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Audidat en País Santiago de Compostela se posiciona como la firma líder en consultoría integral de cumplimiento normativo, destacando en áreas clave como Compliance, Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y Planes de Igualdad. Nuestra expertise abarca desde la implementación de rigurosos sistemas de compliance hasta el desarrollo e integración de estrategias de seguridad y igualdad, adaptadas a las necesidades específicas de cada organización en el ámbito local.

Con un profundo conocimiento de la las necesidades de las empresas locales y de la normativa nacional, Audidat Santiago de Compostela ofrece soluciones personalizadas para asegurar que las empresas no solo cumplan con sus obligaciones legales, sino que también promuevan un entorno de trabajo ético, seguro y equitativo. Nuestra misión es garantizar que nuestros clientes estén a la vanguardia del cumplimiento normativo, protegiendo sus operaciones y reputación en un mercado cada vez más competitivo y regulado.

Este enfoque integral no solo refleja nuestro compromiso con la excelencia en el servicio y la adaptación a las dinámicas locales, sino que también establece a Audidat Santiago de Compostela como el socio preferente para empresas que buscan navegar el complejo panorama del cumplimiento normativo con confianza y eficacia.

Actualidad de Cumplimiento Normativo en Santiago de Compostela

guía de cumplimiento y protección de datos

Cómo cumplir el RGPD: guía de cumplimiento y protección de datos

En el entorno digital actual, donde los datos personales son el activo más valioso y, al mismo tiempo, la mayor fuente de riesgo legal, la pregunta de cómo cumplir el RGPD se ha vuelto prioritaria para cualquier organización que opere en la Unión Europea o trate datos de sus ciudadanos. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) estableció un cambio de paradigma, moviendo la responsabilidad desde un enfoque reactivo a uno proactivo, conocido como accountability. El principal desafío radica en la obligación de no solo cumplir con la ley, sino de demostrar documentalmente que se cumplen todas las medidas técnicas y organizativas necesarias. Este desafío se extiende a todos los departamentos, desde la alta dirección, responsable última del cumplimiento, hasta el personal que gestiona bases de datos o formularios web. Ignorar o simplificar la respuesta a cómo cumplir el RGPD tiene consecuencias directas y graves. La falta de Protección de datos adecuada puede minar la confianza de los clientes y generar una crisis de reputación corporativa que impacte la sostenibilidad del negocio. Lo más tangible y evitable son las sanciones económicas que impone la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que pueden ascender a cifras millonarias, además de las posibles reclamaciones por daños y perjuicios de los afectados. Para mitigar estos riesgos, es imprescindible adoptar una estrategia de cumplimiento continua y apoyada en el expertise legal y técnico. Este artículo le ofrecerá una guía práctica y estructurada sobre cómo cumplir el RGPD de manera efectiva y sostenible, cubriendo los pilares fundamentales: la responsabilidad proactiva, la documentación clave y las obligaciones permanentes. El objetivo es proporcionar una hoja de ruta clara para integrar la protección de datos en la cultura de su empresa, utilizando los servicios de Protección de datos como recurso estratégico para garantizar la tranquilidad y el compliance total. Cumplir el RGPD implica ir más allá de la mera firma de documentos; requiere implementar un sistema de gestión de privacidad continuo y auditable que se fundamente en la responsabilidad proactiva (accountability), asegurando que todos los tratamientos de datos personales se realizan de forma lícita, transparente y segura, y que la organización puede demostrarlo ante la autoridad de control (AEPD). El pilar fundamental: la responsabilidad proactiva (accountability) para cumplir el RGPD El principio de