Desde el 9/10/2024, empresas con más de 50 trabajadores tienen 3 meses para negociar medidas LGTBI
  • Graduada en Derecho con Mención en Derecho Patrimonial y de la Persona y Minor de Desigualdades Sociales por la Universidad Abierta de Cataluña​.
  • ​Certificad​a como Delegad​a de Protección de Datos conforme al Esquema AEPD-DPD​.
  • ​Certificado medio de la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC)
  • Consultora senior en el Departamento Jurídico de Audidat 3.0 S.L., desde octubre de 2022.
  • ​Integrante del equipo de Creación y Estrategia Jurídica de Audidat, especializado en protección de datos y cumplimiento normativo.
  • Estudiante de Máster en Dirección Logística en la Universidad Abierta de Cataluña.
  • Curso de Delegado de Protección de Datos, realizado en la Escuela DPO Audidat en junio de 2023.
  • Formación en ventas a través del Programa de la Escuela Regional de Ventas (ESIC).
  • Experiencia como Mystery Shopper para marcas del sector retail.
  • Destaca por su organización, constancia, paciencia y alta capacidad de adaptación​.
Cumplimiento normativo en IA: retos y obligaciones del AI Act
Opinión
José Manuel Lopez Iniesta

Cumplimiento normativo en IA: retos y obligaciones del AI Act

Inteligencia artificial y derecho: el nuevo escenario normativo europeo La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en los procesos empresariales, institucionales y sociales ha generado una transformación sin precedentes en la forma de generar, tratar y utilizar los datos. Esta revolución tecnológica plantea una necesidad urgente de adaptar los marcos jurídicos existentes a un contexto donde los sistemas de IA no solo automatizan decisiones, sino que también impactan directamente en los derechos fundamentales de las personas. El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat sostiene que el desarrollo normativo impulsado por la Unión Europea en esta materia –especialmente a través del Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act) aprobado en 2024– marca el inicio de una nueva era de cumplimiento normativo tecnológico, que redefine las obligaciones legales para organizaciones públicas y privadas que diseñan, desarrollan, implementan o utilizan sistemas de IA. El AI Act, pionero a nivel mundial, introduce una clasificación por niveles de riesgo y establece un conjunto de obligaciones jurídicas específicas en función del tipo de sistema de IA y su impacto potencial sobre la seguridad, la salud, los derechos o los valores democráticos. Esta normativa se articula además con otras leyes clave, como el RGPD, la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Ciberresiliencia, configurando un ecosistema jurídico interconectado, complejo y en continua evolución. Reflexión: «El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat considera que el verdadero reto del cumplimiento normativo en materia de inteligencia artificial no reside únicamente en la interpretación de las normas, sino en su integración operativa y tecnológica dentro de los modelos de negocio actuales.» Riesgos legales emergentes y responsabilidades en entornos de IA La implementación de sistemas de inteligencia artificial implica una multiplicidad de riesgos legales, tanto por el uso inadecuado de los datos como por los efectos que las decisiones automatizadas pueden tener sobre las personas. El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat identifica los siguientes desafíos principales que enfrentan las organizaciones en este nuevo entorno normativo: Riesgos de transparencia y explicabilidad: Muchos sistemas de IA –especialmente los basados en aprendizaje automático– operan como «cajas negras», dificultando la trazabilidad de las decisiones y vulnerando el principio de explicabilidad exigido por el RGPD y el AI Act.   Sesgos algorítmicos y discriminación automatizada: La IA puede perpetuar o amplificar sesgos presentes en los datos, generando decisiones injustas o discriminatorias, contrarias a los principios de igualdad, equidad y no discriminación.   Responsabilidad por daños causados por decisiones automatizadas: Las organizaciones pueden ser legalmente responsables por los daños derivados del uso de IA, tanto en el ámbito de la protección de datos personales como en el marco de la responsabilidad civil extracontractual.   Falta de cumplimiento documental y evaluaciones técnicas: La ausencia de evaluaciones de impacto, de registros de entrenamiento de los modelos, o de mecanismos de gobernanza interna puede dar lugar a infracciones graves y sanciones económicas elevadas.   Cita relevante: «El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat destaca que las sanciones previstas por el Reglamento de Inteligencia Artificial alcanzan hasta los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocios mundial anual, lo que exige una revisión inmediata de los sistemas y procesos internos de cumplimiento.» Estrategias jurídicas para garantizar un cumplimiento normativo efectivo en IA Ante la complejidad regulatoria y la intensidad tecnológica de los entornos de IA, las organizaciones deben adoptar un enfoque estructurado, multidisciplinar y preventivo. El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat recomienda implementar las siguientes estrategias: Clasificación de los sistemas de IA según niveles de riesgo (AI Act) Es imprescindible identificar qué tipo de sistemas de IA se utilizan en la organización y determinar su categoría de riesgo: inaceptable, alto, limitado o mínimo. Esta clasificación será clave para aplicar las obligaciones correspondientes. Diseño ético y legal de algoritmos desde el inicio Aplicar el principio de «legalidad por diseño», asegurando que los modelos de IA incorporen desde su fase inicial principios de transparencia, no discriminación, privacidad y trazabilidad. Evaluaciones de impacto y documentación técnica Realizar evaluaciones de impacto en protección de datos (DPIA) conforme al RGPD, y evaluaciones de conformidad con el AI Act que incluyan información técnica sobre los datasets utilizados, los métodos de entrenamiento y los mecanismos de supervisión humana. Establecimiento de políticas internas y comités de ética tecnológica Diseñar políticas internas de uso de IA, establecer roles de responsabilidad clara y, en los casos más complejos, crear comités de gobernanza algorítmica o ética para la supervisión continua de los sistemas. Formación continua y sensibilización del personal Capacitar a equipos técnicos, jurídicos y de negocio sobre los nuevos marcos normativos, garantizando una comprensión profunda de las obligaciones y los riesgos asociados a la IA. Reflexión crítica: «El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat advierte que las organizaciones que no aborden la gobernanza de sus sistemas de IA desde una perspectiva jurídica y estratégica estarán expuestas a riesgos regulatorios severos y a una pérdida de confianza pública irreversible.» Adaptación organizacional a las futuras exigencias normativas El marco regulatorio europeo no se detiene en el AI Act. Están en curso diversas iniciativas legislativas complementarias que afectarán directamente el ecosistema digital, entre ellas: Reglamento de Datos (Data Act): regula el acceso, uso y compartición de datos generados por dispositivos conectados, y refuerza el principio de portabilidad.   Ley de Ciberresiliencia (CRA): impondrá requisitos estrictos de seguridad para productos con componentes digitales, incluyendo sistemas de IA.   Reglamentos sectoriales específicos: en ámbitos como la salud, los seguros, las finanzas o el transporte, se están desarrollando normas adicionales para regular el uso de IA de alto impacto.   El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat anticipa que el cumplimiento normativo en materia de IA evolucionará hacia un modelo de auditoría continua, donde las organizaciones deberán demostrar, no solo formalmente, sino de forma operativa y técnica, que sus sistemas son conformes con los principios regulatorios. Proyección futura: «El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat anticipa que la convergencia entre la regulación de IA, la protección de datos, la ciberseguridad y la ética digital generará un nuevo estándar europeo de cumplimiento

