Psicología (COP) han presentado la campaña ‘Hay más riesgos en Internet que en la vida real’, dirigida a sensibilizar a las familias sobre los peligros asociados al uso temprano de dispositivos móviles por parte de niños, niñas y adolescentes. La campaña busca invitar a los padres a reflexionar antes de entregar un smartphone a sus hijos, destacando los efectos negativos que puede tener un acceso intensivo e inadecuado a determinados servicios de Internet. Según datos del CIS, el 90% de los estudiantes de 1º de ESO ya dispone de un teléfono móvil con acceso a Internet, mientras que el 80% de los padres está preocupado por el tiempo que pasan sus hijos conectados. Impacto físico, psicológico y social El uso precoz e intensivo de dispositivos digitales puede impactar gravemente en la salud de los menores, afectando su privacidad, neurodesarrollo y relaciones personales. Situaciones como el ciberacoso, el envío de imágenes comprometidas, contactos con adultos que se hacen pasar por menores (grooming) o la hiperconectividad representan riesgos difíciles de gestionar para los menores y sus familias. Además, la campaña destaca cómo la sobreexposición a información personal en plataformas y servicios digitales incrementa la vulnerabilidad frente a prácticas como el sexting y el grooming, con consecuencias potencialmente irreparables. Adicción digital y estrategias de las plataformas El informe de la AEPD ‘Patrones adictivos en el tratamiento de datos personales’ señala que muchas plataformas diseñan sus servicios para prolongar el tiempo que los usuarios pasan en ellas, utilizando técnicas cada vez más sofisticadas. Este enfoque puede modificar conductas y generar adicción, afectando la salud física y mental, las relaciones familiares y los hábitos de consumo de los menores. Estrategia global para menores y privacidad La campaña se enmarca dentro de la Estrategia global de la AEPD sobre menores, salud digital y privacidad, cuyo objetivo es priorizar la protección de la infancia en el entorno digital. Atresmedia, Mediaset España y RTVE apoyan esta iniciativa, reforzando el compromiso con los derechos de niños y adolescentes al difundir el mensaje en sus canales. Esta acción subraya la necesidad de concienciar a las familias y fomentar un uso responsable de la tecnología para proteger el desarrollo y bienestar de los menores.

El Real Decreto 933/2021 obliga a hoteles y empresas de alquiler a recopilar más datos personales, como el parentesco entre viajeros y datos de GPS. Abogados y expertos cuestionan si la normativa cumple con el principio de minimización del RGPD. La Confederación Española de Hoteles (CEHAT) ha anunciado acciones legales contra el Real Decreto por considerarlo confuso y desproporcionado. Las empresas deben conservar los datos recopilados durante tres años, garantizando la seguridad de su tratamiento. Nuevas obligaciones de registro en hoteles y alquileres Con la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, hoteles, hostales y empresas de alquiler de vehículos deben incluir nuevos datos personales en sus registros, como la relación de parentesco en caso de menores de edad y los datos de localización (GPS) de los vehículos alquilados. El Gobierno justifica estas medidas en la protección de la seguridad ciudadana frente a amenazas como el terrorismo y delitos graves. Sin embargo, abogados y empresarios del sector han manifestado su preocupación por el posible impacto sobre la normativa de protección de datos, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Conflicto con la protección de datos El abogado Gerard Espuga Torné señala que el tratamiento de datos debe estar respaldado por una norma con rango de ley, algo que el Real Decreto 933/2021 no cumple. Además, apunta que la medida podría vulnerar el principio de minimización del RGPD, que establece que solo deben recopilarse los datos estrictamente necesarios para alcanzar una finalidad. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en un informe previo al Real Decreto, ya advirtió de la necesidad de realizar una evaluación de impacto sobre la protección de datos para garantizar el cumplimiento del principio de minimización. Sin embargo, según Espuga, la referencia genérica al «interés general» no es suficiente para justificar el tratamiento de datos tan amplio. Conservación y riesgos adicionales El Real Decreto obliga a las empresas a conservar los datos recopilados durante tres años, implementando medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. Esto incluye datos sensibles, como los de menores de 14 años, y plantea retos adicionales si se utilizan softwares de terceros, dado que pueden generarse transferencias internacionales de datos. Reacción del sector hotelero La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha anunciado acciones legales contra esta normativa, calificándola de «confusa y desproporcionada». Según la CEHAT, el Gobierno no ha ofrecido soluciones ni emitido una orden ministerial para aclarar su implementación, lo que supone un perjuicio para un sector que representa el 12% del PIB nacional. Además, consideran que la norma vulnera varias directivas europeas de protección de datos. El conflicto plantea un delicado equilibrio entre la seguridad ciudadana y la protección de los datos personales, y las acciones legales podrían determinar el futuro de esta polémica regulación.  

El Colegio de Administradores de Fincas de Navarra trabaja en la formación continua para afrontar temas clave de la profesión. Se esperan reformas en la Ley de Propiedad Horizontal que incluyen asambleas híbridas y cambios en el cómputo de votos. Preinstalaciones de puntos de carga, pisos turísticos y nueva normativa de ascensores son algunos de los frentes actuales. El fenómeno del «blocking» se presenta como un problema creciente en las comunidades de propietarios. Los administradores de fincas enfrentan una amplia variedad de retos que demandan constante actualización y profesionalización. La junta de gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Navarra se ha volcado en ofrecer formación sobre los temas más relevantes, orientando a sus colegiados frente a los nuevos desafíos del sector. A la espera de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal La Ley de Propiedad Horizontal (Ley 49/1960) podría incluir cambios significativos, como la posibilidad de realizar asambleas híbridas (presenciales y por videoconferencia), la convocatoria única y la regulación del cómputo de abstenciones, temas que generan intenso debate. Estas modificaciones podrían requerir más personal para organizar y gestionar las juntas de propietarios. Puntos de carga de vehículos eléctricos en garajes comunitarios La normativa actual permite a los propietarios instalar cargadores de vehículos eléctricos sin necesidad de aprobación de la comunidad, solo notificándolo. Sin embargo, la falta de una preinstalación adecuada ha generado problemas técnicos y de convivencia. Se plantea la necesidad de establecer planes de implantación y acuerdos comunitarios que requieran la aprobación de 3/5 partes de los propietarios. Regulación de pisos turísticos La reciente sentencia del Tribunal Supremo ha puesto sobre la mesa la posibilidad de prohibir pisos turísticos en las comunidades de propietarios. Para ello, se requiere el acuerdo de 3/5 partes del total de propietarios y cuotas de participación. Este acuerdo no tiene carácter retroactivo y debe inscribirse en el Registro de la Propiedad para ser vinculante. Nueva normativa de ascensores Los administradores de fincas deben estar al tanto de los cambios en la normativa de inspección técnica de ascensores (ITC). Estos incluyen nuevas exigencias en el mantenimiento, las inspecciones de las OCA y la incorporación de elementos adicionales durante las inspecciones. Problemas en horarios de las juntas y el fenómeno del «blocking» El Colegio trabaja en concienciar sobre la necesidad de adelantar los horarios de las juntas de propietarios para mejorar las condiciones laborales de los administradores. Sin embargo, encontrar salas adecuadas sigue siendo un problema, ya que muchos Ayuntamientos solo permiten el uso de espacios públicos a partir de las 19:00 horas. Por otro lado, el “blocking” es un fenómeno creciente en las comunidades, donde propietarios hostigan al administrador, al presidente o a otros vecinos con insultos, amenazas o mensajes reiterados. Este comportamiento, tipificado como delito de acoso en el artículo 172 del Código Penal, genera estrés y afecta la convivencia.