Cumplimiento Normativo Cartagena

Las administraciones públicas locales —ayuntamientos, diputaciones, entidades dependientes— operan bajo una responsabilidad directa de legalidad, transparencia y buen gobierno. Sin embargo, el creciente marco regulatorio, las exigencias de control externo y el riesgo real de incurrir en responsabilidad penal hacen imprescindible establecer sistemas estructurados que garanticen el cumplimiento normativo. Por eso, cómo implementar un plan de compliance en la administración local paso a paso es hoy una de las prioridades en la gestión pública moderna. La implantación de un sistema de Compliance no es una moda, sino una herramienta preventiva que permite identificar riesgos, corregir deficiencias, acreditar diligencia y proteger a la institución y a sus cargos electos y funcionarios. En este artículo te contamos cómo desarrollar un plan desde cero, qué fases deben seguirse y cómo evitar errores que podrían traducirse en sanciones, inhabilitaciones o pérdida de subvenciones. Soluciones como el servicio de Compliance facilitan esta implantación en entidades públicas de cualquier tamaño. ¿Por qué necesita la administración local un plan de compliance? Las entidades locales manejan fondos públicos, contratan servicios, conceden subvenciones, tramitan datos personales y adoptan decisiones que afectan directamente a ciudadanos, empresas y organismos. Esta operativa las expone a una amplia gama de riesgos legales, administrativos y reputacionales, entre ellos: Fraude en la contratación pública. Uso indebido o desvío de subvenciones. Prevaricación, cohecho o tráfico de influencias. Malas prácticas en la gestión de personal. Incumplimiento de protección de datos. Falta de control sobre entidades dependientes o consorcios. El Código Penal español, tras su reforma, contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas públicas en determinados supuestos, especialmente en organismos de derecho privado o entes instrumentales. Un programa de Compliance permite detectar estos riesgos de forma anticipada, establecer controles, formar al personal y acreditar una gestión pública basada en la legalidad y la integridad. Ventajas de implantar compliance en una entidad local Reducción de riesgos legales y administrativos. Protección frente a posibles responsabilidades penales. Mayor transparencia ante ciudadanía y órganos de control. Cumplimiento efectivo de la ley de transparencia y buen gobierno. Mejora de la eficiencia interna y trazabilidad de decisiones. Prevención de conflictos de interés. Mayor garantía en la gestión de fondos europeos o subvenciones. Estas ventajas se consolidan al aplicar modelos estructurados como el que proporciona el servicio de Compliance, con herramientas específicas para el ámbito público. Fases para implementar un plan de compliance en una administración local 1. Compromiso institucional Todo proceso de compliance debe partir de un compromiso claro por parte del equipo de gobierno y de los órganos directivos. Este compromiso debe ser: Formalizado mediante un acuerdo de Junta de Gobierno o Pleno. Divulgado internamente como línea estratégica. Acompañado de la dotación de recursos humanos y técnicos necesarios. 2. Análisis de riesgos y diagnóstico normativo Se realiza un mapa de riesgos personalizado, que identifica las áreas más vulnerables de la entidad según su operativa. Entre los factores clave a analizar: Contratación pública y gestión económica. Subvenciones y convenios. Urbanismo y licencias. Datos personales y transparencia. Recursos humanos y procesos internos. Este diagnóstico permite conocer el estado actual del cumplimiento y las zonas de mejora urgente. 3. Diseño del sistema de compliance Con base en el análisis anterior, se diseña el modelo que incluirá: Código ético o de conducta para cargos y empleados públicos. Políticas internas de prevención de riesgos legales. Procedimientos operativos y protocolos. Normas de gestión documental y trazabilidad. Procedimientos ante posibles infracciones o denuncias. Este sistema debe ser claro, operativo y adaptado al lenguaje administrativo, sin tecnicismos innecesarios. 4. Implantación del canal interno de información La Ley 2/2023, reguladora de la protección de informantes, obliga a todas las administraciones públicas a disponer de un canal interno de información o denuncias. Este canal debe ser: Accesible para empleados y terceros. Seguro y confidencial. Gestionado por personal imparcial. Integrado en el sistema de cumplimiento. Permite detectar irregularidades y actuar antes de que deriven en infracciones. 5. Formación y sensibilización Todo el personal de la entidad debe recibir formación adaptada a su rol y responsabilidades. Deben comprender: Qué es el compliance y por qué es necesario. Cuáles son las conductas de riesgo. Cómo utilizar el canal de información. Qué consecuencias puede tener el incumplimiento. La formación debe ser periódica, práctica y alineada con la operativa real del ayuntamiento o entidad. 