Desde el 1 de diciembre de 2023, 27.000 pequeñas y medianas empresas en España enfrentarán un nuevo desafío legal: la implementación obligatoria de un canal de denuncias interno. Esta medida afecta a empresas de entre 50 y 249 empleados y también a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. La normativa busca proteger a quienes denuncien infracciones penales o administrativas graves dentro de su contexto laboral o profesional.
Detalles de la Ley 2/2023
La Ley 2/2023 establece que todas las pymes mencionadas deben garantizar la protección de los empleados que alerten sobre cualquier tipo de infracciones en el ámbito laboral, a través de un sistema interno de información. Este canal debe ser accesible y ofrecer garantías de confidencialidad, así como asegurar una gestión adecuada de las denuncias.
Desafíos para las pymes
Costos de implementación y gestión: Establecer un canal de denuncias y designar a un responsable supone un gasto significativo, especialmente para empresas con recursos limitados.
Desafíos técnicos y culturales: Además de los costes económicos, las pymes deben superar barreras técnicas y fomentar un cambio cultural que promueva la ética y la transparencia.
Necesidad de asesoramiento especializado: Muchas pymes requerirán de consultoría externa para gestionar correctamente el canal de denuncias, lo que implica un gasto adicional y continuo.
Soluciones propuestas
Expertos sugieren varias medidas para facilitar esta transición:
Asesoramiento profesional: Contratar expertos que ayuden a implementar y gestionar el canal de denuncias.
Educación y formación: Capacitar a los empleados sobre cómo funciona el canal de denuncias y su importancia para garantizar un entorno laboral justo y seguro.
Oportunidades derivadas de la nueva normativa
A pesar de los desafíos, la implementación de un canal de denuncias también ofrece oportunidades para las pymes, incluyendo:
Mejora de la transparencia y la confianza: Un canal de denuncias efectivo puede mejorar la imagen de la empresa al demostrar un compromiso con la ética y la legalidad.
Prevención de infracciones: Facilitar la detección temprana y la gestión de conductas inapropiadas o ilegales dentro de la organización.
Empresas mejor posicionadas
La obligatoriedad de instalar un canal de denuncias representa tanto un reto como una oportunidad para las pymes españolas. Aunque la adaptación puede ser costosa y compleja, los beneficios a largo plazo de fomentar un ambiente laboral ético y transparente son significativos. Las empresas que aborden este cambio de manera proactiva y estratégica estarán mejor posicionadas para enfrentar futuros desafíos legales y de mercado.
