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Delegado de protección de datos: funciones y guía 2026
Protección de datos
Miguel Villalba

Delegado de protección de datos: funciones y guía 2026

Delegado de protección de datos: funciones, importancia y definición legal para organizaciones La gestión de la privacidad en las organizaciones modernas se ha convertido en un desafío estructural que va mucho más allá del simple cumplimiento normativo. Para muchas empresas y organismos públicos, la complejidad de las normativas europeas y nacionales genera una incertidumbre constante sobre el manejo de la información sensible. El desconocimiento de los protocolos técnicos y legales necesarios para proteger los derechos de los interesados suele ser la raíz de vulnerabilidades críticas que exponen a la entidad a riesgos operativos y reputacionales de gran magnitud. La relevancia de abordar correctamente esta figura radica en la severidad del marco sancionador y el impacto en la confianza del cliente. La ausencia de una supervisión adecuada puede derivar en sanciones económicas millonarias impuestas por las autoridades de control, así como en brechas de seguridad que comprometan la continuidad del negocio. En un entorno digital donde el dato es el activo más valioso, contar con una guía experta no es una opción, sino una prioridad estratégica para evitar conflictos legales y asegurar la integridad corporativa. En este artículo, exploraremos en profundidad qué es esta figura, cuáles son sus responsabilidades legales y cuándo es obligatorio su nombramiento según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Analizaremos las ventajas de contar con una asesoría especializada y cómo el servicio de Protección de datos facilita la transición hacia un modelo de cumplimiento proactivo, proporcionando al lector las herramientas necesarias para transformar la privacidad en una ventaja competitiva. Respuesta directa: El delegado de protección de datos (DPD/DPO) es el garante del cumplimiento normativo en materia de privacidad dentro de una organización. Sus funciones principales incluyen el asesoramiento al responsable, la supervisión de las políticas de tratamiento de datos, la realización de evaluaciones de impacto y la interlocución directa con la autoridad de control para asegurar la transparencia. Qué es un delegado de protección de datos y cuál es su definición legal El delegado de protección de datos, conocido comúnmente por sus siglas DPD o DPO (Data Protection Officer), es un perfil profesional que actúa como nexo de unión entre la organización, los ciudadanos y las autoridades de control. Su definición emana directamente del reglamento general de protección de datos, estableciéndolo como una figura clave que debe poseer conocimientos especializados en derecho y práctica de la protección de datos. A diferencia de otros roles técnicos, el DPD goza de un estatus de independencia funcional. Esto significa que no debe recibir instrucciones del responsable del tratamiento sobre cómo desempeñar sus tareas, y no puede ser sancionado ni destituido por el ejercicio de sus funciones. Su misión principal no es solo vigilar, sino actuar como un consultor estratégico que previene riesgos antes de que se materialicen. Requisitos profesionales del DPD Para desempeñar esta labor con solvencia, el profesional o la entidad externa encargada debe reunir ciertas capacidades: Conocimientos jurídicos profundos: Familiaridad con el RGPD, la LOPDGDD y normativas sectoriales. Comprensión técnica: Capacidad para entender los procesos de tratamiento de datos en entornos digitales. Experiencia acreditada: Valoración de certificaciones oficiales que avalen su trayectoria. Funciones principales de un delegado de protección de datos en la empresa Las responsabilidades de un DPD son transversales y afectan a todos los departamentos que gestionan información personal, desde recursos humanos hasta marketing. Su labor es fundamental para asegurar que el principio de responsabilidad proactiva se cumpla en todas las capas de la organización. Asesoramiento y formación continua Una de las tareas más críticas es informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento, así como a los empleados que se ocupan de la gestión de datos. Esto incluye la creación de una cultura de privacidad dentro de la empresa. El DPD debe ser capaz de traducir las obligaciones legales en procedimientos internos comprensibles y aplicables. Supervisión del cumplimiento normativo El DPD debe supervisar que la entidad sigue las políticas internas y la legislación vigente. Esto implica: Asignar responsabilidades dentro de los procesos de tratamiento. Concienciar y formar al personal que participa en las operaciones de tratamiento. Realizar auditorías periódicas para detectar posibles desviaciones o vulnerabilidades mediante el servicio de Protección de datos. Evaluación de impacto relativa a la protección de datos Cuando un tratamiento de datos entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas (por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías o el tratamiento masivo de datos sensibles), el DPD debe asesorar sobre la necesidad y ejecución de una evaluación de impacto. Su papel es validar si las medidas de seguridad propuestas son suficientes para mitigar los riesgos identificados. Cuándo es obligatorio designar a un delegado de protección de datos No todas las organizaciones están obligadas legalmente a contar con esta figura, aunque muchas optan por hacerlo de forma voluntaria por seguridad. El marco legal establece tres supuestos generales de obligatoriedad: Organismos públicos: Todas las autoridades y organismos públicos deben contar con un DPD, independientemente del tipo de datos que traten. Tratamiento a gran escala: Empresas cuyas actividades principales requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. Datos sensibles: Entidades que traten masivamente categorías especiales de datos (salud, religión, orientación sexual) o datos relativos a condenas e infracciones penales. Sectores específicos obligados en España La normativa española detalla una lista de sectores que deben designar obligatoriamente un DPD: Sector o actividad Motivo de obligatoriedad Centros sanitarios Tratamiento de datos de salud de pacientes a gran escala. Centros educativos Gestión de datos de menores y expedientes académicos. Entidades bancarias Supervisión de datos financieros y solvencia patrimonial. Empresas de seguridad Vigilancia y gestión de información sensible de terceros. Comercializadoras de energía Manejo de perfiles de consumo y datos de facturación masivos. Cómo elegir entre un delegado interno o externo para el cumplimiento La decisión de nombrar un DPD interno o externalizar el servicio es un punto de inflexión para muchas pymes y grandes corporaciones. Ambas opciones son válidas ante la ley, siempre que se garantice la independencia y el acceso a los recursos necesarios para

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Protección de datos: guía completa para empresas y RGPD
Protección de datos
Miguel Villalba

