El SEPE presenta su Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, aprobado en septiembre de 2024, como parte de su compromiso con la igualdad y la prevención de la violencia de género. La implementación incluye la formación de 45 asesores/as confidenciales con 100 horas de capacitación específica para garantizar apoyo, confidencialidad y neutralidad en los casos. Este protocolo, basado en el Real Decreto 247/2024, establece medidas preventivas, reactivas y de sensibilización para crear entornos laborales respetuosos y libres de acoso. El SEPE prioriza la gestión rápida y rigurosa de denuncias y promueve una cultura organizacional tolerante, con especial enfoque en la formación y el liderazgo responsable. Compromiso con la prevención del acoso y la igualdad En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) presentó su Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, aprobado el 27 de septiembre de 2024. Este protocolo, desarrollado a partir del Real Decreto 247/2024, tiene como objetivo prevenir, detectar y actuar ante cualquier comportamiento constitutivo de acoso dentro del ámbito laboral. El protocolo formaliza el rechazo absoluto del SEPE hacia estas conductas y establece medidas concretas para garantizar un entorno laboral seguro, respetuoso y libre de violencia de género. Además, se compromete a tramitar cualquier comunicación o denuncia con rigor, celeridad y confidencialidad, respetando principios como la profesionalidad, objetividad e imparcialidad. Medidas clave del protocolo El SEPE ha establecido una serie de compromisos para abordar de forma efectiva las posibles situaciones de acoso: Garantizar un trato digno y respetuoso para todo su personal. Fomentar una cultura organizacional libre de acoso sexual y de discriminación. Tramitar denuncias con celeridad y las debidas garantías. Sensibilizar y formar al personal sobre las consecuencias del acoso y los mecanismos de denuncia. Exigir al personal directivo dar ejemplo y asegurar entornos laborales seguros. Proteger e informar a quienes denuncien situaciones de acoso o discriminación. Formación pionera de asesores/as confidenciales Como parte de la implementación del protocolo, el SEPE ha formado a 45 asesores/as confidenciales, quienes han recibido 100 horas de capacitación específica en aspectos clave como la detección del acoso, atención psicológica a víctimas, habilidades comunicativas y gestión de equipos. Esta figura pionera tiene como misión acompañar a las personas afectadas durante el proceso de activación del protocolo, garantizando neutralidad, confidencialidad, presunción de inocencia e indemnidad. La formación ha sido diseñada por expertos en igualdad de género y violencia en el entorno laboral, consolidando al SEPE como referente en la lucha contra el acoso. Un paso adelante en la lucha contra la violencia de género Con esta iniciativa, el SEPE reafirma su compromiso con la igualdad y la prevención de la violencia de género en el ámbito laboral. Este protocolo no solo cumple con la normativa legal, sino que refuerza la cultura organizacional del SEPE, promoviendo entornos de trabajo seguros y tolerantes para todo su personal.

