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Cumplimiento Normativo Asturias

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Compliance y Consultoría Especializada en Asturias

Audidat en Asturias se posiciona como la firma líder en consultoría integral de cumplimiento normativo, destacando en áreas clave como Compliance, Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y Planes de Igualdad. Nuestra expertise abarca desde la implementación de rigurosos sistemas de compliance hasta el desarrollo e integración de estrategias de seguridad y igualdad, adaptadas a las necesidades específicas de cada organización en el ámbito local.

Con un profundo conocimiento de la las necesidades de las empresas locales y de la normativa nacional, Audidat Asturias ofrece soluciones personalizadas para asegurar que las empresas no solo cumplan con sus obligaciones legales, sino que también promuevan un entorno de trabajo ético, seguro y equitativo. Nuestra misión es garantizar que nuestros clientes estén a la vanguardia del cumplimiento normativo, protegiendo sus operaciones y reputación en un mercado cada vez más competitivo y regulado.

Este enfoque integral no solo refleja nuestro compromiso con la excelencia en el servicio y la adaptación a las dinámicas locales, sino que también establece a Audidat Asturias como el socio preferente para empresas que buscan navegar el complejo panorama del cumplimiento normativo con confianza y eficacia.

Actualidad de Cumplimiento Normativo en Asturias

El rol del CISO en la estrategia de ciberseguridad

El rol del CISO en la estrategia de ciberseguridad

La evolución de las amenazas digitales ha transformado la gestión de la tecnología en una cuestión de supervivencia corporativa. El principal desafío que enfrentan las organizaciones hoy es la desconexión entre los objetivos de negocio y la protección de sus activos críticos, lo que a menudo resulta en inversiones tecnológicas ineficientes o infraestructuras vulnerables. Sin una figura que lidere la gobernanza de la información, las empresas operan en un estado de vulnerabilidad ciega, donde los riesgos no se miden ni se gestionan, sino que simplemente se ignoran hasta que se produce una brecha de seguridad de consecuencias catastróficas. La relevancia de profesionalizar esta gestión es absoluta, ya que el impacto de un ciberataque trasciende el departamento de sistemas para afectar a la viabilidad financiera y legal de toda la entidad. Las organizaciones que carecen de una dirección estratégica en seguridad se exponen a sanciones regulatorias masivas, pérdida de propiedad intelectual y un daño reputacional que puede expulsarlas del mercado. En este contexto, la responsabilidad de los consejos de administración se ve directamente comprometida si no acreditan una diligencia debida a través de liderazgos especializados capaces de anticipar y mitigar las crisis antes de que paralicen la operativa. En este artículo, analizaremos con profundidad las funciones, responsabilidades y el valor estratégico que aporta la dirección de seguridad a la empresa moderna. Veremos cómo este rol integra el cumplimiento normativo con la resiliencia técnica y cómo el servicio de Ciberseguridad de expertos externos puede potenciar esta capacidad. Al finalizar la lectura, dispondrá de una comprensión clara sobre por qué esta figura es el puente indispensable entre la tecnología y la estrategia de negocio, garantizando un crecimiento sostenible y protegido. El rol del CISO (Chief Information Security Officer) es el de máximo responsable de establecer la estrategia de seguridad de la información para alinear los objetivos de protección con los del negocio. Su labor incluye la gestión de riesgos, la respuesta ante incidentes, el cumplimiento normativo y la creación de una cultura de seguridad en toda la organización. Funciones estratégicas del CISO en la organización moderna El CISO ha dejado de ser un perfil puramente técnico para convertirse en un ejecutivo que entiende el lenguaje del riesgo y del valor empresarial. Su misión es garantizar que