accountability es la piedra angular del RGPD y la clave para entender cómo cumplir el RGPD. Ya no basta con esperar una inspección; las empresas deben demostrar, de forma continua, que han analizado los riesgos de sus tratamientos de datos y que han implementado las medidas adecuadas para mitigarlos. Este principio se materializa en tres acciones interconectadas que su empresa debe gestionar: Evaluación de riesgos y su mitigación: Identificar dónde y cómo el tratamiento de datos personales puede suponer un riesgo para los derechos y libertades de los interesados. Si el riesgo es alto, debe realizarse una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD). Diseño desde la privacidad (Privacy by Design): Integrar la protección de datos desde el inicio de cualquier nuevo producto, servicio o proceso. No se añade la privacidad al final, sino que se diseña la infraestructura teniéndola como requisito esencial. Gestión continua de la documentación: Mantener al día todos los documentos, registros y evidencias de cumplimiento, ya que son la única prueba de que la ley se cumple. La importancia capital del registro de actividades de tratamiento (RAT) El Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) es el documento estrella del RGPD. Es el inventario exhaustivo y detallado de todos los tratamientos de datos personales que su organización lleva a cabo. Para cumplir el RGPD, el RAT debe detallar, para cada actividad: La finalidad del tratamiento (ej. gestión de nóminas, envío de newsletter). La base de legitimación (ej. consentimiento, interés legítimo, obligación legal). Las categorías de datos y de interesados (ej. datos de contacto de clientes). Los destinatarios de los datos (ej. terceros, encargados del tratamiento). Los plazos de conservación de los datos. La correcta elaboración y mantenimiento del RAT demuestra el conocimiento y control total sobre los datos, un requisito imprescindible de accountability. Un servicio de Protección de datos especializado le ayuda a mapear correctamente los flujos y a mantener este registro permanentemente actualizado. Documentación y protocolos clave: la estructura formal de cómo cumplir el RGPD El RGPD exige una gran cantidad de documentación formal y procedimientos internos que deben estar a disposición de los interesados y de la AEPD. El cumplimiento se basa en la coherencia entre lo que se dice que se hace (documentos) y lo que se hace realmente (procesos). 1. Información y transparencia hacia el interesado Este es el aspecto más visible y el que genera más sanciones por parte de la AEPD si no se gestiona correctamente. Cláusulas y políticas de privacidad: Deben ser claras, concisas y transparentes. Se debe informar al interesado sobre el tratamiento de sus datos mediante un sistema de información por capas (información esencial y completa). Gestión del consentimiento: Asegurarse de que el consentimiento, cuando es la base legal, se recaba de forma explícita para cada finalidad y que es tan fácil retirarlo como darlo. Aviso legal y política de cookies: Deben estar perfectamente alineados con la normativa del RGPD y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). 2. La gestión de los derechos de los interesados (ARSULIPO) La LOPDGDD refuerza los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión (Derecho al Olvido), Limitación, Portabilidad y Oposición (ARSULIPO). Para cumplir el RGPD, es fundamental contar con un protocolo interno que asegure la respuesta a estas solicitudes en el plazo legal (un mes, ampliable a dos). Un protocolo sólido debe incluir: Punto de contacto: Un canal claro (correo electrónico, formulario) para la recepción de solicitudes. Verificación de la identidad: Medios para confirmar que quien ejerce el derecho es el titular de los datos. Mecanismo de respuesta: Una plantilla de respuesta estandarizada y el proceso para ejecutar el derecho solicitado en los sistemas internos. 3. Contratos con encargados del tratamiento Rara es la empresa que no subcontrata servicios (servidores,

