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Cumplimiento Normativo Ourense y Lugo

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Compliance y Consultoría Especializada en Ourense y Lugo

Audidat en Ourense y Lugo se posiciona como la firma líder en consultoría integral de cumplimiento normativo, destacando en áreas clave como Compliance, Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y Planes de Igualdad. Nuestra expertise abarca desde la implementación de rigurosos sistemas de compliance hasta el desarrollo e integración de estrategias de seguridad y igualdad, adaptadas a las necesidades específicas de cada organización en el ámbito local.

Con un profundo conocimiento de la las necesidades de las empresas locales y de la normativa nacional, Audidat Ourense y Lugo ofrece soluciones personalizadas para asegurar que las empresas no solo cumplan con sus obligaciones legales, sino que también promuevan un entorno de trabajo ético, seguro y equitativo. Nuestra misión es garantizar que nuestros clientes estén a la vanguardia del cumplimiento normativo, protegiendo sus operaciones y reputación en un mercado cada vez más competitivo y regulado.

Este enfoque integral no solo refleja nuestro compromiso con la excelencia en el servicio y la adaptación a las dinámicas locales, sino que también establece a Audidat Ourense y Lugo como el socio preferente para empresas que buscan navegar el complejo panorama del cumplimiento normativo con confianza y eficacia.

Actualidad de Cumplimiento Normativo en Ourense y Lugo

Consultora Experta en Ley de Inteligencia Artificial (AI Act) en España

Consultora Experta en Ley de Inteligencia Artificial (AI Act) en España

La implementación de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en el entorno empresarial ya no opera en un vacío legal. La Ley de Inteligencia Artificial en España, que adapta y desarrolla el Reglamento Europeo de IA (AI Act), impone un marco normativo estricto y pionero a nivel global, cuyo incumplimiento acarrea multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio global. Este desafío normativo exige a las empresas españolas una adaptación inmediata y precisa. El principal desafío radica en la clasificación del riesgo de los sistemas de IA utilizados. El AI Act opera con un enfoque basado en el riesgo, lo que significa que las obligaciones de cumplimiento varían drásticamente. Un error en la clasificación (por ejemplo, considerar un sistema como de riesgo limitado cuando en realidad es de alto riesgo) o en la documentación requerida, automáticamente invalida el uso del sistema y expone a la entidad a sanciones de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Este artículo detalla la necesidad crítica de contar con una consultora experta en Ley de Inteligencia Artificial en España para navegar esta complejidad. Explicaremos cómo esta consultoría garantiza la clasificación correcta de sus sistemas, la protección de derechos fundamentales y la implementación de las obligaciones de transparencia y supervisión humana, permitiendo a su organización aprovechar la IA como una ventaja competitiva de forma ética y legal. El enfoque basado en el riesgo: La clave de la ley de IA El Reglamento Europeo de IA establece una jerarquía de obligaciones basada en el riesgo potencial que cada sistema de IA puede generar para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas. La consultora experta debe guiar a su empresa a través de esta clasificación esencial. 1. Riesgo inaceptable (prohibido) 🚫 Estos sistemas están estrictamente prohibidos en la Unión Europea. Su riesgo se considera demasiado alto para ser mitigado. Ejemplos: Sistemas de scoring social gubernamental (clasificación de ciudadanos), sistemas de manipulación cognitiva subliminal o la explotación de vulnerabilidades de grupos específicos. Obligación: La consultora debe garantizar que la empresa no utiliza ni desarrolla ninguna de estas prácticas. El incumplimiento se sanciona con las multas más elevadas. 