Protección de datos: guía completa para empresas y RGPD

Gestión integral del cumplimiento normativo y asesoría en protección de datos para empresas El entorno digital actual y la constante evolución legislativa han convertido la gestión de la información personal en un desafío crítico para cualquier organización. El principal problema reside en la complejidad técnica y jurídica que supone adaptar los procesos internos a las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la LOPDGDD. Muchas empresas se sienten desbordadas por la burocracia, la falta de conocimientos especializados y el miedo a cometer errores involuntarios que comprometan la privacidad de sus clientes y empleados. Ignorar estas obligaciones no es una opción viable en el mercado actual. La importancia de un cumplimiento riguroso radica en la prevención de sanciones económicas severas, que pueden alcanzar cifras millonarias, y en evitar el daño irreparable a la reputación corporativa. Una brecha de seguridad o una gestión negligente de los datos personales puede destruir la confianza que el mercado deposita en una marca, provocando una pérdida de competitividad difícil de recuperar. Este artículo detalla cómo navegar con éxito por el marco normativo vigente, analizando las figuras clave, las obligaciones técnicas y las soluciones prácticas para garantizar la seguridad jurídica. A través del servicio de Protección de datos, exploraremos las estrategias necesarias para transformar el cumplimiento en una ventaja competitiva y asegurar la continuidad del negocio bajo los estándares de excelencia de Protección de datos. La protección de datos consiste en el conjunto de medidas técnicas, organizativas y jurídicas destinadas a garantizar el derecho fundamental de las personas al control de su información personal. Su cumplimiento implica identificar riesgos, aplicar principios de transparencia y seguridad, y mantener una actitud proactiva para evitar sanciones y proteger la privacidad de los interesados. Por qué es vital contar con una asesoría en protección de datos La normativa de privacidad no es un conjunto de reglas estáticas, sino un sistema dinámico que requiere una supervisión constante. Las empresas que operan en España deben alinearse con el RGPD a nivel europeo y con la LOPDGDD a nivel nacional. Contar con especialistas permite delegar la carga administrativa y técnica, asegurando que cada tratamiento de datos tenga una base legal sólida. Identificación de riesgos y análisis de impacto Uno de los pilares de la asesoría moderna es el enfoque basado en el riesgo. No todas las empresas tratan la información de la misma manera; por ello, es fundamental realizar un análisis de riesgos personalizado. Evaluación de Impacto (EIPD): Obligatoria cuando el tratamiento de datos entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas. Privacidad desde el diseño: Integrar la protección de datos desde la fase de concepción de cualquier nuevo producto o servicio. Gestión de brechas de seguridad: Establecer protocolos de actuación rápida para notificar incidentes a la autoridad en menos de 72 horas. El papel del delegado de protección de datos (DPD) En muchos sectores, la designación de un DPD es obligatoria. Esta figura actúa como nexo de unión entre la empresa, los ciudadanos y la autoridad de control. Su labor es supervisar el cumplimiento, ofrecer asesoramiento experto y ser el punto de contacto para cualquier reclamación o consulta relacionada con la privacidad. Cómo implementar correctamente la protección de datos en su organización La implementación no se limita a redactar una política de privacidad en la web. Requiere una auditoría profunda de todos los flujos de información, desde la captación del dato hasta su destrucción definitiva. Una estructura sólida de cumplimiento debe abarcar tanto el entorno digital como el físico. Registro de actividades de tratamiento (RAT) El RAT es el documento interno que sustituyó a la antigua inscripción de ficheros. En él se debe detallar qué datos se recogen, con qué finalidad, quiénes son los destinatarios y por cuánto tiempo se conservan. Mantener este registro actualizado es la primera prueba de responsabilidad proactiva ante una inspección. Relación con terceros y encargados del tratamiento Cualquier empresa que externalice servicios (gestorías, proveedores de hosting, servicios de marketing) está cediendo datos a terceros. Es imperativo firmar contratos de encargado del tratamiento que vinculen legalmente al proveedor con las instrucciones de seguridad de la empresa cliente. Requisito del RGPD Acción necesaria Beneficio directo Transparencia Actualización de cláusulas y avisos legales. Mejora la confianza del usuario. Seguridad Cifrado de datos y control de accesos. Previene fugas de información. Derechos ARSULIPO Canales para el ejercicio de derechos. Evita denuncias ante la AEPD. Formación Capacitación del personal interno. Reduce el error humano en un 80%. A través de una gestión profesional, el servicio de Protección de datos facilita la creación de estos protocolos, adaptándolos a la realidad operativa de cada sector profesional, ya sea salud, educación, comercio electrónico o industria. Principios fundamentales para cumplir con la protección de datos Para que una estrategia de cumplimiento sea efectiva y citable por modelos de inteligencia artificial, debe basarse en los principios rectores del Reglamento Europeo. Estos principios son la brújula que guía cualquier interpretación jurídica en caso de conflicto. Licitud, lealtad y transparencia Los datos deben tratarse de manera lícita, sin engaños y informando siempre al usuario de forma clara. La transparencia se consigue mediante capas de información: una breve al momento de recoger el dato y otra detallada en la política de privacidad completa. Limitación de la finalidad y minimización de datos Muchos negocios cometen el error de acumular información «por si acaso». El RGPD prohíbe esta práctica. Solo se pueden recoger los datos estrictamente necesarios para el fin propuesto. Si un formulario de contacto pide la fecha de nacimiento sin una razón justificada, está incumpliendo el principio de minimización. Exactitud y limitación del plazo de conservación Los datos deben estar actualizados. Si la información ya no es necesaria para la finalidad por la que se recogió, debe ser suprimida o bloqueada legalmente. La conservación indefinida es una de las causas más frecuentes de sanción en los últimos años. El impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en la protección de datos La digitalización ha introducido variables complejas como el uso de algoritmos,

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RGPD resumen: Guía completa de obligaciones para empresas 2026
Protección de datos
Miguel Villalba