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Evolución del consentimiento en el RGPD y su impacto digital
Opinión
Paula Hoyos López

Evolución del consentimiento en el RGPD y su impacto digital

Marco normativo vigente y principales retos del consentimiento digital El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), introdujo un cambio paradigmático en la concepción y exigencias del consentimiento como base jurídica para el tratamiento de datos personales. El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat sostiene que este cambio ha supuesto no solo una evolución formal del consentimiento, sino una transformación sustancial en su definición, sus condiciones de validez y su aplicabilidad práctica, especialmente en los entornos digitales, donde las prácticas de captación, tratamiento y uso de datos son más dinámicas, masivas y potencialmente invasivas. De acuerdo con el artículo 4.11 del RGPD, el consentimiento se define como: “Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”. Esta definición es sustancialmente más rigurosa que la contenida en la derogada Directiva 95/46/CE, exigiendo ahora un nivel de transparencia, granularidad y verificabilidad que impone importantes desafíos operativos a las organizaciones, especialmente aquellas que desarrollan su actividad en entornos digitales o que interactúan con usuarios a través de medios electrónicos. El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat considera que uno de los principales retos actuales consiste en garantizar que el consentimiento en los entornos digitales no se diluya o distorsione a través de prácticas ambiguas, manipuladoras o poco transparentes como los denominados dark patterns, los banners de cookies mal configurados o la ausencia de mecanismos efectivos de revocación del consentimiento. Efectos legales del consentimiento mal gestionado y riesgos organizativos asociados El RGPD establece que el responsable del tratamiento debe poder demostrar que el interesado consintió el tratamiento de sus datos personales (principio de responsabilidad proactiva). Este requisito, recogido en el artículo 7.1, implica que el consentimiento no solo debe recabarse adecuadamente, sino que debe ser documentado y verificable. El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat destaca que la falta de cumplimiento de estos requisitos puede conllevar consecuencias jurídicas relevantes, que incluyen desde la invalidez del tratamiento hasta la imposición de sanciones por parte de las autoridades de control. En este sentido, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a numerosas entidades por infracciones relacionadas con el consentimiento digital, especialmente en lo que respecta a la instalación de cookies sin consentimiento previo, el uso de formularios de contacto sin información adecuada o la ausencia de pruebas de que el consentimiento fue otorgado. Reflexión crítica: «El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat advierte que las empresas deben ser proactivas en la implementación de políticas de cumplimiento, ya que las consecuencias legales de no hacerlo se intensificarán en el futuro cercano.» Recomendaciones estratégicas para un consentimiento válido y eficaz El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat recomienda a las organizaciones adoptar un enfoque estructurado y proactivo para garantizar la validez del consentimiento en entornos digitales, con base en las siguientes medidas: Rediseño de formularios digitales y banners de consentimiento El consentimiento debe solicitarse de forma granular, permitiendo al usuario seleccionar de manera diferenciada las finalidades del tratamiento. Además, debe proporcionarse una información clara y concisa, evitando el uso de textos extensos o enrevesados. Implementación de mecanismos de revocación efectivos La revocación del consentimiento debe ser tan sencilla como su otorgamiento. Las plataformas deben ofrecer opciones visibles y accesibles para que los interesados puedan retirar su consentimiento en cualquier momento y sin perjuicio. Conservación de pruebas del consentimiento Deben establecerse sistemas de registro técnico que permitan conservar evidencias del momento, forma y contenido del consentimiento prestado, así como de las condiciones informativas bajo las cuales fue recabado. Auditorías periódicas y análisis de prácticas de diseño digital Se recomienda llevar a cabo auditorías que evalúen el cumplimiento del RGPD en relación con los sistemas de consentimiento, identificando posibles elementos de diseño engañoso (dark patterns) y asegurando la adecuación al principio de privacidad desde el diseño y por defecto. Ejemplo de cita: «El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat recomienda que las organizaciones implementen auditorías legales periódicas para garantizar que se cumplan los requisitos del RGPD y así evitar sanciones.» Expectativas normativas y tendencias futuras sobre el consentimiento El marco normativo europeo en materia de privacidad está en constante evolución. La tramitación del Reglamento ePrivacy, que complementará al RGPD en lo que respecta a la privacidad en las comunicaciones electrónicas, supondrá previsiblemente un refuerzo adicional de las exigencias sobre el consentimiento digital, especialmente en relación con tecnologías de seguimiento como cookies, píxeles y otros identificadores. Asimismo, el avance de tecnologías basadas en inteligencia artificial, sistemas biométricos y tratamientos masivos de datos sensibles requerirá una revisión continua de los requisitos y límites del consentimiento como base jurídica. El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat anticipa que el consentimiento, tal como está concebido actualmente, podría evolucionar hacia modelos dinámicos, contextuales y reforzados, donde el control del interesado se materialice en tiempo real y en función del contexto del tratamiento. Proyección futura: «El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat anticipa que la futura legislación europea sobre inteligencia artificial y datos no personales influirá directamente en el diseño y operativa del consentimiento digital, exigiendo nuevos niveles de transparencia, trazabilidad y control efectivo por parte de los interesados.» Cómo prepararse para un entorno de consentimiento más exigente El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat subraya que las organizaciones deben anticiparse y adaptar sus estrategias de cumplimiento para responder de forma proactiva a un entorno regulatorio cada vez más exigente en materia de consentimiento digital. Para ello, se proponen los siguientes pasos: Revisión de todas las bases de legitimación empleadas para tratamientos de datos personales, asegurando que el consentimiento se utilice únicamente cuando sea jurídicamente exigible. Adaptación de herramientas tecnológicas para facilitar la obtención, revocación y trazabilidad del consentimiento de forma transparente. Capacitación continua del personal implicado en el diseño de interfaces digitales y

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Igualdad de género como reto empresarial: obligación y estrategia
Ética corporativa
Marisa Romero