6. Supervisión y mejora continua El sistema debe incluir mecanismos de revisión constante: Auditorías internas. Actualización del mapa de riesgos. Informes de seguimiento. Evaluación de la eficacia de las medidas implantadas. Un programa vivo y bien gestionado demuestra diligencia activa ante cualquier inspección, investigación o procedimiento sancionador. Ámbitos clave que debe cubrir un plan de compliance municipal Contratación pública: procesos de licitación, adjudicación y ejecución de contratos. Urbanismo y obras: permisos, licencias, convenios urbanísticos. Gestión de personal: selección, nombramientos, retribuciones, incompatibilidades. Relaciones con proveedores y terceros. Gestión de fondos públicos y subvenciones. Protección de datos personales. Publicidad institucional y transparencia. Relación con ciudadanos y buen gobierno. El plan debe adaptarse al tamaño, estructura y competencias del municipio o entidad local. Normativa aplicable al compliance en el ámbito local Código Penal (responsabilidad penal de personas jurídicas y entes instrumentales). Ley 2/2023, de protección de informantes. Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. Ley 3/2015, de altos cargos. Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales. Normativa autonómica y sectorial específica. Conocer e integrar estas normas es una tarea compleja, que requiere experiencia jurídica y conocimiento del funcionamiento de la administración. Errores comunes al implantar compliance en administraciones públicas Redactar un código ético genérico sin conexión con la actividad real. No realizar un análisis previo de riesgos. Implementar el sistema sin formación ni seguimiento. Usar un canal ético solo como “buzón de quejas”. No documentar ni auditar las medidas adoptadas. Un modelo bien diseñado evita estos errores y aporta valor institucional y operativo. ¿Eres responsable de una administración local y necesitas asegurar el cumplimiento normativo? Proteger a la institución, a sus responsables y a sus trabajadores

El entorno sanitario es uno de los más regulados y vigilados en cualquier país. Las organizaciones del sector salud —hospitales, clínicas, laboratorios, centros de investigación, farmacias y entidades aseguradoras— deben cumplir con una compleja red normativa que abarca desde la protección de datos personales hasta la gestión de productos sanitarios, la prevención de riesgos laborales, la transparencia económica o la ética en la investigación. En este contexto, el compliance en el sector salud: asegurando el cumplimiento de normativas sanitarias se ha convertido en una necesidad estructural para garantizar la legalidad, la seguridad de los pacientes y la sostenibilidad de las organizaciones. No se trata solo de evitar sanciones, sino de integrar la cultura del cumplimiento como base de confianza, calidad y reputación. Un programa eficaz permite anticiparse a los riesgos, cumplir con las obligaciones regulatorias y demostrar diligencia en cada procedimiento. En este artículo descubrirás cómo diseñar un sistema de compliance sanitario, qué áreas clave debe cubrir y cómo herramientas como el servicio de Compliance permiten adaptarlo a cualquier organización del ámbito de la salud. ¿Por qué es fundamental el compliance en el sector salud? Las consecuencias de un incumplimiento normativo en este sector son especialmente graves. No solo hablamos de sanciones económicas, sino también de: Riesgos para la salud de pacientes. Procesos penales por negligencias médicas o gestión indebida. Pérdida de acreditaciones y licencias sanitarias. Demandas colectivas y crisis reputacionales. Daños irreparables a la confianza pública. Además, las organizaciones sanitarias manejan datos especialmente sensibles (historiales clínicos, pruebas genéticas, tratamientos farmacológicos), lo que exige medidas adicionales de protección según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El compliance permite establecer una estructura preventiva, transversal y documentada que actúa como escudo frente a estos riesgos, alineando la operativa con los más altos estándares legales y éticos. Principales riesgos legales en organizaciones sanitarias El cumplimiento normativo en salud implica gestionar con precisión una amplia gama de obligaciones. Algunos de los riesgos más frecuentes incluyen: Tratamiento inadecuado de datos personales y clínicos. Falta de consentimiento informado documentado. Errores en la prescripción o dispensación de medicamentos. Publicidad sanitaria engañosa o no autorizada. Pagos o incentivos indebidos en contratos con la industria. Falta de trazabilidad en productos sanitarios o medicamentos. Contratación irregular de personal sanitario. Incumplimiento de obligaciones de seguridad laboral y vigilancia de la salud. El cumplimiento eficaz depende de detectar estos riesgos y controlarlos con medidas adaptadas a cada realidad operativa. ¿Qué incluye un programa de compliance en el ámbito sanitario? Un sistema de compliance en el sector salud debe construirse de forma transversal, integrando todas las áreas operativas, asistenciales, administrativas y de gestión. Sus elementos esenciales son: 1. Evaluación de riesgos normativos Cada entidad debe identificar los riesgos específicos según su actividad: hospitalaria, farmacéutica, biotecnológica, de aseguramiento, etc. El análisis debe contemplar: Procesos asistenciales. Gestión de datos y documentación clínica. Contratación y relaciones con terceros. Publicidad y promoción de productos sanitarios. Ensayos clínicos y estudios observacionales. 