Castilla y León busca insertar a 11.500 personas con discapacidad en el mercado laboral con un plan dotado de 1.802 millones de euros para 2024-2027. La partida de empleo asciende a 418 millones, aumentando un 80% el presupuesto para itinerarios de inclusión sociolaboral, lo que incrementará los participantes en un 30%. El plan se complementa con iniciativas transversales como el fomento de la economía social y la figura del asistente personal, que posicionan a Castilla y León como referente en cohesión territorial. Empresas de economía social en la región emplean a más de 6.300 personas en centros especiales y el 62,7% están ubicadas en zonas rurales. Apuesta por la economía social e inclusión laboral La Junta de Castilla y León ha aprobado el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad (2024-2027), con un presupuesto de 1.802 millones de euros para promover la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Según Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta, el objetivo es seguir generando oportunidades en la región a través de la economía social y la vinculación con el tejido empresarial. De los fondos asignados, 418 millones estarán destinados al fomento del empleo, representando un aumento del 80% respecto al plan anterior. Esto permitirá que unas 11.500 personas encuentren trabajo, 2.600 más que en la edición pasada. En 2023, de los 4.697 participantes en itinerarios de inclusión, 2.475 lograron un empleo. Economía social como motor de desarrollo El plan se suma al Plan de Economía Social (2023-2025), con una dotación de 113 millones de euros para proteger el empleo de colectivos vulnerables. Castilla y León cuenta con una sólida red de empresas de economía social que representan el 7,3% del total empresarial de la región. Estas incluyen 257 centros especiales de empleo, que dan trabajo a 6.352 personas, y más de 2.200 cooperativas. La importancia de la economía social es particularmente destacable en zonas rurales, donde el 62,7% de las empresas de este sector están ubicadas. Estas organizaciones emplean a un 15% de trabajadores con discapacidad y cuentan con un 12% más de mujeres en puestos directivos, reduciendo la brecha salarial en un 10%. Premios al cooperativismo y la economía social En el marco de la entrega de los XV Premios al Cooperativismo y la Economía Social, se reconocieron proyectos destacados en inclusión y sostenibilidad: Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social Porsiete: galardonada como mejor cooperativa del año por su labor en la gestión circular de residuos y su plantilla compuesta en un 81% por personas con discapacidad. Bodega La Milagrosa Sociedad Cooperativa: premiada por su modernización y diversificación, contribuyendo al desarrollo rural en la Ribera del Duero. Centro Especial de Empleo Ensuma: reconocido por ofrecer empleo a colectivos vulnerables mediante actividades innovadoras como hostelería, agricultura y economía circular. Jesús Mazariegos: homenajeado por su trayectoria en la economía social, logrando emplear a 867 personas con discapacidad en 2023 en el ámbito rural. Hacia un modelo más inclusivo y sostenible Isabel Blanco destacó que los resultados de estas iniciativas son fundamentales para la cohesión territorial y la fijación de población en zonas rurales de Castilla y León. Además, resaltó la importancia de continuar impulsando la economía social como una herramienta clave para generar igualdad de oportunidades y fortalecer el tejido empresarial regional.  

Los planes de igualdad mejoran el clima laboral, retienen talento y fortalecen la imagen corporativa, aunque su implementación requiere afrontar una burocracia «tediosa». La elaboración de estos planes exige una reflexión profunda, consensos y la creación de medidas específicas, pero también enfrenta retos como cambios normativos frecuentes y falta de comunicación efectiva. La administración pública impone la normativa, pero expertos proponen incentivos fiscales en lugar de sanciones para fomentar su aceptación y eficacia. El teletrabajo y la digitalización son herramientas clave para promover la igualdad, aunque pueden reforzar estereotipos si no se gestionan adecuadamente. Los beneficios de implementar un plan de igualdad En un desayuno informativo organizado por la CEV, expertos analizaron los beneficios y desafíos de los planes de igualdad en las empresas de la Comunitat Valenciana. Según Remedios Cerdán, representante de CEV Alicante, estos planes no solo cumplen la normativa vigente, sino que también mejoran el clima laboral, refuerzan la reputación corporativa, aumentan la productividad y ayudan a retener talento. Sin embargo, otros participantes, como Nuria Pastor, indicaron que aún