la información fluya de manera segura mientras se mantiene la continuidad de las operaciones. Gobernanza y gestión del riesgo La función principal es la creación de un marco de gobernanza que defina cómo se protege la información. Esto implica realizar análisis de riesgos periódicos para identificar qué activos son críticos (datos de clientes, patentes, infraestructura financiera) y determinar el nivel de inversión necesario para protegerlos. El CISO no busca el «riesgo cero», sino un riesgo residual aceptable que permita a la empresa innovar sin comprometer su integridad. Cumplimiento y seguridad legal En un entorno regulatorio cada vez más exigente, el CISO asegura que la empresa cumpla con normativas como el RGPD, la Directiva NIS2 o el esquema nacional de seguridad. Esta labor técnica se ve reforzada cuando se cuenta con el apoyo de un servicio especializado en Ciberseguridad, ya que permite externalizar las auditorías y el control de cumplimiento, garantizando que la visión del CISO se ejecute con las mejores herramientas del mercado. El CISO como arquitecto de la resiliencia empresarial La resiliencia no es solo la capacidad de resistir ataques, sino la facultad de recuperarse rápidamente cuando estos ocurren. El CISO diseña la arquitectura necesaria para que la empresa sea elástica frente a las crisis. Diseño de planes de respuesta ante incidentes El CISO lidera la creación del Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP). Estos documentos establecen protocolos claros sobre qué pasos seguir cuando se detecta una intrusión. La coordinación entre el equipo técnico, el departamento legal y la comunicación corporativa bajo el mando del CISO es lo que minimiza el impacto económico de un secuestro de datos o una fuga de información. Supervisión de la arquitectura técnica Aunque no siempre configura los equipos personalmente, el CISO supervisa que la arquitectura de red siga principios de seguridad desde el diseño. Esto incluye la segmentación de redes, la implementación de modelos de confianza cero (Zero Trust) y la integración de sistemas de detección y respuesta gestionada (MDR). Dimensión de la estrategia Responsabilidad del CISO Valor aportado Operativa Gestión de vulnerabilidades y parches. Continuidad del servicio. Humana Programas de concienciación y cultura. Reducción del error humano. Legal Alineación con RGPD y normativas sectoriales. Evitación de sanciones. Financiera Optimización del presupuesto de seguridad. Retorno de inversión en IT. El impacto del liderazgo en la cultura de seguridad Uno de los mayores retos del CISO es el factor humano. La tecnología más avanzada es inútil si los empleados no comprenden los riesgos a los que se exponen en su día a día. Concienciación y formación del talento El CISO debe promover una cultura donde la seguridad sea responsabilidad de todos. Esto se logra mediante programas de formación continua que enseñen a identificar el phishing, a gestionar contraseñas de forma segura y a entender la importancia de la privacidad. Un personal concienciado actúa como un firewall humano, detectando anomalías que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Comunicación con la alta dirección (C-Suite) El CISO actúa como traductor entre el departamento técnico y el consejo de administración. Debe ser capaz de presentar informes de seguridad en términos de impacto financiero y riesgo de negocio, permitiendo que los directivos tomen decisiones informadas sobre la estrategia de la compañía. Su presencia en la mesa de decisiones garantiza que la seguridad sea un habilitador del negocio y no un obstáculo. Colaboración externa y servicios gestionados de ciberseguridad Incluso para un CISO experimentado, gestionar todas las capas de protección de forma interna es una tarea titánica. La colaboración con socios estratégicos es fundamental para mantener el nivel de protección requerido. Integración de soluciones externas especializadas El uso de servicios de Ciberseguridad externos permite al CISO disponer de centros de operaciones de seguridad (SOC) que vigilan la