2. Alto riesgo (obligaciones estrictas) ⚠️ Estos sistemas se permiten, pero están sujetos a requisitos de cumplimiento muy rigurosos debido a su potencial impacto negativo en áreas sensibles. Afectan principalmente a sectores clave. Sectores de alto riesgo: Recursos Humanos: IA utilizada para la selección de personal, la evaluación del desempeño o la asignación de tareas. Servicios Esenciales: Sistemas de scoring crediticio o sistemas de priorización en la atención sanitaria. Seguridad y Justicia: IA aplicada a la administración de justicia o la gestión de infraestructuras críticas. Obligaciones esenciales (requisitos a cumplir): Establecimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Documentación técnica detallada y mantenimiento de registros de actividad (logs). Implementación de supervisión humana efectiva. Uso de datos de entrenamiento de alta calidad, libres de sesgos y representativos. Garantía de transparencia y explicabilidad del sistema para los usuarios. 3. Riesgo limitado y mínimo (obligaciones de transparencia) ✅ Estos sistemas (como los chatbots o los filtros de spam) tienen un riesgo bajo, pero exigen principalmente transparencia. Obligación: El usuario debe ser informado de que está interactuando con un sistema de IA (por ejemplo, indicar claramente que un texto o imagen ha sido generado por IA, como los deepfakes).   El papel estratégico de la consultora experta en ley de inteligencia artificial en españa La adaptación al AI Act no es una simple tarea legal; es un proyecto transversal que afecta a la tecnología, los datos, los procesos internos y la gobernanza corporativa. El servicio IAR (Inteligencia Artificial Responsable) de una consultora experta se vuelve indispensable para gestionar esta complejidad. 1. Auditoría de sistemas y clasificación de riesgos El servicio comienza con una auditoría integral para identificar y clasificar todos los sistemas de IA que la empresa desarrolla, compra o utiliza. Inventario de IA: Creación de un registro detallado de todos los casos de uso de IA (propios y de terceros). Evaluación de Impacto en Derechos Fundamentales (FRIA): Obligatoria para los sistemas de alto riesgo. La consultora realiza esta evaluación para identificar y mitigar riesgos de sesgo, discriminación o afectación a la privacidad antes de la implementación. 2. Marco de cumplimiento y documentación técnica La documentación es el principal elemento de defensa legal ante la AESIA. Los sistemas de alto riesgo exigen una carga documental masiva y continua. Documento Obligatorio Propósito según la Ley IA Rol de la Consultora Documentación Técnica Demostrar que el sistema cumple con todos los requisitos de alto riesgo (diseño, datos, pruebas). Elaboración y organización de la documentación conforme a los anexos del AI Act. Registro de Actividades (Logs) Rastrear el funcionamiento del sistema, errores, y decisiones tomadas a lo largo del tiempo. Establecer los protocolos técnicos para la conservación segura y auditable de los logs durante 10 años. Supervisión Humana Protocolo que define cómo y cuándo un humano debe intervenir en una decisión automatizada. Diseño de los mecanismos de intervención humana que sean efectivos, proporcionales y técnica/legalmente válidos. 3. Gobernanza, ética y responsabilidad de la dirección La Ley de IA exige la alfabetización en IA del personal directivo. La consultora experta integra el cumplimiento de la IA dentro de la estructura de gobierno corporativo. Formación a la dirección: La alta gerencia debe comprender los riesgos y responsabilidades del uso de IA. El servicio IAR proporciona esta formación obligatoria y documentada. Políticas internas: Creación de políticas de uso ético y responsable de la IA (incluyendo el uso de modelos de IA generativa, como ChatGPT) para todos los empleados, garantizando que el uso de prompts y datos se ajusta a la legalidad. Contar con el servicio IAR de NIS2 permite a su empresa asegurarse de que el uso de la IA es un motor de innovación seguro, transparente y legal. Nuestra experiencia garantiza la adaptación a los plazos de aplicación progresiva del Reglamento, protegiéndole de las sanciones más altas y fortaleciendo la confianza de sus

