Cumplimiento Normativo Cáceres

Ana Redondo subraya la importancia de que jueces y fiscales apliquen la perspectiva de género en la interpretación de la ley. La ministra afirma que sin esta perspectiva, las sentencias no reflejan la democracia ni la realidad social actual. Aboga por una mayor precisión legislativa y celebra los avances en igualdad, como la elección de la primera mujer presidenta del Tribunal Supremo. La perspectiva de género, clave para una justicia social La ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó la relevancia de la perspectiva de género en la interpretación de la ley durante la inauguración del VII Congreso de la Asociación de Mujeres Juezas de España, celebrado en Málaga. Redondo subrayó que los jueces y juezas «tienen que poder interpretar y adaptar la ley» a los casos concretos, asegurando que la perspectiva de género es «imprescindible» para que la justicia sea verdaderamente democrática y social. Según la ministra, la sociedad actual no puede comprenderse sin esta visión, ya que las mujeres representan el 51% de la población. «Si no se tiene presente esa perspectiva a la hora de interpretar la ley, uno se aleja de lo que es la justicia social«, afirmó. Añadió que la igualdad y el feminismo son sinónimos, y que ambos se fundamentan en la necesidad de tener «los mismos derechos y las mismas oportunidades». Críticas a la técnica legislativa y optimismo en avances feministas Redondo también abordó el tema de la calidad legislativa, señalando que vivimos en un contexto de «inflación normativa». La ministra abogó por una técnica legislativa «más precisa y depurada», ya que, en su opinión, las leyes a veces no son lo suficientemente claras debido a cuestiones políticas y la complejidad de los pactos. «Cuando la ley es clara, hay que aplicarla», apuntó, reclamando al legislador una mayor rigurosidad en la redacción de las normativas. A pesar de las dificultades, Redondo se mostró optimista respecto al momento actual del movimiento feminista. Recordó el progreso alcanzado desde la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género hace 20 años y celebró la elección de una mujer como presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que consideró un «símbolo» de la normalización institucional tras años de crisis en el poder judicial. Retos futuros y la lucha contra el machismo en la justicia Aunque reconoció los avances en materia de igualdad, como la Ley de Paridad y los permisos de maternidad y paternidad, Redondo insistió en que aún queda mucho por hacer para eliminar los «techos de cristal» y los «suelos pegajosos» que dificultan la igualdad real. Subrayó que persisten elementos de machismo en algunas resoluciones judiciales, lo que considera «inquietante». En este contexto, la ministra celebró una reciente resolución del Tribunal Constitucional que prioriza el interés superior del menor, reconociendo que no puede convivir con un maltratador. Según Redondo, «un maltratador nunca es un buen padre», subrayando que la violencia en el hogar es incompatible con un trato adecuado hacia los hijos. Finalmente, Redondo concluyó reiterando la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la justicia, afirmando que es una «perspectiva democrática» que contribuye a una convivencia equitativa en España. Considera que congresos como el de la Asociación de Mujeres Juezas son fundamentales para profundizar en estos temas y avanzar en la igualdad de género en la justicia.