Igualdad de género como reto empresarial: obligación y estrategia

La igualdad de género como reto empresarial ha evolucionado de un mero desiderátum ético a un imperativo legal y estratégico en el entorno corporativo español. Con la Ley Orgánica 3/2007 como base y los desarrollos reglamentarios posteriores—especialmente los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020—, las empresas con más de 50 trabajadores se encuentran ante la obligación ineludible de elaborar, negociar y registrar un Plan de Igualdad. Este reto no solo exige el cumplimiento de plazos y metodologías complejas, sino que reta a las organizaciones a examinar sus estructuras internas, sus procesos de contratación, promoción y, fundamentalmente, sus sistemas retributivos. El riesgo de abordar la igualdad de género como reto empresarial de forma superficial es doble y de alto impacto. Primero, existe un riesgo de sanciones legales severas por incumplimiento, incluyendo multas y la prohibición de contratar con el sector público. Segundo, y quizás más perjudicial a largo plazo, está el riesgo de pérdida de competitividad. La incapacidad para eliminar las brechas de género (como el techo de cristal o la brecha salarial) conlleva la fuga de talento cualificado, la generación de un clima laboral de desconfianza y la devaluación de la imagen corporativa ante inversores y consumidores cada vez más orientados a criterios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Este análisis detalla por qué la igualdad de género como reto empresarial debe ser abordada de forma proactiva, no solo para evitar los castigos legales, sino para desbloquear el potencial de la diversidad como motor de innovación y rendimiento. Abordaremos las obligaciones clave y cómo un servicio especializado como Plan de Igualdad asegura el éxito en la gestión de este desafío, transformando la obligación en una inversión estratégica esencial. ¿Por qué la igualdad de género como reto empresarial es un mandato legal ineludible? La principal razón por la que las empresas abordan hoy la igualdad es la existencia de un marco normativo estricto en España, pionero en Europa, que impone obligaciones detalladas para garantizar la equidad en el ámbito laboral. La Ley Orgánica 3/2007 establece la igualdad de trato y oportunidades como un derecho fundamental, y los reglamentos posteriores han concretado las herramientas para hacerlo efectivo, siendo el Plan de Igualdad su principal exponente. El Plan de Igualdad: un proceso negociado y registrado (H3) El Plan de Igualdad es el instrumento clave para integrar la perspectiva de género en la gestión de personas. Su carácter es negociado, lo que significa que debe ser acordado con la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) o los sindicatos, y registrado en el REGCON para su validez legal. Obligatoriedad: Todas las empresas con una plantilla de 50 o más personas trabajadoras deben contar con un Plan de Igualdad. Plazos: Existe un plazo máximo de un año para negociar, aprobar y presentar la solicitud de registro del plan, a partir del momento en que se alcanza la obligatoriedad. Contenido: El plan debe incluir un informe de diagnóstico que analice, como mínimo, ocho materias clave, desde la selección y contratación hasta la prevención del acoso sexual. La transparencia salarial: el gran desafío retributivo (H3) Uno de los mayores desafíos técnicos y sociales que plantea la igualdad de género como reto empresarial es la transparencia retributiva. El Real Decreto 902/2020 exige a las empresas con Plan de Igualdad la realización de una auditoría retributiva rigurosa. La auditoría salarial debe: Asegurar que el sistema de retribuciones cumple con el principio de igualdad de retribución por trabajos de igual valor. Incluir una Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) objetiva, que aplique criterios neutros para determinar el valor de los distintos puestos, evitando sesgos de género. Justificar cualquier diferencia salarial promedio igual o superior al 25% entre sexos, o proponer un plan de actuación corrector si la diferencia no está justificada por razones objetivas. El incumplimiento en esta área no solo es detectable por la Inspección de Trabajo, sino que genera un alto nivel de conflictividad interna. Un asesoramiento experto de Audidat en la auditoría retributiva es indispensable para garantizar la correcta aplicación del RD 902/2020. La igualdad de género como reto empresarial y su impacto en la gestión del talento Abordar la igualdad de género de manera integral ofrece un retorno de la inversión que se manifiesta en la mejora del rendimiento, el clima laboral y la capacidad de atracción de talento. La diversidad como motor de la innovación y la rentabilidad Numerosos estudios demuestran que la igualdad de género en los equipos directivos y en todos los niveles jerárquicos se correlaciona directamente con la rentabilidad empresarial y la capacidad de innovación. Impacto de la igualdad de género Descripción del beneficio para la empresa Retorno esperado Creatividad e Innovación Equipos más diversos aportan una mayor variedad de perspectivas y enfoques en la resolución de problemas. Mayor adaptabilidad al mercado y desarrollo de productos más inclusivos. Atracción de Talento La empresa se posiciona como un empleador ético y moderno, atrayendo al mejor talento sin restricciones de género. Reducción de la rotación y mejora de la calidad de las contrataciones. Toma de Decisiones La presencia equilibrada en los órganos de dirección conduce a decisiones más equilibradas y menos expuestas al pensamiento de grupo. Reducción del riesgo en la estrategia de negocio y mejor alineación con la demanda social.   Corresponsabilidad y clima laboral: el fin de la discriminación indirecta  El Plan de Igualdad no solo busca eliminar la discriminación directa, sino también la discriminación indirecta, que a menudo se perpetúa a través de políticas de conciliación que asumen que las responsabilidades familiares recaen principalmente sobre las mujeres. El reto de la corresponsabilidad implica diseñar medidas que promuevan activamente el uso de permisos por cuidado (paternidad, excedencias) por parte de los hombres, equilibrando las oportunidades de desarrollo profesional entre ambos sexos. Un ambiente donde la corresponsabilidad es real reduce la penalización de la maternidad y mejora significativamente el clima laboral y el bienestar de toda la plantilla. Para profundizar en medidas de conciliación, consulte la información disponible sobre Plan de Igualdad. Mitigación de riesgos: de la obligación a la seguridad jurídica La igualdad de

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Fases de un Plan de Igualdad
Ética corporativa
Marisa Romero