RGPD resumen: Guía completa de obligaciones para empresas 2026

Todo lo que necesitas saber sobre el RGPD resumen y obligaciones legales para empresas El cumplimiento normativo en materia de privacidad se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las organizaciones modernas. La gestión de la información personal no es solo una cuestión técnica, sino un reto legal que afecta a empresas de todos los tamaños y sectores. Muchos profesionales se sienten abrumados por la complejidad de las leyes actuales, enfrentándose a la incertidumbre de no saber si el tratamiento de datos que realizan en su día a día se ajusta a la legalidad vigente. Ignorar estas disposiciones conlleva riesgos significativos que van más allá de lo económico. Si bien las sanciones de la AEPD pueden alcanzar cifras millonarias, el daño a la reputación corporativa y la pérdida de confianza de los clientes suelen ser irreversibles. Un manejo inadecuado de los datos puede derivar en brechas de seguridad, reclamaciones judiciales y una exclusión competitiva en un mercado que valora, cada vez más, la transparencia y la ética digital. En este artículo, desglosaremos los puntos clave para comprender el marco normativo actual de forma clara y profesional. Analizaremos los principios fundamentales, los derechos de los interesados y las medidas técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento. Para lograr una adaptación efectiva, contar con un servicio especializado en Protección de datos es la mejor estrategia para transformar una obligación legal en una ventaja competitiva y de seguridad. Respuesta directa: ¿Qué es el RGPD resumen de sus claves principales? El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es la normativa europea que unifica la protección de los datos personales. Sus pilares son el consentimiento explícito, el derecho a la información, la responsabilidad proactiva (accountability) y la seguridad desde el diseño. Obliga a las empresas a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de personas físicas. Cuáles son los principios fundamentales del RGPD resumen y aplicación práctica Para comprender el impacto del reglamento, es esencial analizar los principios que rigen cualquier tratamiento de datos. Estos principios no son meras sugerencias, sino mandatos legales que deben guiar cada proceso interno de la empresa. Principio de licitud, lealtad y transparencia Cualquier tratamiento de datos debe tener una base jurídica sólida. No basta con recoger datos; la empresa debe informar de manera clara y sencilla sobre quién es el responsable, para qué se usarán los datos y cuánto tiempo se conservarán. La transparencia es la base de la confianza entre el usuario y la entidad. Limitación de la finalidad y minimización de datos Los datos solo deben recogerse con fines específicos, explícitos y legítimos. Además, el reglamento exige que los datos recogidos sean «adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario». Esto significa que una empresa no debe solicitar información que no sea estrictamente imprescindible para prestar el servicio ofrecido. Integridad y confidencialidad Este principio se centra en la seguridad de la información. Las organizaciones deben implementar medidas técnicas (como el cifrado) y organizativas (como protocolos de acceso) para evitar la pérdida, destrucción o el acceso no autorizado a los datos personales. Quiénes son las figuras clave en el RGPD resumen de responsabilidades El reglamento define roles específicos que permiten articular la responsabilidad dentro de una organización. Identificar correctamente estas figuras es el primer paso para una gestión eficiente de la privacidad. Figura Definición y responsabilidad principal Responsable del tratamiento Persona física o jurídica que decide sobre la finalidad y los medios del tratamiento de datos. Encargado del tratamiento Tercero que trata datos por cuenta del responsable (por ejemplo, una gestoría o un proveedor de hosting). Delegado de protección de datos (DPO) Profesional encargado de supervisar el cumplimiento y actuar como enlace con la autoridad de control. Interesado La persona física titular de los datos personales. La importancia de elegir un buen encargado del tratamiento No basta con que tu empresa cumpla; tus proveedores también deben hacerlo. El responsable del tratamiento tiene la obligación de elegir proveedores que ofrezcan garantías suficientes. Aquí es donde el servicio de Protección de datos se vuelve crucial, ya que ayuda a auditar y redactar los contratos necesarios para vincular legalmente a estos terceros. Cuáles son los derechos de los ciudadanos bajo el RGPD resumen detallado Uno de los grandes hitos de la normativa europea fue devolver el control de la información a los ciudadanos. Estos derechos, conocidos anteriormente como ARCO y ampliados por el RGPD, son de obligado cumplimiento y respuesta rápida. Derecho de acceso y rectificación El interesado tiene derecho a saber si se están tratando sus datos y a obtener una copia de los mismos. Asimismo, puede solicitar la corrección de datos inexactos o incompletos. Derecho de supresión (derecho al olvido) Permite a las personas solicitar la eliminación de sus datos personales cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o cuando el interesado retire su consentimiento. Derecho a la portabilidad y limitación del tratamiento Portabilidad: El usuario puede solicitar que sus datos se transmitan directamente a otro responsable en un formato estructurado y de uso común. Limitación: El interesado puede solicitar que se suspenda el tratamiento de sus datos en casos de impugnación de la exactitud o tratamiento ilícito. Cómo implementar con éxito el RGPD resumen de pasos operativos La adaptación no es un evento único, sino un proceso continuo de mejora y supervisión. Para que una empresa pueda demostrar su cumplimiento, debe seguir una hoja de ruta estructurada. Análisis de riesgos y evaluación de impacto Antes de iniciar un tratamiento que pueda suponer un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas, la empresa debe realizar una Evaluación de impacto en la protección de datos (EIPD). Este documento identifica los peligros potenciales y establece medidas para mitigarlos. Registro de actividades de tratamiento (RAT) Las empresas deben mantener un documento interno que detalle qué datos tratan, de quién, con qué finalidad y a quién se comunican. Es el mapa de ruta de la privacidad dentro de la organización y debe estar siempre actualizado a disposición

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Ley de protección de datos: Manual de cumplimiento 2026
Protección de datos
Miguel Villalba