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RGPD: Servicios de asesoría en protección de datos para el cumplimiento total

RGPD: Servicios de asesoría en protección de datos para el cumplimiento total

En el panorama empresarial actual, la gestión y el tratamiento de datos personales se han convertido en un eje central de la operativa diaria. Sin embargo, la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea y su adaptación a la legislación nacional mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) han impuesto un nivel de complejidad legal y técnica sin precedentes. El principal desafío para las organizaciones no es solo conocer la normativa, sino interpretarla correctamente e implementarla de manera efectiva en todos sus procesos, desde la contratación de personal hasta la relación con los clientes. Este reto afecta a directivos, departamentos jurídicos, equipos de IT y, especialmente, a pequeñas y medianas empresas con recursos limitados para mantener un experto legal en plantilla. El incumplimiento de las normativas de privacidad no es un riesgo menor; es una amenaza directa a la continuidad y reputación del negocio. Una implementación deficiente del RGPD expone a la empresa a un abanico de consecuencias negativas que van desde la pérdida de la confianza de los clientes hasta la imposición de sanciones económicas que pueden ser catastróficas. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha intensificado su actividad sancionadora, demostrando que la responsabilidad proactiva (accountability) es un requisito ineludible. Por lo tanto, contar con servicios de asesoría en protección de datos personales no es un gasto, sino una inversión estratégica y un mecanismo esencial de mitigación de riesgos. Este artículo le proporcionará una comprensión profunda sobre los servicios de asesoría en protección de datos personales en el contexto del RGPD. Detallaremos qué implican estos servicios, cómo se estructuran para lograr la adaptación total al marco legal y cómo la colaboración con expertos en Protección de datos puede transformar una obligación legal compleja en una ventaja competitiva de transparencia y gobernanza. Obtendrá una guía práctica sobre cómo estos consultores le ayudan a navegar por las exigencias del accountability, las EIPD y la gestión de derechos. Los servicios de asesoría en protección de datos personales son una consultoría especializada y continua que acompaña a la empresa en el proceso de cumplimiento del RGPD y la LOPDGDD, cubriendo desde el análisis inicial de riesgos y la elaboración de la documentación legal necesaria, hasta el apoyo técnico y el mantenimiento de las obligaciones de responsabilidad proactiva (accountability). ¿Por qué la complejidad del RGPD exige servicios de asesoría especializados? El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no es una simple lista de comprobación; es un marco normativo basado en principios clave como la minimización de datos, la limitación de la finalidad y la transparencia. Su principal enfoque, el principio de responsabilidad proactiva (accountability), exige a las organizaciones demostrar activamente su cumplimiento. Esto ha transformado la Protección de datos de una tarea administrativa a una función de gobernanza estratégica, lo que hace indispensable el apoyo externo. Los servicios de asesoría especializada se justifican por la necesidad de abordar los siguientes desafíos críticos: Interpretación legal constante: La normativa europea es interpretada continuamente por la AEPD y el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD). Un asesor legal está al día de las últimas resoluciones y guías. Integración técnica: El cumplimiento no es solo papel; requiere implementar medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas. La asesoría une el conocimiento legal con la realidad operativa de los sistemas de IT. Gestión del riesgo: El RGPD exige un enfoque basado en el riesgo, obligando a las empresas a identificar, evaluar y mitigar los riesgos inherentes a sus tratamientos de datos mediante herramientas como las Evaluaciones de Impacto en la Protección de Datos (EIPD). El rol fundamental del registro de actividades de tratamiento (RAT) El RAT es la columna vertebral de la documentación de cumplimiento bajo el RGPD. Un servicio de asesoría comienza, inevitablemente, por el mapeo y la correcta elaboración de este registro. La asesoría especializada garantiza que el RAT no sea solo un inventario, sino un documento vivo que refleje: Finalidades de tratamiento: Por qué se recogen los datos. Bases legales: El fundamento jurídico (consentimiento, interés legítimo, obligación legal, etc.) para cada tratamiento. Categorías de interesados y datos: Qué datos se recogen y de quién. Transferencias internacionales: Si los datos salen del Espacio Económico Europeo (EEE), bajo qué garantías. Medidas de seguridad: Las medidas técnicas y organizativas aplicadas. La correcta elaboración y mantenimiento de este registro, asistido por servicios de asesoría en protección de datos personales, es la primera línea de defensa ante cualquier inspección. Estructura de los servicios de asesoría en protección de datos personales para la adaptación al RGPD Un servicio de asesoría completo y profesional se articula en fases lógicas para asegurar una implementación progresiva y sostenible del RGPD. Estos servicios van mucho más allá de la entrega inicial de documentos, enfocándose en el mantenimiento continuo del cumplimiento. Fase 1: Diagnóstico y análisis de riesgos El proceso arranca con una auditoría o gap analysis exhaustivo para determinar la distancia entre el estado actual de la empresa y los requisitos del RGPD. Identificación de flujos de datos: Se mapea cómo se recogen, almacenan, utilizan y eliminan los datos personales. Análisis de riesgos: Se evalúan los tratamientos que pueden generar un alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados. Evaluación de contratos: Revisión de contratos con terceros (encargados del tratamiento) para asegurar el cumplimiento del artículo 28 del RGPD. Fase 2: Desarrollo documental y legal En esta fase, la asesoría se centra en crear y adecuar todos los documentos legales y protocolos internos. Elaboración de políticas de privacidad: Creación de textos claros y concisos para clientes, proveedores y empleados. Procedimientos para la gestión de derechos ARSULIPO: Establecimiento de protocolos para atender los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad y Oposición. Creación del Registro de Actividades de Tratamiento (RAT): Documentación formal de todos los tratamientos. La correcta redacción de los avisos legales y las cláusulas de consentimiento, asistida por un equipo de Protección de datos, es fundamental para garantizar que el consentimiento sea

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Auditoría LOPD: Guía completa para el cumplimiento y la protección de datos