es «temprano» para medir el impacto generalizado de estas herramientas. Por su parte, Irene Picó destacó el valor educativo de los planes, señalando que «despiertan en empleados aspectos que ni siquiera conocían». No obstante, Noelia Pozo subrayó que la burocracia asociada a estos procesos puede resultar compleja y frustrante, especialmente para quienes gestionan los planes sin experiencia previa. Problemas frecuentes y percepción empresarial Entre los principales problemas señalados en el debate están los constantes cambios normativos y la falta de claridad en las directrices. Nuria Pastor afirmó que las empresas a menudo se enfrentan a normativas «impuestas y mal comunicadas», lo que genera rechazo y desinterés. Por su parte, Lola Sánchez, de FEMPA, propuso una nueva perspectiva: considerar el plan de igualdad como una oportunidad de crecimiento y no solo como una obligación legal. Otra dificultad identificada fue la falta de personas adecuadas en las comisiones de negociación de los planes, lo que puede llevar a la firma de compromisos que las empresas no comprenden plenamente. La representante de ESOC lamentó que algunas empresas no sean conscientes de la vinculación legal de los objetivos incluidos en los planes. Incentivos frente a sanciones La mesa de expertos debatió sobre si los incentivos podrían ser más efectivos que las sanciones para fomentar la igualdad. Mientras que la administración pública impone cuotas y normativas obligatorias, algunos participantes defendieron incentivos fiscales, como bonificaciones en la Seguridad Social o el Impuesto sobre Sociedades, como herramientas más atractivas y eficaces. Sin embargo, Remedios Cerdán puntualizó que, aunque las cuotas generan rechazo, han sido necesarias para avanzar en sectores históricamente masculinizados. Teletrabajo y digitalización: herramientas de igualdad El teletrabajo surgió como un tema clave, especialmente como herramienta de conciliación laboral y familiar. Aunque Sánchez valoró positivamente su impacto para algunas mujeres, Pozo señaló que los hombres no suelen asumir la corresponsabilidad en el cuidado familiar, destacando que muchas paternidades coinciden con periodos como mundiales de fútbol. Además, Cerdán advirtió que un mal uso del teletrabajo podría reforzar estereotipos de género y aumentar las desigualdades. En cuanto a la digitalización, se coincidió en que favorece la igualdad al facilitar el acceso, pero también plantea riesgos si los algoritmos utilizados no son diseñados con neutralidad de género. Javier Vázquez destacó la importancia de la formación y educación para evitar que los estereotipos sean perpetuados en los sistemas digitales. Un camino con retos, pero imprescindible El debate concluyó con una reflexión sobre la importancia de los planes de igualdad como herramientas esenciales para combatir la desigualdad estructural en las empresas. Aunque los participantes reconocieron la complejidad del proceso, coincidieron en que la educación, simplificación de procesos y colaboración entre empresas y administración pública son claves para que estas iniciativas tengan éxito.

La ciberseguridad es esencial para garantizar una administración pública eficaz, proteger datos sensibles y evitar filtraciones en la gestión pública. Epicsa, la empresa tecnológica de la Diputación de Cádiz, desempeña un papel clave al implementar el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y gestionar una nube provincial que protege datos y servicios municipales. En España, cada 39 segundos se produce un intento de ciberataque, con un 34% dirigidos a entidades públicas, lo que resalta la urgencia de invertir en ciberseguridad. La Inteligencia Artificial (IA) comienza a aplicarse en procesos administrativos para anticiparse a ataques y agilizar servicios, facilitando la transformación digital en los municipios. El impacto de la ciberseguridad en la gestión pública En el desayuno informativo organizado por Diario de Cádiz, bajo el título “Ciberseguridad, tendencias y estrategias para el futuro en la provincia de Cádiz”, expertos debatieron sobre los retos y avances en ciberseguridad aplicados a la administración pública. La jornada, moderada por Pilar Vera, contó con la participación de Jacinto Muñoz (Diputación de Cádiz), Rafael Expósito (Telefónica España), Antonio Galán y Juan Manuel Camacho (Epicsa). Durante el encuentro, Jacinto Muñoz destacó el papel de Epicsa, creada hace 40 años para dar soporte tecnológico a municipios menores de 20.000 habitantes. En este tiempo, la transformación digital y la expansión de internet han convertido a la ciberseguridad en un pilar fundamental para garantizar una administración pública eficiente y segura. Esquema Nacional de