Una funcionaria pública presuntamente utilizó su acceso institucional para acosar y vulnerar la intimidad de una ciudadana.
La víctima denuncia la falta total de canales seguros y accesibles para reportar irregularidades desde fuera de la administración.
La situación revela la fragilidad de los mecanismos de trazabilidad y control en el uso de datos personales dentro del sector público.
Se evidencia un incumplimiento estructural del deber de protección establecido en la LOPDGDD y la Directiva europea sobre alertadores.
Acoso institucional: cuando el poder está del otro lado del mostrador
El testimonio de Margarita Lozano pone en evidencia una forma de acoso silenciosa y sistemática que puede ejercerse desde dentro de la administración pública: el uso indebido de datos personales obtenidos por medio del acceso institucional. Su historia comienza con una deuda personal, pero escala hasta convertirse en una denuncia pública sobre un problema estructural: la ausencia de mecanismos eficaces para frenar estos abusos cuando quien los sufre está fuera del sistema.
El caso expone cómo una funcionaria, presuntamente amparada por su rol institucional, accedió a información personal y la utilizó para hostigarla durante años. Todo ello sin que existiera una vía clara, segura ni efectiva para denunciar lo ocurrido, ni siquiera desde una perspectiva de protección de datos.
Una red de impunidad: sin canales, sin trazabilidad, sin protección
A lo largo del relato, la autora evidencia cómo, incluso con sospechas fundadas, es prácticamente imposible demostrar accesos indebidos cuando no existen registros visibles o cuando el control de los accesos depende de la misma institución a la que pertenece la persona acusada.
Este vacío técnico y normativo provoca que infracciones como el uso no autorizado de historiales médicos, datos de contacto o situación económica queden impunes. Todo apunta a una grave debilidad en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 197 del Código Penal y en la LOPDGDD, que exigen proteger los datos personales frente a accesos no autorizados, especialmente en contextos profesionales.
La administración pública, sin herramientas eficaces de denuncia
Uno de los aspectos más preocupantes del testimonio es la constatación de que, al contrario que en muchas empresas privadas, la administración pública no dispone de mecanismos funcionales de denuncia para ciudadanos. Mientras que la Directiva (UE) 2019/1937 obliga a entidades con más de 50 empleados a contar con canales seguros y confidenciales para reportar irregularidades, muchas instituciones públicas, especialmente en el ámbito autonómico, siguen sin cumplir con este mandato.
Esto convierte a las personas afectadas en víctimas desprotegidas, sin posibilidad de acceder a vías formales de defensa ante casos de abuso de poder institucional.
El acoso desde dentro: una forma invisible de violencia estructural
El relato de Lozano también revela cómo este tipo de acoso opera bajo la apariencia de normalidad administrativa. No hay insultos ni amenazas explícitas, sino una vigilancia constante, insinuaciones, filtraciones encubiertas y la utilización de información íntima como arma de presión.
Este tipo de maltrato es especialmente grave por su carácter invisible y por la asimetría de poder que impone: una parte tiene acceso y control, la otra solo puede intuir y resistir. La combinación de impunidad técnica, desprotección jurídica y desinterés institucional hace de estas situaciones un terreno fértil para el abuso.
Urge una reforma real en la protección de datos públicos
La denuncia pone sobre la mesa la necesidad urgente de que las administraciones públicas refuercen los mecanismos de control sobre los accesos a datos personales, implementen trazabilidad técnica efectiva y habiliten canales de denuncia seguros, accesibles y funcionales tanto para empleados como para ciudadanos.
Porque como bien concluye la autora, el problema no es solo la deuda personal. Es un sistema público que aún no ha interiorizado que el poder institucional también puede ser una forma de violencia. Que el acoso puede llevar acreditación oficial. Y que el silencio administrativo, cuando protege al infractor, es una forma más de complicidad.
