Implantar un canal de denuncias no es suficiente. Muchas organizaciones creen que, con habilitar un buzón o contratar una plataforma, ya están cumpliendo con la normativa. Pero la verdadera trampa está en la gestión posterior. Porque cuando una denuncia llega, ¿quién la recibe?, ¿cómo se analiza?, ¿se protege realmente la identidad del informante?, ¿se actúa con neutralidad y rigor?
La mayoría de las empresas no está preparada para gestionar adecuadamente una denuncia interna, y esto puede convertirse en un problema mucho más grave que el propio incumplimiento denunciado.
Desde el primer fallo procedimental hasta filtraciones involuntarias o represalias no detectadas, los errores en esta fase pueden desembocar en sanciones, conflictos laborales y pérdida de confianza. Por eso, el uso estratégico de un canal ético es mucho más que una formalidad: es un ejercicio de prevención legal, reputacional y organizacional.
Lo que muchas organizaciones hacen mal sin saberlo
Delegar la gestión a personas no formadas
Uno de los errores más comunes es asignar la recepción y tramitación de las denuncias a perfiles internos sin formación específica. Recursos Humanos, gerencia, responsables jurídicos… Aunque bienintencionados, no siempre están preparados para manejar un proceso que exige imparcialidad, trazabilidad y confidencialidad absolutas.
Este error lo hemos visto decenas de veces: se recibe una denuncia y se intenta resolver “por dentro”, sin aplicar el procedimiento legalmente exigido. ¿El resultado? El informante desconfía, el conflicto se agrava y la organización se expone.
Un canal ético bien implantado incluye no solo la herramienta, sino también los protocolos, responsables designados y criterios objetivos para actuar con total independencia.
Falta de trazabilidad y pruebas de actuación
¿Se puede demostrar que la denuncia fue atendida en plazo? ¿Hay constancia escrita de cada decisión adoptada? ¿Se justificó la resolución? Muchas veces, la organización no puede probar que ha gestionado correctamente la denuncia, aunque lo haya hecho.
Y cuando no hay trazabilidad, la presunción juega en contra. Ante la AEPD o la Inspección de Trabajo, no basta con haber actuado: hay que demostrarlo.
Riesgos reales de una gestión incorrecta
Represalias encubiertas y denuncias externas
Uno de los principios clave del canal ético es la prohibición de represalias contra el informante. Pero ¿cómo se controla esto en la práctica? Hemos detectado casos donde, tras una denuncia interna, el trabajador fue cambiado de puesto, excluido de reuniones o presionado para marcharse.
Este tipo de represalias sutiles son difíciles de detectar, pero el denunciante lo percibe. Y si no confía en el sistema interno, llevará su caso fuera: al buzón externo de la AAI, a los medios o directamente a los tribunales.
Esto tiene un coste incalculable: reputacional, laboral, judicial y económico.
Falsa sensación de cumplimiento
Muchas empresas piensan que ya han cumplido con la Ley 2/2023 solo por tener activo un formulario web o contratar una solución tecnológica. Pero sin un procedimiento completo, seguro y demostrable, ese canal no cumple.
El canal ético debe contemplar plazos, anonimato, seguimiento, designación de responsables imparciales, comunicación transparente con el informante y medidas de protección efectivas. Todo lo que no esté documentado, no existe a efectos legales.
¿Estás seguro de que tu canal interno no está generando más riesgo del que evita?
Una gestión deficiente puede volverse en tu contra
Recibir una denuncia y no gestionarla adecuadamente puede ser peor que no tener canal. El simple hecho de que alguien haya reportado un incumplimiento y no se haya actuado (o se haya actuado mal) multiplica la responsabilidad legal y los efectos colaterales.
Este error lo hemos visto en organizaciones de todos los tamaños, incluso en aquellas que se sienten protegidas por tener “todo bajo control”. Pero la realidad es que la mayoría no tiene un procedimiento realmente eficaz y seguro.
El canal es solo el principio. Lo crítico es lo que pasa después.
En Audidat, ayudamos a organizaciones a convertir la obligación legal del canal de denuncias en una oportunidad real de mejora y protección. No se trata de implantar una herramienta, sino de construir un sistema que funcione, se documente y resista cualquier auditoría.
Te acompañamos en la creación, gestión y revisión de tu canal interno con imparcialidad, rigor legal y total confidencialidad. Hablamos con un consultor, evaluamos tu situación concreta y convertimos tu canal ético en una herramienta que protege, no que expone.
Preguntas frecuentes sobre la gestión de denuncias internas
¿Quién debe gestionar el canal ético?
Una persona o equipo imparcial, con formación específica y sin conflictos de interés. La externalización es una de las opciones más seguras y recomendables.
¿Qué plazos exige la ley para responder a una denuncia?
La Ley 2/2023 establece un plazo de siete días para acuse de recibo y tres meses para resolución (ampliables a seis en casos complejos).
¿Puedo recibir denuncias anónimas?
Sí, es obligatorio permitir la opción de denuncia anónima, y deben establecerse medidas técnicas para proteger esa identidad.
¿Qué ocurre si no gestiono correctamente una denuncia?
Puedes enfrentarte a sanciones de hasta 1.000.000 €, además de consecuencias laborales, judiciales y reputacionales.
¿Tener un canal tecnológico basta para cumplir?
No. La herramienta debe ir acompañada de un procedimiento completo, protocolos claros y pruebas documentales de gestión.
