Las administraciones públicas locales —ayuntamientos, diputaciones, entidades dependientes— operan bajo una responsabilidad directa de legalidad, transparencia y buen gobierno. Sin embargo, el creciente marco regulatorio, las exigencias de control externo y el riesgo real de incurrir en responsabilidad penal hacen imprescindible establecer sistemas estructurados que garanticen el cumplimiento normativo. Por eso, cómo implementar un plan de compliance en la administración local paso a paso es hoy una de las prioridades en la gestión pública moderna. La implantación de un sistema de Compliance no es una moda, sino una herramienta preventiva que permite identificar riesgos, corregir deficiencias, acreditar diligencia y proteger a la institución y a sus cargos electos y funcionarios. En este artículo te contamos cómo desarrollar un plan desde cero, qué fases deben seguirse y cómo evitar errores que podrían traducirse en sanciones, inhabilitaciones o pérdida de subvenciones. Soluciones como el servicio de Compliance facilitan esta implantación en entidades públicas de cualquier tamaño. ¿Por qué necesita la administración local un plan de compliance? Las entidades locales manejan fondos públicos, contratan servicios, conceden subvenciones, tramitan datos personales y adoptan decisiones que afectan directamente a ciudadanos, empresas y organismos. Esta operativa las expone a una amplia gama de riesgos legales, administrativos y reputacionales, entre ellos: Fraude en la contratación pública. Uso indebido o desvío de subvenciones. Prevaricación, cohecho o tráfico de influencias. Malas prácticas en la gestión de personal. Incumplimiento de protección de datos. Falta de control sobre entidades dependientes o consorcios. El Código Penal español, tras su reforma, contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas públicas en determinados supuestos, especialmente en organismos de derecho privado o entes instrumentales. Un programa de Compliance permite detectar estos riesgos de forma anticipada, establecer controles, formar al personal y acreditar una gestión pública basada en la legalidad y la integridad. Ventajas de implantar compliance en una entidad local Reducción de riesgos legales y administrativos. Protección frente a posibles responsabilidades penales. Mayor transparencia ante ciudadanía y órganos de control. Cumplimiento efectivo de la ley de transparencia y buen gobierno. Mejora de la eficiencia interna y trazabilidad de decisiones. Prevención de conflictos de interés. Mayor garantía en la gestión de fondos europeos o subvenciones. Estas ventajas se consolidan al aplicar modelos estructurados como el que proporciona el servicio de Compliance, con herramientas específicas para el ámbito público. Fases para implementar un plan de compliance en una administración local 1. Compromiso institucional Todo proceso de compliance debe partir de un compromiso claro por parte del equipo de gobierno y de los órganos directivos. Este compromiso debe ser: Formalizado mediante un acuerdo de Junta de Gobierno o Pleno. Divulgado internamente como línea estratégica. Acompañado de la dotación de recursos humanos y técnicos necesarios. 2. Análisis de riesgos y diagnóstico normativo Se realiza un mapa de riesgos personalizado, que identifica las áreas más vulnerables de la entidad según su operativa. Entre los factores clave a analizar: Contratación pública y gestión económica. Subvenciones y convenios. Urbanismo y licencias. Datos personales y transparencia. Recursos humanos y procesos internos. Este diagnóstico permite conocer el estado actual del cumplimiento y las zonas de mejora urgente. 3. Diseño del sistema de compliance Con base en el análisis anterior, se diseña el modelo que incluirá: Código ético o de conducta para cargos y empleados públicos. Políticas internas de prevención de riesgos legales. Procedimientos operativos y protocolos. Normas de gestión documental y trazabilidad. Procedimientos ante posibles infracciones o denuncias. Este sistema debe ser claro, operativo y adaptado al lenguaje administrativo, sin tecnicismos innecesarios. 4. Implantación del canal interno de información La Ley 2/2023, reguladora de la protección de informantes, obliga a todas las administraciones públicas a disponer de un canal interno de información o denuncias. Este canal debe ser: Accesible para empleados y terceros. Seguro y confidencial. Gestionado por personal imparcial. Integrado en el sistema de cumplimiento. Permite detectar irregularidades y actuar antes de que deriven en infracciones. 5. Formación y sensibilización Todo el personal de la entidad debe recibir formación adaptada a su rol y responsabilidades. Deben comprender: Qué es el compliance y por qué es necesario. Cuáles son las conductas de riesgo. Cómo utilizar el canal de información. Qué consecuencias puede tener el incumplimiento. La formación debe ser periódica, práctica y alineada con la operativa real del ayuntamiento o entidad. 