Auditoría LOPD: Guía completa para el cumplimiento y la protección de datos

La gestión de datos personales se ha convertido en uno de los desafíos más críticos para cualquier organización en la era digital. El volumen de información que se maneja a diario, desde datos de clientes hasta expedientes de empleados, expone a las empresas a un riesgo normativo constante. El principal problema que enfrentan las pymes y grandes corporaciones reside en la complejidad y la constante evolución de la legislación, especialmente en lo referente a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo. Esta dificultad se agrava por la necesidad de integrar y documentar todos los procesos internos, afectando a directores de IT, responsables de cumplimiento normativo y a la dirección general. Ignorar o subestimar la necesidad de una Auditoría LOPD rigurosa no es una opción, sino un riesgo directo para la continuidad del negocio. Las consecuencias del incumplimiento son severas: no solo se pone en peligro la confianza de los clientes y la reputación corporativa, sino que el riesgo de sanciones económicas por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es real y puede ascender a cifras millonarias. Además, un fallo de seguridad o una brecha de datos documentada inadecuadamente puede generar conflictos legales, pérdidas operativas y un impacto negativo duradero en la solvencia de la empresa. Este artículo le proporcionará una guía completa y profesional sobre la Auditoría LOPD: qué implica, por qué es obligatoria para ciertos casos, cómo se estructura su proceso y cuáles son los beneficios estratégicos de realizarla con expertos. El objetivo es que obtenga el conocimiento práctico necesario para convertir la obligación legal en una ventaja competitiva, apoyándose en un servicio clave de Protección de datos que garantice su tranquilidad y cumplimiento continuo. La Auditoría LOPD es un análisis exhaustivo y sistemático de los sistemas de información y procedimientos internos de una organización para verificar que el tratamiento de datos personales se adhiere completamente a los requisitos de la LOPDGDD y el RGPD, identificando desviaciones y determinando las medidas correctoras necesarias para alcanzar el pleno cumplimiento normativo. ¿Qué implica realizar una auditoría LOPD y cuándo es obligatoria? La Auditoría LOPD es más que una simple revisión; es un proceso metódico de evaluación que garantiza la alineación de la gestión de datos con el marco legal vigente. Comprender su alcance y periodicidad es el primer paso para cualquier estrategia de cumplimiento efectiva. La LOPDGDD, en conjunción con el RGPD, establece un marco de responsabilidad proactiva (accountability). Esto significa que la empresa no solo debe cumplir, sino que debe ser capaz de demostrar activamente que cumple. En este contexto, la auditoría LOPD se convierte en la herramienta principal para generar esa evidencia. La obligatoriedad y el enfoque en la naturaleza del riesgo Bajo el marco del RGPD, la obligatoriedad de la auditoría se ha matizado. El antiguo Reglamento de desarrollo de la LOPD establecía una periodicidad bianual para ficheros de nivel medio y alto. Aunque esta regla ha evolucionado, la necesidad de la auditoría permanece, enfocada ahora a la gestión del riesgo. La Auditoría LOPD es de facto obligatoria cuando: Se realiza un tratamiento de datos de alto riesgo: Esto incluye el procesamiento a gran escala de categorías especiales de datos (salud, origen racial, opiniones políticas, etc.) o el tratamiento de datos que pueda entrañar un alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados. Se realiza una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD): Si una EIPD determina un riesgo residual alto en una operación de tratamiento, la auditoría posterior es esencial para verificar la efectividad de las medidas de seguridad implementadas. Se manejan categorías especiales de datos: Los responsables que traten datos sensibles (sanitarios, genéticos, biométricos, etc.) deben tener protocolos de seguridad documentados que deben ser verificados periódicamente. Aunque la ley no fije un plazo estricto para todas las empresas, la recomendación de los expertos en Protección de datos es realizar una auditoría completa al menos cada dos años o cada vez que haya un cambio significativo en los sistemas de información, la estructura de la empresa o el marco legal aplicable. Componentes clave del proceso de auditoría Una auditoría rigurosa se desglosa en varias fases que cubren el ciclo de vida completo de los datos personales dentro de la organización: Análisis documental: Revisión de políticas internas, contratos con encargados del tratamiento, registros de actividades de tratamiento (RAT), evaluaciones de impacto y protocolos de respuesta a brechas de seguridad. Análisis técnico: Evaluación de las medidas de seguridad lógicas y físicas, incluyendo la configuración de firewalls, sistemas de acceso, copias de seguridad, cifrado de la información y la gestión de usuarios y permisos. Análisis procedimental: Verificación de cómo se aplican las políticas en la práctica: cómo se recaban los consentimientos, cómo se atienden los derechos ARSULIPO (Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad, Oposición) y el procedimiento de notificación de brechas. Fases de la auditoría LOPD: un proceso metódico para asegurar el cumplimiento El valor de la Auditoría LOPD reside en su estructura metodológica, diseñada para no dejar ningún resquicio sin analizar. Un proceso profesional se articula en fases bien definidas que van desde la planificación inicial hasta la emisión del informe final y la aplicación de las medidas correctoras. Planificación e inicio Esta fase preliminar establece el alcance del proyecto. Definición del Alcance: Se delimitan los sistemas, tratamientos, departamentos y ubicaciones geográficas que serán objeto de la revisión. Identificación del Equipo: Se designa al equipo auditor (externo o interno) y a los interlocutores dentro de la empresa auditada. Recopilación Inicial: Se solicita la documentación fundamental (RAT, EIPD, contratos, políticas). Recopilación de información y análisis de riesgos Es el núcleo de la auditoría. Se realiza un inventario exhaustivo de todos los datos personales tratados. Entrevistas y Observación: Se llevan a cabo reuniones con responsables de IT, RR. HH., Marketing y Legal para entender los flujos de datos y los procedimientos operativos. Pruebas Técnicas: Se realizan pruebas de seguridad, pentesting (si está incluido en el