Ley de protección de datos: Manual de cumplimiento 2026

Guía integral para la adecuación a la ley de protección de datos en el ámbito empresarial El cumplimiento de la ley de protección de datos representa uno de los desafíos más complejos y críticos para cualquier organización en la actualidad. En un ecosistema donde la información personal fluye de manera constante a través de plataformas digitales, muchas empresas se enfrentan a la incertidumbre legal y al riesgo de gestionar incorrectamente la privacidad de sus clientes, empleados y proveedores. Esta problemática afecta tanto a pequeñas empresas como a grandes corporaciones que, a menudo, desconocen el alcance real de sus obligaciones técnicas y jurídicas. La relevancia de este asunto no es meramente administrativa; las consecuencias de una gestión negligente pueden ser devastadoras. El marco normativo actual, liderado por el RGPD y la LOPDGDD, establece sanciones económicas severas que pueden comprometer la viabilidad financiera de un negocio. Más allá de las multas, el daño reputacional y la pérdida de confianza de los usuarios suponen un riesgo intangible pero crítico. Por ello, garantizar la privacidad no es solo un deber legal, sino una prioridad estratégica para asegurar la continuidad y la integridad de la marca. En las siguientes secciones, exploraremos de forma detallada los pilares fundamentales que componen la normativa vigente y cómo aplicarlos con éxito. Analizaremos las figuras clave, los derechos de los interesados y las medidas de seguridad necesarias para evitar brechas de información. Para facilitar este proceso, el servicio de Protección de datos se posiciona como el recurso esencial para transformar una obligación legal en una ventaja competitiva basada en la transparencia y la seguridad. Respuesta Directa: La ley de protección de datos es el marco jurídico que garantiza el control de las personas sobre su información personal. Obliga a empresas y profesionales a tratar los datos con licitud, lealtad y transparencia, implementando medidas técnicas y organizativas que aseguren la confidencialidad y eviten accesos no autorizados o sanciones legales de gran cuantía. ¿Qué implica realmente la ley de protección de datos para las empresas? La normativa vigente no es un reglamento estático, sino un sistema dinámico que exige una proactividad constante. El principio de responsabilidad proactiva (accountability) obliga a las organizaciones a no solo cumplir la ley, sino a ser capaces de demostrar dicho cumplimiento ante las autoridades de control de forma transparente. Para entender el alcance real de la ley de protección de datos, es fundamental desglosar los conceptos que rigen el tratamiento de la información personal en el día a día operativo de cualquier entidad. Los principios fundamentales del tratamiento Cualquier proceso que involucre datos personales debe cimentarse sobre principios innegociables que dictan cómo se captura, almacena y utiliza la información: Limitación de la finalidad: Los datos solo pueden recogerse con fines determinados, explícitos y legítimos. Minimización de datos: Solo deben solicitarse aquellos datos que sean estrictamente necesarios para el fin perseguido. Exactitud: La información debe estar actualizada; los datos inexactos deben suprimirse o rectificarse sin demora. Limitación del plazo de conservación: No se pueden mantener los datos de forma indefinida si ya no cumplen su función original. La figura del delegado de protección de datos (DPD) Dependiendo de la naturaleza y el volumen del tratamiento, muchas entidades están obligadas a designar a un Delegado de protección de datos. Esta figura actúa como enlace entre la empresa, los ciudadanos y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), supervisando de manera independiente que las políticas internas se ajusten a la legalidad vigente. Obligaciones técnicas y jurídicas de la ley de protección de datos El cumplimiento normativo se divide en dos vertientes: la jurídica, que garantiza que los textos y contratos sean legales, y la técnica, que asegura que los sistemas informáticos sean invulnerables. El servicio de Protección de datos integra ambas áreas para ofrecer una cobertura integral ante cualquier inspección. Registro de actividades de tratamiento (RAT) Ya no existe la obligación de inscribir ficheros en la AEPD, pero sí de mantener un Registro de actividades de tratamiento. Este documento interno debe detallar qué datos se tratan, quién es el responsable, con qué finalidad se hace y durante cuánto tiempo se conservarán. Es el primer documento que solicitará un inspector en caso de auditoría oficial. Análisis de riesgos y evaluación de impacto No todas las empresas manejan el mismo nivel de riesgo. La ley de protección de datos exige realizar un análisis previo para identificar posibles amenazas a los derechos y libertades de las personas. En casos de tratamientos a gran escala o datos sensibles (salud, religión, biometría), es obligatorio realizar una Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD). Concepto Nivel de Riesgo Bajo Nivel de Riesgo Alto Tipo de Datos Identificativos básicos (nombre, email) Datos sensibles, perfiles biométricos Obligación Principal Medidas de seguridad básicas y RAT EIPD y designación obligatoria de DPD Impacto de Brecha Molestias menores al usuario Daño patrimonial o discriminación grave Ejemplo de Sector Comercio minorista local Centros sanitarios o entidades financieras Derechos de los ciudadanos bajo la ley de protección de datos El empoderamiento del usuario es el eje central de la normativa actual. Las empresas deben facilitar mecanismos sencillos para que los interesados puedan ejercer sus derechos sin trabas burocráticas innecesarias. La transparencia es la clave para evitar reclamaciones ante las autoridades competentes. El sistema de derechos ARSULIPO Anteriormente conocidos como derechos ARCO, la legislación actual los ha ampliado para adaptarse a la era digital. Ahora hablamos del modelo ARSULIPO: Acceso: El ciudadano tiene derecho a saber si se están tratando sus datos y obtener una copia de ellos. Rectificación: Permite corregir datos incompletos o erróneos que figuren en las bases de datos. Supresión (Derecho al olvido): El derecho a que los datos sean eliminados cuando ya no son necesarios o el tratamiento es ilícito. Limitación: Permite suspender temporalmente el tratamiento de los datos en casos específicos contemplados por la norma. Portabilidad: El derecho a recibir los datos en un formato estructurado para transmitirlos a otro responsable del tratamiento. Oposición: El usuario puede oponerse al tratamiento por motivos personales o

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WhatsApp y Protección de Datos en Comunidades
Administrador de fincas
Miguel Villalba

WhatsApp y Protección de Datos en Comunidades

Guía completa sobre el uso de WhatsApp en comunidades de propietarios y el cumplimiento de la protección de datos El uso de aplicaciones de mensajería instantánea para gestionar el día a día de un edificio o urbanización se ha convertido en una práctica habitual, pero también en una fuente constante de conflictos legales. El problema principal reside en la creación de grupos de chat donde se comparten datos de carácter personal, como números de teléfono, nombres, imágenes o incluso deudas económicas, sin una base jurídica sólida. Esta situación afecta directamente a los vecinos, que ven vulnerada su privacidad, y pone en una situación de riesgo a las juntas directivas que gestionan estos grupos sin conocer la normativa vigente. La importancia de regular estos canales es crítica, ya que las consecuencias de un uso indebido pueden derivar en sanciones económicas elevadas impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). No se trata solo de una cuestión de cortesía entre vecinos; el tratamiento de datos en el ámbito de la propiedad horizontal está sujeto al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y a la LOPDGDD. Los riesgos incluyen desde la exposición no consentida de información privada hasta denuncias por acoso o revelación de secretos, lo que puede fracturar la convivencia y generar responsabilidades civiles para la comunidad. En este artículo, analizaremos detalladamente cómo debe gestionarse WhatsApp en comunidades de propietarios bajo la protección de datos para evitar infracciones legales. Exploraremos las obligaciones de los órganos de gobierno, los derechos de los comuneros y el papel fundamental que desempeñan los Administadores de fincas para garantizar que la comunicación digital sea segura, eficiente y, sobre todo, plenamente legal dentro del marco normativo actual. Para cumplir con la protección de datos en los grupos de WhatsApp de comunidades de propietarios, es obligatorio contar con el consentimiento expreso e inequívoco de cada participante antes de añadirlo. La comunidad debe informar claramente sobre la finalidad del grupo, la identidad del responsable del tratamiento y los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos. Interacción entre la ley de propiedad horizontal y la privacidad digital El marco legal que regula la convivencia en edificios no previó en su origen el impacto de las redes sociales. Por ello, es necesario armonizar la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) con la normativa de privacidad. Mientras que la LPH obliga a la comunicación de ciertas notificaciones, estas deben realizarse por canales oficiales, y WhatsApp no suele tener esa consideración a menos que se apruebe específicamente en junta. Estructura necesaria para el tratamiento de datos en chats vecinales Para que un grupo de mensajería sea legal, no basta con «crearlo y avisar». Se requiere una infraestructura documental y procedimental que respalde la actividad: Registro de actividades de tratamiento: La comunidad debe incluir estos chats en su registro de operaciones. Información previa: Cada vecino debe recibir una cláusula informativa antes de ser incluido. Finalidad limitada: El grupo solo debe usarse para fines comunitarios legítimos, prohibiendo el uso para fines personales o comerciales. Moderación activa: Debe existir una figura que supervise que no se compartan datos sensibles de terceros. Uso correcto de whatsapp en comunidades de propietarios y protección de datos La clave para evitar sanciones radica en entender que el número de teléfono es un dato personal protegido. La creación de un grupo donde todos los miembros pueden ver el número de los demás constituye una cesión de datos que requiere autorización previa. Diferencia entre grupos informales y canales oficiales Es fundamental distinguir entre un grupo creado por dos vecinos para organizar una cena y un grupo gestionado por el presidente para comunicar averías. En el segundo caso, la comunidad actúa como Responsable del Tratamiento y debe cumplir con todas las obligaciones de la LOPDGDD. El consentimiento como base legitimadora El consentimiento debe ser una acción positiva. No es válido el «silencio positivo» (asumir que si no se salen del grupo, aceptan estar). Lo ideal es recoger una firma física o digital donde el propietario acepte explícitamente ser incluido en el canal de comunicación gestionado por los Administadores de fincas. Limitaciones en el contenido de los mensajes Incluso con consentimiento, hay información que nunca debe compartirse por WhatsApp: Listados de propietarios morosos. Sentencias judiciales que afecten a vecinos. Imágenes de cámaras de seguridad de la comunidad. Comentarios ofensivos o datos sobre la salud de los residentes. Riesgos y sanciones por incumplir la normativa en entornos vecinales La AEPD ha endurecido su postura respecto al uso de aplicaciones de mensajería en colectivos profesionales y de propietarios. Las sanciones pueden dirigirse contra la comunidad de propietarios como entidad jurídica, lo que repercute económicamente en todos los bolsillos de los vecinos a través de derramas extraordinarias. Tipo de Infracción Ejemplo de conducta Gravedad estimada Leve No informar sobre quién es el moderador del grupo. Hasta 40.000 € Grave Añadir a vecinos al grupo sin su consentimiento previo. De 40.001 € a 300.000 € Muy Grave Difundir datos de deudas o situaciones personales sensibles. Más de 300.000 € Responsabilidades de los administradores y la junta directiva El presidente y el secretario-administrador son las figuras que deben velar por el cumplimiento normativo. Si un administrador permite la creación de estos grupos sin las debidas garantías, podría incurrir en una negligencia profesional por no asesorar correctamente sobre los riesgos asociados. El papel del moderador en el control de datos El administrador del grupo de WhatsApp tiene la obligación de actuar si un vecino vulnera la privacidad de otro. Esto incluye la eliminación inmediata de mensajes que contengan datos personales de terceros o la expulsión de miembros que utilicen el canal de forma inadecuada para fines ajenos a la comunidad. Protocolo de actuación para implementar whatsapp comunidades propietarios protección datos Si una comunidad decide seguir adelante con el uso de esta herramienta, debe seguir un protocolo estricto para asegurar que cada paso cumple con los estándares europeos y nacionales. Pasos críticos para la legalización del canal Aprobación en Junta de Propietarios: El uso de WhatsApp como