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Ciberseguridad básica: Guía de protección para empresas

Ciberseguridad básica: Guía de protección para empresas

En el ecosistema digital actual, la vulnerabilidad de las pequeñas y medianas empresas no es una posibilidad remota, sino una realidad estadística persistente. El principal desafío reside en la creencia errónea de que los ataques informáticos solo afectan a grandes corporaciones, lo que deriva en una falta de medidas preventivas elementales. Esta desprotección convierte a las organizaciones en objetivos fáciles para el malware, el phishing y el secuestro de datos, generando una brecha de seguridad que puede paralizar la actividad operativa en cuestión de minutos y comprometer la viabilidad del negocio a largo plazo. La relevancia de establecer unos protocolos mínimos de defensa es crítica, ya que las consecuencias de un incidente informático trascienden lo tecnológico. Un fallo en la seguridad básica puede suponer pérdidas económicas directas, el robo de propiedad intelectual y, de manera muy significativa, el incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Las autoridades de control no exoneran a las empresas por su tamaño; la ausencia de una diligencia debida en la custodia de la información puede resultar en sanciones administrativas severas y una crisis de reputación que destruya la confianza de los clientes y proveedores de forma irreversible. En este artículo, desglosaremos los pilares fundamentales que toda organización debe implementar para construir una infraestructura digital resiliente. Explicaremos desde la gestión de identidades hasta la importancia de la concienciación del equipo humano, detallando cómo la integración de un servicio profesional de Ciberseguridad permite automatizar defensas y cumplir con la legalidad vigente. Al finalizar esta lectura, dispondrá de una hoja de ruta clara para abandonar la reactividad y adoptar una postura de seguridad proactiva que proteja el valor fundamental de su empresa: su información. La ciberseguridad básica consiste en la implementación de medidas esenciales como el uso de contraseñas robustas, la activación del doble factor de autenticación, la actualización constante de sistemas y la realización de copias de seguridad. Estas acciones buscan mitigar los riesgos más comunes y asegurar la continuidad del negocio ante amenazas digitales.   Los pilares de la ciberseguridad básica en el entorno laboral Para que una estrategia de seguridad sea efectiva, debe asentarse sobre principios sólidos que abarquen tanto la tecnología como el comportamiento de las personas que la utilizan. La seguridad no es un producto, sino un proceso continuo de mejora y vigilancia. Gestión de identidades y contraseñas seguras El acceso no autorizado es la puerta de entrada más común para los ciberdelincuentes. La implementación de una política de contraseñas robustas es el primer paso crítico. Estas deben ser únicas, complejas y cambiarse periódicamente. Sin embargo, la medida más eficaz en la actualidad es el Doble Factor de Autenticación (2FA). Esta capa adicional garantiza que, incluso si una contraseña es filtrada, el atacante no pueda acceder al sistema sin un código temporal enviado al dispositivo físico del usuario legítimo. Actualización de software y gestión de parches Los desarrolladores de software publican actualizaciones no solo para añadir funciones, sino para corregir vulnerabilidades de seguridad descubiertas. Un sistema operativo