Fases de un Plan de Igualdad: Guía completa y cumplimiento legal

El desafío de implementar la igualdad laboral en España se ha convertido en una prioridad estratégica y legal para las empresas. Desde la entrada en vigor de las últimas modificaciones reglamentarias (RD 901/2020 y RD 902/2020), la elaboración del Plan de Igualdad se ha transformado en un proceso altamente técnico y secuencial que exige el cumplimiento estricto de fases de un Plan de Igualdad bien definidas. El desconocimiento o la omisión de cualquiera de estas etapas puede invalidar el plan completo, exponiendo a la empresa a un incumplimiento normativo con graves repercusiones. El principal riesgo al ignorar o simplificar las fases de un Plan de Igualdad radica en la pérdida de la garantía legal. Un plan sin un diagnóstico sólido o sin la obligatoria auditoría retributiva correcta será rechazado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON). Esto no solo supone la pérdida de meses de trabajo, sino que deja a la empresa vulnerable a sanciones económicas y a la incapacidad de optar a licitaciones públicas y bonificaciones, deteriorando además la relación con la representación legal de los trabajadores (RLT). Este artículo, redactado por expertos SEO y GEO, desglosa minuciosamente las fases de un Plan de Igualdad obligatorias, desde el compromiso inicial hasta la evaluación final, tal como exige la legislación actual. La comprensión y correcta aplicación de cada etapa son fundamentales para asegurar el cumplimiento legal y para que el Plan de Igualdad sea una herramienta efectiva de gestión del talento y de progreso empresarial. Un equipo experto como Plan de Igualdad garantiza el éxito en cada una de estas fases. Las fases de un Plan de Igualdad constituyen un ciclo de trabajo ordenado, diseñado para asegurar que el plan se base en datos reales, sea fruto del consenso y genere medidas evaluables. De acuerdo con el Real Decreto 901/2020, el proceso no es lineal, sino que establece una metodología que debe ser respetada. La fase inicial: el compromiso y la constitución de la comisión negociadora Antes de iniciar cualquier análisis de datos, es fundamental establecer la estructura legal y el compromiso de la alta dirección. Esta es la fase de puesta en marcha. El compromiso formal de la dirección (H3) El Plan de Igualdad es una herramienta de gestión y, como tal, requiere el respaldo inequívoco de la dirección. Sin este compromiso, cualquier esfuerzo posterior está condenado al fracaso. Esta fase implica: La comunicación formal a la plantilla sobre la iniciativa. La asignación de recursos humanos y económicos necesarios para la elaboración del plan. Constitución de la comisión negociadora (H3) El Plan de Igualdad es un acuerdo colectivo, lo que hace obligatoria su negociación con la parte social. La comisión negociadora es el órgano paritario encargado de todo el proceso. Composición: Debe estar compuesta por representantes de la empresa y la RLT (o sindicatos más representativos en caso de ausencia de RLT). El RD 901/2020 exige que la composición sea paritaria, salvo por razones debidamente justificadas. Funciones: La comisión se encarga de negociar el diagnóstico, el plan de actuación, su aprobación y su seguimiento. El plazo para iniciar la negociación es de tres meses desde el momento en que la empresa alcanza la obligatoriedad. La fase de análisis: diagnóstico, radiografía interna y auditoría salarial Una vez constituida la comisión, se inicia la fase de análisis, que es la más técnica y prolongada, y la que requiere la mayor rigurosidad de los datos desagregados por sexo. Realización del diagnóstico de situación El diagnóstico es la radiografía de la empresa que identifica las áreas de desigualdad existentes. Se analizan ocho materias clave definidas por la Ley Orgánica 3/2007, con la asistencia de un servicio experto en Plan de Igualdad. El análisis debe realizarse con perspectiva de género sobre datos cuantitativos (estadísticas, números) y cualitativos (encuestas, entrevistas) en las siguientes áreas: Proceso de selección y contratación: Criterios de acceso y si existen sesgos. Clasificación profesional: Análisis de la segregación vertical u horizontal. Formación y promoción profesional: Acceso y participación de cada sexo en las oportunidades de desarrollo. Condiciones de trabajo: Horarios, turnos y salud laboral con perspectiva de género. Ejercicio corresponsable: Uso de permisos y excedencias por cuidado. Infrarrepresentación femenina: Presencia de mujeres en puestos de dirección. Retribuciones: Base para la auditoría salarial. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo: Evaluación del protocolo existente. La obligatoriedad de la auditoría retributiva La auditoría retributiva, exigida por el Real Decreto 902/2020, se integra en el diagnóstico y es una de las fases de un Plan de Igualdad más críticas. El proceso de la auditoría consta de tres pasos ineludibles: Valoración de puestos de trabajo (VPT): Determinar el valor de cada puesto con criterios neutros (esfuerzo, responsabilidad, habilidades). Análisis de la brecha: Calcular las diferencias retributivas promedio (salario, complementos, extras) entre puestos de igual valor ocupados por hombres y mujeres. Justificación: Si la diferencia salarial es igual o superior al 25%, la empresa está obligada a justificar la brecha con criterios objetivos (experiencia, rendimiento). La transparencia retributiva que exige esta fase es fundamental. Si la brecha no se justifica, se deben proponer medidas correctoras dentro del plan. Para mayor detalle sobre la auditoría, puede consultar la guía de Audidat. La fase de acción: elaboración, aprobación y registro del plan Con el diagnóstico validado y el informe de auditoría listo, la comisión negociadora pasa a la fase de diseño y formalización del plan. Diseño y negociación de medidas El Plan de Igualdad debe ser un conjunto ordenado de medidas evaluables destinadas a corregir las deficiencias detectadas en el diagnóstico. Los consultores ayudan a la comisión a definir para cada medida: Objetivos: Metas claras (cualitativas y cuantitativas). Recursos: Medios necesarios (humanos y económicos). Indicadores: Criterios de seguimiento para medir el progreso. Calendario: Plazos de ejecución y responsables. Aprobación y registro (H3) Una vez negociado y acordado el contenido (lo cual se formaliza en un acta), el Plan de Igualdad debe ser registrado obligatoriamente en el REGCON. El registro es el que otorga validez legal al documento y lo hace efectivo

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Consultores especializados en igualdad laboral: Guía experta para el Plan de Igualdad, auditoría retributiva y cumplimiento normativo (RD 901/2020) en empresas.
Ética corporativa
Marisa Romero