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LOPIVI en colegios: cómo implantar el plan de protección infantil

LOPIVI en colegios: cómo implantar el plan de protección infantil

La seguridad de los menores dentro del entorno escolar no es una opción, sino una obligación legal y ética. La entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021, conocida como LOPIVI, ha marcado un antes y un después en el modo en que los colegios y centros educativos deben prevenir, detectar y actuar ante cualquier situación de violencia hacia la infancia y la adolescencia. En muchos casos, las instituciones educativas aún no han implantado correctamente los planes de protección exigidos por la ley, lo que las sitúa en un escenario de riesgo legal, social y reputacional. La LOPIVI en colegios y centros educativos no solo impone nuevas obligaciones, sino que redefine el papel de toda la comunidad escolar en la construcción de entornos seguros y protectores. En este artículo conocerás en detalle qué exige la ley, qué pasos debe seguir un centro para implementar el plan de protección y cómo garantizar un cumplimiento eficaz y sostenible. La implementación adecuada del servicio LOPIVI en el ámbito educativo es fundamental para cumplir con esta responsabilidad sin poner en peligro la continuidad del proyecto escolar. ¿Qué es la LOPIVI y por qué afecta directamente a los centros educativos? La LOPIVI (Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia) tiene como objetivo principal garantizar que todos los menores estén protegidos de cualquier forma de violencia, tanto dentro como fuera del entorno familiar. Los centros educativos, desde escuelas infantiles hasta institutos, son identificados como espacios prioritarios de actuación, dado el tiempo que los menores pasan en ellos y la relación de confianza que mantienen con el personal docente y educativo. Por ello, la ley establece obligaciones específicas y muy concretas para estos entornos. Principales obligaciones de los colegios y centros educativos según la LOPIVI Entre las medidas más relevantes que deben adoptar los centros destacan: Diseño e implantación de un plan de protección frente a la violencia. Designación de una figura de referencia en protección de menores. Formación obligatoria y periódica para todo el personal. Creación de protocolos claros de actuación ante situaciones de violencia. Promoción activa del buen trato, la participación infantil y los entornos seguros. Supervisión de la conducta entre iguales y del personal educativo. Obtención del certificado negativo de delitos sexuales para todo el equipo. No cumplir con estas obligaciones puede acarrear sanciones administrativas, responsabilidad penal o civil y la pérdida de la confianza de las familias. ¿Cómo implantar la LOPIVI en un centro educativo? A continuación, te explicamos paso a paso cómo debe desarrollarse la implantación efectiva del plan de protección en colegios y centros educativos: Paso 1: Diagnóstico inicial y análisis de riesgos El primer paso para implantar la LOPIVI en colegios y centros educativos es realizar un diagnóstico de situación. Se debe identificar: Si existen protocolos actuales. Qué nivel de conocimiento tiene el personal. Qué prácticas o dinámicas pueden generar situaciones de riesgo. Cuáles son los puntos críticos dentro del entorno escolar. Este análisis permite diseñar un plan ajustado a la realidad del centro, evitando la aplicación de medidas genéricas e ineficaces. Paso 2: Designación del responsable de bienestar y protección La LOPIVI exige que cada centro cuente con una persona responsable de bienestar y protección del alumnado, claramente identificada y capacitada. Esta figura debe: Coordinar la aplicación del plan de protección. Ser canal de comunicación entre el centro y las autoridades. Acompañar a menores en situaciones de vulnerabilidad. Impulsar la mejora continua de las medidas preventivas. Debe ser una persona con formación específica y disponibilidad efectiva para ejercer esta responsabilidad. Paso 3: Elaboración del plan de protección El plan de protección es el documento central que articula todas las medidas preventivas y de actuación frente a la violencia. Este debe incluir: Mapa de riesgos del entorno educativo. Medidas de prevención en el día a día. Protocolo de actuación ante sospechas o evidencias de violencia. Canales de comunicación interna y externa. Políticas de buen trato y convivencia. Mecanismos de seguimiento y evaluación. El plan debe estar adaptado a cada etapa educativa, ser comprensible para todo el personal y estar validado por la dirección. Paso 4: Formación del equipo educativo Uno de los pilares de la LOPIVI es la formación obligatoria para todo el personal en contacto con menores. Esto incluye: Docentes y personal directivo. Personal de comedor, transporte o extraescolares. Monitores, personal de apoyo, orientadores y voluntarios. La formación debe abordar: Tipos de violencia infantil y juvenil. Detección de señales de alerta. Actuación ante una situación de riesgo. Comunicación con familias y autoridades. Protección de datos y respeto a la intimidad del menor. La formación debe ser recurrente y actualizada. Paso 5: Sensibilización de la comunidad educativa No basta con que el personal esté preparado. Es esencial que las familias, los alumnos y los órganos de participación también estén informados y comprometidos. Algunas acciones recomendables: Reuniones con las familias para presentar el plan y resolver dudas. Talleres para el alumnado sobre buen trato, derechos y cómo pedir ayuda. Integración del plan en el proyecto educativo del centro. La prevención es más efectiva cuando toda la comunidad educativa comparte los mismos principios. Paso 6: Creación de canales seguros y confidenciales El plan debe prever canales específicos para que los menores puedan comunicar cualquier situación de maltrato, acoso o abuso. Estos canales deben ser: Accesibles. Confidenciales. Supervisados por personal capacitado. Complementados con protocolos claros de intervención. El simple hecho de que exista este canal ya actúa como medida disuasoria frente a posibles agresores. Paso 7: Supervisión y mejora continua Una vez implantado el plan, es necesario: Realizar evaluaciones periódicas sobre su eficacia. Recoger incidentes, observaciones y mejoras detectadas. Realizar ajustes y actualizaciones cuando sea necesario. Este proceso garantiza que el sistema se mantenga vivo, útil y adaptado a los cambios del entorno escolar. La implantación adecuada del LOPIVI permite a los centros educativos cumplir con la normativa y garantizar entornos seguros para todo el alumnado. Errores comunes en la implantación de la LOPIVI en colegios Copiar protocolos de otros centros sin adaptarlos. Limitarse