o una aplicación sin actualizar es una invitación abierta a los exploit kits. La automatización de estas actualizaciones asegura que los parches de seguridad se apliquen de forma inmediata, cerrando brechas que podrían ser aprovechadas para la instalación de ransomware o spyware. Infraestructura técnica y protección perimetral Más allá de las acciones individuales, la empresa debe contar con una estructura técnica que filtre el tráfico y proteja la red interna de intrusiones maliciosas. Uso de firewalls y soluciones de endpoint El firewall actúa como un guardián entre su red interna e internet, analizando el tráfico y bloqueando comunicaciones sospechosas. Complementariamente, las soluciones de protección de endpoint (antivirus de nueva generación) son fundamentales para detectar amenazas en los dispositivos finales, como ordenadores y teléfonos móviles. Al contratar un servicio especializado de Ciberseguridad, las empresas acceden a herramientas de monitorización avanzada que detectan comportamientos anómalos antes de que el daño se materialice. La regla de oro de las copias de seguridad Ante un desastre informático, la única garantía de supervivencia es contar con copias de seguridad (backups) actualizadas y verificadas. La estrategia recomendada es la regla 3-2-1: Mantener al menos 3 copias de los datos. Almacenarlas en 2 soportes diferentes. Conservar 1 copia fuera de línea (off-site) o en la nube, para evitar que un ransomware cifre también los respaldos conectados a la red. Medida de seguridad Función principal Prioridad Doble Factor (2FA) Protege el acceso a cuentas críticas. Muy Alta Copias de seguridad Garantiza la recuperación de datos. Crítica Cifrado de discos Protege los datos en caso de robo físico. Alta VPN Asegura la conexión en trabajo remoto. Media-Alta El factor humano: formación y prevención del phishing Las herramientas técnicas son ineficaces si el usuario final comete un error por falta de conocimiento. El phishing o suplantación de identidad por correo electrónico sigue siendo el vector de ataque más exitoso debido a su capacidad de engaño psicológico. Educación digital del empleado La formación en ciberseguridad básica debe ser parte del plan de acogida de cualquier trabajador. Es vital que el equipo sepa desconfiar de remitentes desconocidos, no descargar archivos sospechosos y verificar las solicitudes de información confidencial o transferencias bancarias urgentes (el conocido «fraude del CEO»). Una cultura de seguridad sólida permite que cada empleado se convierta en un sensor de amenazas, reportando anomalías al departamento correspondiente de forma inmediata. Protocolos de uso de dispositivos personales Con el auge del teletrabajo, el uso de dispositivos personales para fines profesionales (BYOD) se ha multiplicado. Esto introduce riesgos adicionales si dichos terminales no están sujetos a las políticas de seguridad de la empresa. Es necesario establecer normativas claras sobre el uso de redes Wi-Fi públicas y la obligatoriedad de utilizar redes privadas virtuales (VPN) para acceder a los recursos corporativos, garantizando que el túnel de comunicación esté siempre cifrado. Evaluación de riesgos y cumplimiento del RGPD La ciberseguridad básica no es solo una cuestión de IT, sino un requisito legal explícito. El Reglamento General de Protección de Datos exige que los responsables del tratamiento apliquen medidas

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El rol del CISO en la estrategia de ciberseguridad