6. Supervisión y mejora continua El sistema debe incluir mecanismos de revisión constante: Auditorías internas. Actualización del mapa de riesgos. Informes de seguimiento. Evaluación de la eficacia de las medidas implantadas. Un programa vivo y bien gestionado demuestra diligencia activa ante cualquier inspección, investigación o procedimiento sancionador. Ámbitos clave que debe cubrir un plan de compliance municipal Contratación pública: procesos de licitación, adjudicación y ejecución de contratos. Urbanismo y obras: permisos, licencias, convenios urbanísticos. Gestión de personal: selección, nombramientos, retribuciones, incompatibilidades. Relaciones con proveedores y terceros. Gestión de fondos públicos y subvenciones. Protección de datos personales. Publicidad institucional y transparencia. Relación con ciudadanos y buen gobierno. El plan debe adaptarse al tamaño, estructura y competencias del municipio o entidad local. Normativa aplicable al compliance en el ámbito local Código Penal (responsabilidad penal de personas jurídicas y entes instrumentales). Ley 2/2023, de protección de informantes. Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. Ley 3/2015, de altos cargos. Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales. Normativa autonómica y sectorial específica. Conocer e integrar estas normas es una tarea compleja, que requiere experiencia jurídica y conocimiento del funcionamiento de la administración. Errores comunes al implantar compliance en administraciones públicas Redactar un código ético genérico sin conexión con la actividad real. No realizar un análisis previo de riesgos. Implementar el sistema sin formación ni seguimiento. Usar un canal ético solo como “buzón de quejas”. No documentar ni auditar las medidas adoptadas. Un modelo bien diseñado evita estos errores y aporta valor institucional y operativo. ¿Eres responsable de una administración local y necesitas asegurar el cumplimiento normativo? Proteger a la institución, a sus responsables y a sus trabajadores

El entorno sanitario es uno de los más regulados y vigilados en cualquier país. Las organizaciones del sector salud —hospitales, clínicas, laboratorios, centros de investigación, farmacias y entidades aseguradoras— deben cumplir con una compleja red normativa que abarca desde la protección de datos personales hasta la gestión de productos sanitarios, la prevención de riesgos laborales, la transparencia económica o la ética en la investigación. En este contexto, el compliance en el sector salud: asegurando el cumplimiento de normativas sanitarias se ha convertido en una necesidad estructural para garantizar la legalidad, la seguridad de los pacientes y la sostenibilidad de las organizaciones. No se trata solo de evitar sanciones, sino de integrar la cultura del cumplimiento como base de confianza, calidad y reputación. Un programa eficaz permite anticiparse a los riesgos, cumplir con las obligaciones regulatorias y demostrar diligencia en cada procedimiento. En este artículo descubrirás cómo diseñar un sistema de compliance sanitario, qué áreas clave debe cubrir y cómo herramientas como el servicio de Compliance permiten adaptarlo a cualquier organización del ámbito de la salud. ¿Por qué es fundamental el compliance en el sector salud? Las consecuencias de un incumplimiento normativo en este sector son especialmente graves. No solo hablamos de sanciones económicas, sino también de: Riesgos para la salud de pacientes. Procesos penales por negligencias médicas o gestión indebida. Pérdida de acreditaciones y licencias sanitarias. Demandas colectivas y crisis reputacionales. Daños irreparables a la confianza pública. Además, las organizaciones sanitarias manejan datos especialmente sensibles (historiales clínicos, pruebas genéticas, tratamientos farmacológicos), lo que exige medidas adicionales de protección según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El compliance permite establecer una estructura preventiva, transversal y documentada que actúa como escudo frente a estos riesgos, alineando la operativa con los más altos estándares legales y éticos. Principales riesgos legales en organizaciones sanitarias El cumplimiento normativo en salud implica gestionar con precisión una amplia gama de obligaciones. Algunos de los riesgos más frecuentes incluyen: Tratamiento inadecuado de datos personales y clínicos. Falta de consentimiento informado documentado. Errores en la prescripción o dispensación de medicamentos. Publicidad sanitaria engañosa o no autorizada. Pagos o incentivos indebidos en contratos con la industria. Falta de trazabilidad en productos sanitarios o medicamentos. Contratación irregular de personal sanitario. Incumplimiento de obligaciones de seguridad laboral y vigilancia de la salud. El cumplimiento eficaz depende de detectar estos riesgos y controlarlos con medidas adaptadas a cada realidad operativa. ¿Qué incluye un programa de compliance en el ámbito sanitario? Un sistema de compliance en el sector salud debe construirse de forma transversal, integrando todas las áreas operativas, asistenciales, administrativas y de gestión. Sus elementos esenciales son: 1. Evaluación de riesgos normativos Cada entidad debe identificar los riesgos específicos según su actividad: hospitalaria, farmacéutica, biotecnológica, de aseguramiento, etc. El análisis debe contemplar: Procesos asistenciales. Gestión de datos y documentación clínica. Contratación y relaciones con terceros. Publicidad y promoción de productos sanitarios. Ensayos clínicos y estudios observacionales. 