Sanciones de hasta 100.000 euros para las comunidades que incumplan los estándares de acogida de menores El Gobierno impondrá penalizaciones de hasta 100.000 euros por fallos en la calidad del sistema de acogimiento. Las autonomías y los centros de menores tutelados serán los sujetos directamente responsables de estas infracciones. Las faltas graves incluirán coacciones y amenazas, mientras que las leves castigarán negligencias sin daño directo. La iniciativa ha sido aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros al reformar la LOPIVI. Aprobación de un régimen sancionador más estricto El Consejo de Ministros ha dado un paso decisivo en la protección infantil al aprobar, en primera vuelta, una importante reforma legislativa. Se trata de la modificación de la Ley de protección a la infancia frente a la violencia (LOPIVI), que endurece el control sobre las administraciones públicas. Esta actualización normativa responde a la necesidad de garantizar un sistema de acogimiento que cumpla con los más altos estándares asistenciales. La introducción de este marco sancionador busca asegurar que los indicadores de calidad sean respetados de manera uniforme en todo el territorio nacional. Cuantía de las multas para autonomías y centros La principal novedad para los especialistas en cumplimiento normativo es la magnitud de las sanciones económicas previstas. El Gobierno central tendrá la potestad de imponer multas que podrán alcanzar un máximo de 100.000 euros a las instituciones infractoras. Las comunidades autónomas, así como los propios centros de menores tutelados, serán los sujetos sobre los que recaerá esta responsabilidad jurídica. El incumplimiento de los indicadores de calidad del sistema de acogida activará automáticamente los mecanismos sancionadores de la nueva LOPIVI. Clasificación detallada de las infracciones normativas El texto aprobado establece una tipificación clara para evitar ambigüedades legales en la aplicación del futuro régimen punitivo. Esta categorización es fundamental para que los centros de menores puedan adaptar sus manuales de cumplimiento y prevenir escenarios de riesgo. Infracciones graves: tolerancia cero ante abusos La normativa será inflexible frente a las vulneraciones directas contra los menores tutelados. El documento especifica que tendrán la consideración de infracciones graves las coacciones, amenazas y represalias ejercidas contra los niños y adolescentes en acogida. Asimismo, se castigará como falta grave cualquier otra forma de presión que se ejerza sobre las personas menores de edad. Este punto obliga a las instituciones a mantener una vigilancia extrema sobre el trato diario y la conducta de todo el personal a cargo de los tutelados. Infracciones leves: control de las negligencias operativas Por otro lado, la reforma de la LOPIVI también detalla el alcance de las infracciones consideradas de carácter leve. En esta categoría se incluirán todas aquellas negligencias operativas que no comporten un perjuicio directo o un daño inmediato para los niños bajo tutela institucional. Aunque no impliquen un riesgo severo, la sanción de estas negligencias busca mantener el rigor administrativo y la calidad del servicio prestado. Supone una exigencia añadida para los sistemas de control interno, que deberán auditar los procesos rutinarios para evitar multas. El proceso legislativo de la nueva normativa La aprobación de esta medida se ha llevado a cabo en primera vuelta, lo que marca el inicio formal de su recorrido normativo. Esto significa que el texto aprobado por el Gobierno tiene, por el momento, la consideración de anteproyecto de ley y está sujeto a revisión. Siguientes pasos hasta su entrada en vigor Antes de su aplicación definitiva y de la imposición de las multas, el texto deberá someterse al escrutinio de los diferentes órganos consultivos del Estado. Una vez superado este trámite técnico, la normativa regresará al Consejo de Ministros para su ratificación en segunda vuelta. Posteriormente, la reforma iniciará su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales, donde podría sufrir modificaciones finales. Las comunidades autónomas dispondrán de este margen temporal para ir adaptando de urgencia sus sistemas de acogida a las futuras exigencias legales. Implicaciones para la gestión del cumplimiento normativo La aprobación de esta reforma sitúa a los centros de menores ante un escenario de máxima exigencia procedimental. Para evitar enfrentarse a multas de 100.000 euros, las entidades deberán revisar exhaustivamente sus protocolos internos y garantizar el cumplimiento de los indicadores. La prevención del incumplimiento, mediante auditorías, y la formación continua del personal serán las herramientas clave para las administraciones regionales. Este nuevo marco subraya la importancia de integrar el cumplimiento normativo de forma transversal en los servicios sociales de acogimiento. Fuente: europapress.es

