- El convenio de Administradores de Fincas de Oficio (AFO) nació en Gandia en 2021 para regularizar comunidades de propietarios en riesgo de exclusión.
- Durante 2024, la incertidumbre marcó el trabajo de más de 50 administradores que atendieron a más de 200 comunidades y 1.000 familias.
- Sin un nuevo convenio para 2025, estas comunidades podrían quedar sin apoyo profesional, dificultando la gestión de ayudas y rehabilitaciones clave.
- La desaparición del AFO afectaría gravemente la habitabilidad de viviendas vulnerables y zonas degradadas.
Origen y consolidación del programa AFO
La figura del Administrador de Fincas de Oficio (AFO) fue creada en 2021 mediante un convenio con el Ayuntamiento de Gandia. Este programa tenía como objetivo apoyar a comunidades de propietarios en riesgo de exclusión social para que pudieran cumplir con las normativas legales, acceder a procesos de rehabilitación arquitectónica y gestionar ayudas públicas. Los honorarios de los administradores colegiados eran financiados mediante una dotación presupuestaria, evitando que los propietarios asumieran ese coste.
El éxito inicial llevó a su expansión en 2022 con un convenio autonómico firmado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana y la Consellería de Vivienda. Este acuerdo fue renovado para 2023, centrándose en dos objetivos clave: garantizar que los edificios de más de 50 años contaran con el Informe de Evaluación del Edificio (IEE) y abrir estas comunidades a los fondos Next Generation para rehabilitación y sostenibilidad.
Incertidumbre en 2024 y continuidad incierta para 2025
Aunque se obtuvo un compromiso verbal de la Generalitat Valenciana para mantener el programa en 2024, el convenio no se firmó hasta noviembre, con efecto retroactivo desde enero. Durante este periodo, los más de 50 administradores de fincas colegiados continuaron trabajando sin seguridad contractual, atendiendo a más de 200 comunidades de propietarios y a más de 1.000 familias.
Sin embargo, la falta de confirmación de un nuevo convenio para 2025 amenaza con dejar a estas comunidades sin la guía profesional que necesitan para cumplir con las normativas y gestionar procesos complejos como la comunicación con administraciones mediante certificados digitales. Además, sin los AFO, las obras de rehabilitación identificadas en los informes de evaluación del edificio podrían quedar paralizadas, afectando la calidad de vida de cientos de familias.
Impacto en las comunidades vulnerables
La desaparición del AFO también supondría un golpe para los Planes de Barrio de varios municipios, que han logrado integrar comunidades en proyectos de regeneración arquitectónica gracias al apoyo de estos administradores. Además, dificultaría que propietarios y residentes de edificios en zonas desfavorecidas cumplan con el derecho constitucional a una vivienda digna.
Una herramienta clave en peligro
El futuro del Administrador de Fincas de Oficio pende de un hilo. Su ausencia podría profundizar la brecha de habitabilidad en viviendas vulnerables y dejar sin atención a una población que depende de esta figura para resolver problemas esenciales de conservación, rehabilitación y acceso a ayudas públicas. Si no se renueva el convenio, la sociedad se enfrenta a la pregunta: ¿estamos dispuestos a abandonar a las comunidades más necesitadas?