Ciberataques y protección de datos: obligaciones RGPD

La gestión de incidentes de seguridad y el cumplimiento normativo en la era digital representan el desafío técnico y legal más complejo para cualquier organización. El problema principal reside en que la mayoría de las empresas perciben los riesgos informáticos como un evento técnico aislado, cuando en realidad un incumplimiento del deber de vigilancia puede comprometer la totalidad de los datos de carácter personal que custodian. Ante un acceso no autorizado o un secuestro de datos, las organizaciones suelen reaccionar de forma improvisada, lo que multiplica los daños y dificulta la respuesta efectiva exigida por las autoridades de control. La relevancia de este escenario es máxima, ya que las consecuencias de una gestión deficiente de la información van mucho más allá de la pérdida operativa. Bajo el marco normativo actual, el tratamiento inadecuado de una brecha de seguridad conlleva sanciones económicas millonarias, la pérdida de certificaciones de calidad y un descrédito reputacional que suele derivar en la fuga masiva de clientes. Ignorar las obligaciones de comunicación y notificación tras un incidente puede suponer, además, la apertura de procedimientos por infracciones muy graves, donde la responsabilidad de los administradores se ve directamente comprometida por falta de diligencia debida. En este artículo, detallaremos el protocolo de actuación ante incidentes, las medidas de prevención necesarias y cómo el servicio de Ciberseguridad permite integrar la defensa técnica con el cumplimiento legal. Analizaremos las figuras clave en la gestión de crisis y los plazos estrictos de notificación para asegurar que su organización sea resiliente frente a las amenazas externas. Al finalizar la lectura, dispondrá de una visión clara sobre cómo transformar la gestión del riesgo en un activo de confianza y seguridad jurídica para su negocio. Las obligaciones del RGPD ante ciberataques exigen que las empresas implementen medidas técnicas y organizativas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. En caso de una brecha de seguridad, es obligatorio notificar a la Agencia Española de Protección de Datos en un plazo máximo de 72 horas y, si existe alto riesgo, a los propios interesados. El vínculo inseparable entre ciberseguridad y protección de datos Para comprender el panorama actual, es necesario entender que la seguridad informática y el derecho a la privacidad son dos caras de la misma moneda. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece que la seguridad no es una opción, sino una obligación de medios y de resultados en función del riesgo identificado en cada tratamiento. El principio de integridad y confidencialidad Este principio fundamental obliga a las empresas a garantizar que los datos personales estén protegidos contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental. Los ciberataques, como el phishing o el ransomware, atentan directamente contra este precepto. Por tanto, una empresa que no dispone de herramientas de defensa adecuadas está incumpliendo por omisión sus deberes legales, incluso antes de que el ataque se materialice. La responsabilidad proactiva (Accountability) El RGPD introduce el concepto de responsabilidad proactiva, que exige a las organizaciones ser capaces de demostrar que cumplen con la normativa. Esto implica que no basta con tener instalado un antivirus; es necesario documentar análisis de riesgos, realizar auditorías periódicas y contar con un registro de incidentes detallado. La inversión en servicios especializados de Ciberseguridad facilita esta labor al proporcionar las evidencias técnicas necesarias ante una posible inspección de la autoridad de control. Protocolo obligatorio de actuación ante una brecha de seguridad Cuando un ciberataque tiene éxito y se produce una violación de la seguridad de los datos, el cronómetro legal se pone en marcha. La gestión de estas primeras horas determinará la cuantía de las posibles sanciones y la capacidad de recuperación de la empresa. El plazo de las 72 horas para la notificación Una de las obligaciones más estrictas es la notificación a la autoridad de control (AEPD en España). Este aviso debe realizarse sin dilación indebida y, a más tardar, en las 72 horas siguientes a que se tenga constancia de la brecha. La notificación debe incluir: La naturaleza de la violación de la seguridad. Las categorías y el número aproximado de interesados afectados. Las posibles consecuencias del incidente. Las medidas adoptadas o propuestas por el responsable para poner remedio a la situación. Comunicación a los interesados afectados Si el ciberataque supone un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas (por ejemplo, el robo de datos bancarios o de salud), la empresa tiene la obligación de comunicar el suceso directamente a los afectados. Esta comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo, explicando qué datos han sido comprometidos y qué pasos deben seguir los usuarios para protegerse (como cambiar contraseñas o vigilar movimientos bancarios). Tipo de incidente Acción requerida Plazo legal Bajo riesgo Registro interno del incidente. Inmediato Riesgo moderado Notificación a la autoridad (AEPD). 72 horas Alto riesgo Notificación a la AEPD e interesados. Sin dilación Pérdida de disponibilidad Restauración de copias de seguridad. Según contrato de servicio Medidas técnicas y organizativas para minimizar el riesgo legal La prevención es la estrategia más rentable para cumplir con las obligaciones del RGPD. Un enfoque basado en la seguridad desde el diseño permite mitigar el impacto de cualquier ciberataque antes de que este ocurra. Cifrado de datos y control de accesos El cifrado o encriptación de la información es una de las medidas técnicas que el RGPD menciona explícitamente. Si una empresa sufre un robo de datos, pero estos se encuentran cifrados con algoritmos robustos, la brecha de seguridad puede considerarse de bajo riesgo, ya que el atacante no podrá acceder al contenido real. Asimismo, implementar un sistema de doble factor de autenticación y gestionar los permisos de acceso de forma restrictiva reduce drásticamente la superficie de exposición ante ataques externos. Formación y concienciación del personal El eslabón más débil de la cadena de seguridad suele ser el factor humano. El RGPD exige que las personas con acceso a datos personales reciban instrucciones claras sobre cómo tratarlos. Realizar sesiones de formación sobre cómo identificar correos