Seguridad y la nube provincial Antonio Galán explicó cómo el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) establece patrones para proteger los sistemas y datos en el sector público. En el caso de la Diputación de Cádiz, los datos de ciudadanos y trámites residen en la nube provincial gestionada por Epicsa, que cuenta con medidas como copias externas y sistemas de recuperación rápida para minimizar el impacto de posibles ataques. Galán subrayó que Epicsa puede restaurar información en 24 horas y recuperar servicios en un máximo de tres días tras un ataque. Además, destacó la colaboración en ciberseguridad entre administraciones, señalando que el Centro de Operaciones de Ciberseguridad comparte información sobre amenazas con organismos de Europa y otros países para prevenir riesgos globales. Datos alarmantes y la necesidad de invertir Rafael Expósito, de Telefónica, reveló que en España se registran 2.444 intentos de ciberataques diarios, un 34% de ellos dirigidos a entidades públicas. Además, el tiempo medio para detectar una brecha de seguridad supera los seis meses. Por ello, insistió en la necesidad de preparar a las administraciones públicas mediante inversiones en tecnología y formación, ya que prevenir un ataque resulta mucho más económico que recuperarse de uno. Inteligencia Artificial y transformación digital La Inteligencia Artificial (IA) emerge como una herramienta clave en la ciberseguridad y la administración pública. Antonio Galán señaló que Epicsa ha comenzado a aplicar IA en proyectos como la Plataforma de Turismo Inteligente, mientras que Rafael Expósito destacó que las empresas y administraciones que no adopten esta tecnología quedarán rezagadas. La IA no solo ayuda a anticiparse a posibles ataques, sino que también mejora la eficiencia en los procesos administrativos, como la automatización de trámites municipales. Este avance, según los expertos, es fundamental para reducir la brecha digital entre grandes ciudades y pequeños municipios, facilitando que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos servicios independientemente de su ubicación. Conclusiones y futuro de la ciberseguridad en Cádiz En sus conclusiones, Juan Manuel Camacho destacó que la estrategia colaborativa de Epicsa, basada en la profesionalidad y cumplimiento normativo, garantiza la eficacia de la administración pública en Cádiz. Por su parte, Jacinto Muñoz reiteró que invertir en ciberseguridad es prioritario para la Diputación, no solo para proteger datos, sino también para luchar contra la despoblación en zonas rurales, garantizando oportunidades igualitarias a todos los ciudadanos. En palabras de Antonio Galán, “la ciberseguridad no busca la protección total, sino minimizar riesgos de manera efectiva y garantizar la usabilidad”. Esta visión subraya la importancia de combinar innovación tecnológica con estrategias de prevención y formación para afrontar los crecientes desafíos digitales.

Las comunidades de propietarios deben cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales y coordinar actividades empresariales cuando contratan servicios externos. Se les considera personas jurídicas y tienen las mismas obligaciones preventivas que cualquier empresa. El incumplimiento de estas normas puede acarrear sanciones administrativas, civiles e incluso penales, tanto para la comunidad como para el administrador. Obligaciones en materia preventiva Las comunidades de propietarios, cuando actúan como centros de trabajo, tienen la obligación de cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales. Esto incluye garantizar la seguridad de los trabajadores propios o de empresas externas que realicen labores en sus instalaciones. Según Esther Astorga, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, esta obligación equipara a las comunidades de propietarios con cualquier otra empresa en lo que respecta a prevención de riesgos. Coordinación de actividades empresariales Además, las comunidades de vecinos deben realizar la Coordinación de Actividades Empresariales cuando concurren trabajadores de diferentes empresas en sus dependencias. Esto implica la obligación de verificar que las empresas contratadas cumplan con sus deberes en materia de prevención de riesgos laborales, así como facilitar la información necesaria para prevenir posibles accidentes o riesgos. Implicaciones legales Las comunidades de propietarios son consideradas personas jurídicas, lo que significa que el incumplimiento de la normativa en esta materia puede acarrear graves consecuencias legales. Las sanciones pueden ser administrativas, civiles e incluso penales, afectando no solo a la comunidad, sino también al administrador de fincas responsable de su gestión.  