2. Documentación y políticas internas Es imprescindible disponer de: Código ético específico para el entorno sanitario. Manual de prevención de delitos. Política de protección de datos y privacidad. Procedimientos operativos estandarizados (POEs). Normas de interacción con la industria farmacéutica. Protocolo de consentimiento informado y trazabilidad clínica. El servicio de Compliance permite desarrollar esta documentación de forma adaptada y profesional. 3. Formación continua Todo el personal debe recibir formación específica en cumplimiento normativo, ética sanitaria y gestión de riesgos, con especial atención a: Personal médico y de enfermería. Responsables de administración, gestión y compras. Personal de investigación y ensayos clínicos. Directivos y responsables de área. 4. Canal ético y sistema de denuncias La Ley 2/2023, que regula la protección de informantes, obliga a contar con un canal interno seguro y confidencial, especialmente importante en el entorno sanitario, donde pueden surgir: Denuncias por mala praxis. Incumplimientos de normativas sanitarias. Conductas inapropiadas hacia pacientes o compañeros. Irregularidades en la gestión de fondos o contratos. Este canal debe gestionarse con independencia y garantizar la protección del denunciante. 5. Supervisión, auditoría y mejora continua El sistema debe incorporar: Auditorías internas regulares. Indicadores de cumplimiento por área. Revisión periódica de los procedimientos. Actualización ante cambios legales o estructurales. Estas medidas permiten mantener un entorno de cumplimiento activo y actualizado. Normativas clave que rigen el compliance sanitario El marco normativo que afecta al sector salud es especialmente amplio. Un programa eficaz debe contemplar: Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018 sobre protección de datos. Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias. Ley 41/2002 de autonomía del paciente. Real Decreto 1090/2015 sobre ensayos clínicos. Ley General de Sanidad y normativas autonómicas. Código Penal (responsabilidad penal de personas jurídicas). Normativa sobre prevención de riesgos laborales. Códigos deontológicos profesionales y códigos FARMAINDUSTRIA. Gestionar esta complejidad normativa exige una visión transversal y experiencia legal especializada. Consecuencias de no contar con un sistema de compliance Omitir un sistema de cumplimiento adecuado puede derivar en consecuencias graves: Multas por incumplimiento del RGPD o infracciones sanitarias. Investigaciones judiciales por negligencia o fraude. Suspensión de licencias sanitarias o inhabilitación profesional. Crisis reputacionales y pérdida de confianza de pacientes. Exclusión de proyectos de investigación o ensayos clínicos. En todos los casos, contar con un programa de compliance permite acreditar diligencia debida y mitigar la responsabilidad de la organización y sus directivos. Ventajas de implantar un sistema de compliance en salud Más allá de evitar sanciones, los beneficios estratégicos son claros: Protección jurídica ante incidentes o reclamaciones. Reforzamiento de la calidad asistencial y la seguridad del paciente. Mayor transparencia y confianza institucional. Acceso a financiación, convenios y proyectos de I+D con mayores garantías. Alineación con estándares internacionales y exigencias de acreditación. Implementar un sistema como el de Compliance permite a las organizaciones sanitarias disponer de una herramienta práctica, escalable y completamente adaptada a sus procesos y exigencias normativas. ¿Trabajas en una organización sanitaria y quieres asegurar el cumplimiento normativo? La salud y la legalidad deben ir de la mano. En un entorno tan regulado y sensible como el sanitario, contar con un sistema estructurado de cumplimiento es una necesidad

Las empresas de desarrollo y comercialización de software operan en un entorno hiperregulado y cambiante, especialmente en lo que se refiere a la protección de datos personales. Cualquier aplicación, plataforma o servicio digital que gestione información de usuarios debe cumplir rigurosamente con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 y otras disposiciones nacionales e internacionales. El incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones millonarias, pérdida de licencias, bloqueo de servicios o deterioro de la confianza de clientes y usuarios. Por eso, contar con un sistema de compliance en empresas de software: asegurando el cumplimiento de normativas de protección de datos no es solo una medida preventiva, sino una ventaja competitiva en un mercado cada vez más exigente. A lo largo de este artículo verás cómo estructurar un programa de cumplimiento eficaz, cómo evitar errores comunes en el desarrollo de software, y por qué servicios como Compliance son clave para garantizar la seguridad jurídica de tu negocio digital. ¿Por qué es imprescindible el compliance en el sector del software? En las empresas de software, los datos son el núcleo del producto o servicio. Ya se trate de una app móvil, una plataforma SaaS o un sistema de gestión, el acceso, tratamiento y almacenamiento de información personal es continuo. Esto hace que los riesgos legales y operativos sean especialmente altos, y que las exigencias de cumplimiento normativo sean más estrictas que en otros sectores. Las empresas tecnológicas deben demostrar que cumplen con: El principio de privacidad desde el diseño y por defecto. La obligación de informar y recabar consentimiento de los usuarios. La seguridad adecuada para proteger los datos personales. