- El Real Decreto crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que regulará los alquileres de corta duración y evitará abusos.
- España se convierte en el primer país de la UE en aplicar el Reglamento Europeo sobre alquileres de corta duración, con un sistema de registro y número de identificación obligatorio.
- El objetivo es mejorar el control sobre los alquileres turísticos y de temporada, diferenciándolos de los arrendamientos de vivienda habitual.
- Se requiere un número de registro para todas las propiedades destinadas a alquiler de corta duración, incluidas viviendas, habitaciones y embarcaciones.
Contexto y objetivos del Real Decreto
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presentó el Real Decreto 1029/2024, de 8 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de vivienda y agenda urbana por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana durante el ejercicio presupuestario 2024, cuyo propósito es reforzar el control sobre los alquileres de corta duración, proteger a quienes realmente necesitan alojamientos temporales y luchar contra el fraude y los alquileres turísticos ilegales. El Real Decreto, publicado el 8 de octubre de 2024 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y establece el procedimiento de registro único para estos tipos de alquiler.
Con esta medida, España se convierte en el primer país de la Unión Europea en poner en marcha el Reglamento Europeo 2024/1028, que regula la recogida y el intercambio de datos sobre servicios de alquiler de corta duración. Este sistema requiere que cada propiedad destinada a este tipo de alquiler obtenga un número de registro, facilitando la identificación y control de los alojamientos turísticos, de temporada y otras modalidades de corta duración.
Ventanilla Única Digital de Arrendamientos
La Ventanilla Única Digital es el mecanismo que permitirá registrar todas las propiedades dedicadas al alquiler de corta duración. Esta plataforma otorgará un número de registro a cada vivienda, habitación, o incluso embarcaciones, que se alquilen de forma temporal. Además, se exigirá la renovación de este número cada 12 meses, con la obligación de presentar un listado de los contratos firmados durante ese período. En el caso de los alquileres de temporada, será necesario justificar el motivo de dichos contratos, como causas laborales, turísticas o médicas, para garantizar que no se utilicen estos contratos para burlar la normativa de alquileres.
El número de registro será obligatorio para que las propiedades puedan operar en plataformas digitales, como Airbnb o Booking, y deberá ser visible en los anuncios publicados. Las plataformas estarán obligadas a verificar que todas las propiedades que se anuncien cuenten con el número de registro válido, y, en caso de cancelación o suspensión, eliminarán los anuncios correspondientes.
Clarificación de los alquileres de corta duración
Uno de los elementos clave del Real Decreto es la diferenciación clara entre los alquileres de corta duración y los arrendamientos de vivienda habitual. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, los alquileres de corta duración son aquellos que no satisfacen una necesidad de vivienda permanente y se utilizan principalmente por motivos vacacionales, laborales, educativos o médicos. Esta diferenciación busca evitar el fraude y abuso de ley al utilizar contratos temporales para lo que en realidad son residencias permanentes, una práctica que se había extendido en algunos sectores.
Participación y colaboración en la redacción del Real Decreto
La ministra Isabel Rodríguez destacó que la redacción del Real Decreto fue el resultado de numerosas interlocuciones con diferentes niveles de la administración y con representantes de la sociedad civil. Entre los organismos que participaron en la elaboración de la norma se encuentran el Ministerio de Industria y Turismo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Colegio de Registradores de la Propiedad, y varios sindicatos y asociaciones del sector inmobiliario, como el Consejo General de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y Comisiones Obreras.
Durante el proceso de consulta pública, iniciado el 23 de septiembre, se recibieron más de 100 aportaciones ciudadanas, muchas de las cuales fueron incorporadas en la versión final del texto, lo que demuestra el alto interés que esta regulación ha generado en la sociedad.
Implicaciones para los arrendadores y plataformas
Con la implementación de este Real Decreto, los arrendadores y plataformas digitales deberán adaptarse rápidamente a las nuevas regulaciones. Los propietarios que alquilen sus viviendas, habitaciones o embarcaciones para estancias de corta duración tendrán que solicitar un número de registro a través de la Ventanilla Única y renovarlo anualmente. Además, deberán cumplir con la normativa de transparencia, aportando la documentación que justifique el uso temporal de los inmuebles.
Por su parte, las plataformas de alquiler deberán verificar que todos los anuncios publicados en su plataforma cuenten con un número de registro válido y mantener actualizada la información de las propiedades. El incumplimiento de estas normativas podría llevar a la retirada de los anuncios y a sanciones por parte de las autoridades.
Un paso decisivo
El Real Decreto 1026/2024 representa un paso decisivo en la regulación del mercado de alquileres de corta duración en España. Al crear un sistema de registro y control para estos arrendamientos, el Gobierno pretende proteger a los arrendatarios vulnerables, reducir el fraude y frenar el auge de los alojamientos turísticos ilegales. Además, esta regulación contribuye a ordenar el mercado del alquiler, favoreciendo el acceso a la vivienda y promoviendo la transparencia en las transacciones de arrendamiento.
La implementación de la Ventanilla Única Digital permitirá un mejor seguimiento y control de los alquileres de temporada, diferenciando claramente entre aquellos destinados a fines turísticos y los de necesidad temporal justificada. Asimismo, este marco regulador supone una oportunidad para las empresas del sector, que deberán adaptarse a las nuevas normativas, garantizando una mayor transparencia y equidad en el mercado del alquiler de corta duración.