En este análisis se exploran las implicaciones de tratar la identidad como un servicio en lugar de un derecho fundamental, y cómo esta evolución puede afectar el control que tienen las personas sobre sus datos personales. La mercantilización de la identidad puede influir en los derechos y libertades de las personas, la inclusión social y la igualdad, además de plantear diversas consideraciones éticas. Es fundamental que los gobiernos equilibren la prestación de servicios de identidad con la protección de los derechos fundamentales y la autonomía de los ciudadanos.
La identidad como un derecho fundamental
La identidad es un derecho fundamental reconocido en el derecho internacional a través de diversas declaraciones y convenciones. El artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que «Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica». La identidad jurídica es esencial para el reconocimiento oficial de las personas como miembros de la sociedad y su acceso a servicios y protecciones esenciales.
Importancia de la identidad jurídica
La falta de identidad jurídica puede afectar diversos aspectos de la vida de una persona, como:
- Educación: Inscribirse en instituciones educativas y acceder a servicios educativos puede ser problemático sin una identidad jurídica.
- Empleo: Asegurar un trabajo en la economía formal puede ser imposible sin una identidad jurídica.
- Atención médica: El acceso a la atención primaria puede verse gravemente limitado.
- Protección social: Sin una identidad jurídica, hay menos probabilidad de beneficiarse de los sistemas de protección social.
- Servicios financieros: Los sistemas bancarios, de seguros, de pensiones y fiscales pueden ser inaccesibles.
- Participación electoral: La participación en los procesos electorales requiere una identidad jurídica.
Las personas sin identidad jurídica se encuentran a menudo en la periferia de la sociedad, privadas de presencia oficial y sufriendo exclusión social.
Identidad en la legislación española
En España, la identidad está garantizada en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que establece que:
- La identidad de toda persona, mediante la expedición del DNI, es un derecho.
- El DNI es el único documento con suficiente valor por sí solo para acreditar la identidad y los datos personales de su titular, ya sea en el mundo físico o digital.
- Nadie puede ser privado del DNI, ni siquiera temporalmente.
- La identidad de las personas no pertenece al Estado o a un tercero, sino a los ciudadanos.
Es esencial desarrollar la personalidad o estatus jurídico no solo en el mundo físico, sino también en el digital, donde se realiza gran parte de la actividad diaria.
Identidad y privacidad
Existe una fuerte conexión entre la identidad jurídica y el derecho a la privacidad, que radica en el control y uso de los datos personales vinculados a esta identidad. El tratamiento de datos personales es fundamental para defender el derecho a la privacidad, permitiendo a las personas controlar su identidad y protegerla de cualquier uso indebido.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) menciona la usurpación de identidad o el fraude como riesgos para los derechos y libertades de las personas. La identidad jurídica establece el reconocimiento de una persona ante la ley, mientras que el derecho a la privacidad garantiza que este reconocimiento no se produzca a costa de la libertad personal y la autonomía sobre los datos personales.
Identidad como servicio
Existe una tendencia a considerar la identidad como un servicio mediante la creación de nuevos esquemas de identidad en ciertos dominios de aplicación. Estos nuevos esquemas prometen diferentes ventajas, pero en muchos casos, los ciudadanos pierden el control real y los derechos sobre su propia identidad.
Ejemplos y problemas
- Iniciativa de Identificación para el Desarrollo (ID4D) del Banco Mundial: Ayuda a diferentes países a aprovechar el potencial de los sistemas de gestión de la identidad. Sin embargo, algunos modelos se centran más en una «identidad económica» desvinculada del concepto de identidad jurídica.
- Esquemas federados de gestión de identidades en Internet: Grandes empresas tecnológicas se han convertido en proveedores de identidad, lo que puede afectar negativamente a la población.
Por ejemplo, el sistema de identificación biométrica de ACNUR para refugiados en Kenia ha provocado problemas para ciudadanos kenianos cuya identidad fue registrada como refugiados, impidiendo que obtuvieran documentos de identidad nacionales.
Consecuencias de la identidad como servicio
La implementación de sistemas de gestión de identidades sin la infraestructura, regulaciones o mecanismos de gobernanza adecuados puede exacerbar la exclusión y la desigualdad social. Los fracasos de sistemas como ID.me en EE.UU. o Verify en el Reino Unido ilustran cómo estos enfoques pueden limitar el acceso a servicios esenciales.
En India, el sistema Aadhaar, aunque es el sistema de gestión de identidades más grande del mundo, ha provocado exclusiones arbitrarias, afectando a millones de personas que no pueden recibir ayuda financiera o acceder a servicios esenciales.
Equilibrio entre servicios y derechos
Para evitar que la identidad se convierta en un mecanismo de vigilancia, manipulación o exclusión, es necesario un enfoque que considere la identidad como un derecho fundamental. Iniciativas legislativas como eIDAS2 o la regulación de pasaportes y documentos de viaje en Europa intentan apoyar a los ciudadanos en la gestión de accesos, pagos, intercambio de datos o verificación de edad, promoviendo la estandarización y la interoperabilidad.
En resumen, es crucial que los sistemas de gestión de identidades respeten la privacidad y la equidad, garantizando que todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias, tengan acceso a una identidad jurídica que les permita participar plenamente en la sociedad.