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Optimizar Costes al Implantar NIS2: Estrategias de Ciberseguridad

Optimizar Costes al Implantar NIS2: Estrategias de Ciberseguridad

La Directiva NIS2 representa una inversión obligatoria y significativa para cualquier entidad afectada. Sin embargo, no abordar la implementación con una estrategia de optimización de costes puede convertir una obligación legal en una carga financiera innecesariamente pesada. El enfoque coste-efectivo no se centra en minimizar la inversión en seguridad (lo cual aumentaría el riesgo de incumplimiento y sanciones), sino en maximizar el retorno de la inversión (ROI) de cada medida implementada, asegurando que el gasto se dirige a mitigar los riesgos más críticos. El principal error que encarece el cumplimiento NIS2 es la duplicación de esfuerzos o la sobredimensión de soluciones tecnológicas. Un enfoque inteligente requiere una planificación precisa, alineación con marcos ya existentes y una priorización basada rigurosamente en el riesgo. La verdadera optimización no está en gastar menos, sino en gastar de forma inteligente y estratégica. Las cuatro estrategias clave para optimizar costes al implantar NIS2 Una implementación coste-efectiva de NIS2 se apoya en pilares metodológicos sólidos que garantizan que cada recurso invertido contribuye directamente al cumplimiento de los diez requisitos mínimos de la Directiva y a la mejora real de la postura de ciberseguridad de la entidad. 1. El análisis de carencias (gap analysis) como brújula financiera Antes de destinar un solo euro a nueva tecnología o consultoría, es esencial establecer la posición actual de la entidad. Evitar la inversión ciega: Una auditoría exhaustiva de la madurez de ciberseguridad actual, comparada con los requisitos obligatorios de NIS2, evita la compra de soluciones redundantes o innecesarias. Muchas organizaciones ya cumplen parcialmente los requisitos (por ejemplo, con sistemas de backup o firewalls existentes). El gap analysis identifica las carencias exactas. Priorización basada en el riesgo: La directiva exige que las medidas sean proporcionadas al riesgo. El análisis de riesgos debe guiar el gasto, priorizando la inversión en las áreas de mayor impacto potencial: Alta prioridad: Gobernanza (formación directiva), autenticación multifactor (MFA), y seguridad en la cadena de suministro. Baja prioridad: Áreas donde el riesgo es bajo o donde ya existen controles básicos implementados. 2. Aprovechar y unificar marcos normativos existentes Las entidades que ya cumplen con otras normativas de seguridad pueden apalancar ese trabajo para acelerar y abaratar la implementación de NIS2. Alineación con ISO 27001 y ENS: Los requisitos de gestión de riesgos y seguridad de la información de NIS2 se solapan significativamente con los marcos de ISO 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), obligatorio para proveedores de la administración pública. Acción de coste-ahorro: Mapear los controles ya implementados bajo ISO 27001 o ENS contra los requisitos de NIS2. Esto permite reutilizar documentación y evitar duplicar procedimientos de gestión de incidentes y análisis de riesgos. Consolidación de plataformas: La automatización de TI y la consolidación de herramientas en una única plataforma pueden reducir la complejidad operativa y el coste total de propiedad (TCO). Utilizar soluciones que cubran el endpoint, el cloud y la gestión de incidentes minimiza los costes de licencias y la sobrecarga