2. Documentación y políticas internas Es imprescindible disponer de: Código ético específico para el entorno sanitario. Manual de prevención de delitos. Política de protección de datos y privacidad. Procedimientos operativos estandarizados (POEs). Normas de interacción con la industria farmacéutica. Protocolo de consentimiento informado y trazabilidad clínica. El servicio de Compliance permite desarrollar esta documentación de forma adaptada y profesional. 3. Formación continua Todo el personal debe recibir formación específica en cumplimiento normativo, ética sanitaria y gestión de riesgos, con especial atención a: Personal médico y de enfermería. Responsables de administración, gestión y compras. Personal de investigación y ensayos clínicos. Directivos y responsables de área. 4. Canal ético y sistema de denuncias La Ley 2/2023, que regula la protección de informantes, obliga a contar con un canal interno seguro y confidencial, especialmente importante en el entorno sanitario, donde pueden surgir: Denuncias por mala praxis. Incumplimientos de normativas sanitarias. Conductas inapropiadas hacia pacientes o compañeros. Irregularidades en la gestión de fondos o contratos. Este canal debe gestionarse con independencia y garantizar la protección del denunciante. 5. Supervisión, auditoría y mejora continua El sistema debe incorporar: Auditorías internas regulares. Indicadores de cumplimiento por área. Revisión periódica de los procedimientos. Actualización ante cambios legales o estructurales. Estas medidas permiten mantener un entorno de cumplimiento activo y actualizado. Normativas clave que rigen el compliance sanitario El marco normativo que afecta al sector salud es especialmente amplio. Un programa eficaz debe contemplar: Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018 sobre protección de datos. Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias. Ley 41/2002 de autonomía del paciente. Real Decreto 1090/2015 sobre ensayos clínicos. Ley General de Sanidad y normativas autonómicas. Código Penal (responsabilidad penal de personas jurídicas). Normativa sobre prevención de riesgos laborales. Códigos deontológicos profesionales y códigos FARMAINDUSTRIA. Gestionar esta complejidad normativa exige una visión transversal y experiencia legal especializada. Consecuencias de no contar con un sistema de compliance Omitir un sistema de cumplimiento adecuado puede derivar en consecuencias graves: Multas por incumplimiento del RGPD o infracciones sanitarias. Investigaciones judiciales por negligencia o fraude. Suspensión de licencias sanitarias o inhabilitación profesional. Crisis reputacionales y pérdida de confianza de pacientes. Exclusión de proyectos de investigación o ensayos clínicos. En todos los casos, contar con un programa de compliance permite acreditar diligencia debida y mitigar la responsabilidad de la organización y sus directivos. Ventajas de implantar un sistema de compliance en salud Más allá de evitar sanciones, los beneficios estratégicos son claros: Protección jurídica ante incidentes o reclamaciones. Reforzamiento de la calidad asistencial y la seguridad del paciente. Mayor transparencia y confianza institucional. Acceso a financiación, convenios y proyectos de I+D con mayores garantías. Alineación con estándares internacionales y exigencias de acreditación. Implementar un sistema como el de Compliance permite a las organizaciones sanitarias disponer de una herramienta práctica, escalable y completamente adaptada a sus procesos y exigencias normativas. ¿Trabajas en una organización sanitaria y quieres asegurar el cumplimiento normativo? La salud y la legalidad deben ir de la mano. En un entorno tan regulado y sensible como el sanitario, contar con un sistema estructurado de cumplimiento es una necesidad

Los clubes deportivos, tanto profesionales como amateurs, están cada vez más expuestos al escrutinio público, normativo y mediático. La profesionalización del deporte ha traído consigo una mayor exigencia en materia de gestión, transparencia y cumplimiento legal. En este contexto, la implementación de programas de compliance en clubes deportivos: promoviendo la integridad no solo representa una tendencia creciente, sino una necesidad real para proteger la reputación, prevenir delitos y asegurar la sostenibilidad institucional. Desde la gestión económica hasta la relación con patrocinadores, pasando por la contratación de personal, la protección de datos de socios o la prevención de amaños de partidos, los riesgos legales y éticos en el entorno deportivo son múltiples. Por ello, cada vez más organizaciones implementan estructuras preventivas como las que proporciona el servicio de Compliance, adaptadas a la dinámica y características propias del ámbito deportivo. ¿Por qué es necesario el compliance en los clubes deportivos? Históricamente, muchos clubes han operado bajo estructuras informales o carentes de controles internos sólidos. Sin embargo, en los últimos años se han intensificado las exigencias normativas sobre: Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Transparencia en la gestión de fondos públicos y privados. Cumplimiento de normas laborales, fiscales y de protección de datos. Prevención de fraudes, amaños, dopaje o corrupción deportiva. Además, federaciones, ligas y organismos como