El Congreso rechaza la enmienda de Vox y permite avanzar el proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales.
La norma prohibirá que menores de 16 años se registren en redes sociales sin consentimiento parental.
Se prohibirán las loot boxes, se endurecerá el Código Penal con nuevos delitos como los deepfakes pornográficos y el grooming.
La ley también refuerza la verificación de edad y regula contenidos para adultos en plataformas digitales.
El Congreso da luz verde al avance de la ley
El Proyecto de Ley Orgánica para la protección de los menores en entornos digitales sigue su curso legislativo tras el rechazo del Congreso a la enmienda de totalidad presentada por Vox. Con 178 votos en contra, 137 abstenciones del PP y solo 33 votos a favor (Vox), el Pleno ha ratificado su compromiso con una norma que busca adaptarse a los desafíos que plantean las tecnologías para los menores.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la ley como un “proyecto sólido y pionero”, recordando los riesgos reales que enfrentan los menores en su relación con los entornos digitales. Por su parte, desde Vox y el PP se acusó al Gobierno de utilizar esta iniciativa como distracción frente a sus problemas políticos.
Prohibición de redes sociales a menores de 16 años
Una de las medidas estrella del proyecto es la prohibición del registro en redes sociales para menores de 16 años sin el consentimiento expreso de sus padres o tutores. Este límite legal refuerza la protección del tratamiento de datos personales en redes, mediante un sistema de tipo pin parental digital.
Solo quienes superen los 16 años podrán dar consentimiento propio para que plataformas digitales traten sus datos. En el caso de menores, el consentimiento deberá ser otorgado por quienes ejerzan la patria potestad.
Fin de las loot boxes en videojuegos para menores
La ley también contempla la prohibición de las loot boxes o cajas botín en videojuegos dirigidos a menores. Estas mecánicas, consideradas por muchos como similares al juego de azar, serán vetadas para proteger a los jóvenes, especialmente vulnerables a dinámicas adictivas o compulsivas.
Este cambio legal afectará directamente al diseño y distribución de videojuegos, obligando a las empresas del sector a replantear sus estrategias comerciales.
Nuevas figuras delictivas en el entorno digital
El texto del proyecto incluye la modificación del Código Penal para tipificar nuevas conductas delictivas que emergen del uso de tecnologías:
Difusión de imágenes generadas con Inteligencia Artificial (deepfakes), especialmente aquellas de carácter sexual.
Tipificación del grooming como agravante en delitos contra la libertad sexual de menores.
Reforzamiento de la sanción por difusión de pornografía a menores.
Alejamiento online, una nueva medida de protección para limitar el contacto digital entre agresores y víctimas.
Los deepfakes, según datos de Sensity AI, en un 90% están vinculados a contenidos pornográficos, y afectan mayoritariamente a mujeres. Su proliferación incrementa los riesgos de acoso y violencia de género.
Verificación de edad y posible cierre de plataformas
Para hacer cumplir la nueva legislación, la norma prevé que las autoridades puedan solicitar judicialmente la retirada de contenidos o la interrupción de servicios que vulneren la protección de la infancia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podrá incluso instar al cierre de plataformas que no implanten sistemas de verificación de edad eficaces en servicios con contenidos para adultos.
Esto obliga a plataformas de vídeo bajo demanda o redes sociales a reforzar sus filtros y herramientas de acceso según la edad del usuario.
Medidas educativas y sanitarias complementarias
El proyecto de ley no solo introduce medidas restrictivas. También promueve la formación digital de alumnos y docentes, fomenta la regulación del uso de dispositivos móviles en centros educativos, y establece medidas de prevención sanitaria para frenar problemas asociados al uso excesivo de tecnologías, como trastornos del sueño, adicciones sin sustancia o deterioro de la salud mental.
Una norma que busca proteger, no prohibir
Desde el Ministerio de Justicia se insiste en que la finalidad de la ley no es limitar el acceso de los menores a los entornos digitales, sino garantizar su desarrollo personal en un entorno seguro. Se trata de reconocer sus derechos digitales, al mismo tiempo que se les protege de los riesgos específicos que el ecosistema online plantea para su edad y madurez.