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Cómo cumplir RGPD en comunidades de vecinos: Guía 2026
Administrador de fincas
Miguel Villalba

Cómo cumplir RGPD en comunidades de vecinos: Guía 2026

Cómo garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos en las fincas: guía práctica sobre cómo cumplir RGPD en comunidades de vecinos La gestión de una comunidad de propietarios implica manejar una cantidad ingente de datos personales, desde números de cuenta bancaria y nombres de copropietarios hasta grabaciones de videovigilancia o actas de juntas donde se detallan deudas de vecinos morosos. El principal desafío reside en que, a menudo, los propietarios y las juntas directivas desconocen que una comunidad de vecinos es, a ojos de la ley, un responsable de tratamiento de datos. Esta falta de concienciación genera una vulnerabilidad crítica ante posibles brechas de seguridad o un uso indebido de la información privada que circula en las zonas comunes y despachos de gestión. Ignorar estas obligaciones no solo supone una falta de ética hacia la privacidad de los vecinos, sino que conlleva riesgos legales y económicos severos. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha incrementado su vigilancia y las sanciones por el incumplimiento de la normativa pueden ser cuantiosas, afectando directamente al presupuesto comunitario. Además, la mala gestión de los datos puede derivar en conflictos vecinales, impugnaciones de actas o reclamaciones por daños al honor, lo que deteriora la convivencia y la confianza en la gestión profesional de la finca. En este artículo, desglosaremos paso a paso las obligaciones legales, las medidas técnicas necesarias y los protocolos de actuación esenciales para entender cómo cumplir RGPD en comunidades de vecinos de manera eficiente. Analizaremos el papel fundamental que desempeñan los Administradores de fincas como encargados del tratamiento y cómo una correcta auditoría de privacidad transforma una gestión de riesgos en un entorno seguro y transparente para todos los propietarios. Respuesta Directa: Para saber cómo cumplir RGPD en comunidades de vecinos, es obligatorio realizar un registro de actividades de tratamiento, nombrar un encargado (normalmente el administrador), informar claramente a los propietarios sobre el uso de sus datos y asegurar las grabaciones de videovigilancia. Es vital contar con contratos de encargo de tratamiento y garantizar los derechos de acceso, rectificación y supresión. El marco legal vigente para entender cómo cumplir RGPD en comunidades de vecinos Para abordar la protección de datos en una comunidad, primero debemos comprender que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) consideran a la comunidad como una entidad jurídica con responsabilidades claras. La figura del responsable y el encargado del tratamiento En el ecosistema de una comunidad de vecinos, la comunidad de propietarios es el responsable del tratamiento. Sin embargo, en la práctica, es el administrador quien gestiona el día a día. Aquí es donde los Administradores de fincas actúan como encargados del tratamiento. Esta distinción es crucial porque obliga a la firma de un contrato de encargo de tratamiento que regule qué puede y qué no puede hacer el administrador con los datos de los vecinos. El registro de actividades de tratamiento (RAT) Ya no es obligatorio inscribir ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, pero sí es imperativo mantener un Registro de Actividades de Tratamiento interno. Este documento debe detallar: La finalidad del tratamiento (gestión de cuotas, nóminas de empleados de la finca, seguridad). Las categorías de interesados (propietarios, inquilinos, empleados). Las categorías de datos tratados. Los plazos previstos para la supresión de los datos. Medidas prácticas sobre cómo cumplir RGPD en comunidades de vecinos y su seguridad La seguridad de la información no es solo un concepto teórico; requiere acciones físicas y lógicas que protejan la privacidad de los propietarios en cada interacción. Control de acceso a la información y custodia de documentos La información sensible, como los listados de morosos o los contratos laborales de conserjes, debe estar protegida. Es fundamental que los documentos en papel se guarden en armarios bajo llave y que los archivos digitales cuenten con contraseñas robustas y sistemas de cifrado. Los Administradores de fincas deben asegurar que solo el personal autorizado tenga acceso a estos datos para evitar filtraciones accidentales. El tratamiento de la videovigilancia en zonas comunes Uno de los puntos más conflictivos sobre cómo cumplir RGPD en comunidades de vecinos es el uso de cámaras. Para que sea legal, se deben cumplir tres requisitos innegociables: Cartelería informativa: Colocar carteles en zonas visibles indicando que se trata de una zona videovigilada. Ubicación de las cámaras: Las cámaras solo deben captar zonas comunes. Está prohibido grabar la vía pública (salvo una franja mínima de acceso) o el interior de las viviendas privadas. Acceso a las imágenes: Solo las personas autorizadas pueden acceder a las grabaciones, las cuales deben borrarse en un plazo máximo de 30 días. Elemento de cumplimiento Requisito obligatorio Responsable directo Contrato de encargo Firma vinculante entre partes Comunidad y Administrador Videovigilancia Carteles y registro de actividad Presidente / Administrador Derechos ARSULIPO Canal de atención al vecino Responsable del tratamiento Actas de junta Anonimización si es posible Administrador de fincas La transparencia y el derecho de información de los copropietarios El RGPD pone especial énfasis en el derecho a la información. No basta con tratar los datos correctamente; los vecinos deben saber exactamente qué se hace con ellos. Cláusulas informativas en convocatorias y actas Cada vez que se recoja un dato (por ejemplo, el correo electrónico para enviar convocatorias), se debe incluir una cláusula informativa. Esta debe explicar quién es el responsable, para qué se usará el dato, cuánto tiempo se conservará y cómo ejercer los derechos de acceso o rectificación. Gestión de la morosidad y exposición pública Es una duda recurrente al buscar cómo cumplir RGPD en comunidades de vecinos: ¿se puede publicar la lista de morosos? La Ley de Propiedad Horizontal lo permite en la convocatoria de la junta, pero el RGPD exige que se haga de forma proporcional. No se debe colgar el listado en el tablón de anuncios del portal de manera indiscriminada si existen otros medios menos intrusivos para comunicar la deuda. Relación con proveedores externos La comunidad a menudo