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Sanciones por incumplimiento de la LOPIVI: guía completa

Sanciones por incumplimiento de la LOPIVI: guía completa

Cada vez más entidades se enfrentan a un escenario legal más exigente en relación con la protección de menores. Pero ¿cuáles son las consecuencias reales de no aplicar correctamente las medidas exigidas por la ley? Las sanciones por incumplimiento de la LOPIVI no son una amenaza teórica: son una realidad legal que puede afectar gravemente a la continuidad de las actividades, la reputación de la entidad y la seguridad de los menores. Muchas organizaciones subestiman la obligatoriedad de la ley y sus implicaciones prácticas. Otras creen estar cumpliendo sin saber que tienen importantes carencias que pueden derivar en sanciones administrativas, responsabilidades civiles o incluso penales. En este artículo conocerás en detalle qué sanciones contempla la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), qué responsabilidades pueden derivarse para las personas físicas y jurídicas y cómo garantizar el cumplimiento normativo. La correcta aplicación de la LOPIVI no solo evita multas, sino que protege a los menores y refuerza la confianza en tu entidad. ¿Qué tipo de incumplimientos sanciona la LOPIVI? La LOPIVI establece un marco claro y obligatorio para prevenir y actuar ante la violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes. No cumplir con sus disposiciones puede suponer diferentes tipos de infracciones. Los incumplimientos más frecuentes sancionables son: Ausencia de protocolo de prevención y actuación frente a la violencia. No designar a la persona responsable de protección de menores. Falta de formación específica del personal. No solicitar el certificado de delitos sexuales al personal en contacto con menores. Ignorar o gestionar incorrectamente señales o denuncias de violencia. No garantizar canales de comunicación seguros y confidenciales. Inacción ante situaciones de riesgo conocidas o denunciadas. Estos incumplimientos, aunque parezcan administrativos, se consideran faltas graves o muy graves cuando comprometen la seguridad de los menores, y pueden derivar en múltiples consecuencias jurídicas. Clases de sanciones por incumplimiento de la LOPIVI Las sanciones que impone la ley varían en función de la gravedad del incumplimiento, el daño causado y la reincidencia. Se clasifican de la siguiente forma: 1. Sanciones administrativas Son las más habituales y se aplican directamente por las autoridades competentes en protección de menores. Multas económicas que pueden oscilar entre los 10.000 € y más de 600.000 €, en función de la gravedad. Suspensión temporal de la actividad o del servicio en el que se produjo el incumplimiento. Prohibición de recibir subvenciones o ayudas públicas durante periodos determinados. Retirada de licencias, permisos o autorizaciones administrativas. 2. Responsabilidad civil La entidad puede ser condenada a indemnizar a las víctimas o a sus familias por los daños sufridos si se demuestra que no se aplicaron correctamente las medidas exigidas por la LOPIVI. Esto incluye tanto daños físicos como psicológicos. 3. Responsabilidad penal En los casos más graves, especialmente cuando hay dolo, negligencia grave o encubrimiento de violencia, puede activarse la vía penal, con consecuencias como: Penas de prisión para responsables directos o encubridores. Inhabilitación para trabajar con menores. Procesos judiciales por omisión del deber de impedir delitos o de promover la protección. 