de personal de IT. 3. Foco en procesos y personas (Inversión soft) El cumplimiento NIS2 no es solo una cuestión tecnológica, sino de procesos y gobernanza. Invertir en la mejora de estos aspectos es a menudo más coste-efectivo que la simple compra de hardware o software. Formación de la dirección: La inversión en formación específica para el equipo directivo (requisito obligatorio de NIS2) es una inversión de alto ROI. Una dirección informada aprueba presupuestos de seguridad más realistas y reduce la probabilidad de incumplimiento por negligencia, evitando así multas potencialmente millonarias. Planificación de la respuesta a incidentes: Desarrollar y probar rigurosamente un Plan de Respuesta a Incidentes (mediante simulacros de mesa) es menos costoso que la compra de software de detección avanzado, y es fundamental para cumplir con los plazos de notificación de 24/72 horas. La eficiencia del proceso es clave para mitigar el impacto financiero de un ataque real. Seguridad de la cadena de suministro (Cláusulas): Revisar los contratos con proveedores críticos e incluir cláusulas de seguridad es una medida de bajo coste que traslada la obligación de cumplimiento a terceros, mitigando el riesgo legal y operativo sin grandes inversiones tecnológicas internas. 4. Modelo de externalización inteligente y flexible (As a Service) Para muchas Entidades Importantes (EI) o medianas empresas, mantener un equipo interno con el expertise necesario para NIS2 y la gestión de incidentes 24/7 resulta prohibitivamente caro. Estrategia de Coste-Optimización Beneficio Financiero Impacto NIS2 Externalización del rol de CISO/DPO Evita el coste salarial de un Director de Ciberseguridad a tiempo completo. Garantiza la Gobernanza y la Responsabilidad Directiva (requisito NIS2) con un experto cualificado. Servicios Gestionados de Detección (MDR/SOC) Convierte el gasto de capital (CAPEX) en gasto operativo (OPEX) y evita la inversión en tecnología y personal 24/7. Asegura la capacidad de detección, respuesta y notificación de incidentes en los plazos de 24/72 horas. Consultoría por Fases Pago solo por el servicio específico (ej. gap analysis inicial, luego documentación). Enfoque gradual y escalonado que permite controlar el presupuesto y priorizar las inversiones más urgentes. La elección de un socio especializado, como el servicio NIS2 de Audidat, que ofrezca un enfoque modular y flexible permite a las entidades centrar sus limitados recursos en su core business mientras subcontratan la gestión de una normativa tan compleja como la Directiva. La implementación del servicio NIS2 de Audidat se enfoca en esta filosofía de gasto estratégico. Comenzamos con un análisis de aplicabilidad y un gap analysis preciso para identificar únicamente las carencias críticas de su infraestructura, minimizando la inversión tecnológica redundante. Nuestro equipo asesora en la reutilización de controles existentes (ISO 27001, ENS), garantiza el cumplimiento de la gobernanza directiva y ofrece soporte en la gestión documental y la seguridad de la cadena de suministro. Con NIS2, su entidad no solo cumple con la ley para evitar las severas sanciones, sino que lo hace optimizando el coste, transformando la obligación normativa en un incremento real de la resiliencia operativa y la competitividad. Preguntas frecuentes sobre cumplimiento NIS2 ¿Es más económico implementar NIS2 por mi

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Guía Obligatoria de Ciberseguridad para Empresas