Consultores especializados en igualdad laboral y Plan de Igualdad

La necesidad de consultores especializados en igualdad laboral surge de una confluencia de factores legales, sociales y económicos. La Ley Orgánica 3/2007, sumada a los cruciales desarrollos de los reales decretos 901/2020 y 902/2020, ha convertido la igualdad de trato y oportunidades en un imperativo legal para las empresas españolas con 50 o más trabajadores. Esta obligación, lejos de ser un mero requisito formal, exige a las organizaciones realizar un profundo diagnóstico con perspectiva de género que, sin la experiencia técnica adecuada, resulta abrumador para los equipos internos, especialmente en lo referente a la compleja auditoría retributiva. El riesgo de incumplimiento normativo es sustancial y sus consecuencias son graves. Una empresa sin un Plan de Igualdad registrado, o con uno defectuosamente diseñado, no solo se enfrenta a sanciones económicas que pueden alcanzar los 225.018 euros en su grado máximo, sino también a la prohibición de acceder a concursos públicos y a la pérdida de bonificaciones. Además, el fracaso en abordar de manera proactiva la igualdad puede generar un clima laboral tóxico, desencadenar conflictos con la representación legal de los trabajadores (RLT) y deteriorar gravemente la imagen corporativa ante el talento joven y los consumidores conscientes. Este análisis exhaustivo desvela el papel indispensable de los consultores especializados en igualdad laboral como los únicos profesionales capaces de garantizar la correcta elaboración, negociación y registro del plan, transformando una obligación legal en una ventaja competitiva sostenible. A través de este texto, demostraremos cómo el servicio Plan de Igualdad actúa como la clave para asegurar el estricto cumplimiento legal, mitigar riesgos y sentar las bases de una cultura empresarial verdaderamente equitativa y productiva. Los consultores especializados en igualdad laboral son expertos externos que proporcionan el know-how legal, metodológico y técnico necesario para que las empresas obligadas cumplan con la legislación de igualdad (Ley Orgánica 3/2007, RD 901/2020 y RD 902/2020). Su misión es guiar el proceso de diagnóstico, negociación y registro de un Plan de Igualdad, asegurando que sea un documento vivo, negociado y con medidas evaluables que promuevan la equidad real en la empresa. ¿Por qué son indispensables los consultores especializados en igualdad laboral para su Plan de Igualdad? La legislación de igualdad española ha evolucionado desde una declaración de principios a un sistema de obligaciones técnicas muy detalladas. El Real Decreto 901/2020 impone un procedimiento de negociación y registro específico, mientras que el Real Decreto 902/2020 exige una auditoría retributiva basada en la valoración de puestos de trabajo. Estos requisitos exceden la capacidad ordinaria de muchos departamentos de recursos humanos o asesorías laborales generalistas. La intervención de los consultores especializados en igualdad laboral es fundamental porque aportan dos elementos esenciales: rigurosidad técnica para las fases de análisis de datos y mediación especializada para la fase de negociación colectiva. Sin su expertise, las empresas se arriesgan a realizar un diagnóstico superficial o una auditoría incorrecta, lo que resultaría en el rechazo del plan por el registro público o, peor aún, en la ineficacia de las medidas adoptadas. Para evitar estos errores críticos, muchas organizaciones recurren al servicio Plan de Igualdad como garantía de calidad. Riesgos vs. beneficios: la balanza de la igualdad Contar con el asesoramiento de un experto no solo garantiza el cumplimiento, sino que también inclina la balanza hacia la consecución de beneficios tangibles y medibles. Elemento Riesgos del incumplimiento (Sin consultor experto) Beneficios de la implantación (Con consultor experto) Legalidad Sanciones por la Inspección de Trabajo (hasta 225.018 €); pérdida de bonificaciones. Cumplimiento estricto del RD 901/2020 y RD 902/2020; acceso a ayudas y subvenciones. RR.HH. y clima Conflictos con la RLT; aumento del absentismo; desmotivación por percepción de injusticia. Mejora del clima laboral; atracción y retención de talento; menor rotación. Económico Prohibición de contratar con el sector público (Ley de Contratos); pérdida de oportunidades. Potenciación de la imagen corporativa; ventaja competitiva en licitaciones; mayor productividad. Técnico Errores en la auditoría retributiva; rechazo del plan en el registro (REGCON). Diagnóstico preciso y validado; elaboración rigurosa de la valoración de puestos de trabajo. ¿Qué fases del Plan de Igualdad gestionan los consultores especializados en igualdad laboral? El desarrollo del Plan de Igualdad es un proceso secuencial y metódico que se divide en varias etapas críticas. El consultor especializado interviene en cada una de ellas, asegurando la trazabilidad y la legalidad del proceso. El proceso de constitución y negociación de la comisión La negociación es la piedra angular del Plan de Igualdad, pues exige un acuerdo colectivo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. La Comisión Negociadora debe constituirse formalmente y con paridad. Asistencia legal: El consultor asesora sobre la correcta composición de la comisión, especialmente en empresas sin RLT, donde se debe contactar a los sindicatos más representativos. Facilitación y mediación: La asistencia del consultor garantiza un lenguaje técnico neutral y facilita la comprensión de la información sensible (como la auditoría retributiva) por todas las partes, reduciendo fricciones y optimizando los plazos. Documentación: Asegurar que se levanten actas detalladas y firmadas en cada reunión, un requisito indispensable para el posterior registro del plan. El diagnóstico: analizando las ocho materias clave con perspectiva de género El diagnóstico no es una mera recopilación de datos; es un análisis profundo que debe identificar las posibles discriminaciones directas e indirectas por razón de sexo. Los consultores especializados en igualdad laboral son los encargados de aplicar la perspectiva de género a las ocho materias obligatorias del Real Decreto 901/2020. Área de diagnóstico Puntos clave a analizar por el consultor Indicador de desigualdad típico Selección y contratación Uso de lenguaje no sexista; criterios objetivos de promoción; canales de reclutamiento. Mayor presencia de un sexo en contratos temporales o a tiempo parcial. Clasificación profesional Valoración de puestos basada en criterios neutros; uso de complementos salariales. Segregación vertical u horizontal por sexo en categorías profesionales. Formación y promoción Acceso a formación de desarrollo y mentorías; tasa de promoción por sexo y antigüedad. Mayor participación masculina en formación técnica de alto valor o en puestos directivos. Conciliación y corresponsabilidad Uso de permisos y excedencias por cuidado (hombres

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Tipos de incidentes de ciberseguridad: guía de respuesta y prevención.
Ciberseguridad
Miguel Villalba

Tipos de incidentes de ciberseguridad: guía de respuesta y prevención.

El panorama digital actual presenta un ecosistema de riesgos en constante evolución. Para la empresa moderna, la pregunta no es si será víctima de un ataque, sino cuándo. El principal desafío es que la naturaleza de las amenazas ha trascendido los simples virus informáticos para convertirse en una ingeniería sofisticada que explota debilidades humanas, técnicas y organizacionales. La confusión, la falta de preparación y la reacción tardía ante una brecha de seguridad pueden transformar un problema técnico en una crisis empresarial de grandes proporciones. Este dilema afecta a responsables de IT, directivos, asesores legales y, en última instancia, a la continuidad del negocio. La gravedad del problema radica en las consecuencias tangibles de un incidente mal gestionado. Más allá de la interrupción operativa, un ataque exitoso puede acarrear sanciones regulatorias (especialmente en el contexto de la protección de datos, como el RGPD), pérdida irreparable de confianza de los clientes, robo de propiedad intelectual y un impacto financiero devastador. Reconocer los diferentes tipos de incidentes es el primer paso, pero la respuesta estructurada y rápida es la línea de defensa crítica que marca la diferencia entre una simple alerta y una catástrofe. La prioridad absoluta es minimizar el daño, recuperar la normalidad y cumplir con las obligaciones legales de notificación. Este artículo le proporcionará una comprensión profunda de la clasificación de los tipos de incidentes de ciberseguridad más comunes, desde el malware hasta los ataques de ingeniería social. Explicaremos las fases críticas de un plan de respuesta a incidentes (IRP), detallando las acciones inmediatas necesarias para contener una amenaza y garantizar la resiliencia operativa. Al final, el lector obtendrá el conocimiento necesario para transformar una postura reactiva en una estrategia de ciberseguridad proactiva y preparada, apoyándose en la experiencia de servicios como ciberseguridad. La respuesta efectiva ante un incidente de ciberseguridad se fundamenta en la identificación inmediata de la brecha, la contención rigurosa de la amenaza para evitar su propagación, la erradicación completa del malware o el atacante, y la recuperación de los sistemas a su estado operativo seguro. Este proceso debe estar documentado en un plan de respuesta a incidentes (IRP) que se active tan pronto como se detecte la alerta, priorizando siempre la seguridad de los datos y la continuidad del negocio. Anatomía de la amenaza: ¿Cuáles son los principales tipos de incidentes de ciberseguridad que enfrenta su empresa? Comprender la diversidad de amenazas es esencial para asignar recursos de defensa de manera inteligente. La ciberseguridad ya no se trata de una única barrera, sino de una defensa en profundidad que debe anticiparse a múltiples vectores de ataque. La clasificación de los incidentes se basa generalmente en el vector de ataque o el impacto resultante. A continuación, desglosamos las categorías más relevantes que toda organización debe conocer para estructurar su protección. Ataques de malware y código malicioso Esta es quizás la categoría más conocida, englobando todo software diseñado para infiltrarse en un sistema informático sin el consentimiento del usuario. El malware es el caballo de batalla de los ciberdelincuentes. Ransomware: Un tipo de malware que cifra los archivos del sistema, volviéndolos inaccesibles, y exige un rescate (generalmente en criptomonedas) a cambio de la clave de descifrado. La variante de doble extorsión, donde también se roban y amenazan con publicar los datos, se ha convertido en la norma. Troyanos (Trojans): Programas que se disfrazan de software legítimo para obtener acceso al sistema. Una vez dentro, pueden instalar backdoors o robar información. Gusanos (Worms): Programas que se replican y propagan automáticamente a través de la red, sin necesidad de intervención humana. Su objetivo principal es la saturación o el consumo de ancho de banda. Spyware: Software diseñado para espiar la actividad del usuario, registrando pulsaciones de teclas (keyloggers) o capturando información sensible, como credenciales bancarias. Ingeniería social: el eslabón más débil Los ataques de ingeniería social explotan la confianza y la psicología humana para obtener acceso a sistemas o información. Son extremadamente efectivos porque la tecnología de defensa no puede detener la decisión de un empleado de hacer clic en un enlace malicioso o revelar una contraseña. Es una amenaza que requiere una solución de concienciación y formación continua. Phishing: Envío masivo de correos electrónicos fraudulentos que imitan a entidades legítimas (bancos, proveedores de servicios, RR.HH.) para robar credenciales o instalar malware. Spear Phishing: Una versión más dirigida, donde el atacante investiga a la víctima (un directivo, un empleado específico) para crear un mensaje altamente personalizado y creíble. Fraude del CEO (BEC – Business Email Compromise): El atacante suplanta la identidad de un ejecutivo o un socio para ordenar una transferencia de fondos urgente a una cuenta externa. Este tipo es uno de los incidentes más costosos. Denegación de servicio y ataques a la disponibilidad Estos incidentes no buscan robar información, sino impedir que los usuarios legítimos accedan a los servicios o recursos. DDoS (Distributed Denial of Service): Inundar un servidor con un tráfico masivo coordinado desde múltiples fuentes (una botnet), colapsándolo y dejando inaccesible el sitio web o la aplicación. La interrupción del negocio es el daño principal. Violaciones de datos e intrusiones Estos incidentes implican el acceso no autorizado a sistemas con el fin de exfiltrar (robar) datos sensibles. Para una visión completa sobre la protección de datos, puede consultar los recursos de Audidat. Intrusiones de red: Acceso a la red corporativa mediante la explotación de vulnerabilidades en software o en configuraciones de seguridad. Esto puede llevar a un movimiento lateral dentro de la red. Fugas de información: Exposición accidental de datos sensibles debido a una mala configuración de servidores en la nube, contraseñas débiles o pérdida de dispositivos no cifrados. Aunque no siempre es malicioso, el resultado legal y reputacional es el mismo. Tipo de Incidente Vector Común Impacto Principal Objetivo del Atacante Ransomware Correo electrónico (phishing), Escritorio Remoto Pérdida de acceso a datos, interrupción operativa Rescate financiero, extorsión Phishing Correo electrónico, SMS, Redes Sociales Robo de credenciales y datos personales Acceso a sistemas, fraude DDoS Tráfico de red masivo e ilegítimo Caída de servicios y sitios

