- En los últimos doce meses, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recibido 12 denuncias en Asturias por el uso indebido de cámaras de videovigilancia.
- Expertos advierten que muchas cámaras no cumplen con la legalidad vigente, pero no son denunciadas debido al desconocimiento de los ciudadanos.
- Un caso en Gijón/Xixón obligó a la reubicación de una cámara por captar imágenes de ciudadanos sin su consentimiento.
- Se destaca la importancia de la señalización adecuada y el cumplimiento de la normativa para proteger la privacidad de los ciudadanos.
Denuncias y preocupaciones sobre la videovigilancia en Asturias
Durante el último año, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recibido 12 denuncias procedentes de Asturias relacionadas con el uso de cámaras de videovigilancia. Aunque la cifra pueda parecer baja, los expertos aseguran que existen muchas más cámaras que no cumplen con la normativa, pero que no son denunciadas debido al desconocimiento de la ciudadanía sobre sus derechos en materia de protección de datos.
Las cámaras de videovigilancia se han vuelto omnipresentes en nuestra vida diaria, instaladas en carreteras, calles, edificios oficiales e incluso en garajes y portales privados. Aunque esta tecnología puede aumentar la sensación de seguridad, también plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y el cumplimiento de la legislación vigente.
Un caso destacado en Gijón/Xixón
Entre las denuncias presentadas, un caso en Gijón/Xixón ha sido particularmente relevante. Una cámara situada en el exterior de la Tesorería de la Seguridad Social fue obligada a realizar modificaciones después de que se descubriera que estaba captando imágenes de calles adyacentes y de ciudadanos que no habían dado su consentimiento para ser grabados. Este caso subraya la importancia de la correcta instalación y orientación de las cámaras para evitar violaciones a la privacidad.
La importancia del cumplimiento normativo
Flor Rodríguez, delegada del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias en Avilés, destaca que la legislación vigente exige que las zonas vigiladas por cámaras estén claramente señalizadas con un cartel amarillo. Además, debe existir un documento de información accesible para el público, que especifique quién es el propietario de la cámara, a dónde se dirigen los datos captados, la finalidad de su uso y el tiempo de conservación de dichas grabaciones.
Rodríguez también menciona que, en caso de que las grabaciones capturen un posible delito, es obligatorio comunicarlo a un juez en un plazo de 72 horas. Esta normativa busca garantizar que el uso de la videovigilancia no vulnere los derechos fundamentales de los ciudadanos, protegidos por la Constitución.
Llamado a la denuncia y protección de la intimidad
El caso de cámaras instaladas en el Ayuntamiento de Llanes, descubiertas por casualidad por trabajadores, ha generado preocupación. Rodríguez anima a los ciudadanos a denunciar cualquier situación en la que consideren que su intimidad está en peligro. Es fundamental que las grabaciones se realicen de manera legal y que se respeten los derechos de las personas, especialmente en lo que respecta a su privacidad.
La AEPD continúa trabajando para asegurar que las cámaras de videovigilancia en Asturias y en toda España cumplan con las normativas vigentes, protegiendo así la privacidad y los derechos de los ciudadanos.