Cumplimiento NIS2: Guía Obligatoria de Ciberseguridad para Empresas Críticas

La seguridad de las redes y los sistemas de información ha dejado de ser una cuestión meramente tecnológica para convertirse en un pilar fundamental de la continuidad operativa y la soberanía económica en la Unión Europea. Las ciberamenazas crecen en sofisticación y volumen, poniendo en riesgo la infraestructura crítica de estados y empresas. En este contexto, el cumplimiento NIS2 no es una opción, sino una obligación legal de carácter estratégico que ha irrumpido en el panorama corporativo con una severidad sin precedentes. La Directiva (UE) 2022/2555, conocida como NIS2 (por Network and Information Security), impone una nueva era de ciberresiliencia que afecta a un número de entidades exponencialmente mayor que su predecesora. La importancia de una implementación rápida y exhaustiva de las medidas de seguridad exigidas por el cumplimiento NIS2 reside en el altísimo riesgo y las severas consecuencias del incumplimiento. Las entidades afectadas se enfrentan a un régimen de supervisión más estricto que incluye inspecciones y auditorías, y un esquema sancionador drástico: multas de hasta 10 millones de euros o el 2% de la facturación global anual para entidades esenciales. Más allá de la sanción económica, el incumplimiento se traduce en una pérdida de confianza en la cadena de suministro, daño reputacional irreparable y, lo más crítico, la paralización de servicios esenciales que afectan a millones de ciudadanos y al mercado interior. Este artículo se propone desgranar las claves esenciales del cumplimiento NIS2, identificando a qué entidades afecta esta directiva y cuáles son los requisitos obligatorios de gestión de riesgos, gobernanza y notificación de incidentes que deben implementarse. Ofreceremos una hoja de ruta clara para abordar esta transición normativa, destacando cómo el servicio NIS2 de Audidat se posiciona como el aliado estratégico para transformar la obligación legal en una ventaja competitiva de ciberseguridad. El cumplimiento NIS2 es un marco legal obligatorio para empresas medianas y grandes en sectores críticos, que exige la implementación de medidas estrictas de ciberseguridad, gobernanza y una notificación de incidentes obligatoria en plazos muy cortos para proteger la infraestructura crítica de la Unión Europea. ¿A qué entidades y sectores afecta la obligación de cumplimiento NIS2? A diferencia de la Directiva NIS original, que tenía un alcance limitado y a menudo ambiguo, NIS2 aplica una regla de tamaño más clara y expande drásticamente los sectores cubiertos, buscando armonizar la ciberseguridad a nivel europeo. La Directiva clasifica a las entidades en dos grandes grupos según su criticidad y tamaño. Criterio de tamaño y clasificación de entidades El criterio general para que una entidad de un sector afectado quede bajo el paraguas de NIS2 es alcanzar el umbral de mediana empresa (50 o más empleados o una facturación anual superior a 10 millones de euros). Estas entidades se dividen en: Entidades Esenciales (EE): Su interrupción podría tener un impacto significativo en la economía o la sociedad. Están sujetas a un régimen de supervisión más estricto, con inspecciones proactivas. Entidades Importantes (EI): Cubren un abanico más amplio de actividades, pero la interrupción de sus servicios podría seguir teniendo un impacto considerable. Están sujetas a supervisión ex post (tras la ocurrencia de un incidente). Expansión sectorial: El mapa de la criticidad La directiva ha expandido los sectores afectados a 18, agrupados en dos anexos. Esta es la principal novedad que obliga a muchas organizaciones a entrar en el cumplimiento NIS2 por primera vez. Anexo I: Sectores de Alta Criticidad (Entidades Esenciales) Anexo II: Otros Sectores Críticos (Entidades Importantes) Energía (Electricidad, gas, petróleo, hidrógeno) Servicios Postales y de Mensajería Transporte (Aéreo, ferroviario, marítimo y por carretera) Gestión de Residuos Banca e Infraestructuras de Mercados Financieros Productos Químicos (Fabricación, producción y distribución) Salud (Incluida farmacia, laboratorios y fabricación de productos sanitarios) Alimentación (Producción, transformación y distribución a gran escala) Agua (Suministro y distribución) Fabricación (Electrónica, maquinaria, equipos de transporte) Infraestructura Digital (IXP, DNS, TLD, servicios cloud y data center) Proveedores de Servicios Digitales (Mercados en línea, buscadores, redes sociales) Administración Pública (Central y regional) Organismos de Investigación La evaluación del riesgo y la identificación de si su organización es EE o EI, o si forma parte de la cadena de suministro de alguna de ellas, es el primer paso crucial para abordar el cumplimiento NIS2. Requisitos de cumplimiento NIS2: Las diez medidas obligatorias La Directiva impone un conjunto de diez medidas mínimas de gestión de riesgos de ciberseguridad que todas las entidades esenciales e importantes deben implementar de forma rigurosa. Estas medidas deben ser proporcionadas al riesgo, al tamaño de la entidad y a la gravedad del potencial impacto. 1. Gestión de riesgos y políticas de seguridad La piedra angular del cumplimiento NIS2 es la implementación de un marco de gestión de riesgos documentado y vivo. Esto incluye la realización de análisis de riesgos periódicos para identificar vulnerabilidades y amenazas, y la definición de políticas formales de seguridad de la información que abarquen todos los procesos críticos de la entidad. 2. Gestión de incidentes (Detección, respuesta y recuperación) Es obligatorio contar con procedimientos claros y probados para la detección rápida, gestión y respuesta ante un ciberincidente. Esto incluye planes de continuidad del negocio y recuperación ante desastres (Disaster Recovery) que garanticen la restauración de los servicios críticos en un tiempo mínimo. Los backups y la redundancia de sistemas son esenciales. 3. Seguridad en la cadena de suministro NIS2 pone un fuerte foco en la seguridad de la cadena de suministro (proveedores de TI, cloud, hosting). Las entidades deben realizar una evaluación del riesgo de sus proveedores críticos y garantizar, mediante cláusulas contractuales específicas, que estos también cumplen con un nivel de ciberseguridad equivalente al exigido por la directiva. 4. Gobernanza y responsabilidad de la dirección La Directiva exige la implicación directa de los órganos de dirección (alta gerencia, consejo). Estos deben recibir formación especializada para comprender y gestionar el riesgo de ciberseguridad. La dirección es directamente responsable de las infracciones por incumplimiento, elevando el problema de la ciberseguridad al nivel estratégico más alto. Las otras seis medidas clave del cumplimiento NIS2 Las entidades deben reforzar su seguridad en las siguientes áreas:

