• El Real Decreto sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en la AGE y sus organismos públicos fue aprobado por el Consejo de Ministros.
• Este protocolo tiene como objetivo prevenir y actuar efectivamente ante situaciones de acoso sexual y por razón de sexo, aplicándose a todo el personal y colaboradores de la AGE.
• Desarrolla ocho objetivos específicos centrados en la prevención, tolerancia cero, identificación y actuación ante el acoso, además de garantizar la seguridad y dignidad de las víctimas.
• Entrará en vigor en seis meses, requiriendo que cada departamento y organismo público adapte el protocolo a sus necesidades específicas.

Un avance en la lucha contra el acoso

Tras ser consensuado en la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado y la Comisión Técnica para la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, el nuevo protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo marca un hito en el compromiso del gobierno con la igualdad y la seguridad en el trabajo. Este protocolo no solo cumple con las obligaciones de las leyes orgánicas sobre igualdad efectiva y libertad sexual, sino que también establece un marco claro para la prevención y respuesta ante estas situaciones.

Ámbito de aplicación y objetivos

El protocolo se aplica a empleados y colaboradores de la AGE, incluyendo personas en formación o prácticas no laborales, reafirmando el objetivo de evitar y gestionar eficazmente cualquier caso de acoso. Los ocho objetivos específicos incluyen la promoción de una cultura preventiva, la tolerancia cero, facilitar la identificación de conductas de acoso, y garantizar la seguridad y la dignidad de las personas afectadas.

Principios fundamentales del protocolo

Entre los principios clave del protocolo se encuentran la obligación de los empleados de reportar casos de acoso, la responsabilidad de la administración de gestionar estas notificaciones de manera confidencial y eficiente, y la garantía de un proceso ágil que no exceda los 10 días para elaborar un informe sobre el caso. Estas medidas buscan proteger a las víctimas y asegurar un entorno de trabajo seguro y respetuoso.

Con la entrada en vigor prevista dentro de seis meses, el protocolo exige a cada sector de la Administración General del Estado adaptarlo a sus circunstancias particulares, estableciendo así un marco de actuación homogéneo pero flexible para combatir el acoso sexual y por razón de sexo en todos sus ámbitos.

Fuente: El Derecho