Marco normativo actual y desafíos regulatorios derivados
El canal de denuncias ha dejado de ser una mera buena práctica de gobernanza corporativa para convertirse en una obligación legal para una amplia gama de entidades, tanto del sector público como privado, tras la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Esta ley, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, impone la implantación obligatoria de sistemas internos de información para entidades que cuenten con más de 50 empleados, así como para determinadas entidades del sector público. Además, establece requisitos específicos sobre confidencialidad, protección frente a represalias y tramitación de las denuncias.
El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat considera que uno de los principales desafíos de esta normativa radica en la necesidad de garantizar el equilibrio entre la protección del informante y el respeto a los derechos de las personas denunciadas, especialmente en lo relativo a la presunción de inocencia y a la protección de datos personales.
«Desde el Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat subrayamos que, más allá del cumplimiento formal, la efectividad del canal de denuncias depende en gran medida de su integración en la cultura corporativa y del compromiso real de la alta dirección con los principios de legalidad y transparencia.«
Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat
Implicaciones legales para las organizaciones y riesgos derivados del incumplimiento
Las consecuencias legales de no implementar un canal de denuncias conforme a los requisitos de la Ley 2/2023 pueden ser significativas. La ley prevé sanciones administrativas que pueden alcanzar hasta 1.000.000 €, además de posibles repercusiones en la reputación corporativa y la confianza de empleados, inversores y clientes.
Entre los riesgos legales más relevantes se encuentran:
- Infracciones a la normativa de protección de datos (RGPD y LOPDGDD) por un tratamiento inadecuado de los datos personales de las personas involucradas.
- Incumplimiento del deber de confidencialidad y protección del informante.
- Reclamaciones laborales por posibles represalias contra empleados denunciantes.
- Pérdida de confianza y deterioro reputacional ante filtraciones o gestión deficiente del sistema de denuncias.
Estrategias legales para una implementación eficaz y segura
La implementación del canal de denuncias debe abordarse desde una perspectiva estratégica, integrando aspectos legales, técnicos y organizativos. Para ello, el Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat recomienda:
- Elaboración de una política interna clara, accesible y actualizada que regule el uso del canal.
- Designación de un responsable del sistema interno de información, con independencia funcional y formación jurídica adecuada.
- Implantación de canales seguros y confidenciales, incluyendo la posibilidad de denuncias anónimas.
- Formación continua del personal sobre el uso adecuado del canal y los derechos del informante y del denunciado.
- Integración del canal con el sistema de cumplimiento normativo y de compliance penal.
El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat recomienda que las organizaciones implementen auditorías legales periódicas para garantizar que se cumplan los requisitos de la Ley 2/2023 y así evitar sanciones.
«Desde el Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat insistimos en que el diseño e implementación del canal no debe limitarse a un enfoque meramente documental, sino que debe incorporar procedimientos de verificación y trazabilidad que aseguren una respuesta ágil y conforme a derecho ante cualquier comunicación recibida«
Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat
Adaptación ante posibles reformas normativas futuras
La regulación de los canales de denuncias está sujeta a evolución, especialmente en lo que respecta a la interacción con otras normativas como la protección de datos, la inteligencia artificial o la protección de los derechos laborales.
El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat anticipa que podría producirse una mayor armonización a nivel europeo sobre los sistemas de denuncia interna, especialmente en relación con los plazos de investigación, el seguimiento de las denuncias y el rol de las autoridades competentes.
Por ello, se recomienda que las organizaciones:
- Monitoreen permanentemente las iniciativas legislativas europeas y nacionales.
- Adopten sistemas flexibles y escalables, que puedan ajustarse rápidamente a cambios regulatorios.
- Fortalezcan la cultura de cumplimiento y ética empresarial como elemento central de su estrategia organizativa.
Acciones prioritarias para una gestión eficaz y sin riesgos
El Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat subraya que la clave para evitar riesgos legales significativos es la anticipación estratégica a los cambios normativos y la implantación de medidas preventivas eficaces.
Entre las acciones prioritarias se destacan:
- Revisión y adecuación de las políticas internas a la Ley 2/2023.
- Implementación inmediata de canales que cumplan con los requisitos legales y técnicos.
- Establecimiento de protocolos de investigación internos claros, con garantías para todas las partes involucradas.
- Supervisión periódica del sistema por parte del área de cumplimiento y asesoría jurídica.
«Desde el Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat recordamos que el éxito del canal de denuncias depende de su credibilidad interna: si los empleados no confían en su eficacia o en la protección que brinda, es probable que opten por no utilizarlo, comprometiendo con ello la detección temprana de irregularidades.»
Departamento de Estrategia Jurídica de Audidat
Preguntas frecuentes sobre el canal de denuncias obligatorio
¿Cuáles organizaciones están obligadas a implantar un canal de denuncias?
Están obligadas todas las empresas con 50 o más trabajadores, entidades del sector público, y aquellas que entren dentro de las categorías especificadas por la Ley 2/2023, como partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que reciban fondos públicos.
¿Cuáles son las principales sanciones por no implementar un canal de denuncias?
Las sanciones pueden alcanzar hasta 1.000.000 €, incluyendo multas para personas jurídicas y físicas, así como consecuencias indirectas como la exclusión de subvenciones o contratos con la Administración.
¿Es obligatorio permitir denuncias anónimas?
Sí, la Ley 2/2023 establece la posibilidad de presentar denuncias anónimas, por lo que el sistema debe permitirlo técnica y operativamente.
¿Qué garantías deben ofrecerse al informante?
Debe garantizarse la confidencialidad de su identidad, la ausencia de represalias y el derecho a ser informado sobre el resultado de la investigación, entre otros.
¿Cómo deben prepararse las empresas para posibles cambios normativos?
Mediante la implementación de sistemas flexibles, formación continua y vigilancia normativa, integrando la gestión del canal de denuncias en el marco general de cumplimiento legal y ético de la organización.