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Videovigilancia legal en comunidades: Guía RGPD para Administradores

Videovigilancia legal en comunidades: Guía RGPD para Administradores

La instalación de sistemas de videovigilancia en las comunidades de propietarios se ha convertido en una práctica cada vez más habitual, impulsada por la necesidad real de reforzar la seguridad ante actos vandálicos, robos o el simple control de accesos. Sin embargo, la implementación de cámaras no es un simple asunto técnico, sino un acto que implica el tratamiento de datos personales (imágenes de vecinos, visitantes y empleados), chocando directamente con derechos fundamentales como la intimidad y la protección de datos. Este choque genera una profunda inquietud legal y administrativa, obligando a los propietarios y, sobre todo, a los Administradores de fincas, a actuar con extrema cautela para no incurrir en graves infracciones. La gravedad del incumplimiento legal en esta materia es considerable. Una instalación de videovigilancia que no se ajuste a la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y, lo que es más crítico, al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la LOPDGDD, puede derivar en la anulación de las pruebas captadas, haciéndolas inútiles en un proceso judicial, o lo que es peor, en la imposición de sanciones económicas elevadas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Para una comunidad, esto supone un perjuicio económico directo y un serio riesgo de conflicto vecinal si la privacidad de alguno de sus miembros se ve comprometida. Por ello, la diligencia en el cumplimiento normativo es una prioridad no negociable. Este artículo tiene como objetivo desgranar los requisitos legales y técnicos ineludibles para instalar y gestionar un sistema de videovigilancia en comunidades de forma absolutamente legal. Analizaremos las condiciones que legitiman el tratamiento de las imágenes, los límites de captación, las obligaciones de información y el procedimiento para la custodia de las grabaciones. Explicaremos por qué la figura de Administradores de fincas es indispensable para garantizar que el sistema de seguridad de su comunidad es un escudo protector, y no una fuente de problemas legales. Instalar un sistema de videovigilancia en comunidades es legal siempre y cuando la comunidad de propietarios cumpla rigurosamente con tres pilares normativos: la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para la toma de acuerdos, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).   ¿Qué requisitos de la ley de propiedad horizontal legitiman la videovigilancia en comunidades?   Antes de cualquier consideración técnica o de protección de datos, la comunidad de propietarios debe cumplir con el requisito formal de la LPH. Este proceso es fundamental para la validez del acuerdo y la legitimación de la instalación.   El acuerdo de la junta de propietarios: La mayoría necesaria   La instalación de cámaras de seguridad en las zonas comunes del inmueble (portales, garajes, trasteros, accesos) se considera una modificación o innovación en un elemento común que tiene implicaciones en la seguridad y la intimidad de los vecinos. Para que el acuerdo sea válido, la jurisprudencia y las guías de la AEPD establecen que debe aprobarse con el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Acciones obligatorias en la junta: Convocatoria explícita: El punto de la instalación de la videovigilancia debe estar incluido de forma clara en el orden del día de la convocatoria. Detalle del sistema: Se recomienda que el acuerdo no solo autorice la instalación, sino que también concrete aspectos esenciales como el número y ubicación de las cámaras, y la finalidad exacta del sistema (prevención de delitos, control de accesos, etc.). Definición de roles: Se debe nombrar al Responsable del Tratamiento (siempre la comunidad, representada por el presidente) y al Encargado del Tratamiento (normalmente la empresa de seguridad o el administrador).   El pilar del RGPD: Limitaciones ineludibles para la captación y uso de imágenes   Una vez obtenido el acuerdo comunitario, la mayor carga de cumplimiento recae en la normativa de protección de datos. El tratamiento de imágenes es un acto de alto riesgo que requiere medidas de seguridad técnicas y organizativas rigurosas.   Límites físicos y el principio de minimización de datos   El principio de minimización de datos del RGPD es estricto: solo se pueden grabar las áreas estrictamente necesarias para el fin de seguridad. Esto impone límites cruciales en la ubicación y orientación de las cámaras. Zonas comunes exclusivas: Las cámaras deben captar únicamente las zonas comunes de la propiedad (portal, escaleras, rellanos, garaje). Vía pública: Está prohibido grabar de forma permanente la vía pública, salvo una franja mínima e indispensable de los accesos al inmueble (puertas de entrada o salida de vehículos). La vigilancia de la vía pública es competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Propiedades privadas: Está totalmente prohibido captar el interior de viviendas, ventanas, terrazas o jardines colindantes. Tecnología de privacidad: Si se utilizan cámaras orientables, con zoom o con un ángulo de visión amplio, es obligatorio configurar máscaras de privacidad para pixelar o excluir de la grabación las zonas que no están autorizadas a ser captadas.   Deber de información: Carteles visibles y Registro de Actividades   El derecho a la información es fundamental en protección de datos. Los residentes, empleados y cualquier persona que acceda a la zona videovigilada deben ser informados de forma clara y accesible. Carteles informativos: Es obligatorio colocar carteles informativos en todos los accesos a las zonas videovigiladas, de forma perfectamente visible. El cartel debe ser conforme al modelo de la AEPD. Contenido del cartel: Debe indicar claramente que se trata de una «Zona Videovigilada», la identidad del Responsable del Tratamiento (la comunidad), y el modo de ejercer los derechos ARSOP (Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación y Portabilidad). Registro de Actividades de Tratamiento (RAT): La comunidad, como responsable, debe documentar internamente el Registro de Actividades de Tratamiento de videovigilancia, un documento obligatorio que detalla la finalidad, las categorías de datos, los plazos de conservación y las medidas de seguridad aplicadas.   Custodia, acceso y conservación de las grabaciones   La gestión de las grabaciones es el