el Consejo Superior de Deportes exigen cada vez más a los clubes sistemas de control y buen gobierno. En este contexto, los programas de Compliance son una herramienta fundamental para: Detectar y prevenir riesgos legales. Acreditar diligencia ante inspecciones o procedimientos judiciales. Promover una cultura ética dentro y fuera del terreno de juego. Proteger a la entidad, sus directivos y su imagen pública. Principales riesgos legales y éticos en el entorno deportivo Un club deportivo puede enfrentarse a diversas situaciones de riesgo que, sin una gestión adecuada, pueden derivar en sanciones, pérdidas económicas o procesos judiciales. Algunos ejemplos: Fraude contable o fiscal. Contrataciones irregulares de deportistas o técnicos. Uso indebido de subvenciones públicas. Filtración o uso no autorizado de datos personales de socios o jugadores. Amaños de partidos o apuestas ilegales. Situaciones de acoso o discriminación en el entorno laboral o formativo. El compliance permite identificar estos escenarios de forma anticipada, establecer controles internos y actuar con transparencia, reforzando la credibilidad institucional del club. ¿Qué incluye un programa de compliance adaptado a un club deportivo? Un sistema de cumplimiento eficaz debe ser proporcional al tamaño y actividad del club, pero debe incluir al menos los siguientes elementos: 1. Mapa de riesgos legales y operativos El primer paso es identificar los riesgos concretos que afectan al club, según: Categoría y dimensión del club (profesional, amateur, base). Actividad económica (taquillas, merchandising, patrocinios). Relación con administraciones públicas. Uso de datos personales (socios, menores, fichas federativas). 2. Código ético y políticas internas Es fundamental establecer un código de conducta claro y adaptado al entorno deportivo, que incluya: Reglas sobre conflictos de interés y regalos institucionales. Normas de comportamiento de directivos, jugadores y empleados. Compromiso con la igualdad, la inclusión y la no discriminación. Declaración de tolerancia cero ante la corrupción o el dopaje. 3. Procedimientos de control interno Un buen programa debe documentar los procesos clave del club, como: Contratación de personal técnico y administrativo. Justificación de subvenciones y ayudas públicas. Gestión económica y tesorería. Procesamiento de datos personales y fichas de socios. Relación con federaciones y organismos reguladores. Estos procedimientos deben quedar registrados y ser auditables en cualquier momento. 4. Formación y concienciación El éxito de un programa de compliance depende en gran medida de la implicación de las personas. Es clave que: Directivos y gestores conozcan sus responsabilidades legales. Entrenadores, jugadores y personal de base entiendan las normas de conducta. Se promueva una cultura de integridad desde las categorías inferiores. El servicio de Compliance ofrece formación específica para el ámbito deportivo, adaptada al lenguaje y necesidades del sector. 5. Canal ético y sistema de denuncias Desde la entrada en vigor de la Ley 2/2023, todos los clubes con más de 50 empleados o que gestionen fondos públicos deben contar con un canal interno de denuncias. Este canal debe permitir informar sobre: Conductas inapropiadas o antideportivas. Posibles delitos o irregularidades. Incumplimientos de las normas internas. El canal debe ser confidencial, seguro y gestionado con independencia. 6. Revisión y mejora continua El compliance no puede ser un sistema estático. Es necesario: Auditar periódicamente los procedimientos. Actualizar el mapa de riesgos según evolucione la actividad. Incorporar nuevas normativas o exigencias federativas. Mantener una trazabilidad documental completa. Casos reales que demuestran la necesidad del compliance en clubes deportivos En los últimos años se han registrado numerosos casos que han afectado gravemente a clubes por falta de medidas preventivas: Investigaciones fiscales a entidades deportivas por fraude tributario. Procesos penales por apropiación indebida de subvenciones públicas. Expulsión de competiciones por amaños de partidos. Sanciones por incumplimiento de la normativa de protección de datos. Casos de discriminación o acoso no gestionados adecuadamente. Contar con un sistema de cumplimiento normativo eficaz habría permitido en muchos casos anticiparse a estas situaciones o, al menos, reducir sus consecuencias legales y reputacionales. Normativa aplicable en el ámbito deportivo Un programa de compliance en clubes debe tener en cuenta una amplia variedad de normas: Código Penal español, especialmente en lo relativo a responsabilidad de personas jurídicas. Ley del Deporte y normas autonómicas de actividad física y deporte. Ley 2/2023, reguladora de la protección de informantes. Ley Orgánica de Protección de Datos y RGPD. Normativa laboral y fiscal. Reglamentos federativos y códigos de conducta deportiva. La correcta interpretación y aplicación de este marco normativo requiere conocimientos técnicos y experiencia en el sector. Beneficios de un programa de compliance para un club deportivo Mejora de la reputación institucional. Reducción del riesgo legal y sancionador. Transparencia en la gestión económica y deportiva. Mayor confianza de socios, patrocinadores y administraciones. Acceso a financiación pública y privada con mayores garantías. Creación de una cultura de integridad desde la base. Además, implementar un sistema como el de Compliance permite desarrollar estos beneficios con una estructura