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento. Los requisitos de licitud en transferencias internacionales de datos. Estas obligaciones legales deben estar perfectamente integradas en el diseño, desarrollo y comercialización del software. Y es precisamente ahí donde el Compliance actúa como una herramienta estructural para asegurar el cumplimiento continuo. Riesgos legales más frecuentes en empresas de software A menudo, las empresas tecnológicas cometen infracciones sin ser plenamente conscientes de ello. Algunos de los errores más comunes son: Recoger más datos personales de los necesarios sin justificación legal. No documentar los tratamientos de datos ni tener un registro actualizado. Falta de políticas claras de privacidad y condiciones de uso. Integración de cookies o rastreadores sin consentimiento válido. No cifrar datos sensibles en tránsito o en reposo. Desarrollar funcionalidades que no cumplen con el principio de minimización. Realizar transferencias internacionales de datos sin garantías adecuadas. Estos fallos pueden suponer multas de hasta 20 millones de euros o el 4 % de la facturación anual global, según el RGPD. Además, pueden provocar bloqueos de servicios por parte de marketplaces o socios estratégicos, e incluso demandas colectivas por parte de los usuarios. Elementos clave de un sistema de compliance en software Un programa de cumplimiento adaptado a empresas tecnológicas debe ser ágil, dinámico y alineado con el ciclo de vida del producto. Estos son sus componentes esenciales: 1. Evaluación de riesgos y análisis de tratamientos El primer paso es identificar todos los tratamientos de datos que realiza el software, y evaluar su licitud, necesidad y proporcionalidad. Para ello se utilizan herramientas como: Mapas de tratamiento de datos. Registros de actividades de tratamiento. Evaluaciones de impacto (DPIA) para procesos de alto riesgo. 2. Documentación legal y transparencia Todo software debe incluir políticas accesibles, claras y adaptadas al marco normativo vigente: Política de privacidad adaptada a cada canal o interfaz. Condiciones generales de uso. Gestión de cookies conforme a la normativa aplicable. Consentimiento explícito y verificable del usuario. 3. Privacidad desde el diseño El RGPD exige que los sistemas estén diseñados con la protección de datos incorporada desde el inicio. Esto implica: Definir qué datos son estrictamente necesarios. Limitar accesos internos y permisos técnicos. Aplicar medidas de seguridad desde la fase de desarrollo. Configurar los sistemas por defecto para la mínima exposición posible. 4. Medidas de seguridad técnicas y organizativas El cumplimiento no es solo legal, sino también técnico. Es imprescindible aplicar medidas como: Cifrado de datos sensibles. Autenticación multifactor. Backups seguros y trazabilidad de accesos. Pruebas de seguridad (pentesting, escaneos de vulnerabilidades). Gestión de incidentes y protocolo de brechas de seguridad. El sistema de Compliance incorpora todos estos aspectos, adaptados a la realidad operativa de empresas tecnológicas. 5. Gestión de derechos del usuario El software debe facilitar el ejercicio de derechos por parte del usuario final de forma sencilla, eficaz y documentada. Es fundamental contar con: Formularios automatizados de solicitud. Sistemas para la anonimización o supresión de datos. Procedimientos internos para responder en plazo y con garantías. 6. Canal de denuncias La Ley 2/2023, de protección del informante, exige a las empresas de más de 50 trabajadores un canal interno de denuncias. En el sector tech, este canal es útil para detectar vulneraciones como: Accesos indebidos a bases de datos. Uso fraudulento de información sensible. Mala praxis en desarrollos subcontratados. Debe gestionarse con total confidencialidad y por una figura imparcial. CONSIGUE LA GUÍA ESENCIAL PARA DIRECTIVOS PREVENCIÓN DE RIESGOS LEGALES Y PENALES Descargar gratis Normativa aplicable en empresas de software Un sistema de compliance digital debe tener en cuenta múltiples marcos legales, entre ellos: Reglamento (UE) 2016/679 – RGPD. Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y garantía de derechos digitales. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI-CE). Directiva ePrivacy y regulación sobre cookies. Código Penal (responsabilidad penal de personas jurídicas). Normativa sobre ciberseguridad y brechas de seguridad. Regulación internacional (EE. UU., Reino Unido, América Latina) en caso de expansión. Una gestión experta del cumplimiento normativo permite evitar conflictos legales y bloquear vulnerabilidades jurídicas del software. ¿Cómo integrar el compliance en el desarrollo de software? El error más frecuente es considerar el cumplimiento como una tarea posterior al desarrollo. Para que sea eficaz, debe estar presente desde el inicio: Integrar al delegado de protección de datos (DPO) en el diseño de nuevas funcionalidades. Aplicar principios de privacidad desde el diseño en la