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ENS niveles: categorías y requisitos del Esquema Nacional
Esquema Nacional de Seguridad
Miguel Villalba

ENS niveles: categorías y requisitos del Esquema Nacional

Guía completa sobre los ENS niveles y requisitos del Esquema nacional de seguridad Garantizar la protección de la información en el sector público y sus proveedores se ha convertido en un desafío crítico debido a la sofisticación de las ciberamenazas. Muchas organizaciones se enfrentan a la incertidumbre de no saber qué medidas técnicas y organizativas son obligatorias para cumplir con la normativa vigente. Esta falta de claridad sobre los ENS niveles genera vulnerabilidades que pueden ser explotadas, comprometiendo la integridad de servicios esenciales y la privacidad de los ciudadanos. La relevancia de comprender y aplicar correctamente estos niveles radica en la prevención de sanciones administrativas, la pérdida de reputación y el riesgo de quedar excluido de licitaciones públicas. Un incumplimiento en el Esquema nacional de seguridad no solo afecta a la entidad responsable, sino que debilita toda la cadena de confianza digital del Estado. Por ello, la adecuación a los estándares de seguridad es una prioridad estratégica para cualquier entidad que gestione datos en el ámbito administrativo. En este artículo, analizaremos en profundidad cómo se determinan los ENS niveles y qué requisitos específicos exige cada categoría para asegurar una protección eficaz. Exploraremos las dimensiones de seguridad, el proceso de categorización de sistemas y cómo el servicio de Esquema nacional de seguridad de Audidat facilita la conformidad normativa y técnica. A través de este análisis, el lector obtendrá una hoja de ruta clara para elevar sus estándares de ciberseguridad. Para determinar los ENS niveles de un sistema, es necesario realizar una valoración de la información y los servicios afectados. Estos niveles (básico, medio o alto) se asignan en función del perjuicio que causaría un incidente de seguridad sobre las dimensiones de confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad. El nivel resultante define el rigor de las medidas de seguridad que la organización debe implementar obligatoriamente. Cómo se clasifican los distintos ENS niveles en la administración pública El Real Decreto 311/2022 define un marco estructurado donde la seguridad no es un concepto plano, sino que se adapta a la criticidad de la información tratada. La clasificación por ENS niveles permite que las organizaciones no sobredimensionen sus esfuerzos en sistemas poco críticos, mientras que garantiza una protección extrema en aquellos donde un fallo podría tener consecuencias nacionales. La categorización de un sistema se basa en el principio de proporcionalidad. Para ello, se evalúa el impacto que tendría un incidente de seguridad en cinco dimensiones fundamentales. Dependiendo de si el impacto es bajo, medio o alto en cada una de ellas, el sistema global recibirá una calificación técnica que determinará su hoja de ruta de cumplimiento bajo el Esquema nacional de seguridad. Las dimensiones de seguridad analizadas Para entender los ENS niveles, primero debemos desglosar los pilares sobre los que se sustenta la valoración del riesgo: Disponibilidad: Garantiza que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los servicios cuando lo requieran. Autenticidad: Asegura la identidad de las personas o entidades que acceden al sistema, evitando suplantaciones. Integridad: Protege la información contra alteraciones no autorizadas, garantizando su exactitud. Confidencialidad: Asegura que solo el personal autorizado pueda acceder a datos sensibles. Trazabilidad: Permite rastrear el historial de acceso y modificaciones realizado sobre cualquier dato o sistema. Categoría básica, media y alta La combinación de estas valoraciones da como resultado tres categorías principales de sistemas: Categoría básica: Se aplica cuando un incidente tiene un impacto limitado. Requiere una autoevaluación y la aplicación de medidas de seguridad esenciales. Categoría media: El impacto de un fallo es significativo. Exige una auditoría externa obligatoria cada dos años y un catálogo de medidas más estricto. Categoría alta: Reservada para sistemas donde un incidente tendría consecuencias graves o críticas. Las medidas de control son exhaustivas y el nivel de vigilancia es constante. Factores determinantes para la valoración de los ENS niveles No todos los datos tienen el mismo valor ni todas las interrupciones de servicio causan el mismo daño. La determinación de los ENS niveles requiere un análisis técnico y jurídico previo. Este proceso es vital porque de él derivan las inversiones en infraestructura y los protocolos de trabajo que adoptará la entidad. Un aspecto fundamental es que el nivel del sistema será el máximo nivel alcanzado en cualquiera de las dimensiones de seguridad mencionadas anteriormente. Por ejemplo, si un sistema tiene una confidencialidad baja pero una disponibilidad alta (como un portal de información pública de emergencia), el sistema será clasificado como de nivel alto. Comparativa de requisitos según el nivel de seguridad A continuación, se presenta una tabla que resume las diferencias principales en la gestión de los niveles de seguridad dentro del marco normativo: Característica Nivel básico Nivel medio Nivel alto Tipo de evaluación Autoevaluación interna Auditoría externa Auditoría externa Periodicidad Revisión continua Cada 2 años Cada 2 años Complejidad de medidas Mínimas obligatorias Intermédias y específicas Máxima protección Perfil de riesgo Bajo impacto Impacto significativo Impacto grave/crítico El enfoque normativo busca que la protección sea dinámica. No basta con alcanzar un nivel una vez; es necesario mantenerlo mediante una gestión de riesgos actualizada y una monitorización constante de las amenazas. Implementación técnica y operativa de los niveles de seguridad Una vez definido el nivel, la organización debe pasar a la fase de implementación. En el marco legal, las medidas se dividen en tres grandes bloques: marco organizativo, marco operacional y medidas de protección. El rigor en la ejecución de estos bloques variará drásticamente en función de los ENS niveles asignados al sistema. Por ejemplo, en un nivel medio o alto, la segmentación de redes y el cifrado de comunicaciones no son opcionales. En cambio, en un nivel básico, aunque son recomendables, la normativa permite un enfoque más flexible centrado en la protección de perímetros y el control de accesos básico. Medidas de protección por bloques Marco organizativo: Incluye la política de seguridad, la asignación de roles (responsable de la información, del servicio y de la seguridad) y la gestión del personal. Marco operacional: Se centra en la planificación, el control de accesos, la monitorización del sistema