4. Responsabilidad reputacional Más allá de lo legal, una entidad que aparece vinculada a un caso de violencia infantil o a un incumplimiento normativo puede sufrir un daño reputacional irreversible: pérdida de confianza de las familias, cancelación de acuerdos, baja de usuarios o alumnos, y rechazo social. Casos reales que demuestran las consecuencias del incumplimiento Un centro deportivo fue sancionado con 30.000 € por no disponer de un protocolo frente a conductas inadecuadas entre entrenadores y menores. Una academia privada tuvo que cerrar temporalmente por no contar con el certificado negativo de delitos sexuales de parte de su personal. Una asociación cultural perdió una subvención pública al no demostrar haber formado a su equipo en protección de la infancia. Estas situaciones no solo suponen pérdidas económicas. En muchos casos, provocan intervención judicial, cierre de instalaciones, despidos y denuncias públicas que afectan a todos los implicados. ¿Quién es responsable en caso de incumplimiento? La LOPIVI establece una cadena de responsabilidades, tanto a nivel institucional como personal. Las consecuencias no recaen únicamente sobre la entidad: Entidades jurídicas La organización, empresa o asociación responde por no implementar las medidas obligatorias. Esto incluye su responsabilidad en formación, protocolos, prevención y vigilancia. Personas físicas Directivos, responsables legales o gerentes pueden responder por no impulsar ni controlar el cumplimiento normativo. Personal de contacto con menores, si omite comunicar una situación de riesgo, también puede incurrir en responsabilidades. Voluntarios y colaboradores, si bien no siempre tienen vinculación contractual, están igualmente obligados a cumplir con la normativa. Por eso, es clave que todas las personas implicadas conozcan sus deberes y cuenten con un entorno claro y organizado para actuar adecuadamente. ¿Cómo evitar las sanciones por incumplimiento de la LOPIVI? Evitar sanciones no es solo cuestión de cumplir formalidades. Se trata de implantar de manera real y efectiva un sistema de prevención y actuación contra la violencia hacia la infancia. Para ello, deben abordarse los siguientes aspectos clave: 1. Análisis de riesgos Cada entidad debe identificar los riesgos específicos de su actividad, entorno y público. No es lo mismo un centro escolar que un campamento o una plataforma digital. 2. Elaboración e implementación de protocolos Debe redactarse un protocolo ajustado a la realidad de la organización, que incluya: Definición de situaciones de violencia. Actuaciones ante la detección de un caso. Medidas preventivas. Responsabilidades internas. Coordinación con autoridades. Este protocolo debe ser difundido, explicado y actualizado con regularidad. 3. Formación continua del personal La formación es obligatoria, y debe cubrir: Identificación de señales de violencia. Canalización adecuada de información. Derecho de los menores y deberes de protección. Medidas prácticas en el día a día. No basta con una sesión inicial: debe ser continuada y adaptada a los distintos perfiles. 4. Diseño de entornos seguros Espacios físicos, virtuales y relacionales deben estar adaptados a un entorno protector. Esto incluye medidas como: Presencia de más de un adulto en actividades sensibles. Transparencia en interacciones. Normas claras de convivencia y comunicación. 5. Designación de un delegado de protección Toda entidad

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LOPIVI: Qué es y por qué es obligatoria para trabajar con menores