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Cambios Ley Propiedad Horizontal 2025: Guía de Administradores de Fincas

Cambios Ley Propiedad Horizontal 2025: Guía de Administradores de Fincas

La vida en comunidad y la gestión de inmuebles plurifamiliares se rigen por la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), una normativa que, si bien establece un marco de convivencia y administración, no es estática y se enfrenta constantemente a la necesidad de adaptarse a los retos sociales, tecnológicos y medioambientales del siglo XXI. El principal desafío para presidentes, juntas de propietarios y, en particular, los administradores de fincas, es mantenerse actualizados y comprender el impacto directo de las reformas legislativas, especialmente ante la inminente entrada en vigor de los cambios en la Ley de Propiedad Horizontal 2025. La falta de conocimiento y la inacción ante estas modificaciones pueden generar incertidumbre y errores en la toma de decisiones. La relevancia de abordar estos cambios no es menor, ya que una incorrecta interpretación o aplicación de la nueva normativa puede derivar en conflictos vecinales, la anulación de acuerdos de junta, y en casos graves, incluso en sanciones económicas o el impedimento de realizar obras de mejora necesarias (como las de accesibilidad o eficiencia energética). Es fundamental entender que la seguridad jurídica y la funcionalidad de la comunidad dependen de una gestión que cumpla escrupulosamente con el nuevo marco legal. Por ello, la anticipación y la preparación profesional son la clave para transformar el riesgo legal en una oportunidad de mejora. Este artículo profundizará en las implicaciones prácticas de los cambios más significativos de la LPH previstos para 2025, analizando los principales ajustes en las mayorías de votación, la gestión de la morosidad, y las nuevas exigencias de digitalización y sostenibilidad. Ofreceremos un conocimiento esencial para que cualquier propietario o gestor pueda actuar con plena confianza y legalidad. Además, explicaremos cómo el servicio de Administradores de fincas se posiciona como el recurso indispensable para garantizar una transición normativa fluida y eficaz. Los cambios en la ley de propiedad horizontal 2025 buscan modernizar la gestión de las comunidades, simplificar la toma de decisiones críticas (especialmente en materia de accesibilidad y sostenibilidad), y proporcionar herramientas más ágiles para combatir la morosidad y garantizar el cumplimiento normativo. ¿Cuáles son los principales cambios en la ley de propiedad horizontal 2025 que afectan a las comunidades? Las reformas de la LPH no suelen ser un simple retoque, sino una respuesta a problemáticas que han evolucionado con el tiempo. Para 2025, la agenda legislativa se centra en tres pilares que impactan directamente en el día a día de las fincas: la flexibilización de las mayorías, el refuerzo de las facultades del presidente y el impulso a la sostenibilidad y digitalización. Entender estos ajustes es crucial para la viabilidad y modernización de la comunidad. Modificaciones en el régimen de mayorías para la toma de acuerdos Uno de los puntos más controvertidos de la LPH siempre ha sido la rigidez en las mayorías necesarias para aprobar ciertos acuerdos, lo que a menudo paraliza inversiones necesarias. Los cambios en la ley de propiedad horizontal 2025 pretenden aligerar este peso burocrático, especialmente para proyectos de interés general. Obras de accesibilidad: Se podría ratificar la tendencia a simplificar aún más la mayoría para las obras que garanticen la accesibilidad universal (instalación de ascensores, rampas), manteniéndolas posiblemente con el voto favorable de la mayoría simple de los propietarios (que representen la mayoría de las cuotas de participación), siempre que el coste repercutido anualmente no exceda las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes (descontadas las subvenciones). Instalaciones de energías renovables: Con el auge de la sostenibilidad, se busca facilitar la aprobación de la instalación de placas solares o sistemas similares. El objetivo es que una mayoría simple sea suficiente para su instalación en elementos comunes, salvo que el estatuto lo prohíba expresamente. Esto es un incentivo clave para la eficiencia energética del edificio. Acuerdos para uso de elementos comunes: En el contexto de actividades económicas (como el alquiler turístico en ciertas áreas), la LPH podría reforzar la necesidad de una mayoría cualificada (por ejemplo, tres quintas partes de propietarios) para limitar o prohibir nuevas actividades que modifiquen el uso del edificio. Refuerzo en la lucha contra la morosidad La morosidad es un problema endémico que descapitaliza a las comunidades y compromete servicios esenciales. La reforma de 2025 busca dotar a los administradores de herramientas más eficaces para su cobro. Aspecto de la Morosidad Situación Anterior (Resumen) Propuesta de Cambio 2025 (Estimación) Certificación de Deuda Requería la firma del presidente y secretario, a veces dificultada por la inactividad. Posibilidad de que la certificación pueda ser emitida por el administrador de fincas con el visto bueno del presidente, agilizando el proceso judicial. Intereses de Demora Tipos de interés legales aplicados, a menudo insuficientes como elemento disuasorio. Se podría contemplar la posibilidad de establecer un interés de demora superior al legal o la aplicación de una cláusula penal en los estatutos. Embargo Preventivo Proceso largo y complejo hasta la fase de ejecución. Reforzar las posibilidades de obtener el embargo preventivo de bienes del deudor para garantizar la deuda desde el inicio del proceso monitorio. Digitalización y gestión documental: Claves de los cambios en la ley de propiedad horizontal 2025 La modernización de la gestión comunitaria pasa inevitablemente por la digitalización. Las comunidades no pueden seguir operando exclusivamente con papel y convocatorias físicas en un mundo interconectado. Los Administradores de fincas tienen un papel estelar en este proceso. La junta de propietarios telemática y mixta Los cambios buscan validar y regular definitivamente las juntas telemáticas o mixtas (presencial y a distancia), algo que se impulsó con la pandemia. Convocatoria y notificación: Se busca establecer la comunicación electrónica como un método válido y principal, siempre que el propietario haya dado su consentimiento expreso. Esto reduce costes y tiempo. Celebración de la junta: Se deben definir los requisitos técnicos y de seguridad para garantizar la identidad de los votantes y la integridad de los acuerdos adoptados a distancia. Esto incluye el uso de plataformas seguras de votación. Actas digitales: La digitalización del libro de actas y su custodia en formato electrónico se consolidará como la práctica estándar, facilitando la consulta histórica

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Cómo mejorar la eficiencia energética en comunidades: guía experta y rentable