La AEPD ha aprobado un código de conducta para resolver disputas sobre protección de datos en el sector de las comunicaciones electrónicas, promovido por Orange, Telefónica, Vodafone y MásMóvil. Este sistema de mediación gratuito busca resolver reclamaciones en un máximo de 30 días, evitando procedimientos administrativos o judiciales. Entrará en vigor el 17 de diciembre de 2024 y abordará casos como tratamiento ilegítimo de datos, falta de atención a derechos, inserciones indebidas en ficheros crediticios y fraudes en contrataciones. El Jurado de la Publicidad de AUTOCONTROL será el organismo encargado de supervisar el código y gestionar las reclamaciones con plena independencia. Aprobación del código de conducta La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha dado luz verde al ‘Código de conducta para la regulación de controversias de protección de datos en el sector de las comunicaciones electrónicas’, impulsado por las principales operadoras de telefonía: Orange, Telefónica, Vodafone y MásMóvil. Este código regula un sistema de mediación que permite resolver conflictos entre los ciudadanos y las entidades adheridas, evitando que las reclamaciones tengan que derivarse a procedimientos administrativos o judiciales. Un procedimiento ágil y gratuito El código de conducta, cuya adhesión es voluntaria pero vinculante para las empresas que decidan incorporarse, garantiza un procedimiento gratuito para los ciudadanos. Con este sistema, se pretende proporcionar respuestas más rápidas a problemas como tratamientos de datos sin legitimación, derechos no atendidos, inclusión indebida en ficheros de morosos o contrataciones fraudulentas. La duración máxima para resolver una controversia será de 30 días. Entrada en vigor y supervisión independiente Este nuevo marco entrará en vigor el próximo 17 de diciembre de 2024. Según lo establece el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), todo código de conducta debe contar con un organismo de supervisión independiente y acreditado por la autoridad de control. En este caso, la AEPD ha designado al Jurado de la Publicidad de AUTOCONTROL como el encargado de supervisar y gestionar las reclamaciones presentadas en virtud del código. Mediación directa desde la Agencia Cuando las reclamaciones relacionadas con comunicaciones electrónicas sean presentadas directamente ante la AEPD, esta podrá derivarlas al sistema de mediación regulado por el código de conducta. En estas situaciones, el proceso tendrá un plazo máximo de 27 días, y la resolución adoptada será informada a la Agencia. Avances en autorregulación Este código representa un paso adelante en la autorregulación del sector de las comunicaciones electrónicas, promoviendo un equilibrio entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la eficiencia en la gestión de reclamaciones. Además, la supervisión independiente de AUTOCONTROL asegura la transparencia y confianza en el proceso.

La videovigilancia inteligente plantea el reto de equilibrar la seguridad ciudadana y la protección de la intimidad, regulada por la ley de protección de datos. Expertos destacan la necesidad de aplicar tecnologías como la inteligencia artificial con un enfoque respetuoso de los derechos constitucionales. Los nuevos sistemas, como e-pol y cámaras inteligentes, buscan optimizar la seguridad en municipios, con avances en análisis de datos y colaboración interinstitucional. La ciberdelincuencia, desde phishing hasta ciberviolencia de género, requiere formación especializada y herramientas avanzadas para su combate.   Reflexiones iniciales sobre videovigilancia y ciberseguridad En la XI Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías, organizada por INPRO en Sevilla, se destacó la importancia de la videovigilancia como herramienta efectiva para proteger bienes, derechos y libertades. Antonio Jesús Muñoz, vicepresidente de INPRO, resaltó que el uso correcto de estas tecnologías, junto con la ciberseguridad, es esencial para prevenir ciberdelitos. Por su parte, Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, subrayó el equilibrio necesario entre seguridad e intimidad, enfatizando la regulación por la Ley de Protección de Datos. Análisis de ciberdelitos y medidas preventivas Marcos Luengo, jefe del grupo de fraude informático de la Policía Nacional en Sevilla, presentó un panorama de los principales ciberdelitos, como phishing, fraudes bancarios y estafas en línea. Entre las recomendaciones ofrecidas, destacan evitar compartir datos sensibles, utilizar métodos de pago seguros, desconfiar de ofertas demasiado atractivas y no proporcionar información personal sin verificar la fuente. Regulación y aplicación de sistemas de videovigilancia José Luis