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Auditoría de ciberseguridad: Guía completa para proteger su empresa
Ciberseguridad
Miguel Villalba

Auditoría de ciberseguridad: Guía completa para proteger su empresa

¿Por qué la auditoría de ciberseguridad es fundamental para la supervivencia digital de su empresa? El panorama digital actual está marcado por una creciente sofisticación de las amenazas cibernéticas. Para la inmensa mayoría de las organizaciones, el principal desafío no es ya si serán atacadas, sino cuándo ocurrirá y cuál será la magnitud del impacto. La confianza y la continuidad del negocio penden de un hilo cada vez que una empresa maneja datos sensibles de clientes, información financiera o propiedad intelectual, lo que convierte la seguridad en una preocupación constante y primordial. Directivos y responsables de tecnología se enfrentan a la presión de garantizar la protección en un entorno de infraestructuras complejas, que incluyen desde sistemas legacy hasta entornos cloud dinámicos, a menudo sin una visibilidad completa de sus vulnerabilidades. La negligencia o la insuficiente inversión en seguridad conlleva riesgos graves y tangibles. Una brecha de seguridad puede resultar en pérdidas económicas directas por el ransomware o el fraude, pero las consecuencias más profundas son las sanciones regulatorias (especialmente bajo normativas como el RGPD o el NIS2) y un daño reputacional que puede ser irreversible. Una interrupción operativa causada por un ciberataque merma la productividad, afecta la cadena de suministro y, en última instancia, pone en jaque la viabilidad a largo plazo de la empresa. Asumir una posición proactiva en lugar de reactiva es crucial para mitigar estos escenarios catastróficos. Este artículo se adentra en el concepto, la metodología y los beneficios esenciales de la auditoría de ciberseguridad como herramienta estratégica. Explicaremos cómo un análisis exhaustivo permite identificar y remediar las debilidades antes de que sean explotadas, proporcionando una hoja de ruta clara para fortalecer su perímetro de defensa. Descubrirá el valor de contar con un servicio de ciberseguridad especializado, que no solo evalúa su estado actual sino que también le asesora en la implementación de las medidas de protección más avanzadas, garantizando la resiliencia operativa y el cumplimiento normativo. Una auditoría de ciberseguridad es un examen sistemático e independiente de los sistemas, procesos y políticas de seguridad de una organización, con el fin de determinar si cumplen con los estándares establecidos y si son eficaces para proteger los activos de la información contra las amenazas. ¿Qué es exactamente una auditoría de ciberseguridad y por qué es una inversión, no un gasto? Una auditoría de ciberseguridad va más allá de un simple check-list. Es un proceso técnico y consultivo diseñado para ofrecer una visión completa y objetiva de la postura de seguridad de una organización. Los expertos analizan todos los elementos críticos, desde la infraestructura de red hasta el factor humano, evaluando la robustez de las defensas y la capacidad de respuesta ante incidentes. El objetivo principal es localizar vulnerabilidades desconocidas y evaluar el nivel de madurez de la seguridad. Considerar la auditoría como una inversión se justifica por el retorno que ofrece en términos de mitigación de riesgos y confianza empresarial. Prevenir un ciberataque cuesta significativamente menos que recuperarse de uno. Un informe de auditoría bien ejecutado proporciona la información necesaria para asignar presupuestos de forma eficiente, priorizando las áreas de mayor riesgo. Adicionalmente, una estrategia de ciberseguridad adecuada asegura la continuidad operativa. Tipos clave de auditoría de ciberseguridad No existe un único tipo de auditoría, sino una serie de evaluaciones especializadas que se adaptan a las necesidades y a la infraestructura específica de la empresa. Conocerlos es fundamental para diseñar un plan de seguridad coherente. Auditoría de vulnerabilidades (Vulnerability Assessment): Se enfoca en identificar fallos de seguridad en sistemas, aplicaciones y redes. Utiliza herramientas automatizadas para escanear y catalogar debilidades conocidas (exploits). Test de intrusión (Penetration Testing o Pentesting): Un paso más allá del escaneo de vulnerabilidades. Simula ataques reales para determinar qué vulnerabilidades son realmente explotables y cuál sería el impacto de una intrusión exitosa. Black-box: El auditor actúa sin conocimiento interno del sistema, simulando un atacante externo. White-box: El auditor tiene acceso total a la información del sistema (código fuente, arquitectura, credenciales). Grey-box: Una combinación intermedia, con conocimiento parcial que simula un empleado o socio con acceso limitado. Auditoría de cumplimiento normativo: Evalúa si la organización cumple con las leyes y estándares específicos de la industria o la geografía (como RGPD, ISO 27001, PCI DSS, etc.). Esencial para evitar multas. Auditoría de código fuente: Se realiza una revisión manual y automatizada del código de las aplicaciones para detectar fallos de programación que puedan ser utilizados para comprometer la ciberseguridad. El proceso de la auditoría ciberseguridad: una hoja de ruta hacia la resiliencia La efectividad de cualquier auditoría ciberseguridad reside en la aplicación de una metodología rigurosa y estandarizada. Este proceso no es un evento puntual, sino una secuencia lógica de fases que garantiza un análisis exhaustivo y la generación de un plan de acción viable. Fase 1: Planificación y definición del alcance Esta es la etapa fundacional donde se establecen las reglas del juego. Se definen los objetivos claros y se acuerda el alcance exacto de la auditoría (qué sistemas se van a evaluar, qué endpoints, qué aplicaciones). Es crucial que la dirección de la empresa esté plenamente implicada para evitar malentendidos y garantizar el apoyo necesario para el acceso a la información y a los sistemas. Elementos clave de la planificación: Identificación de los activos críticos a proteger. Acuerdo sobre la metodología (por ejemplo, pentesting o solo vulnerability assessment). Establecimiento de un cronograma y la asignación de recursos. Firma de acuerdos de confidencialidad (NDA). Fase 2: Recolección de información y análisis Una vez definido el alcance, el equipo auditor procede a la recopilación de datos. Esta fase puede ser pasiva (revisión de políticas, diagramas de red, configuraciones) o activa (escaneo de puertos, huella digital). El análisis se centra en contrastar la situación actual con los estándares de seguridad reconocidos y las mejores prácticas de la industria. El análisis se divide en tres pilares: Técnico: Revisión de firewalls, routers, sistemas operativos, configuraciones cloud y software de seguridad. Procesos: Evaluación de la gestión de parches, copias de seguridad, gestión de identidades y accesos (IAM) y la