Las empresas de desarrollo y comercialización de software operan en un entorno hiperregulado y cambiante, especialmente en lo que se refiere a la protección de datos personales. Cualquier aplicación, plataforma o servicio digital que gestione información de usuarios debe cumplir rigurosamente con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 y otras disposiciones nacionales e internacionales. El incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones millonarias, pérdida de licencias, bloqueo de servicios o deterioro de la confianza de clientes y usuarios. Por eso, contar con un sistema de compliance en empresas de software: asegurando el cumplimiento de normativas de protección de datos no es solo una medida preventiva, sino una ventaja competitiva en un mercado cada vez más exigente. A lo largo de este artículo verás cómo estructurar un programa de cumplimiento eficaz, cómo evitar errores comunes en el desarrollo de software, y por qué servicios como Compliance son clave para garantizar la seguridad jurídica de tu negocio digital. ¿Por qué es imprescindible el compliance en el sector del software? En las empresas de software, los datos son el núcleo del producto o servicio. Ya se trate de una app móvil, una plataforma SaaS o un sistema de gestión, el acceso, tratamiento y almacenamiento de información personal es continuo. Esto hace que los riesgos legales y operativos sean especialmente altos, y que las exigencias de cumplimiento normativo sean más estrictas que en otros sectores. Las empresas tecnológicas deben demostrar que cumplen con: El principio de privacidad desde el diseño y por defecto. La obligación de informar y recabar consentimiento de los usuarios. La seguridad adecuada para proteger los datos personales. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento. Los requisitos de licitud en transferencias internacionales de datos. Estas obligaciones legales deben estar perfectamente integradas en el diseño, desarrollo y comercialización del software. Y es precisamente ahí donde el Compliance actúa como una herramienta estructural para asegurar el cumplimiento continuo. Riesgos legales más frecuentes en empresas de software A menudo, las empresas tecnológicas cometen infracciones sin ser plenamente conscientes de ello. Algunos de los errores más comunes son: Recoger más datos personales de los necesarios sin justificación legal. No documentar los tratamientos de datos ni tener un registro actualizado. Falta de políticas claras de privacidad y condiciones de uso. Integración de cookies o rastreadores sin consentimiento válido. No cifrar datos sensibles en tránsito o en reposo. Desarrollar funcionalidades que no cumplen con el principio de minimización. Realizar transferencias internacionales de datos sin garantías adecuadas. Estos fallos pueden suponer multas de hasta 20 millones de euros o el 4 % de la facturación anual global, según el RGPD. Además, pueden provocar bloqueos de servicios por parte de marketplaces o socios estratégicos, e incluso demandas colectivas por parte de los usuarios. Elementos clave de un sistema de compliance en software Un programa de cumplimiento adaptado a empresas tecnológicas debe ser ágil, dinámico y alineado con el ciclo de vida del producto. Estos son sus componentes esenciales: 1. Evaluación de riesgos y análisis de tratamientos El primer paso es identificar todos los tratamientos de datos que realiza el software, y evaluar su licitud, necesidad y proporcionalidad. Para ello se utilizan herramientas como: Mapas de tratamiento de datos. Registros de actividades de tratamiento. Evaluaciones de impacto (DPIA) para procesos de alto riesgo. 2. Documentación legal y transparencia Todo software debe incluir políticas accesibles, claras y adaptadas al marco normativo vigente: Política de privacidad adaptada a cada canal o interfaz. Condiciones generales de uso. Gestión de cookies conforme a la normativa aplicable. Consentimiento explícito y verificable del usuario. 3. Privacidad desde el diseño El RGPD exige que los sistemas estén diseñados con la protección de datos incorporada desde el inicio. Esto implica: Definir qué datos son estrictamente necesarios. Limitar accesos internos y permisos técnicos. Aplicar medidas de seguridad desde la fase de desarrollo. Configurar los sistemas por defecto para la mínima exposición posible. 4. Medidas de seguridad técnicas y organizativas El cumplimiento no es solo legal, sino también técnico. Es imprescindible aplicar medidas como: Cifrado de datos sensibles. Autenticación multifactor. Backups seguros y trazabilidad de accesos. Pruebas de seguridad (pentesting, escaneos de vulnerabilidades). Gestión de incidentes y protocolo de brechas de seguridad. El sistema de Compliance incorpora todos estos aspectos, adaptados a la realidad operativa de empresas tecnológicas. 5. Gestión de derechos del usuario El software debe facilitar el ejercicio de derechos por parte del usuario final de forma sencilla, eficaz y documentada. Es fundamental contar con: Formularios automatizados de solicitud. Sistemas para la anonimización o supresión de datos. Procedimientos internos para responder en plazo y con garantías. 