López Muriel, de la Subdelegación del Gobierno, explicó los procedimientos para la autorización de sistemas de videovigilancia en espacios públicos. Destacó la necesidad de integrar las normativas de videovigilancia con la protección de datos para garantizar el respeto mutuo entre ambos derechos. Por otro lado, Miguel Ángel Hidalgo, jefe de la policía local de Castilleja de la Cuesta, y Rafael Piña, analista de INPRO, abordaron el despliegue de cámaras inteligentes en municipios del Aljarafe sevillano. El proyecto, financiado con fondos FEDER DUSI, ha permitido instalar 98 cámaras en 31 ubicaciones de localidades como Bormujos y Gines, combinando análisis de datos en tiempo real, reconocimiento facial y control térmico. Innovación tecnológica en la gestión policial Luis Carlos Rodríguez, fiscal delegado de seguridad vial, y Juan Manuel Illacucci, responsable del programa e-pol, destacaron avances en la digitalización de procesos policiales. El programa e-pol unifica denuncias, atestados y formación del personal, además de facilitar la colaboración entre administraciones. Este sistema, desarrollado por INPRO, ya se utiliza en provincias como Granada, Huelva y Cádiz, ampliándose su aplicación a otros territorios. Ciberdelincuencia y la colaboración interinstitucional José Luis Gómez, jefe del equipo @ de la Guardia Civil, cerró las jornadas subrayando la necesidad de fortalecer la cooperación entre policía local y Guardia Civil para combatir ciberdelitos. Propuso formación en OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas), estandarización de formatos de denuncia y capacitación en técnicas avanzadas para investigar delitos como ciberviolencia de género y estafas online.

La reforma del artículo 71.1 d) de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) ahora exige que los planes de igualdad estén inscritos en el registro laboral correspondiente. Antes de la modificación, la inscripción no era obligatoria y generaba criterios diversos entre tribunales administrativos. Desde el 22 de agosto de 2024, los licitadores sin un plan de igualdad inscrito no podrán contratar con el sector público. Persisten dudas sobre la legalidad de decisiones anteriores respecto a la inscripción no exigida expresamente.   La reforma del artículo 71.1 d) de la LCSP El artículo 71.1 d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), ha sido modificado mediante la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, para aclarar que los licitadores deben inscribir su plan de igualdad en el registro laboral correspondiente. Esta reforma, que entró en vigor el 22 de agosto de 2024, busca resolver la controversia sobre si la inscripción era o no un requisito obligatorio. El contexto previo a la reforma Antes de la modificación, la norma únicamente exigía la existencia de un plan de igualdad conforme al artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, pero no mencionaba la necesidad de registrarlo. Esto llevó a interpretaciones contradictorias entre los tribunales administrativos. Mientras que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) consideraba que la inscripción solo tenía fines publicitarios, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía (TARCJA) sostenía que era un requisito esencial para contratar. Por ejemplo, el TACRC, en su resolución 38/2024, determinó que lo importante era demostrar la existencia de un plan negociado y aplicado, mientras que el TARCJA, en diversas resoluciones como la 106/2024, excluyó licitadores por no inscribir sus planes en el Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON). La resolución del debate La reforma del artículo 71.1 d) de la LCSP establece que los planes de igualdad deben estar registrados para evitar la prohibición de contratar. Esto implica que las empresas que no cumplan con este requisito quedarán automáticamente excluidas de los procesos de contratación pública. Criterios aplicados tras la reforma El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), en un acuerdo del 6 de septiembre de 2024, se pronunció sobre la aplicación de esta norma. Según el TACPA, la exigencia de inscripción no se aplicaba a procedimientos iniciados antes del 22 de agosto de 2024, debido a la ausencia de un régimen transitorio. Sin embargo, indicó que para casos anteriores a la reforma, lo relevante era contar con un plan efectivo, aunque no estuviera inscrito. Implicaciones futuras A pesar de la claridad que aporta la modificación, persisten dudas sobre si decisiones anteriores, que interpretaban la inscripción como obligatoria, eran ajustadas a derecho. No se descarta que otros tribunales sigan considerando la inscripción como un requisito indispensable incluso antes de la reforma.