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Implantar la LOPIVI en centros deportivos: Guía práctica

Implantar la LOPIVI en centros deportivos: Guía práctica

La transición hacia un modelo de gestión deportiva que priorice la seguridad integral de los menores constituye el desafío más importante para clubes, federaciones y centros deportivos en la actualidad. El problema principal radica en que el ámbito deportivo, por su propia naturaleza de contacto físico y jerarquía entre entrenador y atleta, presenta riesgos específicos de vulnerabilidad que a menudo pasan desapercibidos o se normalizan. Muchos centros carecen de una estructura formal para gestionar sospechas de abuso o maltrato, lo que genera una exposición crítica tanto para la integridad de los deportistas como para la estabilidad jurídica de la entidad. La importancia de abordar esta transformación es absoluta, ya que el marco legal vigente no permite la ambigüedad en la protección del menor. Un centro que no logre una adecuación efectiva se enfrenta a consecuencias devastadoras, que incluyen sanciones económicas de hasta 150.000 euros, la revocación de licencias de actividad y la pérdida inmediata de patrocinios o subvenciones públicas. Además, la responsabilidad penal del club y de sus directivos puede verse comprometida ante cualquier incidente si no se demuestra que existía una política de prevención activa y una vigilancia debida sobre el personal técnico y el voluntariado. En este artículo, explicaremos de manera exhaustiva el proceso técnico y organizativo necesario para cumplir con la normativa y profesionalizar el bienestar infantil en el deporte. Analizaremos la creación de entornos seguros, la gestión de certificados y cómo el servicio LOPIVI actúa como el soporte técnico esencial para mitigar riesgos. Al concluir la lectura, los responsables deportivos dispondrán de los conocimientos prácticos para elevar los estándares de su organización y garantizar que el deporte sea siempre un espacio de desarrollo positivo y seguro. La implantación de la ley de protección a la infancia en centros deportivos requiere designar un delegado de protección, validar los certificados penales de todo el personal, elaborar protocolos de prevención de violencia y códigos de conducta específicos, además de capacitar a entrenadores y familias en la detección temprana de riesgos. Pasos fundamentales para la adecuación normativa en el ámbito deportivo Adaptar una estructura deportiva a las exigencias de protección integral requiere una visión 360 grados que combine la gestión administrativa con la sensibilización del equipo técnico. No se trata simplemente de rellenar formularios, sino de implantar procesos de control y seguimiento constantes. La designación y funciones del delegado de protección En el deporte, la figura del delegado de protección es obligatoria para todas las entidades que trabajen con menores. Este perfil no debe ser una mera designación nominal, sino una persona con formación específica y autoridad dentro del club. Sus responsabilidades incluyen supervisar que las sesiones de entrenamiento cumplan con los estándares de seguridad, ser el receptor de cualquier queja o inquietud y actuar como enlace directo con las autoridades competentes en caso de necesidad. El control del personal y el voluntariado El centro deportivo debe garantizar de forma inequívoca que nadie que trabaje o colabore con la entidad suponga un riesgo para los niños. Esto implica la exigencia sistemática del certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales para cualquier persona, remunerada o no, que tenga contacto con menores. Este proceso debe estar documentado y actualizado periódicamente para cumplir con la diligencia debida que exige la ley.   Requisito obligatorio Descripción técnica Impacto en la seguridad Código de buen trato Normas de conducta para la interacción física y verbal. Prevención de abusos Protocolo de viajes Reglas para desplazamientos, hoteles y vestuarios. Control de zonas críticas Canal de comunicación Vía segura para que el menor exprese sus miedos. Detección temprana Evaluación de riesgos Análisis de espacios y actividades potencialmente peligrosas. Mitigación proactiva Gestión de espacios críticos y protocolos de actuación deportiva Los centros deportivos presentan escenarios de riesgo particular que requieren una regulación interna muy detallada. Los vestuarios, las pernoctaciones en competiciones fuera de la ciudad y el contacto físico necesario para la corrección técnica son puntos donde la prevención debe ser máxima. Normativa interna para vestuarios y desplazamientos Es imperativo establecer protocolos que regulen el acceso a los vestuarios, prohibiendo el uso de dispositivos de grabación y asegurando que la supervisión se realice siempre respetando la intimidad del menor. En los desplazamientos, el club debe definir quién acompaña a los menores y cómo se organizan los alojamientos, evitando situaciones de aislamiento que puedan favorecer conductas inapropiadas. El apoyo de profesionales a través del servicio LOPIVI permite redactar estas normas con precisión jurídica, evitando interpretaciones subjetivas que pongan en peligro la seguridad del menor. El protocolo ante la sospecha de violencia El centro debe tener una hoja de ruta clara: ¿Qué ocurre si un entrenador observa un hematoma sospechoso? ¿Cómo actuar si un menor confiesa una situación de acoso por parte de un compañero? El protocolo de actuación debe definir los pasos inmediatos, garantizando la confidencialidad de la víctima y la comunicación urgente a los servicios de protección o fuerzas de seguridad, sin realizar investigaciones paralelas que puedan contaminar un posible proceso judicial. La formación del equipo técnico como barrera de protección Los entrenadores y monitores son la primera línea de defensa. Su capacidad para detectar señales de maltrato emocional, negligencia o abuso sexual es la herramienta de prevención más potente que posee una entidad deportiva. Identificación de señales de alerta en el deportista Un descenso brusco en el rendimiento, cambios de humor, miedo injustificado al contacto físico o conductas sexualizadas son indicadores que el personal debe saber interpretar. La formación técnica debe enseñar a los profesionales a observar estas señales y a comunicarlas internamente de forma protocolizada. Un equipo formado no solo protege mejor, sino que transmite una imagen de profesionalidad y rigor que las familias valoran enormemente al elegir dónde inscribir a sus hijos. El papel de las familias en el sistema de protección La LOPIVI fomenta un modelo de protección participativo. El centro deportivo debe informar a los padres y tutores sobre quién es el delegado de protección y cuáles son los canales para reportar cualquier irregularidad. Cuando las familias perciben que el club tiene

