Las empresas que registraron su Plan de Igualdad en 2021 deben renovarlo en 2025, conforme al Real Decreto 901/2020.
La vigencia máxima de un Plan de Igualdad es de cuatro años, siendo obligatoria su actualización tras este periodo.
El proceso de renovación incluye evaluación, diagnóstico, negociación y registro ante la autoridad laboral.
No cumplir con esta obligación puede acarrear sanciones económicas y la pérdida de ayudas y contratos públicos.
Una renovación imprescindible para seguir cumpliendo con la ley
La igualdad de género en el entorno laboral no solo es una cuestión ética y social, sino una exigencia legal cada vez más estricta. En 2025, las empresas que implementaron su Plan de Igualdad en 2021 deberán renovarlo, tal como establece el Real Decreto 901/2020, que fija un plazo máximo de vigencia de cuatro años para estos planes.
Este requisito afecta especialmente a las compañías con 50 o más personas trabajadoras, que están obligadas a contar con un Plan de Igualdad registrado y vigente. Su renovación garantiza que las medidas implantadas sigan siendo efectivas y que se adapten a las nuevas realidades de la empresa y su entorno.
Pasos clave en la renovación del Plan de Igualdad
Renovar el Plan de Igualdad no consiste solo en prorrogar el documento anterior. Se requiere una revisión integral de los objetivos alcanzados, las medidas implantadas y los nuevos retos en materia de igualdad.
El proceso debe incluir las siguientes fases:
Diagnóstico de situación actual, basado en datos actualizados y análisis objetivo.
Evaluación del plan anterior, valorando los logros y áreas de mejora.
Definición de nuevos objetivos y medidas, alineados con las necesidades actuales de la empresa.
Negociación con la representación legal de los trabajadores, garantizando la participación efectiva.
Registro y publicación del nuevo Plan de Igualdad ante la autoridad laboral.
Seguimiento y evaluación periódica para asegurar su correcta implementación.
Consecuencias del incumplimiento
No renovar el Plan de Igualdad en el plazo previsto puede suponer un grave riesgo legal para la empresa. Las infracciones pueden ser sancionadas con multas económicas, cuya cuantía varía según la gravedad y el tamaño de la organización. Además, la empresa puede quedar excluida de procesos de contratación pública y de la concesión de subvenciones, lo que limita su desarrollo y competitividad.
Cumplir con la normativa vigente en materia de igualdad es fundamental no solo para evitar sanciones, sino también para construir un entorno laboral justo y equitativo, mejorar la reputación corporativa y fortalecer la cultura interna.