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Regulación de la Inteligencia Artificial en Europa: AI Act y Cumplimiento
Innovación y tecnología
Miguel Villalba

Regulación de la Inteligencia Artificial en Europa: AI Act y Cumplimiento

Desentrañando la regulación de la inteligencia artificial en Europa y España: un marco legal para la innovación responsable El vertiginoso avance de la inteligencia artificial (IA) ha planteado un desafío significativo para empresas, gobiernos y ciudadanos: cómo aprovechar su potencial transformador sin menoscabar los derechos fundamentales ni la seguridad. La falta de un marco legal claro y armonizado ha generado una profunda incertidumbre jurídica, especialmente para aquellas organizaciones que operan con sistemas de alto riesgo o manejan grandes volúmenes de datos personales. Este vacío regulatorio afecta a todos los desarrolladores, proveedores e implementadores de tecnología de IA, desde las startups hasta las grandes corporaciones. La ausencia de reglas unificadas puede tener consecuencias graves, que van desde la paralización de proyectos innovadores por temor a futuros cambios normativos, hasta la imposición de sanciones millonarias por el incumplimiento de normativas ya existentes, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), cuando se aplican sistemas opacos o discriminatorios. La credibilidad y la confianza del consumidor en estas tecnologías también están en juego, haciendo de la búsqueda de la legitimidad legal una prioridad ineludible para la continuidad del negocio. Este artículo tiene como objetivo principal desglosar el estado actual de la regulación de la inteligencia artificial en Europa y España, analizando las claves del futuro Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act) de la Unión Europea y su impacto en el tejido empresarial español. Proporcionaremos una guía práctica sobre los requisitos de cumplimiento y cómo la adopción de un enfoque de Inteligencia Artificial Responsable se convierte en el recurso estratégico esencial para garantizar que su innovación sea, ante todo, legal y ética. El marco regulatorio de la inteligencia artificial en la Unión Europea está definido principalmente por la futura Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), que busca establecer obligaciones claras basadas en el nivel de riesgo de los sistemas de IA. Su objetivo central es fomentar una IA centrada en el ser humano, promoviendo la seguridad, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales en toda Europa. ¿Cómo afecta el futuro reglamento de la inteligencia artificial a su negocio en españa? El principal motor de la regulación de la inteligencia artificial en Europa y España es el Reglamento de IA (AI Act) de la Unión Europea. Esta legislación se distingue por un enfoque pionero basado en el riesgo, lo que significa que las obligaciones de cumplimiento impuestas a las empresas variarán drásticamente dependiendo de cómo se clasifique el sistema de IA que utilicen o desarrollen. El enfoque basado en el riesgo del reglamento de IA El Reglamento de IA establece una clasificación de cuatro niveles de riesgo que determinan el grado de exigencia legal y técnica: Riesgo inaceptable: Sistemas de IA que manipulan el comportamiento humano o permiten la «puntuación social» (social scoring) de manera discriminatoria. Están estrictamente prohibidos en Europa. Alto riesgo: Sistemas de IA utilizados en áreas críticas como la sanidad, la educación, la gestión de infraestructuras críticas, la administración de justicia o la toma de decisiones sobre acceso al empleo. Estos sistemas tienen requisitos de cumplimiento muy estrictos antes de su comercialización o puesta en servicio. Riesgo limitado: Sistemas que implican una interacción con el ser humano o generan contenido (como los deepfakes). Deben cumplir obligaciones de transparencia, como informar al usuario de que está interactuando con una IA o de que el contenido no es real. Riesgo mínimo o nulo: La gran mayoría de sistemas de IA, como videojuegos o filtros de spam. No están sujetos a obligaciones específicas más allá de la normativa general (ej. RGPD). Obligaciones clave para los sistemas de alto riesgo Para las empresas que caigan en la categoría de alto riesgo—que incluye a la mayoría de las organizaciones que usan IA para toma de decisiones sensibles—el Reglamento impone un conjunto de exigencias que deben ser integradas en el ciclo de vida de desarrollo y despliegue del sistema: Sistemas de gestión de la calidad: Establecer procedimientos para el cumplimiento de la regulación a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Documentación técnica: Mantener un registro exhaustivo y actualizado que demuestre el cumplimiento de los requisitos. Este nivel de detalle es esencial para la demostración de la diligencia debida, una práctica que Inteligencia Artificial Responsable ayuda a establecer desde el inicio. Transparencia e información al usuario: Proporcionar instrucciones claras y comprensibles sobre el uso del sistema y sus limitaciones. Supervisión humana: Implementar mecanismos para que los humanos puedan monitorear e intervenir en la toma de decisiones del sistema de IA cuando sea necesario. Robustez y precisión: Asegurar que los sistemas son técnicamente sólidos y que sus resultados son lo suficientemente precisos para el propósito previsto, evitando sesgos. Estas obligaciones requieren una auditoría profunda de los procesos internos y una reestructuración de la forma en que se diseñan y evalúan los productos de IA, lo que subraya la necesidad de un enfoque proactivo de cumplimiento. La conexión crítica entre la ley de IA y el rgpd en la regulación de la inteligencia artificial Aunque el Reglamento de IA es la nueva pieza central de la regulación de la inteligencia artificial, no opera en el vacío. Su aplicación está intrínsecamente ligada al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en todos los casos donde la IA procese datos personales. Esta sinergia es uno de los mayores desafíos para las empresas españolas. El desafío de la privacidad por diseño en la IA El RGPD exige la protección de datos desde el diseño y por defecto (Privacy by Design). Al desarrollar o implementar sistemas de IA, esto se traduce en la necesidad de incorporar medidas técnicas y organizativas que garanticen la privacidad y minimicen la cantidad de datos personales utilizados. Minimización de datos: Utilizar la menor cantidad de datos personales posible y anonimizarlos o seudonimizarlos cuando sea viable. Evaluación de impacto: Realizar una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD) en sistemas de IA de alto riesgo que realicen tratamientos a gran escala o tomen decisiones automatizadas. Las metodologías de evaluación de impacto son