Ampliación de la LOPIVI: Garantía del derecho a la escucha y prohibición del síndrome de alienación parental El Gobierno aprueba en primera vuelta la reforma de la LOPIVI para asegurar el testimonio ineludible de los menores en procesos judiciales y administrativos, sin importar su edad. La normativa prohíbe de forma expresa y definitiva el uso del Síndrome de Alienación Parental (SAP) y cualquier otro planteamiento pseudocientífico en resoluciones. Se endurecen drásticamente los requisitos de acceso a profesiones con contacto habitual con menores, exigiendo un historial libre de condenas relacionadas con la infancia. La Dirección General de Infancia asume la capacidad de intervención directa frente a casos de desprotección grave, agilizando la respuesta institucional. Consolidación de los derechos infantiles en el nuevo marco legal El Consejo de Ministros ha aprobado con fecha de 5 de mayo de 2026, en primera vuelta, la esperada ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Esta normativa fundamental, que se encuentra en pleno vigor desde el año 2021, experimenta ahora una profunda reforma estructural. La actualización legal ha sido impulsada de manera directa por el Ministerio de Juventud e Infancia. El objetivo primordial de esta revisión normativa es adaptar los mecanismos legales actuales para garantizar el derecho inalienable a la escucha de niños y niñas en todos los ámbitos. De este modo, la reforma establece la obligatoriedad estricta de contar con el testimonio de los menores en la totalidad de los procedimientos judiciales y administrativos que les afecten. Esta medida de protección se aplicará de forma universal y garantista, independientemente de la edad cronológica que tenga el menor implicado. Durante su comparecencia, la ministra Sira Rego ha subrayado que esta ampliación normativa busca, ante todo, garantizar entornos seguros en el presente para todos los menores. La titular de Juventud e Infancia incidió en que la ley viene a garantizar que los niños y niñas sean considerados sujetos de derechos plenos en nuestro país. Según ha explicado Rego, esta reforma pone fin a la concepción de los menores como una simple ciudadanía en espera. Asimismo, recordó que durante muchos años se ha dudado sistemáticamente de la palabra de las infancias, una dinámica perjudicial que este nuevo texto legal pretende erradicar de forma definitiva. Prohibición del SAP y blindaje a las madres protectoras Uno de los puntos más destacados y de mayor impacto en el ámbito del cumplimiento normativo es la prohibición expresa del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP). Esta severa restricción legal se hace extensiva, además, a cualquier otra reformulación o planteamiento de carácter pseudocientífico. A partir de la entrada en vigor de estas modificaciones, ningún informe, ya sea de carácter público o de ámbito privado, que esté basado en el SAP podrá ser utilizado. Su uso queda totalmente vetado como prueba o argumento válido en cualquier tipo de procedimiento judicial o administrativo. En consecuencia, las resoluciones judiciales o actos administrativos que utilicen este síndrome como fundamento serán susceptibles de ser impugnadas de manera inmediata. Esto dota de una mayor seguridad jurídica a los procesos y establece un claro límite frente a prácticas no avaladas científicamente. La ministra Rego fue tajante al afirmar que se acabó la utilización de una herramienta que ha servido históricamente para desacreditar a las familias. En sus propias palabras, el uso de este planteamiento se ha empleado reiteradamente para criminalizar a las madres protectoras y a las propias infancias. El ministerio reconoce abiertamente que la redacción de este nuevo texto legal nace de años de intensa lucha social y jurídica. Por ello, la ministra ha querido agradecer el empuje fundamental de los profesionales, las asociaciones de la infancia, el movimiento feminista y las madres protectoras. Refuerzo y justificación del interés superior del menor La ampliación de la LOPIVI también refuerza sustancialmente el concepto jurídico del interés superior del menor, exigiendo mayor rigor