6. Canal de denuncias La Ley 2/2023, de protección del informante, exige a las empresas de más de 50 trabajadores un canal interno de denuncias. En el sector tech, este canal es útil para detectar vulneraciones como: Accesos indebidos a bases de datos. Uso fraudulento de información sensible. Mala praxis en desarrollos subcontratados. Debe gestionarse con total confidencialidad y por una figura imparcial. CONSIGUE LA GUÍA ESENCIAL PARA DIRECTIVOS PREVENCIÓN DE RIESGOS LEGALES Y PENALES Descargar gratis Normativa aplicable en empresas de software Un sistema de compliance digital debe tener en cuenta múltiples marcos legales, entre ellos: Reglamento (UE) 2016/679 – RGPD. Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y garantía de derechos digitales. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI-CE). Directiva ePrivacy y regulación sobre cookies. Código Penal (responsabilidad penal de personas jurídicas). Normativa sobre ciberseguridad y brechas de seguridad. Regulación internacional (EE. UU., Reino Unido, América Latina) en caso de expansión. Una gestión experta del cumplimiento normativo permite evitar conflictos legales y bloquear vulnerabilidades jurídicas del software. ¿Cómo integrar el compliance en el desarrollo de software? El error más frecuente es considerar el cumplimiento como una tarea posterior al desarrollo. Para que sea eficaz, debe estar presente desde el inicio: Integrar al delegado de protección de datos (DPO) en el diseño de nuevas funcionalidades. Aplicar principios de privacidad desde el diseño en la

La industria agroalimentaria se enfrenta a uno de los mayores desafíos regulatorios de todos los sectores económicos: garantizar que los alimentos que llegan al consumidor sean seguros, legales y trazables en todas las etapas de la cadena de suministro. Fallar en este objetivo puede derivar en sanciones, retirada de productos, pérdidas millonarias e incluso daños irreparables a la salud pública. Por ello, implementar un sistema sólido de compliance en la industria agroalimentaria: garantizando la seguridad y trazabilidad alimentaria es hoy más necesario que nunca. Este tipo de cumplimiento normativo no solo se limita a la higiene alimentaria o los estándares de calidad, sino que abarca aspectos clave como la responsabilidad penal de la empresa, la gestión documental, la protección de datos, la regulación ambiental y la prevención del fraude económico. En este artículo te contamos cómo diseñar e implantar un sistema de cumplimiento eficaz en el sector agroalimentario, qué normativas aplicar y cómo evitar errores comunes que podrían comprometer tu cadena de suministro. Soluciones como las que proporciona el servicio de Compliance permiten adaptar estos modelos a cualquier tipo de empresa del sector, desde pequeños productores hasta grandes distribuidoras. ¿Por qué es esencial el compliance en la industria agroalimentaria? La presión regulatoria en el sector agroalimentario es alta. Normas europeas, nacionales y autonómicas se combinan con exigencias de certificaciones privadas, protocolos de exportación y auditorías de clientes. Este entorno obliga a las empresas a implementar controles eficaces que no solo prevengan infracciones, sino que aseguren la trazabilidad total del producto desde el origen hasta el consumidor final. El compliance actúa como una herramienta clave para: Evitar sanciones administrativas y penales. Reducir riesgos de contaminación o fraude alimentario. Proteger la reputación y el valor de marca. Acreditar diligencia ante inspecciones o auditorías. Cumplir con los requisitos legales y contractuales de trazabilidad. Además, el Código Penal español establece desde 2010 la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que implica que las empresas del sector pueden ser condenadas por delitos cometidos por sus empleados o directivos si no disponen de modelos eficaces de prevención. Riesgos comunes en la cadena agroalimentaria La actividad agroalimentaria está expuesta a múltiples riesgos que pueden comprometer tanto la seguridad del producto como el cumplimiento normativo: Falta de trazabilidad documentada del origen de materias primas. Etiquetado incorrecto o engañoso. Uso indebido de sustancias o aditivos prohibidos. Falsificación de certificados de origen o calidad. Almacenamiento o transporte sin garantías sanitarias. Vertidos contaminantes o gestión inadecuada de residuos. Prácticas laborales irregulares en el campo o en la producción. La gestión de estos riesgos exige una estrategia integral de compliance, que abarque tanto el cumplimiento legal como la implantación de procesos internos documentados, controlados y auditables. Componentes esenciales de un sistema de compliance agroalimentario Un programa de cumplimiento en este sector debe adaptarse a las particularidades de cada empresa, pero existen elementos comunes que todo sistema eficaz debe incorporar: 1. Identificación y evaluación de riesgos Es imprescindible realizar un mapa de riesgos personalizado que tenga en cuenta: Tipo de producto (fresco, transformado, envasado…) Origen y trazabilidad de materias primas. Procesos de elaboración y conservación. Canales de distribución. Requisitos legales del mercado destino (exportación). 