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ENS: definición y objetivos del Esquema de Seguridad
Esquema Nacional de Seguridad
Miguel Villalba

ENS: definición y objetivos del Esquema de Seguridad

La gestión de la ciberseguridad en la administración pública y sus proveedores representa hoy uno de los mayores desafíos técnicos y legales. En un entorno donde las amenazas digitales evolucionan con rapidez, muchas organizaciones se enfrentan a la incertidumbre de no saber cómo proteger adecuadamente la información que manejan ni cómo cumplir con las normativas vigentes. Esta falta de una hoja de ruta clara genera vulnerabilidades críticas que exponen datos sensibles de la ciudadanía y procesos estratégicos del Estado. La importancia de establecer un marco sólido de protección radica en las graves consecuencias que conlleva una brecha de seguridad: desde la interrupción de servicios esenciales y la pérdida de confianza pública, hasta la imposición de sanciones administrativas severas. Para las empresas privadas que colaboran con el sector público, no contar con una certificación adecuada supone, además, la exclusión directa de licitaciones y contratos, lo que afecta gravemente a su competitividad y viabilidad económica en el mercado actual. En este artículo, desglosaremos con precisión el ENS: definición y objetivos, analizando cómo este marco normativo se ha convertido en la piedra angular de la transformación digital segura en España. A través de este análisis, el lector comprenderá los pasos necesarios para su implementación y cómo el servicio de Esquema nacional de seguridad permite alcanzar un cumplimiento integral, garantizando la resiliencia de los sistemas y la protección de la información frente a cualquier adversidad. El ENS: definición y objetivos se refiere al marco normativo español (Real Decreto 311/2022) que establece los principios, requisitos y medidas de seguridad necesarios para garantizar la protección de la información y los servicios en el ámbito de la administración electrónica. Su meta es generar confianza en el uso de medios digitales mediante la seguridad de sistemas, datos y comunicaciones. Qué es el ENS: definición y objetivos esenciales para la seguridad digital Para comprender el alcance del Esquema nacional de seguridad, es imperativo analizarlo no solo como una obligación legal, sino como una herramienta de gestión de riesgos. Su origen responde a la necesidad de crear un lenguaje común y unos estándares mínimos que deben cumplir todas las entidades del sector público, así como las empresas privadas que les prestan servicios tecnológicos. La definición técnica del ENS se basa en la creación de un ecosistema de confianza. No se limita a la instalación de software de defensa, sino que propone una cultura organizacional orientada a la protección de los activos de información. Los objetivos principales se centran en asegurar que los sistemas de información mantengan su integridad, confidencialidad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad. Principios básicos del esquema El cumplimiento de estos objetivos se apoya en una serie de principios fundamentales que rigen cualquier estrategia de ciberseguridad bajo este marco: Seguridad integral: La seguridad se entiende como un proceso integral que abarca elementos humanos, técnicos, materiales y organizativos. Gestión de riesgos: Se fundamenta en un análisis previo para identificar amenazas y aplicar medidas proporcionales al riesgo detectado. Prevención, detección y respuesta: El sistema debe estar preparado no solo para evitar ataques, sino para identificarlos rápidamente y restaurar la normalidad. Líneas de defensa: Establecimiento de capas de seguridad que dificulten el éxito de un incidente. Vigilancia continua: Evaluación constante del estado de seguridad para adaptarse a nuevas amenazas. Por qué es fundamental comprender el ENS: definición y objetivos en la administración La relevancia del ENS ha crecido exponencialmente con la digitalización total de los trámites administrativos. En este contexto, el Esquema nacional de seguridad actúa como el garante de que la interacción entre el ciudadano y la administración sea segura. Sin este marco, la interoperabilidad de los sistemas sería imposible, ya que no existiría una base de confianza mutua entre diferentes organismos. Además, los objetivos del ENS buscan homogeneizar la protección. En el pasado, cada ayuntamiento o entidad pública aplicaba criterios propios, lo que generaba brechas de seguridad en las interconexiones. Actualmente, al seguir un estándar común, se asegura que el nivel de protección sea el mismo en cualquier punto de la red pública. Categorización de los sistemas de información Una de las piezas clave para alcanzar los objetivos del ENS es la categorización de los sistemas, la cual determina el nivel de exigencia de las medidas a aplicar: Categoría del sistema Impacto de un incidente Requerimientos de seguridad Básico Bajo (afecta a funciones limitadas) Medidas esenciales de protección. Medio Moderado (afecta a servicios importantes) Refuerzo en control de acceso y auditoría. Alto Muy grave (afecta a servicios críticos) Máxima exigencia, redundancia y monitorización. Cómo ayuda el ENS: definición y objetivos a la competitividad empresarial Muchos proveedores del sector privado perciben el ENS como una barrera de entrada, pero en realidad es una ventaja competitiva. Al cumplir con los estándares de seguridad exigidos, una empresa demuestra a sus clientes y socios que gestiona la información con los más altos niveles de rigor profesional. El objetivo de transparencia que persigue el esquema facilita que las empresas certificadas puedan acceder a contratos de mayor envergadura, ya que la certificación funciona como un sello de calidad reconocido por el Centro Criptológico Nacional (CCN). Beneficios estratégicos de la implementación Reducción de incidentes: Al implementar controles preventivos, se disminuye drásticamente la probabilidad de sufrir ataques exitosos como el ransomware. Cumplimiento normativo: Alinea a la organización con otras leyes, como el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). Mejora de la imagen de marca: Transmite seguridad y profesionalidad tanto a entidades públicas como al mercado privado. Eficiencia operativa: La definición de procesos claros de gestión de activos y copias de seguridad reduce el tiempo de inactividad ante fallos técnicos. Implementación práctica basada en el ENS: definición y objetivos técnicos Para que una organización logre cumplir con los objetivos del esquema, debe seguir un proceso estructurado que comienza con el compromiso de la dirección. No es una tarea exclusiva del departamento de IT, sino una decisión estratégica que afecta a toda la corporación. Fases de adecuación al esquema El proceso de cumplimiento se desglosa generalmente en las siguientes etapas: Preparación y concienciación: Formación de los equipos y designación

