La responsabilidad penal de la persona jurídica en relación con el compliance officer
La figura del compliance officer
El compliance officer, como asesor de los órganos directivos, no puede ser considerado responsable penalmente por el mero ejercicio de su actividad, salvo que se demuestre su participación directa o indirecta en un ilícito. Según la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, el compliance officer puede transferir la responsabilidad penal derivada de sus actuaciones delictivas a la persona jurídica.
Un ejemplo relevante es el del Tribunal Federal Alemán, que en 2009 condenó a un director de departamento jurídico y auditoría interna como cómplice por omisión en un delito de estafa, por no corregir un error en el cálculo de tarifas detectado.
Funciones del compliance officer
Entre las funciones del compliance officer se encuentran:
- Identificación y gestión de riesgos relacionados con clientes, proveedores y colaboradores.
- Desarrollo e implementación de procesos para gestionar la información recibida a través del canal de denuncias.
- Priorización de riesgos y monitoreo de reclamaciones de clientes y proveedores.
El compliance officer puede ser penalmente responsable si, al omitir sus deberes de vigilancia y control, permite o facilita la comisión de un delito. La supervisión y el cumplimiento del modelo de prevención de delitos deben ser delegados al compliance officer con poderes de iniciativa y control.
Responsabilidad penal del compliance officer
La responsabilidad penal del compliance officer surge cuando se corrobora que le han sido delegadas las funciones de vigilancia y control, y con su omisión se tolera o facilita la comisión de un delito. Es crucial determinar si el canal de denuncias es gestionado por la empresa o por una entidad externa.
El compliance officer en el delito de blanqueo de capitales
El artículo 31 bis del Código Penal incluye el delito de blanqueo de capitales como uno de los delitos que pueden generar responsabilidad penal para la persona jurídica. El compliance officer debe identificar los riesgos y diseñar medidas de control para prevenir estos delitos.
La falta de identificación del riesgo y la no implementación de controles pueden facilitar la comisión del delito de blanqueo de capitales, haciendo al compliance officer responsable penalmente.
La responsabilidad penal de la persona jurídica
Según el artículo 31 bis del Código Penal, las personas jurídicas son responsables de:
- Delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto.
- Delitos cometidos por subordinados cuando hay un incumplimiento grave de los deberes de supervisión y control.
La persona jurídica puede estar exenta de responsabilidad penal si adopta y ejecuta eficazmente modelos de organización y gestión que incluyen medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos.
El whistleblowing como transmisor de la notitia criminis
El concepto de whistleblowing
El whistleblowing se refiere a los canales de denuncia interna que permiten a los trabajadores reportar irregularidades de manera anónima. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, protege a los informantes frente a represalias y promueve una cultura de transparencia y detección de amenazas al interés público.
Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
La Ley 2/2023 amplía la protección de los informantes en el sector privado y público. Establece un sistema de protección reforzada, prohibiendo represalias y estableciendo medidas de apoyo y protección frente a represalias.
La figura del compliance officer y el whistleblowing
El compliance officer es responsable de la gestión y tramitación del canal de denuncias interno, garantizando la confidencialidad y protección de datos. Debe mantener una vigilancia constante sobre las irregularidades denunciadas y asegurar el respeto a la presunción de inocencia y al honor de las personas investigadas.
Es una práctica extendida que las empresas recurran a terceros para la gestión del canal de denuncias, garantizando así mayores niveles de independencia y confidencialidad.