2. Normativa aplicable y actualización legal El cumplimiento debe cubrir normas clave como: Reglamento (CE) 178/2002 sobre seguridad alimentaria y trazabilidad. Reglamento (CE) 852/2004 sobre higiene de los alimentos. Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición. Normativa ambiental (vertidos, residuos, emisiones). Regulación laboral y de prevención de riesgos. Normativa fiscal, mercantil y penal. La actualización constante del marco legal es clave para evitar incumplimientos involuntarios. 3. Protocolos operativos y control documental El compliance debe traducirse en procedimientos claros, por ejemplo: Registro completo de trazabilidad por lotes. Procedimientos de gestión de alertas alimentarias. Controles de etiquetado y envasado. Protocolo de retirada de producto. Auditorías internas y revisiones periódicas. Todos estos procesos deben quedar documentados y disponibles ante cualquier inspección. 4. Canal ético interno La Ley 2/2023, sobre protección de informantes, obliga a contar con un canal interno de denuncias en todas las empresas de más de 50 trabajadores. En el sector agroalimentario, este canal es especialmente útil para detectar malas prácticas como: Uso de materias primas de origen no declarado. Incumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias. Manipulación de certificados o documentos. Debe ser confidencial, seguro y gestionado por un responsable imparcial. 5. Formación y cultura de cumplimiento La implantación de un sistema de compliance solo será eficaz si todos los implicados conocen sus obligaciones. Es necesario: Formar al personal en buenas prácticas de higiene y trazabilidad. Capacitar a mandos intermedios en gestión del cumplimiento. Informar a proveedores sobre sus responsabilidades legales. Este proceso educativo debe ser continuo, práctico y adaptado a cada perfil. Contar con un sistema como el de Compliance facilita esta formación de manera estructurada y alineada con la operativa real de la empresa. CONSIGUE LA GUÍA ESENCIAL PARA DIRECTIVOS PREVENCIÓN DE RIESGOS LEGALES Y PENALES Descargar gratis Consecuencias del incumplimiento en el sector agroalimentario No aplicar un modelo de cumplimiento normativo puede acarrear: Sanciones económicas por parte de sanidad, medioambiente o inspección laboral. Cierre temporal de instalaciones o inmovilización de producto. Retirada obligatoria del mercado. Procesos penales contra la empresa por delitos contra la salud pública o el medioambiente. Pérdida de certificaciones privadas (IFS, BRC, ISO 22000). Daño reputacional que afecta directamente a las ventas. En un entorno tan expuesto al consumidor y a la opinión pública, el impacto puede ser irreversible. Integrar el compliance en la operativa diaria agroalimentaria Uno de los retos más importantes es lograr que el sistema no quede en un conjunto de documentos formales, sino que se integre de forma efectiva en la actividad diaria. Algunas claves para conseguirlo: Automatizar la trazabilidad mediante sistemas de gestión. Establecer controles previos y posteriores en cada fase del proceso. Designar responsables internos de cumplimiento por área. Centralizar la documentación y garantizar su actualización. Realizar simulacros de alerta o inspección para evaluar la respuesta. Estas medidas permiten no solo cumplir la norma, sino estar preparados ante cualquier incidente. ¿Por qué externalizar el sistema de compliance? Contar

En el sector de la construcción, especialmente en proyectos públicos, el riesgo de incurrir en prácticas fraudulentas o corruptas es elevado. Licitaciones amañadas, sobrecostes injustificados, comisiones encubiertas o desviación de fondos son solo algunas de las irregularidades que pueden afectar gravemente a empresas y administraciones. Por eso, aplicar medidas de control no es solo una recomendación ética: es una exigencia legal y reputacional. Saber cómo gestionar el compliance en el sector construcción: previniendo fraudes y corrupción en proyectos públicos es clave para competir con garantías y protegerse frente a responsabilidades penales o sancionadoras. Desde la entrada en vigor del nuevo marco normativo sobre integridad institucional y responsabilidad de las personas jurídicas, contar con un programa de Compliance no es opcional. Es un elemento diferenciador en licitaciones públicas, una herramienta preventiva y una exigencia de transparencia cada vez más valorada. En este artículo conocerás qué medidas aplicar, cómo estructurar un sistema eficaz y qué errores evitar. También descubrirás cómo puede ayudarte un servicio profesional como el de Compliance para adaptarlo a tu operativa diaria. Riesgos específicos del sector construcción El sector de la construcción opera bajo condiciones singulares que lo hacen especialmente expuesto a prácticas ilícitas. Entre ellas destacan: Procesos de contratación pública con múltiples actores y fases. Grandes presupuestos con márgenes de maniobra en certificaciones y costes. Subcontrataciones en cascada difíciles de controlar. Intervención de agentes políticos, técnicos y empresas privadas. Baja cultura de denuncia interna o controles independientes. Este contexto propicia la aparición de fraudes, conflictos de intereses, falsificaciones documentales, pagos