La AEPD y la PMP publican una guía para compatibilizar el uso de cámaras en hogares de mayores con el respeto a su privacidad.
Cualquier sistema de vigilancia debe regirse por los principios ineludibles de necesidad, proporcionalidad y mínima invasión.
Resulta indispensable informar a la persona mayor y evitar, por norma general, la captación intrusiva de sus conversaciones.
La presencia de cuidadores o empleados del hogar obliga a cumplir de manera estricta la normativa vigente de protección de datos.
Protección de datos exige extremar el cuidado con las cámaras que vigilan a los mayores
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha lanzado una seria advertencia sobre la instalación de videocámaras en los hogares de personas mayores. Este recurso, empleado habitualmente ante la pérdida de autonomía, requiere extremar las cautelas y realizar una valoración muy cuidadosa. El objetivo es evitar que la seguridad afecte gravemente a la privacidad y a los derechos fundamentales.
Para abordar esta compleja realidad, la AEPD ha colaborado estrechamente con la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP). Juntas han publicado un documento institucional que recopila orientaciones prácticas dirigidas a las familias. Se busca un equilibrio garantista para compatibilizar la atención integral de las personas dependientes con el escrupuloso respeto a su intimidad.
Criterios de necesidad y proporcionalidad en el domicilio
El organismo regulador reconoce que estas herramientas tecnológicas son sumamente útiles para detectar posibles emergencias domésticas. Facilitan una respuesta rápida que puede resultar vital para salvaguardar la integridad de las personas mayores. Sin embargo, advierte que su uso intensivo exige analizar pormenorizadamente las circunstancias concretas de cada caso antes de la instalación.
La AEPD subraya que instalar cámaras en estos contextos no es automáticamente lícito, pero tampoco se prohíbe con carácter general. Es imperativo recordar que el domicilio personal es un espacio especialmente protegido por la legislación. Esta firme protección legal se mantiene intacta incluso cuando existen situaciones evidentes de dependencia, enfermedad o vulnerabilidad.
En consecuencia, toda medida de supervisión doméstica debe aplicarse bajo los estrictos criterios de necesidad, proporcionalidad y mínima invasión. La Agencia recomienda configurar los sistemas de forma adecuada y evitar aquellos que permanezcan permanentemente activos. Se debe priorizar siempre el uso de alternativas menos intrusivas, como los dispositivos de teleasistencia o los sistemas de alerta.
El consentimiento y los límites en la captación de datos
Entre las recomendaciones más destacadas, se exige que la persona mayor conozca y acepte voluntariamente la existencia de estas cámaras. Siempre en la medida que su estado se lo permita, se le debe informar de la finalidad exacta de las grabaciones. Además, debe saber quién accederá a las imágenes y mantener intacto su derecho a revisar la decisión u oponerse.
El regulador hace especial hincapié en que captar conversaciones supone una injerencia muchísimo más intensa y lesiva para la intimidad. Por este motivo, la grabación de audio debe evitarse por completo, salvo que exista una necesidad excepcionalmente justificada. También se aconseja restringir el acceso solo a las personas implicadas y limitar el tiempo de conservación.
El fin de la exclusión doméstica y los derechos laborales
Las orientaciones publicadas diferencian claramente los casos que operan bajo la denominada exclusión doméstica de aquellos que no. Si el uso de las grabaciones afecta a visitas o a terceros ajenos al entorno estrictamente familiar, el escenario legal cambia. En estos supuestos, el tratamiento deja de ser exclusivamente doméstico y pasa a estar sujeto a la normativa.
Esta sujeción legal es ineludible si en la vivienda trabaja personal cuidador o personas empleadas del hogar. Estas personas trabajadoras deben ser informadas de forma expresa, previa y clara sobre la existencia de las cámaras. Dicha comunicación es un requisito indispensable que debe realizarse obligatoriamente antes de la puesta en funcionamiento de los equipos.
Finalmente, la normativa protege de manera proactiva los derechos de los trabajadores frente a un uso abusivo de estas tecnologías. Las cámaras nunca podrán utilizarse como un mecanismo encubierto para ejercer una vigilancia laboral continua sobre los empleados. Asimismo, queda terminantemente prohibida su instalación en aquellos espacios del domicilio que se consideren especialmente sensibles.