LOPIVI: Qué es y por qué es obligatoria para trabajar con menores

El aumento de la conciencia social sobre la protección de la infancia ha derivado en cambios legislativos que exigen a las organizaciones adaptarse a nuevas obligaciones. Muchas entidades que trabajan con menores desconocen la magnitud del impacto legal y organizativo que supone no cumplir con la LOPIVI, especialmente en lo que respecta a la prevención de la violencia infantil. Este desconocimiento no solo implica riesgos jurídicos, sino también reputacionales y éticos. La implementación de protocolos adecuados, medidas preventivas y una cultura de protección no puede dejarse para más adelante. Es una responsabilidad legal y moral. En este artículo conocerás en profundidad qué es la LOPIVI, por qué es obligatoria y cómo afecta a entidades públicas y privadas que trabajan directa o indirectamente con menores. También verás cómo cumplir con los requisitos que impone y cómo evitar sanciones mediante la correcta aplicación del marco normativo. Uno de los aspectos clave para garantizar el cumplimiento normativo es contar con una adecuada implementación de la LOPIVI, un proceso que no se limita a la redacción de protocolos, sino que debe integrarse transversalmente en toda la organización. ¿Qué es la LOPIVI y qué regula? La LOPIVI es la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Su principal objetivo es garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia, estableciendo un marco legal uniforme en todo el Estado que obliga a todas las entidades que trabajan con menores a implementar medidas de prevención, detección y actuación ante cualquier tipo de violencia. Esta ley representa un cambio de paradigma. No solo actúa de forma reactiva, sino que introduce la prevención como un eje central, exigiendo a organizaciones y profesionales adoptar una actitud proactiva, sostenida y documentada. ¿A quién aplica la LOPIVI? La ley es clara: cualquier entidad, centro, institución, empresa u organización que preste servicios, actividades o programas dirigidos a menores o en los que participen menores está sujeta a lo dispuesto en la LOPIVI. Esto incluye, pero no se limita a: Centros educativos, públicos y privados. Actividades de ocio y tiempo libre (campamentos, escuelas deportivas, academias). Asociaciones culturales o religiosas. Entidades sanitarias o psicológicas con atención a menores. Centros de protección o reforma de menores. Empresas de transporte escolar. Plataformas digitales o tecnológicas con usuarios menores de edad. La amplitud del ámbito de aplicación convierte a la LOPIVI en una normativa transversal de obligado cumplimiento. Obligaciones clave que impone la LOPIVI Entre las principales obligaciones que deben asumir las organizaciones que trabajan con menores, destacan: 1. Designación de un delegado de protección Debe designarse una figura interna responsable de coordinar las actuaciones en materia de prevención y protección de la infancia. Este perfil debe contar con formación específica y estar claramente identificado dentro de la estructura organizativa. 2. Elaboración e implementación de un protocolo de actuación Se exige un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia que incluya medidas preventivas, circuitos de comunicación, procedimientos de denuncia interna y coordinación con autoridades competentes. 3. Formación obligatoria y continuada del personal Todo el personal, incluyendo voluntarios, debe recibir formación periódica y actualizada en detección, prevención y actuación ante situaciones de violencia. 4. Entornos seguros y políticas de buen trato La ley obliga a crear entornos protectores, lo que implica desde la adecuación de espacios físicos hasta la revisión de conductas, relaciones y dinámicas entre adultos y menores. 5. Fomento de la participación de los menores La normativa impulsa el derecho de los menores a expresar su opinión y a participar en la toma de decisiones que les afectan, fomentando su empoderamiento frente a la violencia. 6. Certificado negativo de delitos sexuales Cualquier persona que trabaje o colabore con menores debe acreditar, mediante certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que no ha sido condenada por delitos sexuales. Consecuencias de incumplir la LOPIVI El incumplimiento de la LOPIVI no solo supone importantes sanciones económicas, sino también consecuencias legales y sociales. Algunas de las más destacadas son: Responsabilidad penal y civil de la entidad y sus responsables. Pérdida de licencias o habilitaciones administrativas. Exclusión de subvenciones o concursos públicos. Daños reputacionales, especialmente en casos mediáticos. Revictimización de menores por falta de actuación adecuada. La prevención eficaz de la violencia infantil exige compromiso, recursos y una implementación integral de las obligaciones legales. No se trata de una opción, sino de una necesidad ética y jurídica. ¿Qué implica implementar correctamente la LOPIVI? Aplicar correctamente la ley no se limita a cumplir formalidades. Requiere un enfoque estratégico, multidisciplinar y personalizado que aborde todos los niveles de la organización. Entre los pasos más importantes están: Evaluación de riesgos Analizar los riesgos específicos de la actividad y el entorno para diseñar medidas preventivas adaptadas. Diseño e integración de protocolos No basta con tener un documento: el protocolo debe ser conocido, aplicado y revisado periódicamente. Formación especializada Asegurar que todo el personal entienda su papel, sepa actuar ante señales de alerta y conozca los canales de comunicación internos. Supervisión y mejora continua Medir la eficacia de las medidas implantadas y establecer un sistema de revisión y mejora constante. Una adecuada implementación de la LOPIVI no solo evita sanciones, sino que refuerza la confianza de familias, instituciones y la sociedad en general en el compromiso real de la entidad con la protección de la infancia. Ámbitos concretos donde se aplica la LOPIVI Centros educativos En colegios e institutos, el cumplimiento de la LOPIVI implica una coordinación directa con equipos docentes, AMPAs, servicios de orientación y personal externo. Ocio y tiempo libre Campamentos, actividades deportivas o extraescolares deben revisar no solo los protocolos de actuación, sino también aspectos logísticos y organizativos: ratios de monitores, condiciones del entorno, supervisión activa. Entornos digitales Plataformas que permiten la participación de menores (redes sociales, videojuegos, apps) deben contemplar medidas de prevención del acoso, grooming, acceso a contenidos inadecuados y detección de conductas de riesgo. Buenas prácticas para cumplir con la LOPIVI Revisar y adaptar el código de conducta de la entidad. Garantizar espacios seguros

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