El 14% de los alquileres en España sufren morosidad, y el 11% de los arrendadores ha tenido que acudir a la vía judicial para recuperar rentas impagadas. Las modificaciones legales, como la Ley 12/2023 de derecho a la vivienda, complican y dilatan el proceso de desahucio, especialmente para grandes tenedores. El lanzamiento puede suspenderse si se acredita la vulnerabilidad del inquilino, extendiéndose hasta diciembre de 2024. Existen ayudas para compensar a los arrendadores, pero son difíciles de obtener. Situación de la morosidad en el mercado de alquiler La OCU estima que el 14% de los alquileres en España sufren morosidad y que el 11% de los arrendadores ha tenido que recurrir a la vía judicial para reclamar los pagos impagados o los daños ocasionados en la vivienda. En 2023, la Comunidad Valenciana registró uno de los mayores aumentos en la morosidad, alcanzando un incremento del 3% en comparación con el año anterior. Ante esta situación, muchos propietarios se preguntan: ¿qué hacer si mi inquilino deja de pagar? La respuesta, desde el punto de vista legal, es acudir a un procedimiento judicial de desahucio, aunque esto puede implicar un proceso prolongado antes de recuperar la vivienda. Interposición de demanda: requisitos y nuevas normativas El primer paso es interponer una demanda de desahucio, cumpliendo con los nuevos requisitos establecidos por el RDL 6/2023 que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley 12/2023 de derecho a la vivienda. Entre los requisitos más importantes se encuentran: Certificado de gran tenedor. Afirmar o desmentir si el inmueble alquilado se considera vivienda habitual. Según la Ley 12/2023, un gran tenedor es cualquier persona física o jurídica que posea más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida mayor de 1.500 m² de uso residencial. En entornos de mercado residencial tensionado, este número se reduce a cinco inmuebles, aunque en la Comunidad Valenciana todavía no se han definido estos mercados tensionados. Actualmente, con un certificado registral que demuestre la posesión de menos de diez viviendas, es suficiente para interponer una demanda. Si se considera que el arrendador es un gran tenedor (poseedor de más de diez viviendas), es necesario solicitar un certificado de vulnerabilidad del inquilino. Si el inquilino no colabora, se debe presentar una declaración responsable de haber intentado obtener dicho certificado. Además, es obligatorio acudir a un proceso de mediación antes de interponer la demanda. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana aún no existe un servicio de mediación específico para este tipo de procesos, lo que puede dilatar aún más la resolución. Admisión a trámite y vista del caso Si se cumplen todos los requisitos, la demanda se admitirá a trámite. En este punto, se notificará al inquilino, dándole diez días para desalojar el inmueble, pagar la deuda o presentar alegaciones. Una de las defensas más comunes es que el inquilino alegue su vulnerabilidad, lo que puede complicar el proceso. Si el inquilino no responde a la demanda, el juez emitirá un decreto que finalizará el juicio de desahucio, estableciendo una fecha y hora para el lanzamiento o desalojo. Lanzamiento: problemas y retrasos Aunque se haya emitido una sentencia firme y se haya fijado una fecha para el lanzamiento, los problemas no terminan aquí. Si el inquilino ha demostrado su vulnerabilidad, el lanzamiento puede ser suspendido bajo las disposiciones de los Reales Decretos-leyes 11/2020 y 37/2020, que prorrogaban los desalojos debido a la pandemia y situaciones de vulnerabilidad económica. Actualmente, estos decretos permiten la suspensión del lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2024. Compensación a los arrendadores Si el proceso se ha suspendido debido a la vulnerabilidad del inquilino o la falta de un servicio de mediación, es posible solicitar una ayuda llamada compensación de arrendadores. No obstante, este proceso es complejo y requiere presentar una serie de documentos ante la Conselleria, demostrando la vulnerabilidad del propietario afectado por la situación. Complejidad por la nueva normativa Aunque la cantidad de demandas de desahucio ha disminuido, esto no se debe a una mejora en el sistema, sino a la complejidad añadida por la nueva normativa, que dificulta el cumplimiento de los requisitos para interponer una demanda. Incluso si se admite, el proceso judicial es largo y está sujeto a múltiples retrasos. Este panorama exige confiar en abogados especializados que conozcan a fondo los requisitos y ayudas disponibles, además de ofrecer un asesoramiento preventivo en la redacción de contratos de arrendamiento. En un contexto de constantes cambios normativos, contar con profesionales es esencial para minimizar riesgos y garantizar la recuperación de la vivienda de forma más eficiente.