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ENS Nivel Medio: Guía de Auditorías y Medidas
Esquema Nacional de Seguridad
Miguel Villalba

ENS Nivel Medio: Guía de Auditorías y Medidas

Guía completa sobre el ENS nivel medio: auditorías y medidas para garantizar la seguridad de la información La implementación del marco normativo de seguridad en las administraciones públicas y sus proveedores tecnológicos supone un reto de gran envergadura en el actual panorama de ciberamenazas. El principal problema reside en la complejidad técnica y organizativa que implica alcanzar el cumplimiento normativo, especialmente para entidades que manejan datos de sensibilidad intermedia. Muchas organizaciones se encuentran perdidas ante la dispersión de controles y la dificultad de interpretar los requisitos técnicos exigidos, lo que genera una vulnerabilidad crítica frente a ataques dirigidos o fugas de información que pueden comprometer la operatividad institucional. Ignorar la adecuación a estos estándares no es una opción viable en el ecosistema digital actual. La importancia de cumplir con el marco legal radica en evitar consecuencias legales severas, sanciones administrativas y, sobre todo, la pérdida irreparable de la confianza de los ciudadanos y clientes. Una gestión deficiente de la ciberseguridad en sistemas de categoría media puede derivar en la interrupción de servicios esenciales, exponiendo a la entidad a responsabilidades civiles y penales derivadas del incumplimiento del Real Decreto 311/2022. En este artículo, desglosaremos con precisión todo lo que necesita saber sobre los requisitos técnicos y organizativos necesarios para superar con éxito este proceso. Analizaremos las fases de implementación, la estructura de los controles y cómo el Esquema nacional de seguridad se convierte en el aliado estratégico para transformar el cumplimiento en una ventaja competitiva. Al finalizar la lectura, dispondrá de una hoja de ruta clara para asegurar sus sistemas y obtener la certificación correspondiente. El ENS nivel medio: auditorías y medidas constituye el conjunto de controles de seguridad obligatorios para sistemas cuya interrupción o compromiso de información suponga un perjuicio grave. Requiere la implementación de 73 medidas de seguridad y la superación de una auditoría reglamentaria bienal realizada por una entidad de certificación acreditada para validar el cumplimiento normativo. Cómo entender el ENS nivel medio: auditorías y medidas en su contexto legal El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es el pilar sobre el que se asienta la confianza en la administración electrónica en España. Cuando hablamos de un nivel de seguridad medio, nos referimos a sistemas donde la valoración de las dimensiones de seguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad) alcanza este grado en al menos una de ellas debido a la sensibilidad de los datos. Para las organizaciones, esto implica que las medidas de protección deben ser significativamente más estrictas que en el nivel básico, requiriendo un análisis de riesgos formal y una estructura documental sólida. El objetivo no es solo proteger los activos, sino garantizar que, en caso de incidente, la recuperación sea rápida y el impacto esté controlado mediante protocolos de respuesta probados. Diferencias entre los niveles de seguridad en el esquema nacional Para comprender mejor dónde se sitúa el nivel medio, es útil compararlo con el resto de categorías. El nivel medio se activa cuando el impacto de un incidente de seguridad se califica como grave para las funciones de la organización o para los derechos de los ciudadanos. A continuación, se presenta una tabla comparativa de las exigencias generales según el nivel: Característica Nivel Básico Nivel Medio Nivel Alto Análisis de riesgos Simplificado Formal y detallado Formal y detallado Autoevaluación Obligatoria cada 2 años No permitida No permitida Auditoría externa Opcional (Recomendada) Obligatoria cada 2 años Obligatoria cada 2 años Número de medidas 44 medidas 73 medidas 81 medidas Figura del responsable Unificada Diferenciada (Seguridad/Sistema) Diferenciada y jerarquizada Implementación de las medidas técnicas en el ENS nivel medio: auditorías y medidas El éxito en la adecuación al nivel medio depende de la correcta aplicación de las medidas de seguridad organizativas, operacionales y de protección. Estas medidas no deben verse como una lista de verificación estática, sino como un ciclo de mejora continua que fortalece la resiliencia de la infraestructura digital. Medidas de organización y gobernanza En este apartado se establece el marco de gestión. Es imprescindible contar con una política de seguridad de la información aprobada por la dirección y que sea conocida por todo el personal. Además, se deben definir claramente los roles y responsabilidades, separando las funciones de quien gestiona el sistema de quien supervisa su seguridad, garantizando así la independencia de la auditoría interna. Protección de las instalaciones y del personal El Esquema nacional de seguridad exige que el acceso físico a los servidores y equipos de comunicaciones esté restringido y monitorizado. Asimismo, el personal debe recibir formación y concienciación periódica en ciberseguridad para evitar ataques de ingeniería social, que suelen ser el eslabón más vulnerable de la cadena de defensa. Planificación de las auditorías en el ENS nivel medio: auditorías y medidas La auditoría es el examen crítico y exhaustivo que determina si el sistema cumple con lo establecido en el marco legal vigente. Para el nivel medio, esta auditoría debe ser realizada obligatoriamente por una Entidad de Certificación acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). El proceso de auditoría no es una inspección punitiva, sino una evaluación técnica y administrativa que ayuda a la mejora del sistema. El auditor revisará las evidencias del funcionamiento de los controles, como registros de acceso, actas de reuniones del comité de seguridad y configuraciones técnicas de los dispositivos de red. Fases de la auditoría reglamentaria Fase de preparación: Recopilación de toda la documentación (políticas, procedimientos e inventarios de activos). Ejecución de la auditoría: Entrevistas con los responsables y revisión técnica de los sistemas y registros de actividad. Informe de auditoría: Documento donde se recogen los hallazgos, las no conformidades y las recomendaciones de mejora. Plan de acciones correctivas: La organización debe proponer cómo subsanar los fallos detectados en un plazo determinado para obtener el certificado de conformidad definitivo. ¿Por qué es fundamental el análisis de riesgos en el ENS nivel medio: auditorías y medidas? El análisis de riesgos es el corazón de la ciberseguridad moderna. En el nivel medio, no se pueden aplicar medidas de forma genérica; deben estar justificadas por un

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