en su aplicación. A partir de la reforma, los órganos competentes deberán justificar de manera expresa y detallada en todos los actos y resoluciones cómo se ha valorado dicho interés. Las autoridades, tanto administrativas como judiciales, tendrán que argumentar de forma fehaciente por qué la decisión adoptada es la idónea. Deberá quedar patente en los expedientes que la medida protege integralmente el bienestar físico, emocional y psicológico de los niños y niñas afectados. Dentro de estos nuevos criterios de valoración obligatoria, se incluye de forma explícita el alejamiento del niño o niña de aquella persona que ejerza violencia sobre él. El Gobierno establece como doctrina legal que estar conviviendo con un agresor o presunto agresor jamás puede considerarse un beneficio para el menor. En este sentido, la ministra de Juventud e Infancia ha recordado una premisa que será fundamental para el desarrollo de la nueva normativa. Rego ha subrayado con contundencia que «un maltratador no es un buen padre», perspectiva que se integrará transversalmente en la aplicación de las medidas de protección. Nuevos filtros y exigencias para el ámbito profesional En el ámbito laboral y del cumplimiento normativo para organizaciones, la reforma contempla un endurecimiento estricto de los requisitos de acceso y mantenimiento en el empleo. Esto aplica de forma directa a cualquier profesión, oficio o actividad que implique un contacto habitual con niños, niñas y adolescentes. Será un requisito de obligado cumplimiento para el acceso a dichas actividades profesionales no haber sufrido ningún tipo de condena penal. Específicamente, se exigirá un historial completamente limpio respecto a la comisión de delitos relacionados con la infancia y la adolescencia. Balance de la Estrategia de Erradicación de la Violencia Paralelamente a la reforma de la ley, el Consejo de Ministros ha aprobado el informe de la Estrategia de Erradicación de la Violencia hacia las Infancias. Este documento oficial, relativo a las acciones desarrolladas durante los años 2023 y 2024, muestra que el 90% de las medidas planificadas ya están en marcha. Pese a mostrar avances de gran importancia, el informe señala con claridad dificultades estructurales y retos de cumplimiento que aún deben abordarse con urgencia. Entre estas deficiencias destacan

Plazos de adecuación LOPIVI en 2026: obligaciones normativas y sanciones vigentes Las entidades deportivas, educativas, asociaciones y centros de ocio que desarrollan actividades con personas menores de edad se enfrentan a un marco normativo extremadamente riguroso donde la falta de claridad operativa genera un riesgo crítico para su continuidad institucional. La publicación de normativas de protección integral ha transformado por completo los requisitos documentales, técnicos y organizativos que cualquier organización debe cumplir para operar legalmente. Ignorar o posponer los requerimientos técnicos y estructurales dictados por esta ley expone a la dirección y a los administradores a un escenario de altísimo riesgo legal. Las consecuencias de la inacción o del cumplimiento defectuoso abarcan desde severas multas administrativas y el cese de subvenciones públicas, hasta el cierre temporal de las instalaciones y la derivación de responsabilidades penales directas para el órgano de gobierno de la entidad. Para asegurar un cumplimiento exhaustivo del marco regulatorio y proteger a la institución frente a inspecciones de oficio, resulta estrictamente necesario implementar los procesos requeridos mediante un servicio profesional especializado como la adaptación a la LOPIVI que diseña, estructura y audita de manera personalizada todos los protocolos obligatorios en tu organización. Los plazos de adecuación a la LOPIVI son periodos legales de obligado cumplimiento que exigen a cualquier entidad con menores a su cargo la implementación de medidas preventivas, dado que el límite transitorio general expiró a los seis meses de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021. Actualmente, las organizaciones tienen el mandato vigente y exigible de tener plenamente operativos sus mapas de riesgos, canales de comunicación y coordinadores de bienestar. Qué establecen los plazos de adecuación a la LOPIVI para las entidades obligadas El proceso de adecuación legal a la LOPIVI es un sistema de cumplimiento normativo que garantiza la creación de entornos seguros mediante la prevención, detección precoz y protección de los menores frente a cualquier tipo de violencia. Esta obligación