Innovación y protección de datos en emergencias y eficiencia energética La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) continúa su ciclo de conferencias 2024 con la ponencia ‘Monitorización Autónoma y Eficiencia Energética: Innovación en Emergencias y Protección de Datos’, que tendrá lugar el próximo 10 de octubre a las 17:00 horas. Este evento forma parte del ciclo ‘Innovación y Protección de Datos – Mujer y Ciencia’, un foro dedicado a debatir sobre tecnología, igualdad de género y protección de datos. La conferencia será impartida por María Cristina Rodríguez Sánchez, especialista en tecnologías aplicadas a la gestión de emergencias y eficiencia energética. Durante su intervención, Rodríguez explorará cómo los dispositivos autónomos, como drones y robots, pueden mejorar la monitorización preventiva y la toma de decisiones en situaciones de emergencia, optimizando el uso de los recursos energéticos y agilizando las operaciones de los equipos de respuesta. Protección de datos en la innovación tecnológica Uno de los puntos clave de la conferencia será el análisis de la protección de datos en el uso de sistemas autónomos, asegurando que la implementación de estas tecnologías se realiza de manera segura y respetuosa con la privacidad de los ciudadanos. La AEPD aportará recomendaciones sobre el uso adecuado de drones y otros dispositivos en entornos críticos, garantizando que se respeten los derechos fundamentales de las personas. Ponente: María Cristina Rodríguez Sánchez María Cristina Rodríguez-Sánchez, nacida en Madrid en 1982, es Máster en Sistemas Telemáticos e Informáticos y Doctora en Ingeniería Informática y Nuevas Tecnologías de la Información por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Actualmente, es Profesora Titular en la URJC y Codirectora del Máster en Ingeniería Industrial. Dirige además el SENIALab, un laboratorio de investigación enfocado en la innovación y el desarrollo de tecnologías para la gestión de emergencias, eficiencia energética y edificios inteligentes. Entre sus principales áreas de investigación destacan la gestión de crisis, los sistemas de evacuación y el uso de inteligencia artificial para la toma de decisiones en tiempo real. También ha trabajado en tecnologías avanzadas de comunicación para el Internet de las Cosas (IoT) y en soluciones para la bioingeniería y la programación de sistemas energéticos. Participación en el evento Este webinario gratuito forma parte de los compromisos de la AEPD en materia de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, centrándose en la intersección entre tecnología e igualdad de género. Es una excelente oportunidad para profesionales del sector tecnológico, expertos en protección de datos, y aquellos interesados en la innovación en emergencias y eficiencia energética. Enlace para conectarse: Disponible en el sitio web de la AEPD.

La AEPD forma parte de la segunda edición del European Blockchain Sandbox para fomentar la seguridad jurídica en soluciones blockchain. El proyecto permite un diálogo confidencial entre reguladores y emprendedores para identificar obstáculos regulatorios y ofrecer orientaciones. Un informe de buenas prácticas será publicado al finalizar los diálogos regulatorios. Participación de la AEPD en la segunda edición del European Blockchain Sandbox La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) participa activamente en la segunda edición del European Blockchain Sandbox, una iniciativa promovida por la Comisión Europea. El objetivo de este proyecto es ofrecer un marco regulatorio seguro y confidencial donde reguladores, autoridades supervisoras y emprendedores con proyectos basados en blockchain puedan interactuar, identificar barreras legales y aumentar la seguridad jurídica de estas soluciones tecnológicas. Un entorno seguro para el diálogo y la innovación La iniciativa European Blockchain Sandbox selecciona proyectos innovadores de diversas regiones de la UE/EEE, abarcando una amplia variedad de sectores. Los proyectos elegidos tienen la oportunidad de recibir asesoramiento legal de expertos y participar en un diálogo regulatorio con autoridades tanto a nivel nacional como europeo, incluida la AEPD. Este entorno seguro y confidencial facilita la colaboración entre emprendedores y reguladores, con el fin de resolver obstáculos regulatorios y mejorar el marco jurídico que rodea el uso de la tecnología blockchain. Publicación de un informe de buenas prácticas Una vez concluyan los diálogos regulatorios confidenciales, se publicará un informe de buenas prácticas que sintetizará los aprendizajes y recomendaciones surgidos del proyecto. Este informe será similar al que se emitió en la primera edición del European Blockchain Sandbox, con el objetivo de fomentar el desarrollo seguro y eficiente de las soluciones blockchain en el espacio europeo.