irregulares o sobornos, prácticas que pueden acarrear graves sanciones, inhabilitaciones y procesos penales. El compliance se convierte en el sistema de prevención y detección más eficaz para evitar que estos riesgos desemboquen en consecuencias irreparables para la empresa. ¿Qué es el compliance y cómo se aplica en construcción? Un programa de compliance es un modelo interno de prevención, gestión y control diseñado para garantizar el cumplimiento de la normativa legal y ética en todas las actividades de una organización. En el sector de la construcción, este modelo debe adaptarse a los procesos propios del sector y contemplar los siguientes elementos: 1. Análisis de riesgos legales y operativos El punto de partida es identificar los puntos críticos de riesgo, como: Manipulación de licitaciones o concursos públicos. Facturación falsa o duplicada. Subcontratación sin control documental. Falsificación de certificaciones de obra. Trato de favor a proveedores o adjudicatarios. Regalos o dádivas a funcionarios públicos. Uso indebido de fondos públicos. 2. Código ético y políticas anticorrupción Es esencial contar con un código de conducta sectorial, que incluya: Principios de actuación en contratación pública. Normas sobre regalos, invitaciones o relaciones institucionales. Protocolo de conflictos de interés. Normas sobre subcontratación y homologación de proveedores. 3. Procedimientos internos de control El sistema debe documentar con precisión los controles que se aplican, por ejemplo: Revisión de licitaciones y ofertas por áreas independientes. Supervisión financiera de certificaciones y pagos. Auditoría de los contratos de subcontratación. Registro y trazabilidad de decisiones clave. Control de visitas, reuniones y regalos institucionales. Estas medidas deben formar parte de un sistema estructurado como el que ofrece el servicio de Compliance, adaptado específicamente a los riesgos del sector construcción. 4. Canal de denuncias interno La Ley 2/2023 obliga a todas las empresas de más de 50 trabajadores a disponer de un canal ético interno, confidencial y seguro, que permita denunciar irregularidades. Este canal debe ser accesible, gestionado de forma imparcial y respetar la protección del denunciante. 5. Formación continua Uno de los errores más comunes es implementar el sistema sin formar al personal. Todos los empleados deben conocer: Los riesgos asociados a su función. Qué conductas son inaceptables. Cómo actuar ante una situación de posible fraude o corrupción. La formación debe adaptarse a perfiles técnicos, administrativos y directivos. 6. Supervisión y mejora continua El programa de compliance debe actualizarse con frecuencia, especialmente ante cambios normativos, reestructuraciones internas o nuevos contratos públicos. Consecuencias de no aplicar compliance en proyectos públicos La falta de un sistema de cumplimiento eficaz puede tener consecuencias graves, tanto legales como reputacionales. Entre las más habituales se encuentran: Multas por fraude a la administración. Responsabilidad penal por corrupción, cohecho o falsedad documental. Pérdida de contratos públicos o inhabilitación para contratar con el sector público. Daños reputacionales difíciles de revertir. Intervención judicial de la empresa o bloqueo de licitaciones. Además, en los últimos años se han intensificado los controles en materia de integridad pública y transparencia, lo que hace imprescindible acreditar medidas preventivas. Requisitos normativos aplicables al compliance en construcción La normativa que afecta directamente al compliance en este sector incluye: Código Penal (reforma de 2010 y posteriores): establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: refuerza el principio de integridad y prohíbe adjudicar contratos a empresas con condenas por corrupción. Ley 2/2023 reguladora de la protección de informantes: obliga a disponer de canales internos de denuncia. Directivas europeas sobre transparencia, contratación y lucha contra el fraude. Normas fiscales, laborales y de prevención de riesgos laborales. Conocer y aplicar esta normativa es una tarea compleja, que exige apoyo especializado. Claves para un programa de compliance eficaz en construcción Te resumimos los elementos que no pueden faltar en un modelo eficaz para el sector: Diagnóstico personalizado de riesgos según tipo de obra y cliente. Documentación clara, operativa y revisable. Controles automatizados en procesos financieros, de licitación y de certificación. Formación continua y especializada para todos los perfiles. Supervisión independiente del sistema. Canal de denuncias funcional y garantista. Implementar estas medidas de forma estructurada y con apoyo profesional permite reducir significativamente los riesgos de fraude o corrupción. Ejemplos reales de sanciones por falta de compliance En los últimos años, múltiples constructoras han sido objeto de investigaciones judiciales o sanciones administrativas por prácticas corruptas. Algunos ejemplos: Adjudicación irregular de contratos en connivencia con funcionarios públicos. Sobreprecios encubiertos en certificaciones de obra. Pago de comisiones a cambio de adjudicaciones. Uso de testaferros para canalizar fondos ilícitos. En muchos casos, la existencia de un programa de compliance robusto