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Formación LOPIVI colegios: Guía de cumplimiento legal

Formación LOPIVI colegios: Guía de cumplimiento legal

La implementación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia en el ámbito educativo ha generado una transformación profunda en la gestión de los centros. El principal desafío que enfrentan hoy los equipos directivos y docentes es la falta de capacitación específica para identificar indicadores de riesgo que a menudo son sutiles. Sin una formación adecuada, el personal puede ignorar señales críticas de maltrato o acoso, dejando a los menores en una situación de desprotección y al centro educativo en una posición de alta vulnerabilidad legal y operativa ante la normativa vigente. La relevancia de este proceso de capacitación es absoluta, ya que el desconocimiento de la norma no exime de las responsabilidades civiles y penales que conlleva su incumplimiento. Un centro que no acredita la formación de su personal se expone a consecuencias administrativas graves, incluyendo multas de cuantía elevada y la posible inhabilitación para recibir fondos públicos. Más allá de lo legal, la ausencia de una cultura preventiva sólida pone en riesgo la integridad física y emocional de los alumnos, lo que puede desembocar en crisis reputacionales que afecten de forma irreversible a la confianza de la comunidad educativa y de las familias. En este artículo, analizaremos detalladamente por qué la instrucción técnica es el pilar maestro de cualquier plan de convivencia moderno y cómo debe estructurarse para ser efectiva. Veremos las competencias que debe adquirir el personal y cómo la implementación del servicio LOPIVI facilita este proceso de adecuación para convertir al centro en un referente de seguridad. El objetivo es que, al finalizar esta lectura, usted comprenda las fases necesarias para profesionalizar la respuesta de su equipo humano ante cualquier sospecha de violencia contra un menor. La formación LOPIVI colegios es el proceso de instrucción obligatoria dirigido a todo el personal de un centro educativo para identificar, prevenir y actuar ante situaciones de violencia contra menores. Incluye el conocimiento de protocolos internos, canales de denuncia y la figura del coordinador de bienestar, asegurando una respuesta coordinada y legal. La importancia de la formación LOPIVI colegios en el nuevo marco legal Desde la entrada en vigor de la nueva normativa de protección, la formación ya no es un elemento opcional de los planes de mejora, sino un requisito indispensable para el funcionamiento de cualquier centro docente. Esta capacitación tiene como objetivo principal dotar a los profesionales de las herramientas necesarias para actuar antes de que el daño sea irreparable. El deber de vigilancia y protección El personal de los centros educativos ostenta una posición de garante sobre los alumnos. Esto significa que tienen la obligación legal de protegerlos mientras están bajo su custodia. La formación específica permite que esta vigilancia sea cualitativa; no se trata solo de supervisar el recreo, sino de saber interpretar cambios en el rendimiento académico, el retraimiento social o conductas inusuales que podrían ser el reflejo de una situación de violencia externa o interna. Prevención del acoso y el ciberacoso Uno de los módulos críticos de la capacitación actual se centra en el entorno digital. Los docentes deben estar formados para detectar el ciberbullying y otras formas de violencia que ocurren fuera del horario escolar pero que tienen un impacto directo en el bienestar del alumno dentro del colegio. Una formación actualizada enseña a gestionar estos conflictos de manera que se proteja a la víctima y se reeduque al agresor, evitando la escalada de violencia en las aulas.   Contenidos esenciales de un programa de formación LOPIVI colegios eficaz Para que un plan de formación sea considerado válido y eficiente, debe cubrir un espectro de conocimientos que abarque desde la normativa jurídica hasta la psicología evolutiva. No basta con una charla informativa; se requiere un programa estructurado que deje evidencia documental del aprendizaje. Conocimiento del protocolo de actuación Cada miembro del personal, desde la dirección hasta el personal de administración y servicios, debe conocer al detalle el protocolo de actuación del centro. Esto incluye saber a quién acudir cuando se tiene una sospecha, cómo utilizar el canal de denuncias y qué información es estrictamente necesaria recabar para no entorpecer una posible investigación judicial posterior. La claridad en estos pasos es lo que garantiza la seguridad jurídica del trabajador. Identificación de indicadores de riesgo La formación debe profundizar en los diferentes tipos de maltrato: físico, emocional, negligencia y abuso sexual. Es vital que los docentes aprendan a diferenciar entre un conflicto puntual de convivencia y una situación de riesgo estructural. Para facilitar esta labor, los centros suelen apoyarse en expertos externos. El uso del servicio LOPIVI permite acceder a materiales didácticos y sesiones de capacitación diseñadas por especialistas en derecho y protección de menores, asegurando que el contenido esté siempre actualizado. Área de Formación Objetivo del Aprendizaje Destinatarios Marco Jurídico Entender las responsabilidades penales y civiles. Directivos y Coordinadores Detección Temprana Identificar signos físicos y conductuales de maltrato. Claustro de Profesores Protocolos de Centro Saber aplicar la ruta de comunicación interna. Todo el personal del centro Bienestar Digital Gestionar riesgos en redes sociales y entornos online. Docentes y Orientadores Roles y responsabilidades tras la formación LOPIVI colegios Una vez completada la capacitación, el centro debe organizar sus recursos humanos para que los conocimientos adquiridos se traduzcan en acciones preventivas diarias. Aquí cobra especial relevancia la estructura jerárquica de protección diseñada por la ley. El coordinador de bienestar y protección Este perfil es el eje central sobre el que pivota la seguridad del colegio. Su formación debe ser más avanzada que la del resto del personal, ya que es el encargado de supervisar la correcta aplicación de los protocolos y de servir de enlace con las familias y las autoridades sanitarias o policiales. El coordinador debe ser una figura de referencia, formada en mediación y resolución de conflictos, con capacidad para liderar la cultura del buen trato en la institución. Implicación de toda la comunidad educativa La formación no debe detenerse en los empleados del centro. Un modelo integral de protección infantil exitoso incluye acciones de sensibilización para las

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Adaptar tu centro a la ley de protección a la infancia

