El Ministerio de Sanidad lanza la consulta pública previa al Proyecto de Ley de Salud Digital, abierta hasta el 20 de octubre.
La norma establecerá un marco jurídico común para el uso seguro e interoperable de datos clínicos en el entorno europeo.
Incluirá límites al uso del big data y la inteligencia artificial en investigación, garantizando la confidencialidad de los pacientes.
Se refuerza la gobernanza mediante una autoridad nacional que representará a España ante los organismos comunitarios.
Un marco jurídico común para la salud digital
El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha iniciado la consulta pública previa del Proyecto de Ley de Salud Digital, una normativa que pretende regular el uso de los datos clínicos digitales en el ámbito de la Unión Europea. La iniciativa busca establecer un marco jurídico común que garantice la interoperabilidad, seguridad y ética en el tratamiento de la información sanitaria de los ciudadanos.
Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, García destacó que esta ley facilitará el acceso a los datos de salud sin importar el lugar de residencia del paciente, ya sea en otra comunidad autónoma o en otro país miembro de la UE. El objetivo es asegurar que los profesionales sanitarios puedan consultar esta información allá donde se necesite, mejorando así la atención médica transfronteriza.
Inteligencia artificial, big data y confidencialidad
Uno de los puntos clave de la futura norma es el tratamiento de los grandes conjuntos de datos (big data) con fines de investigación y ensayos clínicos. Se prevé regular su uso en ámbitos como la innovación biomédica, la vigilancia epidemiológica y el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, garantizando siempre la confidencialidad de las personas.
La ley también establecerá las condiciones para el tratamiento de los datos personales de salud dentro del Sistema Nacional de Salud, promoviendo un uso responsable y ajustado al interés público. Según la ministra, esta legislación busca reforzar la confianza ciudadana en el tratamiento de su información clínica, al mismo tiempo que impulsa la digitalización del sistema sanitario.
Gobernanza y coordinación institucional
La estructura de gobernanza prevista contempla que las comunidades autónomas actúen como autoridades regionales de salud digital, coordinadas por una autoridad nacional, que será asumida por el Ministerio de Sanidad. Esta entidad será la encargada de garantizar la conexión con la red comunitaria y de representar a España en los órganos europeos competentes.
García ha subrayado que esta nueva normativa permitirá «humanizar» y «desburocratizar» las consultas médicas, facilitando un entorno digital más accesible y eficiente para profesionales y pacientes.
Estatuto Marco y derechos reproductivos
En el mismo acto, la ministra defendió los avances recogidos en su propuesta para un nuevo Estatuto Marco, tras 23 años sin modificaciones. Entre los cambios planteados figuran la mejora de las condiciones laborales, la reducción de la jornada y de las guardias, y una modernización normativa para combatir la precariedad laboral en el sector sanitario.
Sobre la posibilidad de crear un estatuto específico para los médicos, García afirmó que corresponde al Ministerio regular a todos los profesionales, aunque recordó que existen otras vías para plantear iniciativas legislativas, como las proposiciones de ley o las iniciativas populares.
Asimismo, anunció que Sanidad está ultimando un informe para evaluar el cumplimiento de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, con el fin de detectar desigualdades en su aplicación. Expresó su intención de ampliar este derecho dentro del sistema sanitario público, asegurando que todas las mujeres puedan ejercerlo con garantías.