jurídica, estructurada a través de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, no es una recomendación optativa, sino un mandato imperativo que afecta transversalmente a todos los sectores que interactúan con la infancia y la adolescencia en el territorio nacional. La normativa establece un cambio de paradigma, pasando de un modelo reactivo a un modelo puramente preventivo basado en el análisis de riesgos. El legislador impuso un periodo transitorio extremadamente breve para que las organizaciones se adaptasen. De hecho, la disposición final decimoquinta de la citada ley orgánica determinó la entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, otorgando posteriormente plazos específicos muy acotados para la implantación de protocolos de actuación y la designación de figuras clave como el Coordinador de Bienestar y Protección en el ámbito educativo, deportivo y de ocio. A día de hoy, encontrarnos fuera de estos plazos transitorios significa que cualquier entidad inspeccionada que no disponga del sistema implantado incurre automáticamente en una situación de irregularidad administrativa grave. Para comprender la magnitud de la exigencia legal y los elementos que los inspectores revisan en la actualidad, es imperativo desglosar los hitos críticos que conforman la adecuación normativa de una organización: La entidad debe realizar y documentar un análisis exhaustivo de los riesgos específicos asociados a sus actividades regulares, identificando cualquier vulnerabilidad en las instalaciones, los procesos y el personal contratado o voluntario. Es obligatorio redactar, aprobar y difundir un protocolo de actuación interno que determine de forma milimétrica los pasos a seguir ante la mínima sospecha de una situación de desprotección, acoso o violencia hacia un menor. El centro tiene la obligación legal de establecer canales de comunicación seguros y accesibles, adaptados a la comprensión de los menores, garantizando su privacidad en consonancia con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. La organización está obligada a requerir y custodiar sistemáticamente los certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales de absolutamente todo su personal, independientemente de si mantienen una relación laboral mercantil, laboral o de mero voluntariado. La ausencia de cualquiera de estos pilares documentales no solo vulnera la LOPIVI, sino que, en caso de producirse un incidente, agrava exponencialmente la responsabilidad corporativa de la entidad al evidenciar una falta de diligencia debida en la protección de los derechos fundamentales de los menores a su cargo. Requisitos de implementación técnica para la protección del menor La implementación técnica exigida por la ley es un conjunto estructurado de medidas organizativas que vertebra el compromiso de la entidad con la seguridad infantil mediante la aplicación de protocolos auditables. No basta con declaraciones de intenciones o códigos éticos genéricos; la normativa exige procedimientos procedimentados que puedan ser demostrados ante la autoridad competente mediante evidencias documentales sólidas y actualizadas. El núcleo de esta implementación técnica reside en la figura del Coordinador de Bienestar y Protección (o Delegado de Protección en el ámbito deportivo y de ocio). El artículo 48 de la Ley Orgánica 8/2021 obliga expresamente a las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio de forma habitual con personas menores de edad a aplicar protocolos de prevención y a designar a este profesional. Su función trasciende la mera supervisión; debe ser el receptor de las comunicaciones, el gestor del canal de denuncias interno para casos de violencia y el enlace directo con los servicios sociales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio Fiscal. Asimismo, la integración de la LOPIVI requiere una coordinación absoluta con la normativa de privacidad. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) subraya constantemente que el tratamiento de datos personales de menores requiere garantías reforzadas. El canal de comunicación exigido por la normativa de infancia debe diseñarse aplicando los principios de minimización de datos y privacidad desde el diseño establecidos en el artículo 25 del RGPD. Tipo de entidad afectada Obligación técnica principal y figura clave Base normativa de aplicación directa Centros educativos Designación del coordinador de bienestar y protección Artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021 Entidades deportivas Creación del delegado