Cómo mejorar la eficiencia energética en comunidades: guía experta y rentable

El aumento constante en el coste de la energía y la creciente conciencia medioambiental han colocado el desafío de la eficiencia energética en el centro de las preocupaciones de las comunidades de propietarios. Vivimos en un contexto donde los edificios residenciales, muchos de ellos con varias décadas de antigüedad, son responsables de una parte significativa del consumo energético total, generando facturas elevadas e impactando directamente en la economía de cada vecino. El problema no es solo técnico, sino también de gestión y coordinación, afectando a propietarios, inquilinos y especialmente a los administradores de fincas, quienes deben liderar la búsqueda de soluciones efectivas. La relevancia de abordar este problema es crucial, ya que el mantenimiento de un consumo energético deficiente no solo supone un lastre económico constante, sino que también expone a la comunidad a riesgos regulatorios y sanciones futuras, a medida que la legislación europea y nacional avanza hacia objetivos de descarbonización más estrictos. La inacción se traduce en la pérdida de competitividad del inmueble, depreciación de su valor y, en muchos casos, el fomento de conflictos internos por el reparto de gastos injustos. Mejorar la eficiencia es, por lo tanto, una inversión estratégica que asegura el bienestar, el cumplimiento y la sostenibilidad financiera a largo plazo. Este artículo está diseñado para ser una hoja de ruta práctica que explica cómo mejorar la eficiencia energética en comunidades de manera estructurada y con un enfoque profesional, profundizando en las tecnologías, las estrategias de gestión y los marcos normativos necesarios. El lector obtendrá el conocimiento esencial para transformar su comunidad en un modelo de sostenibilidad y ahorro, contando con el soporte de servicios especializados en Cumplimiento Normativo para Administradores de Fincas como un recurso clave para la implementación efectiva. El camino más efectivo para mejorar la eficiencia energética en una comunidad comienza con una auditoría energética exhaustiva que identifique los puntos débiles y establezca un plan de acción priorizado, centrándose primero en medidas pasivas como el aislamiento térmico y la ventilación, antes de abordar la renovación de las instalaciones activas.   El diagnóstico como punto de partida: ¿Cómo se mide la eficiencia energética en comunidades?   Antes de implementar cualquier mejora, es fundamental entender el punto de partida y determinar exactamente cómo mejorar la eficiencia energética en comunidades requiere una evaluación precisa del consumo actual y de las características constructivas del edificio. La herramienta primordial para este diagnóstico es la auditoría energética, un proceso técnico que va más allá de un simple análisis de facturas.   Auditoría energética: el mapa de las fugas de energía   Una auditoría energética profesional desglosa el consumo del edificio por usos (calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, iluminación y equipos auxiliares) y, lo que es más importante, identifica dónde se producen las mayores pérdidas. Este proceso se apoya en varias técnicas y herramientas: Termografía infrarroja: Permite visualizar las pérdidas de calor a través de la envolvente del edificio (fachadas, cubiertas y ventanas) de forma no invasiva. Las zonas con colores más cálidos indican una pérdida de energía significativa. Análisis del consumo histórico: Se cotejan las facturas de, al menos, los últimos tres años para detectar patrones de consumo, picos y anomalías que puedan señalar fallos en los sistemas o hábitos ineficientes. Estudio de la envolvente: Se evalúa la calidad del aislamiento (muros, cubiertas, suelos) y la hermeticidad de las carpinterías, ya que hasta el 40% de las pérdidas de calor se producen por estos elementos. Inspección de instalaciones: Se revisa el rendimiento de calderas, bombas de calor, equipos de climatización y sistemas de iluminación para determinar su antigüedad, eficiencia nominal y estado de mantenimiento. El resultado de la auditoría es un informe detallado que no solo muestra dónde se gasta la energía, sino que también propone un paquete de medidas de mejora clasificadas por su coste, el potencial de ahorro y el periodo de retorno de la inversión.   Las estrategias pasivas: el enfoque fundamental para mejorar la eficiencia energética en comunidades   El error más común en la mejora energética es instalar equipos más eficientes (medidas activas) sin antes optimizar la necesidad de energía del edificio (medidas pasivas). Las estrategias pasivas son aquellas que reducen la demanda energética, haciendo que los sistemas activos, como la calefacción o el aire acondicionado, trabajen mucho menos. Este es el principio rector para entender cómo mejorar la eficiencia energética en comunidades de forma sostenible y a largo plazo.   Aislamiento térmico: la clave de la envolvente   El aislamiento es la inversión con mayor impacto y menor riesgo en términos de ahorro energético. Un edificio bien aislado reduce drásticamente la transferencia de calor entre el interior y el exterior. Sistema de aislamiento térmico exterior (SATE): Consiste en aplicar placas aislantes por el exterior de la fachada, protegiéndolas con un revestimiento. Es la solución más eficaz, ya que elimina los puentes térmicos (zonas por donde se escapa el calor, como los cantos de forjado). Aislamiento insuflado/inyectado: Ideal para muros con cámara de aire. Se inyecta material aislante (celulosa, lana mineral, perlas de poliestireno) en la cámara, una solución más rápida y económica, pero que solo es viable si la cámara es apta y está vacía. Aislamiento de cubiertas: Es vital, ya que el calor tiende a subir y las pérdidas por el tejado pueden ser muy significativas. Mejora de carpinterías y vidrios   Las ventanas y puertas son puntos críticos. La sustitución por ventanas con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos (o vidrios low-e) puede reducir las pérdidas de calor en esa superficie hasta un 70%. Es esencial que la sustitución se haga correctamente para garantizar la hermeticidad y evitar filtraciones de aire incontroladas. Para asegurar que todas estas acciones se lleven a cabo cumpliendo con la normativa vigente y aprovechando las ayudas disponibles, es altamente recomendable contar con el asesoramiento de expertos en Cumplimiento Normativo para Administradores de Fincas que puedan guiar a la comunidad a través del complejo marco legal y de subvenciones.   Sistemas activos de alto rendimiento: la tecnología al servicio del ahorro  

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