Adaptar tu centro a la ley de protección a la infancia

La implementación de entornos seguros para los menores es hoy una de las mayores preocupaciones para entidades deportivas, centros educativos, de ocio y organizaciones sociales. El principal desafío reside en comprender que la protección del menor ya no es una recomendación ética, sino una obligación legal estricta que exige cambios estructurales en la gestión diaria. Muchos centros se enfrentan a la incertidumbre de no saber por dónde empezar para prevenir situaciones de violencia, riesgo o desprotección, lo que genera una vulnerabilidad operativa crítica frente a posibles incidentes. La relevancia de este proceso es máxima, ya que el incumplimiento de las directrices actuales conlleva consecuencias graves que van más allá de lo administrativo. Las organizaciones se exponen a sanciones económicas severas, la pérdida de subvenciones públicas y, lo más preocupante, un daño reputacional irreparable que puede suponer el cierre de la actividad. Además, la responsabilidad civil y penal de los directivos y del propio centro se ve directamente comprometida si no se acredita una diligencia debida en la vigilancia y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este artículo, desglosaremos de forma detallada los pasos necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad real de los menores bajo su tutela. Analizaremos las figuras obligatorias, los protocolos de actuación y cómo la implementación del servicio LOPIVI se convierte en la herramienta estratégica definitiva para transformar cualquier centro en un espacio seguro. Al finalizar la lectura, dispondrá de una hoja de ruta clara para profesionalizar su gestión y cumplir con los más altos estándares de protección vigentes. La adecuación a la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia consiste en establecer un sistema de prevención, detección temprana y respuesta ante cualquier forma de violencia contra menores. Esto implica designar figuras de protección, redactar protocolos de actuación específicos, formar al personal y realizar una evaluación constante de riesgos. Por qué es obligatorio adaptar tu centro a la ley de protección a la infancia La normativa actual busca erradicar cualquier tipo de violencia en los ámbitos donde los menores desarrollan su vida. No se trata de un trámite burocrático, sino de una transformación de la cultura organizacional. Las entidades que trabajan con menores deben demostrar que han tomado todas las medidas posibles para evitar abusos, acoso escolar, ciberbullying o cualquier forma de maltrato físico o psicológico. El alcance de la responsabilidad jurídica La ley establece que la omisión de las medidas de seguridad puede ser considerada una infracción grave. Los centros deben ser proactivos, lo que significa que no basta con reaccionar ante un problema; es obligatorio haber diseñado un entorno seguro de forma previa. La responsabilidad recae sobre la entidad, que debe acreditar que cuenta con los mecanismos de control necesarios para supervisar a su personal y sus instalaciones. El impacto en la confianza de las familias Más allá de la legalidad, la adaptación proyecta una imagen de profesionalidad y compromiso. En un mercado cada vez más concienciado, las familias eligen centros que ofrecen garantías explícitas de seguridad. Disponer de un sistema verificado de protección infantil es un activo diferenciador que posiciona a la organización como un referente en el sector, asegurando la continuidad del proyecto a largo plazo. Elementos clave para cumplir con la ley de protección a la infancia en centros privados y públicos Para una correcta adecuación, es fundamental entender que la protección infantil se divide en varios pilares operativos. No existe una solución única, sino un conjunto de acciones coordinadas que deben adaptarse a la naturaleza de cada centro, ya sea un club deportivo, una academia de idiomas o una residencia de menores. La figura del delegado de protección Una de las novedades más relevantes es la obligatoriedad de designar a una persona responsable de la seguridad de los menores. Esta figura, que debe estar presente en entidades deportivas y de ocio, actúa como el nexo entre los menores, las familias y las autoridades. Sus funciones principales incluyen: Coordinar la implementación de los protocolos de protección. Ser el punto de contacto principal para cualquier sospecha de violencia. Asegurar que todo el personal conozca las normas de conducta. Supervisar que los menores se sientan escuchados y protegidos. Protocolos de prevención y actuación Los protocolos son el «manual de instrucciones» del centro ante situaciones críticas. No pueden ser genéricos; deben detallar exactamente qué hacer si se detecta un indicio de abuso o maltrato. Un buen protocolo debe incluir canales de denuncia internos que sean accesibles y confidenciales para los niños. El servicio LOPIVI facilita la creación de estas guías personalizadas, asegurando que cada paso cumpla estrictamente con la legalidad vigente. Elemento del sistema Función principal Obligatoriedad Canal de denuncias Reportar incidencias de forma segura. Alta Certificados penales Verificar antecedentes de delitos sexuales. Total Plan de formación Capacitar al personal en detección de riesgos. Esencial Código de conducta Establecer límites claros de interacción. Obligatorio Cómo implementar un entorno seguro y cumplir con la ley de protección a la infancia La implementación práctica requiere una metodología estructurada. No se puede proteger lo que no se conoce, por lo que el primer paso siempre es realizar un diagnóstico de la situación actual del centro. Fases de la adecuación normativa Auditoría de riesgos: Identificar los puntos débiles de la organización. ¿Hay zonas sin supervisión? ¿El personal sabe identificar signos de maltrato? Redacción de documentación: Elaborar el plan de protección integral, el código ético y los protocolos de emergencia. Verificación del personal: Es imperativo que todo trabajador o voluntario que tenga contacto habitual con menores aporte el certificado negativo de delitos sexuales. Sensibilización: Realizar sesiones informativas con los menores y sus familias para que conozcan sus derechos y los mecanismos de protección disponibles. La importancia de la formación continua La detección temprana es la mejor herramienta de prevención. El personal del centro debe recibir formación específica sobre los diferentes tipos de violencia (física, emocional, negligencia o digital). Un equipo formado es capaz de observar cambios de comportamiento en los menores que podrían pasar desapercibidos para alguien sin

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