  El proyecto busca empoderar a las mujeres en el sector cultural y promover una representación equilibrada. Está organizado por la Asociación Extremeña de Gestores Culturales (AGCEX) y financiado por las Diputaciones de Cáceres y Badajoz. Se realizarán seis encuentros sectoriales en ambas provincias para reflexionar sobre la situación de la mujer en la cultura. Se espera crear un directorio de mujeres profesionales y una hoja de ruta para avanzar en la igualdad en el sector cultural. Un impulso para la igualdad en la cultura La Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX), en colaboración con las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, ha puesto en marcha el proyecto “Cultura en Femenino”, con el objetivo de fomentar la igualdad de género en el ámbito profesional de la cultura. Este programa, que cuenta con una inversión de 7.000 euros por parte de la Diputación de Cáceres, busca visibilizar y fortalecer la presencia de mujeres en cargos y espacios relevantes del sector cultural. Presentación del proyecto y objetivos clave El proyecto fue presentado el pasado viernes en la Residencia Hernán Cortés de Badajoz, en un acto en el que participaron la diputada provincial María Toscano, la coordinadora del Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz, Emilia Parejo, y la presidenta de AGCEX, Carmen Hernán. Esta presentación marcó el inicio de seis encuentros sectoriales que tendrán lugar en ambas provincias a lo largo del último cuatrimestre del año. El objetivo principal es promover una mayor presencia de mujeres en roles de liderazgo dentro de entidades culturales y cargos de responsabilidad, como la dirección de museos, eventos culturales o cátedras universitarias. Destinatarias y necesidad del proyecto El programa está dirigido a responsables de políticas de igualdad en las administraciones públicas, tanto provinciales como autonómicas y locales, así como al personal técnico de las áreas de cultura e igualdad. También busca la participación de mujeres artistas, creadoras y trabajadoras del ámbito cultural en sus diversas disciplinas, incluyendo las artes escénicas, visuales, música, audiovisual, comunicación, lectura y bibliotecas, entre otras. Este proyecto nace a raíz de estudios recientes en Extremadura, que evidencian la infrarrepresentación de las mujeres en puestos de responsabilidad en el sector cultural, lo que refuerza la necesidad de abordar esta desigualdad de manera estructural. Resultados esperados y hoja de ruta hacia la igualdad Entre los resultados previstos, el proyecto busca la creación de un directorio abierto de mujeres profesionales en el sector cultural para visibilizar su trabajo y aumentar su representación. Además, se elaborará una hoja de ruta para guiar los esfuerzos hacia una igualdad real y efectiva en todas las áreas culturales. Como cierre del proyecto, en diciembre se celebrará el encuentro final “Cultura en Femenino”, en el que se presentarán las conclusiones de los encuentros sectoriales y se discutirá la implementación de la hoja de ruta para continuar avanzando en la igualdad de género en el ámbito cultural.

Las sanciones por incumplimiento de la Ley de Protección de Datos pueden alcanzar los 300.000 euros. La falta de conocimiento sobre la normativa es el principal motivo de las sanciones. Contar con formación adecuada y un Delegado de Protección de Datos (DPD) es clave para evitar sanciones. Las sanciones varían entre leves, graves y muy graves, dependiendo del tipo de infracción. Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos: un reto para pequeños negocios Con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) plenamente vigente, muchos autónomos y pequeños negocios aún desconocen las estrictas sanciones que pueden enfrentar por no cumplir con la normativa. Estas sanciones, impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), pueden llegar hasta los 300.000 euros, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Cómo evitar sanciones El primer paso para evitar sanciones es comprender las obligaciones básicas que todos los negocios que tratan datos personales deben cumplir. Un error común es el desconocimiento de la ley, por lo que contar con formación adecuada es esencial. Una de las medidas más recomendadas es incorporar la figura del Delegado de Protección de Datos (DPD), un rol que puede ser asumido por un empleado con la formación adecuada. Empresas como EUCA, especializada en prevención de riesgos laborales, ofrecen cursos específicos para preparar a los empleados en el cumplimiento de la normativa de protección de datos y así evitar sanciones. Principales motivos de las sanciones Entre las infracciones más comunes que pueden acarrear sanciones se encuentran: No informar adecuadamente a los interesados: Es esencial que los negocios comuniquen claramente a sus clientes o empleados cómo se gestionan sus datos personales. No adoptar medidas de seguridad adecuadas: Además de almacenar los datos de manera segura, es necesario implementar medidas que aseguren su confidencialidad y disponibilidad. No tener un Registro de Actividades del Tratamiento actualizado: Mantener un registro detallado de cómo se gestionan los datos personales es obligatorio, y no hacerlo puede derivar en sanciones graves. No notificar brechas de seguridad: Si se produce una filtración de datos personales, debe notificarse de inmediato a la AEPD. No hacerlo puede conllevar multas importantes. Sanciones y gravedad de las infracciones Las sanciones se clasifican en tres niveles: Leves: Como tener un registro incompleto, con multas de hasta 40.000 euros. Graves: No aplicar correctamente las medidas de protección de datos, con sanciones que pueden llegar a 300.000 euros. Muy graves: Incluyen la vulneración de los derechos básicos de los interesados, con sanciones aún mayores. Cumplir con la normativa no solo evita sanciones, sino que también es una forma de proteger la confianza de los clientes y empleados, lo que resulta clave para el éxito de cualquier negocio.