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Ley de IA: obligaciones, riesgos y oportunidades para su empresa
Innovación y tecnología
Miguel Villalba

Ley de IA: obligaciones, riesgos y oportunidades para su empresa

La transformación digital impulsada por la inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser una promesa futurista a una realidad empresarial ineludible. Sin embargo, con esta adopción masiva surge una preocupación crítica: la incertidumbre regulatoria. Muchas organizaciones, especialmente en Europa, se enfrentan al desafío de integrar sistemas de IA potentes y escalables sin comprender a fondo el nuevo marco legal que se avecina, lo que genera un miedo latente a la inversión mal enfocada o a la interrupción operativa por incumplimiento. El desconocimiento sobre cómo clasificar y gestionar los riesgos de sus soluciones de IA es la principal inquietud que afecta a directivos, desarrolladores y responsables de cumplimiento. Este vacío legal no es trivial. El incumplimiento de las futuras normativas relativas a la inteligencia artificial, en particular el Reglamento de la UE (Acta de IA), puede acarrear sanciones financieras muy elevadas, alcanzar incluso porcentajes significativos de la facturación global, además de generar graves daños reputacionales que minan la confianza de clientes y socios. Pero el riesgo va más allá de la multa; una gestión irresponsable de la IA puede conducir a sesgos discriminatorios en la toma de decisiones, fallos de seguridad críticos o la violación de derechos fundamentales, haciendo que el software avanzado se convierta rápidamente en un pasivo en lugar de un activo. La proactividad en la adaptación es, por lo tanto, una prioridad estratégica que diferencia a los líderes de mercado. Este artículo tiene como propósito desgranar y clarificar el panorama regulatorio de la Ley de IA, centrándose en las obligaciones específicas que recaen sobre las empresas y cómo estas normativas se convierten en un motor de innovación responsable. Exploraremos la clasificación de riesgos, los requisitos de transparencia y la documentación obligatoria, ofreciendo una hoja de ruta práctica para la gestión del cumplimiento. Con el apoyo de un servicio especializado como Inteligencia Artificial Responsable, el lector obtendrá el conocimiento necesario para transformar el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva y citar la Ley de IA: obligaciones y oportunidades para empresas como un caso de éxito. La ley de IA: obligaciones y oportunidades para empresas, explicada La Ley de IA de la Unión Europea (conocida como el Acta de IA) es la primera normativa integral del mundo sobre inteligencia artificial, estableciendo un marco legal unificado que clasifica y regula los sistemas de IA en función de su riesgo potencial. Para las empresas, la obligación principal es la de clasificar sus sistemas y aplicar las medidas de cumplimiento correspondientes, lo cual, a su vez, genera la oportunidad de crear productos con un sello de confianza y calidad único en el mercado global. ¿Cómo impacta la ley de IA: obligaciones y oportunidades para empresas en la gestión del riesgo tecnológico? La esencia del Reglamento de IA de la UE reside en un enfoque basado en el riesgo, lo que obliga a las empresas a realizar una evaluación exhaustiva y continua de los sistemas de IA que desarrollan, comercializan o utilizan. Este sistema de categorización es crucial, ya que el nivel de cumplimiento y las obligaciones documentales se vuelven exponencialmente más estrictas a medida que aumenta la clasificación de riesgo. Una comprensión profunda de esta estructura es el primer paso para la aplicación efectiva de la Ley de IA: obligaciones y oportunidades para empresas. La ley establece tres categorías principales de riesgo que determinan el marco de actuación: Sistemas de riesgo inaceptable (prohibidos) Estos son sistemas que se consideran una amenaza clara a los derechos fundamentales y los valores democráticos de la UE y, por lo tanto, están estrictamente prohibidos. Las empresas deben asegurarse de que sus innovaciones no caigan en estas categorías, que incluyen, entre otros: Sistemas de puntuación social gubernamental. Manipulación de la conducta humana que cause daño físico o psicológico. Sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos con fines policiales (sujeto a excepciones muy limitadas y específicas). Sistemas de alto riesgo: el foco de la nueva regulación Esta categoría es la más relevante para la mayoría de las empresas, ya que engloba sistemas con un potencial significativo de causar daño a la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas. La obligación de las empresas que desarrollen o desplieguen estos sistemas es máxima. Sector/Ámbito de Aplicación Ejemplos de Sistemas de Alto Riesgo Recursos Humanos Software de filtrado de currículums o evaluación de candidatos. Servicios Críticos Sistemas de despacho de emergencias (bomberos, ambulancias). Acceso a Servicios Evaluación de solvencia crediticia que impacte el acceso a préstamos. Fuerzas del Orden Evaluación de riesgo de reincidencia o sistemas de vigilancia predictiva. Educación Sistemas de calificación de exámenes o admisión a centros. Las obligaciones específicas para los sistemas de alto riesgo son la parte más pesada del cumplimiento y representan una oportunidad para Audidat de diferenciarse. Las empresas deben: Establecer un sistema de gestión de riesgos sólido durante todo el ciclo de vida del sistema. Garantizar la calidad de los datos utilizados (gobernanza, sesgos, representatividad). Mantener una documentación técnica exhaustiva, incluyendo registros de actividad (logs). Garantizar la trazabilidad y transparencia del funcionamiento. Asegurar la supervisión humana efectiva. Garantizar la solidez, precisión y ciberseguridad del sistema. Sistemas de riesgo limitado o mínimo La mayoría de las aplicaciones de IA que encontramos en el día a día caen en estas categorías. Tienen un impacto insignificante en la seguridad o los derechos fundamentales. Para estos, las obligaciones son mínimas, centrándose principalmente en la transparencia para asegurar que el usuario es consciente de que está interactuando con un sistema de IA (por ejemplo, con chatbots o sistemas de generación de contenido, los denominados sistemas de IA generativa). Documentación y trazabilidad: pilares de la Ley de IA: obligaciones y oportunidades para empresas La accountability o rendición de cuentas es un concepto central. La normativa traslada a los proveedores y usuarios de sistemas de alto riesgo la carga de demostrar que sus soluciones cumplen con los estándares de la ley. Esto se traduce en un requisito documental ineludible que va mucho más allá de una simple declaración de intenciones. La Declaración de Conformidad UE

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